En abril pasado el presidente Enrique Peña Nieto le dio un regalo a uno de sus mejores amigos: la dirección de la Conade. Pero éste, Alfredo Castillo, exprocurador mexiquense, se distinguía –y sigue distinguiéndose– por su nula experiencia en la administración pública del deporte. Ocho meses después de la designación, en la Conade priva la visión policiaca y persecutoria…
El 16 de abril, en una decisión controvertida pero esperada, el presidente Enrique Peña Nieto designó a su amigo Alfredo Castillo Cervantes como director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade). El excomisionado para la Seguridad y Desarrollo de Michoacán reemplazó en ese cargo al exclavadista Jesús Mena, quien falló en todos los proyectos que había emprendido.
Ahora –y como sucedió con la inconclusa administración de Mena– nada indica que la situación del deporte haya cambiado para bien. Por incapacidad u omisión, los ocho meses de Castillo en la Conade no le han cambiado el rostro al deporte nacional, lastimado por la corrupción y las pugnas interminables entre sus dirigentes.
Durante el mandato de Castillo no hay logros significativos. Por el contrario, en los Juegos Panamericanos Toronto 2015, en julio pasado, México perdió el quinto lugar del medallero frente a Colombia.
Además, el director de la Conade continúa sin instalar el Consejo de Vigilancia Electoral Deportiva (Coved), contemplado en la vigente Ley General de Cultura Física y Deporte (LGCFD) como la instancia que, en coordinación con la Conade, se encargará de supervisar los procesos electorales de las federaciones. Según los dichos de Castillo, el Coved entraría formalmente en funciones a partir del tercer mes de su administración.
Lo anterior ha ocasionado un desorden en los procesos electorales de los consejos directivos de las federaciones deportivas nacionales, a tal grado que los presidentes de estos organismos han debido recurrir a los estatutos de la Confederación Deportiva Mexicana (Codeme) para realizar sus asambleas, no obstante que esta asociación civil fue excluida de la LGCFD, en vigor desde el 7 de junio de 2013.
En medio del caos, presidentes de las federaciones de atletismo, deporte sobre silla de ruedas, taekwondo, boxeo, beisbol y ciclismo aprovecharon la confusión para modificar sus estatutos y, con ello, garantizar su perpetuidad en el cargo.
En medio de este desorden, Castillo se plantea modificar la legislación deportiva, la llamada Ley Mena impulsada por su antecesor ya en el sexenio de Peña Nieto. Ahora, con los mismos cabilderos –Gilberto y David Hernández, que dieron forma a la actual LGCFD– el exprocurador se ha acercado a los integrantes de las comisiones de deporte de ambas cámaras con la idea de encauzar una nueva legislación que le otorgue amplios poderes y, de esa manera, tener el control absoluto de las federaciones deportivas.
La guerra
Castillo declaró la guerra a los presidentes de las federaciones prácticamente desde el día en que fue colocado en el cargo por su amigo Enrique Peña Nieto.
En abril pasado, Castillo envió un claro mensaje. Dijo que acabaría con los abusos de poder de los dirigentes deportivos e incluso anticipó que auditaría a las federaciones. Criticó los millonarios recursos que anualmente les otorga el Estado para su administración y dejó en claro que dejaría de suministrarles dinero público por la falta de comprobación.
Tras sostener reuniones con atletas de alto rendimiento, entre ellos la clavadista Paola Espinosa, la arquera Aída Román y el saltador de longitud Luis Rivera, el responsable de la Conade amenazó con encarcelar a varios presidentes de federaciones, a los que tildó de corruptos y tramposos.
Castillo, también exprocurador federal del consumidor y quien cobra 190 mil pesos mensuales en la Conade, dijo que 76% del presupuesto de la Conade se destina a las federaciones, que lo administran a capricho.
Acusó entonces que los atletas son “rehenes” de dichos dirigentes, quienes determinan los lugares donde los deportistas competirán y se prepararán siguiendo sus intereses económicos y personales.
“Hemos detectado hasta facturas falsas o alteradas, lo cual nos permite dar vista al Ministerio Público. Si nos atenemos a la ley, esto nos permitiría incidir para generar una nueva directiva (en el organigrama) de las federaciones. No quiero dar nombres porque prefiero tomar acciones y, una vez que las hayamos realizado, darlas a conocer. No quisiera alertar a ninguna federación”, expresó Castillo medio año atrás.
Proceso (2025) documentó que el director de la Conade tardó casi seis meses en realizar acciones concretas. Su primera embestida fue desconocer a dos federaciones: el 10 de agosto anunció que había iniciado la revocación del registro de la Federación Mexicana de Boxeo (FMB), que preside Ricardo Contreras desde hace 28 años. La dependencia detectó que no estaba en regla la documentación presentada al Registro Nacional de Cultura Física y Deporte (Renade).
Al día siguiente, la Conade informó que desconocía a la Federación Mexicana de Luchas Asociadas, A.C., y a su presidente, Artemio Izquierdo, por diversas anomalías en su operación, entre ellas que esa asociación civil no está acreditada en el Renade. Durante sus 20 años de mandato, Izquierdo no sumó ni una medalla olímpica.
Hasta el momento, son siete los presidentes de federaciones acusados por la Conade de malos manejos: Antonio Lozano (atletismo), con nueve años en el cargo, aún debe comprobar un gasto de 5 millones de pesos y explicar presuntas amenazas contra sus detractores; Alonso Pérez (beisbol), con tres décadas en el cargo, debe justificar 4.23 millones; Ricardo Contreras (boxeo), quien preside ese organismo desde 1992, está acusado de irregularidades en la documentación de la federación y abuso de poder.
La lista continúa con Modesto Robledo (baloncesto). En seis años de mandato, su organismo, la Asociación Deportiva Mexicana de Baloncesto (Ademeba), no ha recibido recursos de la Conade; Effy Sánchez (tiro con arco) no ha comprobado 5.8 millones de pesos y sus atletas se acostumbraron a competir sin uniformes oficiales.
Artemio Izquierdo fue desconocido por la federación internacional a pedido de la Conade por falta de inscripción en el Renade, mientras que Eduardo Villegas (frontón) también perdió el reconocimiento internacional por no comprobar el uso de recursos públicos. A la par, según Castillo, son investigadas otras 16 federaciones.
El resultado: los afectados formaron un frente común para defenderse, entre amigos y rivales (es el caso de Alonso Pérez y Ricardo Contreras). Los pleitos contra la Conade escalaron al Comité Olímpico Internacional (COI), la instancia que el pasado 26 de noviembre giró una advertencia al titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño, a quien le expresa su preocupación por la injerencia gubernamental en las federaciones olímpicas.
El COI envió recomendaciones para evitar sanciones que afecten la participación del deporte mexicano en certámenes internacionales, y puso de plazo el martes 8 de diciembre para terminar la intromisión de las autoridades.
El titular de la Conade reveló el pasado 26 de noviembre que en los últimos años el gobierno le ha entregado 36 mil millones de pesos a las federaciones, además de 650 millones de pesos al Comité Olímpico Mexicano.
A Castillo le duele gastar el dinero en las federaciones, a las que acusa de “chantajistas”, pero este año el gobierno federal destinó 213.3 millones de dólares, a través de la empresa de espectáculos Corporación Interamericana de Entretenimientos (CIE), para garantizar la celebración del Gran Premio de México de Fórmula 1 durante los próximos cinco años. Es decir, apoyo público en beneficio de particulares.
En el olvido
Para completar, Castillo ha sido omiso con la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte (CAAD), la máxima autoridad del país en cuanto a justicia deportiva, pues continúa sin recomendar al Ejecutivo a los candidatos para cubrir dos vacantes.
El pleno de la CAAD se integra por un presidente y cuatro miembros titulares designados por el Ejecutivo a propuesta del director de la Conade. Sin embargo, esta comisión operó desde 2014 con sólo cuatro integrantes por la renuncia de uno de ellos, David Hernández –actual cabildero de la Conade–. Y a partir de 2015 trabaja con sólo tres miembros titulares por la baja de Gonzalo Bernardo Zubillaga, tras haber concluido su periodo. Para colmo, su titular, Rafael Rodríguez Sánchez, ni siquiera asiste con regularidad a las sesiones del pleno (Proceso 2037).
Lo anterior afecta los trámites para resolver con prontitud los asuntos y reclamos de las federaciones deportivas, los atletas y entrenadores. Pese a esto, la CAAD ha detectado en los últimos años una serie de desacatos de las federaciones deportivas, sin que la Conade aplique las sanciones correspondientes.
La relación de desacatos es la siguiente: siete federaciones (patines sobre ruedas, deportes sobre sillas de ruedas, esquí y wakeboard, squash, natación, triatlón y atletismo), ocho asociaciones deportivas, e incluso el Instituto Veracruzano del Deporte (IVD) han desobedecido dictámenes de la CAAD. Al menos, desde julio de 2013, Antonio Lozano, titular de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, acumula tres desacatos, pero la Conade continúa sin sancionar al dirigente.
Kiril Todorov, presidente de la Federación Mexicana de Natación (FMN), suma cuatro desacatos. Uno de ellos está relacionado con un amparo promovido en 2012 por Ana Karen Mendoza, ya que su hija fue excluida de la selección nacional de nado sincronizado por “chaparrita, gorda y chichona”, pese a haber ganado su derecho de representar al país durante los diversos selectivos, como consta en el expediente CAAD-RA-45/2012. Ni la FMN ni la Conade han reaccionado, pese a que un juez ya ordenó que se le dé cumplimiento a la sentencia de la CAAD.
Este semanario (1958) reveló que la Conade entregó un adelanto a principios de 2014 a la empresa del exfutbolista argentino Jorge Valdano, Innovación Deportiva, para elaborar el Programa Nacional del Deporte (PND), labor que era función del titular del organismo, Jesús Mena, pero nunca realizó. Valdano fue contratado por Peña Nieto.
El PND fue presentado por Mena con 18 meses de retraso. En el nuevo plan, la Conade ya no decidirá el destino de los recursos de la federación, sino que será la SEP la encargada de administrarlos.
En los últimos tres sexenios, la Conade ha realizado derroches millonarios en infraestructura deportiva. En contraste, Castillo ha emprendido una dura batalla contra los presidentes de federaciones “corruptos”, y ha desatendido la supervisión de la infraestructura deportiva, a la que cada año se destinan miles de millones de pesos.
Proceso (1801) alertó que en la mayoría de las obras no ha habido seguimiento para constatar que efectivamente se hayan construido y que los recursos no hayan sido desviados, amén de constatar la calidad de los trabajos, el material empleado y el tiempo de su ejecución.
Castillo se olvidó de realizar un censo de las instalaciones deportivas, pero anunció la construcción de más complejos. Según el director de la Conade, lo ideal para México es tener cinco centros de alto rendimiento en el país (en el norte, noreste, occidente, sur y sureste), con el argumento de que no se pueden concentrar las 24 disciplinas olímpicas en un solo desarrollo.
Castillo también se ha valido del Renade para respaldar su ofensiva contra las federaciones deportivas nacionales. No obstante, desatendió una de las principales tareas encomendadas por el presidente de México: combatir el sobrepeso y la obesidad que sufre la tercera parte de la población; aumentar el número de personas activas y darle continuidad al PND, y ha omitido fiscalizar los fallidos programas Ponte al 100 y Muévete en 30, este último el nuevo proyecto que Castillo puso en marcha el pasado 23 de agosto.
Hasta ahora, el exprocurador mexiquense no ha transparentado de dónde sacó los 18 mil dólares que se le debían al entrenador español Sergio Valdeolmillos, y que se le pagaron con tal de que retomara la selección nacional varonil que participó en el Preolímpico para Río 2016.
El 27 de noviembre, FIBA Mundo suspendió a la Ademeba por presiones políticas del gobierno de Peña Nieto. La sanción tiene en suspenso la participación de México en el próximo repechaje de la especialidad: Castillo Cervantes se niega a reconocer a la Ademeba, como se lo ha pedido expresamente la Federación Internacional de Baloncesto desde julio pasado.
El lunes 30, la senadora panista María Marcela Torres Peinbert fue uno de los dos legisladores asistentes a la malograda mesa de trabajo “Deportistas sin Miedo” que su colega Ana Gabriela Guevara (PT) convocó a los atletas del país para exponer la problemática del deporte nacional. Pero a la mesa de trabajo sólo acudieron cinco deportistas de alto rendimiento: el fondista Juan Luis Barrios, el marchista Éder Sánchez, la velocista Zudikey Rodríguez y los remeros Patrick Loliger y Alan Armenta.
La senadora Torres Peinbert, secretaria de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, no tiene la certeza de que este encuentro con una minoría de atletas tenga como finalidad el bien común del deporte, pero asegura que “siempre ayuda ventilar en forma pública que existe corrupción en las federaciones deportivas”.
–¿Qué se pretende con esta reunión? –se le pregunta.
–La primera intención era escuchar a los deportistas y entrenadores de la actual situación y cómo viven ellos este abuso, esta opacidad por parte de las federaciones.
“El segundo paso es citar a Castillo para que nos informe en qué va su gestión, qué es lo que falta, hasta dónde ha llegado y cuál es su diagnóstico.”
–¿Quién convoca? ¿A quién le corresponde citarlo?
–Espero que sea la Comisión de Deporte del Senado, la senadora Ana Gabriela Guevara. En mi caso, puedo hacerlo a través de la Comisión de Educación, y de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.
