El director de la Conade, Alfredo Castillo, excomisionado para la Seguridad en Michoacán, asegura que quiere limpiar el deporte nacional y que por eso ha desconocido a federaciones y dirigentes. El asunto es que lo ha hecho a capricho, sin establecer criterios ni seguir la ley. Así, sus acciones pueden revertirse por la vía jurídica y generar un estropicio de proporciones colosales.
Esta semana, el Comité Olímpico Internacional (COI) se pronunciará en torno a la disputa que prevalece entre la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) e integrantes de distintas federaciones deportivas y el Comité Olímpico Mexicano (COM). La decisión del COI definirá el futuro de los atletas, quienes no saben si asistirán o no a los Juegos Olímpicos de Río 2016 o si lo harán sin representar al país.
Este martes 8 en Lausana, Suiza, el Comité Ejecutivo del COI se reunirá para analizar los alegatos que, a través del presidente del COM, Carlos Padilla Becerra, presentó un grupo de presidentes de federaciones mexicanas.
El COI informó el jueves 3 que, en el seno de este organismo, fue recibida una carta conciliadora de parte del titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño. El texto, según el director adjunto del COI para Relaciones con el Movimiento Olímpico, Pere Miró, abre una vía de solución. La disputa, afirma, “por el momento no es tan grave” como para poner en peligro la participación de México en Río.
La misiva de Nuño es la respuesta del gobierno federal al documento que el propio COI le envió para pedirle que cese la injerencia gubernamental de la Conade en la vida interna de las federaciones deportivas mexicanas. De lo contrario, puntualizó, podría haber sanciones.
Después de informar que el Comité Ejecutivo del COI recibió la carta de Nuño, Miró aclaró que el organismo olímpico no “defiende” ni “encubre” a las federaciones que no justifican debidamente los recursos públicos que reciben, en referencia a las declaraciones de Alfredo Castillo en el sentido de que la Carta Olímpica “es el mejor invento” para garantizar la impunidad y corrupción en el movimiento olímpico mexicano.
El director de la Conade incluso declaró ante diputados y senadores –el 4 de noviembre- que el COI es un organismo “como la FIFA”, en alusión al escándalo de corrupción que derivó en la detención de varios integrantes de su Comité Ejecutivo y en la destitución del presidente Joseph Blatter.
“Nosotros nunca defenderemos a una federación que no cumple o que no justifica sus gastos. No se trata de encubrir a nadie. Si el gobierno ha dado a las federaciones un dinero, el ministerio (la Conade) está en su derecho de exigir que ese dinero sea justificado. Y si tiene dudas, también está en su derecho de cerrar el grifo de las ayudas y, si llega el caso, de ir a los juzgados. “Pero lo que no se puede es confundir esto con el derecho a manejar las federaciones como si el gobierno fuera el propietario. El gobierno puede y debe pedir que se justifiquen los gastos, pero no cambiar el funcionamiento interno de una federación. Esto puede ser difícil de entender, pero la carta recibida hoy supone un punto de mejora, por cuanto el secretario de Educación, que está por encima de la Conade, se muestra de acuerdo con nuestro punto de vista. Está muy contento de ver, por un lado, que nosotros creemos que el dinero hay que justificarlo y, por otro, que las federaciones deben tener autonomía en su funcionamiento”, declaró Pere Miró a la prensa europea.
Desde el 15 de abril pasado, fecha en la que asumió el cargo como director de Conade, Castillo comenzó una guerra de declaraciones contra un grupo de presidentes de federación que, con base en denuncias y señalamientos de los propios deportistas, derivó en declaraciones oficiales –a través de boletines de prensa y en medios de comunicación– para amenazar con meter “a la cárcel” a algunos de ellos como escarmiento para que otros más se alinearan y así cesaran los abusos de poder y el mal manejo de los recursos públicos.
Castillo ha declarado una y otra vez que la Conade ha detectado facturas falsas a la hora de comprobar gastos, y que los presidentes cobran la organización de un mismo certamen al gobierno federal y a los estatales, entre otras irregularidades.
Acusó públicamente a Gastón Villegas, de la Federación Mexicana de Tenis; a Effy Sánchez, de Tiro con Arco; a Alonso Pérez, de la Federación Mexicana de Beisbol; a Ricardo Contreras, de la de Boxeo, y a Antonio Lozano, de Atletismo; mientras que a otros, quienes recurrentemente han sido señalados por los mismos abusos y excesos, ni siquiera los ha mencionado.
Son los casos de Jorge Castro, de Esgrima; Rosalío Alvarado, de Levantamiento de Pesas; Pablo Lárraga, de la Federación Mexicana de Deportes Sobre Silla de Ruedas, y Juan Manuel López, de taekwondo.
Castillo no ha explicado a quién sí investiga y por qué, ni a cuáles federaciones no ha mandado auditar y cuáles son sus razones.
Al final, después de frecuentes señalamientos públicos, el excomisionado para la Seguridad en Michoacán anunció que denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR) a Alonso Pérez por el delito de peculado (no ha comprobado más de 4 millones de pesos) y a Antonio Lozano, también por peculado, por haber pagado 2.3 millones de pesos por 3 mil 900 botes de suplementos alimenticios contrabandeados, que en 2012 el entonces subdirector de Calidad para el Deporte de la Conade, Alejandro Cárdenas, le compró a su compadre, Jorge Tienda, a través de la empresa Best Performance All Sports (BP Sports) (Proceso 1882).
Castillo no ha entablado demandas contra Cárdenas ni el doctor Juan Manuel Herrera, entonces titular de la Dirección de Medicina del Deporte de la Conade, quien, a pesar de que los suplementos alimenticios no tenían etiquetas en español como lo marca la Norma Oficial Mexicana, ni habían sido adquiridos regularmente, los aceptó, resguardó y repartió a los deportistas, según dijo a esta reportera.
Pérez y Lozano no se presentaron a la primera audiencia ante la PGR. Castillo, abogado de profesión, ya anunció que pedirá una cita con el presidente del COI, el alemán Thomas Bach, para llevarle las evidencias de que él sólo está tratando de limpiar el deporte mexicano y de velar por los intereses de los atletas, razón por la cual, según él, se justifica que –sin citar sus criterios– desconozca a presidentes a diestra y siniestra y nombre de facto a quienes, también según él, son los reemplazos idóneos, como ocurrió con el expelotero profesional Ismael El Rocket Valdez.
¿Y la legalidad?
Layda Negrete, abogada por el ITAM y candidata a doctora en Política Pública por la Universidad de California, en Berkeley, dice en entrevista que por más popular que sea la idea de Castillo de llamar a cuentas a los presidentes de las federaciones, está obligado a hacerlo dentro de la legalidad.
“Como muchas autoridades, al igual que pasa en el sistema de justicia penal mexicano, donde Castillo se está resbalando, quiere saltarse toda la investigación. En México los policías quieren empezar por el final, con la cárcel, quieren una sanción directa, y no siguen el proceso. Eso es saltarse todos los aspectos de la legalidad, porque al final esto quiere decir que quieren violar la ley dizque para hacer cumplir la ley.
“Es tan delincuente el que robó o malversó los fondos como el que se salta todo el proceso. Es más grave lo segundo porque lo hace en nombre de la ley. Si alguien tiene que ser respetuoso de la ley es Castillo, porque es un funcionario y está haciendo declaraciones muy delicadas queriendo ser juez, parte y víctima. Mientras los funcionarios mexicanos no entren en un esquema de legalidad van a seguir siendo delincuentes tratando de aplicar la ley.”
Layda Negrete, quien junto con Roberto Hernández realizó en 2008 el documental Presunto Culpable, destaca que la forma en que está actuando Castillo viola la presunción de inocencia.
“Al momento de querer hacer las cosas fast track, las propias autoridades acaban lapidando la posibilidad de que realmente se sancione. Si se saltan procedimientos es probable que se les caiga todo.”
–¿Cómo debió haber actuado Castillo cuando detectó las irregularidades? –se le pregunta.
–Primero debió documentarlas y presentar las denuncias formales. Ya después sí podía dar a conocer que, por presuntos actos detectados, tuvo que preceder y que esperaría la resolución final. Pudo haber dicho a fulano de tal: “Ya no le voy a dar dinero porque no le tengo confianza, porque nos falta información acerca de si administraste bien los fondos federales”. Todo aquello que haya dicho que implique la comisión de un delito sin estar comprobado es violatorio de la presunción de inocencia.
–Entre la comunidad deportiva, e incluso en la ciudadanía, existe un clamor de justicia, y muchos han externado su desprecio a los federativos por los abusos que han cometido. ¿Qué indica esto?
–Habla de que los ciudadanos tienen poca confianza en las autoridades y creen que es correcto actuar fuera de la ley para hacer algo que se estima correcto. Eso nos lleva a una espiral de caos. Si hay pruebas que las presenten, pero los funcionarios no pueden, so pretexto de hacer justicia, caer en un linchamiento popular. Castillo va a tener un apoyo mediático momentáneo, porque está haciendo una acción popular, pero no legal.
–Un funcionario como Castillo, que fue cesado como comisionado en Michoacán días después de una matanza ocurrida en Apatzingán, ¿es la persona idónea para llamar al orden a los señalados por violar la ley?
–Lo que quedó claro es que hubo una masacre y no hay responsables. Este caso es uno de los cinco lunares más feos de los últimos dos años de esta administración (que encabeza Enrique Peña Nieto). Y Castillo está directamente involucrado porque, a minutos de que se conociera la información, salió a decir una historia que nada tiene que ver con lo ocurrido. Es un antecedente muy delicado, pero no parece que aprendan de esos errores.
“Él es primo de Humberto Castillejos Cervantes, el consejero jurídico de Presidencia, de quien también podría decirle que está llevando cosas de manera ilegal, pero en una administración que es de amigos y familiares es difícil ejercer controles apegados a derecho”, concluye Negrete, quien actualmente coordina el Proyecto de Calidad de la Justicia de México Evalúa.
Motivación a fuerzas
Para intentar apagar el incendio que provocó en el deporte nacional, Castillo pasó de cuestionar a algunos atletas –entre ellos a la arquera Aida Román, a quien criticó por recibir recursos públicos cuatro años después de que ganara una medalla en Londres 2012– a tratar de darles confianza.
Su estrategia fue mandar una invitación a 500 personas, entre deportistas, entrenadores e integrantes de equipos multidisciplinarios, para participar en una “reunión de trabajo” con él y otros funcionarios para coordinar cómo enfrentarán los Olímpicos y Paralímpicos de Río 2016.
Los 500 invitados fueron convocados a partir del jueves 3 y hasta el sábado 5 a hospedarse en el hotel Presidente Intercontinental de Polanco, a cuenta de la Conade, incluso aquellos que viven en el Distrito Federal.
El viernes 4 tuvieron una cena de gala en el hotel María Isabel Sheraton de Reforma, después de un largo día de actividades que comenzó a la 6 de la mañana y que incluyó pláticas motivacionales de los exatletas olímpicos Carl Lewis y Mike Powell.
La invitación era obligatoria. Empleados de la Conade se encargaron de llamar por teléfono a los deportistas para advertirles que debían presentarse, pues era un “debe de debe” y no era “negociable”.
Así como Castillo declaró que los deportistas no quieren acusar a los presidentes de federaciones por temor a represalias, la reportera consultó con distintos deportistas y entrenadores sobre las llamadas. Confirmaron –sin dar sus nombres por temor a represalias– que fueron obligados. Los paralímpicos se quejaron por tener que estar sentados muchas horas para cumplir con el programa impuesto.
Otros más se molestaron por dejar sus entrenamientos y viajar desde sus estados –con boletos de avión pagados también por Conade–, para estar “enclaustrados” tres días a disposición de Alfredo Castillo.
Cuando en una conferencia de prensa realizada el miércoles 2 los reporteros le preguntaron a Castillo cuánto costaría el encuentro, el funcionario se molestó y dijo: “Pídanlo por (la ley de) transparencia”.
El jueves, durante un desayuno que Castillo ofreció en el hotel Sheraton a reporteros que eligió cuidadosamente, el coordinador de Comunicación Social de la Conade, Emiliano Montiel, comentó que el costo por persona asciende a 21 mil pesos y que en la reunión se erogarían 10.5 millones de pesos más los 52 mil dólares que le pagarán a Carl Lewis, otros 5 mil a Powell y 5 mil más al multimedallista paralímpico Saúl Mendoza. l
