Brasil vive dos crisis: una económica, que hizo al real caer a casi la mitad de su valor y derruyó buena parte de los logros conseguidos en la última década, y otra, política, pues gobernantes y empresarios de primer nivel están siendo procesados por corrupción a gran escala. La propia presidenta, Dilma Rousseff, enfrenta la posibilidad real de un juicio, y en este momento es parte del problema más que de la solución. Sin embargo, hay una ventana de esperanza: el Poder Judicial brasileño no se ha amedrentado a la hora de impartir justicia, y las instituciones civiles han resistido la tempestad, manteniendo a raya el fantasma de un golpe de Estado.
SAO PAULO, Brasil.- Por estos días, el Parlamento brasileño es un hervidero. La laberíntica construcción, erigida por el arquitecto Oscar Niemeyer en 1960, se asemeja a un panal en ebullición.
Acompañados por su elenco de asistentes, que cargan carpetas y expedientes, los 513 diputados y 81 senadores se apresuran por los pasillos del edificio para acudir a alguna de las decenas de comisiones que diariamente sesionan para tramitar reformas legislativas.
En su labor deben esquivar, por ejemplo, a indígenas que reclaman proteger la herencia del Amazonas y manifestantes a favor del aborto. O periodistas que les inquieren sobre el último caso de corrupción política o sobre la baja popularidad de la presidenta Dilma Rousseff, quien cosecha 67% de rechazo social y enfrenta la posibilidad real de un juicio político, el llamado impeachment.
La sede del Legislativo es donde más se percibe la tensión entre los distintos centros de poder del país. En un inmenso e interminable estira y afloja, una semana parecen dominar la partida los aliados de Rousseff –quienes articulan una iniciativa para deponer por corrupción a su mayor rival político, el presidente del Congreso de los Diputados, Eduardo Cunha– y la siguiente es el bando afín a este astuto conservador –acusado por el Ministerio Público de embolsarse al menos cinco millones de dólares en el escándalo vinculado con la petrolera Petrobras– el que parece inclinar la balanza a su favor.
En especial después de que esta semana Cunha lograra que se aprobara a trámite una solicitud para que el Legislativo vote si entabla un juicio político contra Rousseff por incumplir la ley en su manejo de las cuentas públicas en 2014. El proceso de juicio político será largo –debe pasar por una comisión especial antes de ir a los plenos del Congreso y el Senado– y no hay garantías de que prospere, pero su admisión a trámite sin duda supone una escalada en la crisis política que azota al país desde inicios de año.
De repente, a ese juego de fuerzas se suma el expresidente Luiz Inacio Lula da Silva, quien expresa su desacuerdo con su sucesora por la forma de manejar la crisis; temeroso de que el legado socioeconómico de Rousseff ponga en juego su candidatura presidencial en 2018, lanza a la prensa los nombres de los ministros que deben ser sustituidos ipso facto para corregir el rumbo y abandonar de forma inmediata los planes de austeridad.
Quien mayor controversia genera es el ministro de Hacienda, Joaquim Levy, un liberal que suscita el rechazo frontal de Lula por defender una serie de recortes al gasto público para equilibrar las cuentas y recuperar la confianza de los inversionistas.
“Algo está podrido”
En paralelo a ese juego político se desarrolla la investigación contra la mayor trama de corrupción en la historia del país, que gira en torno a quien fuera la gallina de los huevos de oro brasileña: la petrolera estatal Petrobras.
La Operación Lava Jato tiene ya a 60 políticos bajo investigación o imputación, entre ellos Lula, uno de sus ministros y el tesorero del partido político que él mismo fundó, el de los Trabajadores (PT). También hay cargos de otros partidos, pero los investigados son sobre todo miembros de las formaciones de coalición que han fortalecido al PT, en el poder desde hace 12 años.
Tampoco está a salvo el estamento económico, ya que semanalmente se encarcela a más miembros de la élite empresarial por haber participado en el desfalco de por lo menos 2 mil millones de dólares de la petrolera. Los presidentes de las mayores constructoras del país –corporaciones de la talla de Odebrecht, con 200 mil empleados e inversiones por medio mundo– están tras las rejas, de forma preventiva, por supuestamente participar en la trama de desfalco de Petrobras por medio de licitaciones adulteradas y adjudicadas a dedo, a cambio del pago de propinas a directores de la empresa o a partidos políticos.
La magnitud del escándalo parece alcanzar cotas inusitadas y afectar a niveles cada vez más altos del Estado. El pasado 25 de noviembre todas las alarmas sonaron en el Palacio de Planalto –sede de la presidencia brasileña– cuando el senador Delcídio do Amaral, político de gran cercanía a la presidenta y al gobierno, fue detenido junto al influyente banquero André Esteves, dueño del banco de inversión BTG Pactual y uno de los hombres más ricos del país.
Con el necesario aval del Tribunal Supremo por la protección que otorga el fuero parlamentario, la policía detuvo así, por primera vez en la historia del país, a un senador en activo, después de que una grabación lo implicara en la tentativa de orquestar la evasión hacia a España vía Paraguay de Nestor Cerveró, uno de los directores de Petrobras imputado. ¿El objetivo? Desactivar a todo costa una bomba de relojería: impedir que Cerveró –imputado y bajo custodia policial– sellara un acuerdo con la justicia para explicar todo cuanto sabe sobre la trama Petrobras –nombres, fechas, valores y modus operandi– a cambio de una remisión de la pena.
“No es sólo Dilma o Cunha, el Partido de los Trabajadores o los otros, la izquierda ni la derecha, el Ejecutivo o el Legislativo. Es todo”, asegura en entrevista el profesor Marco Aurelio Nogueira, sirviéndose del reciente desastre minero en la localidad de Mariana que contaminó la cuenca de un importante río brasileño para hacer un símil con la situación de caos político que vive Brasil a consecuencia de la corrupción.
“Tal y como el mar de barro tóxico con que la negligencia y la búsqueda del lucro fácil destruyeron la vida de miles de personas y comprometieron el medio ambiente durante décadas, una lava corrosiva está esparciéndose por el país hasta amenazar el futuro. Hay algo podrido en el reino. La política simplemente no funciona”, agrega este profesor de teoría política en la Universidad Estatal Paulista.
Gigante herido
El sistema político sufre una parálisis que muchos atribuyen a la gangrena de la corrupción. Pero lo más perceptible es la carencia de un líder –Rousseff tiene ahora la amenaza latente del juicio político y se muestra sobrepasada por los acontecimientos– que sea capaz de capear la tormenta política perfecta, a la que se suma una recesión histórica.
En los primeros nueve meses de este año, Brasil ha padecido una recesión. Su economía cayó 3.2% respecto del mismo periodo del año pasado, según datos del martes 1 divulgados por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). La contracción de la actividad suma tres trimestres consecutivos y en el tercero se situó en 1.7%, por encima de casi todos los pronósticos.
No se esperan mejoras para el año próximo. La previsión es una nueva caída del Producto Interno Bruto (PIB) de 2%, según el más reciente boletín Focus, elaborado por el Banco Central de Brasil con base en la opinión de decenas de expertos del mundo financiero.
Sumando los dos años, la gran potencia sudamericana –objeto de elogios durante la última década por su modelo de desarrollo– enfrenta su peor recesión desde 1930 y con el “milagro económico” –si es que realmente lo hubo– ya como un mero acontecimiento del pasado.
Los índices macroeconómicos de la mayor economía de América Latina hablan por sí solos: desde los comicios de 2014 se perdieron 1 millón 380 mil empleos, según datos del Ministerio de Trabajo publicados el pasado 20 de noviembre, y el indicador de desempleo se situó en el tercer trimestre del año en 8.9% de la Población Económicamente Activa, casi el doble que un año antes, según datos divulgados por el IBGE.
Los salarios, de acuerdo con datos de octubre, cayeron 7% en las principales regiones metropolitanas respecto de 2014, lo que frena el consumo. La inflación, a su vez, está desatada: se calcula en 10% al cierre del año, pese a que los tipos de interés han sido elevados hasta 14.25% y de que la economía está en contracción.
Tras el fin del ciclo dorado de las materias primas, del que tanto se benefició un Brasil abundante en minerales, parece haberse esfumado también la confianza de los inversionistas extranjeros. Prueba de ello es la caída de su moneda, el real, que se ha devaluado cerca de 45% en el último año, así como la rebaja en septiembre de la nota soberana crediticia por parte de la agencia calificadora Standard & Poor’s, que estudia una nueva degradación para diciembre.
Aún es pronto para evaluar si los millones de personas que han logrado salir de la pobreza gracias a las ayudas sociales
–fundamentalmente asignaciones mensuales en función del número de hijos– volverán ahora al estrato social más bajo, ante el previsible recorte de los programas. Pero en la calle las urgencias domésticas comienzan a ser perceptibles.
Década perdida
Para visualizar cómo ha afectado a los brasileños esta crisis, pocos lugares mejores que el llamado “ABC Paulista”, tres municipios (Santo André, Sao Bernardo do Campo y Sao Caetano do Sul) a las afueras de Sao Paulo y donde se concentra buena parte del músculo industrial brasileño, sobre todo el del sector automotriz, hasta hace apenas 18 meses orgullo nacional.
A las siete de la mañana la fila de personas que, currículum vitae en mano, aguardan a las puertas de la oficina de empleo de Sao Bernardo do Campo prácticamente da la vuelta a la cuadra.
“No hay trabajo. Dejas tus datos, pero nunca te contactan para ofrecerte un puesto. Llevo ya cuatro meses así”, explica a Proceso Jorge Peres, de 28 años y padre de dos hijos. “Todo ha aumentado tanto que ya no compras nada en el supermercado con 50 reales (12 dólares). Antes mis hijos venían conmigo a hacer las compras semanales, pero ahora ya no me los llevo, porque no tengo dinero para comprarles caprichos”, lamenta este hombre, que no cree que la situación vaya a mejorar pronto.
Las tiendas están vacías en la principal avenida comercial de la ciudad, que alberga una de las mayores fábricas de Volkswagen de América del Sur. Las oficinas de las empresas de trabajo temporal, sin embargo, no cesan de recibir la visita de candidatos –sobre todo jóvenes– que quieren empleo.
“Tenemos muy pocas ofertas para tanta demanda laboral. Cada día recibimos unos 500 currículums, pero la crisis en el ABC Paulista es muy grande, sobre todo por la difícil situación que viven las ensambladoras de autos”, explica Regina Paes, una empleada en la agencia de trabajo Movel.
“La situación ha cambiado mucho el último año y medio”, asevera.
Los políticos han descuidado a los productores industriales, ante otros sectores como el de la producción agrícola y ganadera, el extractivo y petrolífero o el financiero, todos ellos grandes patrocinadores de campañas políticas. Como consecuencia, la industria brasileña es un sector en caída libre, con una contracción de la producción de 10.9% entre septiembre de 2014 y 2015, según el IBGE.
En Brasil se menciona la posibilidad de una década industrial perdida, ante el hundimiento de los indicadores sectoriales a niveles de hace 10 años.
La industria del automóvil, que emplea directa o indirectamente a millón y medio de personas y supone 5% del PIB, ha visto su producción menguar 21%, lo que ha supuesto que México la rebasara como mayor productor de vehículos de América Latina. Las ventas en Brasil se han desplomado 25% y, ante la falta de competitividad para vender al exterior, las compañías aplican planes de emergencia de vacaciones colectivas sin pago, cuando no de despidos.
“Ésta es la primera crisis a la que hace frente Brasil desde 2002. Están en riesgo las conquistas sociales que obtuvimos en la década de 1980”, declara Wagner Santana, secretario general del sindicato de los metalúrgicos del ABC. “Hay un sentimiento de ansiedad entre los trabajadores por la situación económica”, señala Santana, en el mismo edificio donde el entonces líder sindical Luiz Inacio Lula da Silva inició su carrera política.
Apenas en el primer año de su segundo mandato, hay quien se pregunta no sólo si Rousseff lo terminará, sino si dejará algún legado. No se avizora una mejoría de la situación económica a corto plazo y la corrupción amenaza con empañar incluso las ventanas del último piso de la estructura del poder.
Pero ya emergen voces que, en plena turbulencia, perciben un buen ejemplo por parte de las instituciones, sobre todo la fiscalía y el Poder Judicial, que no se arredran ante la corrupción. Se puede “concluir que alguna cosa parece estar cambiando en Brasil. Y es para mejor, porque las instituciones funcionan mejor que antes”, aseguraba recientemente Celso Ming, prestigioso columnista del diario Estado de Sao Paulo, que recordaba una frase atribuida al expresidente Fernando Henrique Cardoso: “En este momento de crisis, al menos estamos oyendo nombres de jueces, y no de generales”. l
