El caso de las intercepciones telefónicas ilegales en la ciudad de Buenos Aires –que se conoció hace cinco años e implicó al entonces jefe de la policía bonaerense– aún está abierto. Uno de los 11 investigados por esos hechos, y de quien se ha pedido que sea sometido a juicio, es Mauricio Macri, exalcalde de la capital de Argentina y actual presidente electo de la nación. El próximo jueves 10 tomará posesión del cargo, siempre y cuando un juez dicte el sobreseimiento de su causa. El temor de las víctimas de las escuchas ilegales es que, en efecto, el mandatario sea exonerado y asuma la Presidencia.
Buenos Aires.- El juez federal Sebastián Casanello debe decidir si envía al presidente electo Mauricio Macri a juicio oral o le dicta el sobreseimiento. Y debe hacerlo antes del próximo jueves. El magistrado cerró el pasado 30 de noviembre la instrucción de la causa por escuchas ilegales en la que está procesado el ganador de las elecciones.
El jueves 3 Casanello recibió el dictamen del fiscal federal Jorge di Lello en favor de que se desvincule a Macri del
expediente.
Un pedido idéntico fue elevado por los abogados del presidente electo. Los de la querella solicitaron al juez, por el contrario, que Macri sea sometido al juicio que tendrá lugar en 2017 y que ya cuenta con 11 acusados.
Entre 2007 y el pasado 9 de noviembre Macri fue alcalde de Buenos Aires. En 2010 fue procesado por su supuesta responsabilidad en la estructura de escuchas ilegales montada dentro de su gobierno. La dirección operativa de esas escuchas habría estado a cargo de Jorge El Fino Palacios, entonces jefe de la Policía Metropolitana creada por Macri y hoy, uno de los 11 acusados.
Entre las víctimas de las intercepciones telefónicas figuran el dirigente de la comunidad judía, Sergio Burstein; los empresarios Carlos Ávila y Alfredo Cotto; el penalista Francisco Castex y el excuñado del presidente electo, Néstor Daniel Leonardo.
A Macri se le acusa de asociación ilícita, abuso de autoridad, falsedad de documento público e intercepción de telecomunicaciones, delitos que se castigan con penas de tres a 10 años de prisión.
Todo indica, sin embargo, que Casanello dictará el sobreseimiento de Macri. La medida podría concretarse antes del próximo jueves 10, día de la toma de posesión del nuevo mandatario.
Macri siempre sostuvo que se trata de una causa operada por el kirchnerismo, por conducto de la Secretaría de Inteligencia, a fin de perjudicarlo. También ha argumentado que el aparato privado de espionaje no fue contratado por él, sino por su padre, el empresario Franco Macri, fundador y jefe del conglomerado empresarial familiar.
“Se trata de una persona, no importa si es presidente o no, que tiene un auto de procesamiento firme, convalidado por todas las instancias; es decir por el tribunal de primera instancia, la Cámara de Apelaciones y la Cámara de Casación”, dice a Proceso el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat.
“Lo que va a resolver el juez Casanello es también apelable“, aclara. “Es decir que más allá de la previsibilidad de un sobreseimiento en primera instancia, estaría la Cámara de Apelaciones, que tendrá que resolver si mantiene su criterio anterior, o si se han incorporado nuevos elementos de prueba que desvinculen de la causa al ingeniero Macri. Esta decisión es también recurrible ante la Cámara de Casación Penal. El señor Sergio Burstein va a proseguir con su apelación hasta la última instancia”, dice Barcesat, quien conoce el expediente pues representó legalmente al dirigente de la comunidad judía.
AMIA
Burstein perdió a su mujer, Rita, en el atentado terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) el 18 de julio de 1994. Ahora encabeza la agrupación 18-J, que reúne a familiares de las víctimas de aquel hecho. En 2009 este grupo se opuso tenazmente a la designación de Jorge El Fino Palacios al frente de la Policía Metropolitana.
Macri conoce a Palacios desde 1991. El excomisario ayudó a resolver el secuestro del que fue víctima el ahora presidente electo, hijo de uno de los empresarios más ricos de Argentina.
Macri lo nombró jefe de seguridad de Boca Juniors durante su presidencia en ese club de futbol, entre 1995 y 2007. Se refería a él como “el mejor policía del mundo”. Para Burstein y muchos otros familiares de víctimas de la AMIA, por el contrario, su designación al frente de la Policía Metropolitana, en 2009, era “una burla a los muertos”.
Palacios coordinó en 1994 la investigación del atentado terrorista contra la mutual judía. La justicia federal lo investigó después por considerar que había adulterado pruebas y oficiado como encubridor del ataque. Finalmente fue procesado por esos cargos en octubre de 2009.
Semanas antes, el 22 de septiembre de 2009, Romina Burstein, hija de Sergio, recibió una llamada anónima en su casa, advirtiéndole que el teléfono de su padre estaba interceptado por el entonces comisario Palacios. Burstein era espiado para detectar sus eventuales diálogos con el juez o el fiscal de la causa AMIA; es decir, con Alberto Nisman, fiscal muerto en enero de 2015 en circunstancias aún no aclaradas.
Nisman instruyó la causa que terminó en el procesamiento en 2010 del ahora presidente electo.
La investigación federal arrojó luz sobre la metodología. Dos jueces de la provincia de Misiones, a mil 200 kilómetros de Buenos Aires, vinculaban de manera intencional, a aquellos a quienes se quería espiar, a causas por delitos comunes… y admitían denuncias falsas. Entonces se daba orden a la Secretaría de Inteligencia de intervenir sus teléfonos. Pero las cintas que contienen las conversaciones telefónicas de los espiados jamás pasaban a engrosar los expedientes que las habían motivado. Eran retiradas de la Secretaría de Inteligencia por el policía y abogado Ciro James, hombre de confianza de Palacios.
En agosto de 2014 Casanello elevó el pedido de enjuiciamiento de 11 personas acusadas de pertenecer a la estructura de las escuchas ilegales. La lista incluye a los exjefes policiales de la Metropolitana Jorge Palacios y Osvaldo Chamorro; el exministro de Educación de la ciudad de Buenos Aires, Mariano Narodowski; el juez de la provincia de Misiones José Luis Rey (el otro juez, Horacio Gallardo, falleció); la exsecretaria judicial Mónica González y Ciro James. Éste, contratado por el Ministerio de Educación porteño para tareas de “asesoramiento”, nunca acudió a trabajar.
Casanello desoyó en su resolución de agosto de 2014 el pedido del fiscal Di Lello, quien entonces sí se pronunció en favor de enviar a Macri a juicio oral. Mantuvo, sin embargo, su procesamiento, a la espera de que surgiera nuevo material de prueba.
Afirmó que no había evidencias concretas de que Macri hubiera ordenado las escuchas y que tampoco estaba demostrado que él hubiera montado una asociación ilícita destinada al espionaje clandestino.
Le endilgó a Macri la responsabilidad política, pues la estructura de espionaje funcionó en su gobierno. Dijo que su responsabilidad penal sería dudosa, ya que no se han hallado órdenes escritas ni comunicaciones entre Macri y los acusados.
“Creo que la responsabilidad es exclusivamente penal, y creo además que está sobradamente probada en el expediente”, refuta, por su parte, Barcesat. “Yo he patrocinado al señor Sergio Burstein, de manera que no tengo dudas de su autoría (de Macri) y de su calidad de jefe del operativo. Pero lo importante es que se diga en sede judicial y no la opinión mía”.
El cuñado
Sandra Macri, hermana menor de Mauricio, murió de cáncer en junio de 2014. Su marido, Néstor Daniel Leonardo, fue otro de los espiados. El patriarca de la familia, Franco Macri, nunca ocultó su desdén por este parapsicólogo y enfermero de 54 años. Veía en él a un cazafortunas. Leonardo declaró que su exsuegro le preguntó más de una vez cuánto quería para divorciarse. Denunció haber sido herido de bala en una mano por tres hombres que ingresaron en su domicilio.
“Está claro que Franco (Macri) contrató a una empresa de información para escuchar a su yerno”, dijo Federico Pinedo, el jefe de diputados de PRO (el partido fundado por Mauricio Macri), según publicó el diario Clarín el 19 de julio de 2010. El objetivo del espionaje habría sido demostrarle a Sandra, mediante las escuchas, que Leonardo estaba con ella por interés y no por amor.
El expediente consigna que Franco Macri reconoció haber contratado a la empresa Ackerman Group LLC Security & Investigative Consultants, con sede en Estados Unidos, para investigar a su yerno. Argentina y Estados Unidos tienen firmado un convenio de cooperación judicial. El Departamento de Justicia de Washington se negó sin embargo a colaborar con la causa. Rechazó el exhorto de Casanello, aduciendo cuestiones de forma.
La probabilidad de que Mauricio Macri se siente finalmente en el banquillo de los acusados es baja. Sería el primer presidente argentino en ejercicio en pasar por una situación semejante. “No varía mucho su situación porque el sistema de la Constitución argentina establece la presunción de inocencia hasta tanto no medie condena firme basada en autoridad de cosa juzgada”, explica Barcesat. “Gobernaría con una legitimidad disminuida, pero no con un impedimento constitucional”. l
