Los colombianos cuyos cadáveres fueron hallados hace un par de semanas en Veracruz, con huellas de tortura y tiro de gracia, eran los operadores del escalón más bajo de una red de usura importada desde su país y conocida como “gota a gota”: préstamos rápidos con altas tasas de interés y exigencias de pago diario. Los asesinados, oriundos de Pereira, Colombia, eran jóvenes pobres y sin perspectivas de crecimiento, como todos los que reclutan los jefes de la red de usureros, generalmente vinculados con el crimen organizado.
BOGOTÁ.- Los cinco colombianos que el martes 17 aparecieron ejecutados en el estado mexicano de Veracruz eran el “eslabón más débil” de una organización criminal dedicada a una modalidad de usura conocida en Colombia como “gota a gota”.
Se trata de créditos con altas tasas de interés que se pagan en abonos diarios y forman parte de las actividades delictivas de bandas implicadas también en el tráfico de drogas y la extorsión.
Este negocio ilegal, por el cual se obtienen réditos de hasta 20% mensual sobre el monto del préstamo, ha sido exportado por colombianos de Chile a México.
Según las investigaciones de la Policía Nacional (PNC) y la Fiscalía de Colombia, quienes aparecieron muertos en una fosa en un rancho de Veracruz fueron reclutados este año como “cobradores de una banda delincuencial dedicada al ‘gota a gota’” en el centroccidental departamento de Risaralda.
“Es una banda con ramificaciones en México, Centroamérica y Ecuador. Esa gente les ofrece trabajo a muchachos en Pereira (capital de Risaralda) y los manda al extranjero”, dicen a Proceso las fuentes policiacas consultadas.
Carlos Arturo Marulanda Orozco, uno de los ejecutados, viajó hace cuatro meses de Pereira a México luego de trabajar en una pizzería en Panamá. Como los otros ejecutados, era la primera vez que se empleaba como “cobrador” de los créditos “gota a gota”.
“Lo hizo por necesidad, porque aquí no hay trabajo, y allá no es que estuviera ganando mucho dinero, pero me mandaba lo necesario para los gastos mensuales”, dice su viuda, Marcela Valencia.
Carlos Arturo, de 29 años, se estableció en Córdoba, Veracruz, junto con Jorge Armando Muñoz Hincapié, Francisco Javier Agudelo Gómez y Carlos Andrés Mejía Contreras, quienes habían llegado a México tres meses antes. Todos ellos, que se conocían desde Pereira, vivían en esa ciudad en una casa en la avenida Ferrocarril con Calle 4.
Las investigaciones de la PNC y de la Fiscalía de Colombia indican que en Córdoba trabajaban a las órdenes de un “supervisor”, también colombiano, que vivía con su esposa en una casa cercana a la de sus compatriotas.
El “supervisor”, cuya identidad se mantiene en reserva, era quien les daba el dinero para hacer los préstamos a pequeños comerciantes, amas de casa y familias modestas con apremios económicos. Éste, a su vez, le rendía cuentas en México a un delegado de la banda criminal que maneja el negocio en Pereira, aunque “los patrones-patrones” están en Colombia.
“Los ejecutados eran personas modestas que no manejaban dinero propio, sino que trabajaban a comisión por el dinero que colocaban como prestamistas. Su principal labor era cobrar todos los días los pagos de sus acreedores. Ellos se movilizaban en motocicletas y no vivían con lujos”, señala un investigador.
Un quinto colombiano, Yolmer Osorio Cano, oriundo de Pereira, había llegado a Córdoba el domingo 8. Él conocía al resto del grupo y era amigo de Muñoz Hincapié.
Un familiar de Osorio –quien pidió omitir su nombre– refiere que “él fue a México de turista, a conocer Cancún, y después viajó a Córdoba a visitar a Jorge, por lo que la muerte lo sorprendió en el momento y en el lugar equivocados”.
Encapuchados
La última vez que Mónica Muñoz Hincapié tuvo noticias de su hermano Jorge Armando fue el miércoles 11, cuando éste le envió un mensaje desde su teléfono celular.
La tarde siguiente, familiares de los otros colombianos la buscaron en Pereira para preguntarle “si sabía algo de los muchachos, porque no contestaban los mensajes ni el teléfono”.
Esa noche volvieron a llamar a Córdoba y lograron hablar con la esposa del “supervisor”, quien fue a la casa de los “cobradores”. No encontró a nadie y por las ventanas se percató de que todo en el interior estaba en desorden, con ropa y muebles tirados en el piso. Los vecinos le dijeron que durante la madrugada del jueves 12 un grupo de encapuchados ingresó a la vivienda y sacó a los colombianos en calzoncillos, con los ojos vendados, con mordazas y maniatados.
Jorge Muñoz Hincapié, un pintor y practicante de ciclomontañismo, había viajado a México el 4 de abril de este año con la idea de hacer dinero para comprarle una casa a su mamá.
“Allá le iba bien: ganaba una comisión por los préstamos y cada mes les mandaba dinero a mis papás, como 500 mil pesos (colombianos, unos 165 dólares)”, dice su hermana Mónica.
La falta de noticias de los cinco colombianos radicados en Córdoba motivó a sus familiares a acudir a las autoridades. Llevaron el caso a la Defensoría del Pueblo (equivalente a una comisión de derechos humanos) en Pereira, que lo catalogó como “desaparición” y lo puso en conocimiento de la Cancillería, que a su vez dio aviso al consulado de Colombia en México.
El martes 17 la policía de Veracruz localizó una fosa con cinco cadáveres en el rancho El Langostillo, en el kilómetro 72 de la carretera Puente Nacional-Paso de Ovejas, a unos 150 kilómetros de Córdoba.
El siguiente fin de semana, los cinco cadáveres fueron identificados gracias a las huellas dactilares y fotografías que proporcionó el consulado de Colombia en México a la Fiscalía General de Veracruz. Correspondían a los colombianos “levantados” en Córdoba. Tenían huellas de tortura y tiros de gracia.
El “supervisor” del “gota a gota” y su esposa nunca volvieron a contestar las llamadas. Se cree que salieron de Córdoba. La PNC los ha buscado en los últimos días en Marsella, Risaralda, de donde él es oriundo, pero no aparecen.
Mónica ni siquiera sabe si su hermano alcanzó a llegar a los 33 años. Los habría cumplido el pasado lunes 16, un día antes de que apareciera su cadáver. “Lo más seguro es que lo mataron antes”, señala.
Delito trasnacional
La usura en la modalidad de “gota a gota” es un delito que cobró dimensión trasnacional hace varios años, cuando bandas colombianas vinculadas con el narcotráfico, el secuestro y la extorsión lo comenzaron a llevar a otros países latinoamericanos con sus propios operadores. Ha sido detectado en Chile, Argentina, Brasil, Perú, Ecuador, Centroamérica y México.
Investigadores de la PNC dijeron que corresponde a la policía mexicana esclarecer la muerte de los cinco “cobradores” de préstamos “gota a gota” que operaban en Córdoba.
Los investigadores colombianos creen que la presencia del “gota a gota” en una ciudad mediana, como Córdoba, revela el grado de expansión que ha tenido esa modalidad delictiva, cuya principal clientela está en los enormes segmentos de población que viven de la economía informal.
Para un comerciante ambulante sin acceso al crédito puede resultar un alivio momentáneo obtener un préstamo “gota a gota” de, por ejemplo, 200 dólares, con un interés de 20% mensual, por el cual acabaría pagando 280 dólares en dos meses, con abonos diarios de 4.60 dólares.
“Es una práctica muy común en Colombia y ahora en gran parte de Latinoamérica; lo más preocupante es que esté manejada por redes criminales asociadas a delitos como el narcotráfico”, dice el coordinador del área de dinámicas del conflicto de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), Eduardo Álvarez Vanegas.
De acuerdo con el politólogo y maestro en antropología de la Universidad de Columbia, el “gota a gota” es una modalidad delictiva que las bandas criminales colombianas han llevado a otros países porque tienen la capacidad de montarse en las redes internacionales abiertas por los grandes cárteles de la droga y los grupos paramilitares que manejaron el narcotráfico la década pasada.
“Exportan prácticas que ya les funcionan aquí y exportan a sus hombres para controlar directamente este negocio criminal. Es un fenómeno asociado a la trasnacionalización del delito. Lo mismo hay colombianos en México cometiendo delitos que gente del Cártel de Sinaloa en Colombia controlando los embarques de droga”, afirma el investigador.
El director nacional de Atención y Trámites y Quejas de la Defensoría del Pueblo de Colombia, Javier Tamayo, comenta que, al margen de la actividad que realizaban los cinco colombianos ejecutados en México, las autoridades de ese país deben investigar los homicidios.
“Lo que hemos pedido por los conductos diplomáticos, como organismo de derechos humanos, es que se establezcan las motivaciones que tuvo este crimen y quiénes fueron sus ejecutores materiales e intelectuales”, indica.
Tamayo dice que otro colombiano identificado como Helio Toro Valenzuela está desaparecido desde el lunes 9 en Poza Rica, Veracruz. Su esposa, Karelys Pacheco, asegura que el joven de 29 años, dedicado al comercio, fue detenido por la policía local, que lo subió a una patrulla por no portar documentos migratorios; desde entonces desconoce su paradero.
El funcionario de la Defensoría señala que la institución buscará coordinar acciones con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México para atender este tipo de casos desde una perspectiva humanitaria. l
