MONTERREY, NL.– Algunos activistas que solían expresar de manera abierta sus discrepancias con el gobierno del priista Rodrigo Medina, hoy forman parte de la administración del Bronco y guardan silencio.
Roberto Gallardo, fundador de Rescatemos Nuevo León, por ejemplo, es coordinador de Administración y Finanzas de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado (Sedec), aunque sigue al frente del organismo ciudadano. Excandidato a diputado, Gallardo dice que ahora, en lugar de gritar, tiene la oportunidad de corregir desde dentro lo que antes criticaba.
Lorenia Canavati, excandidata independiente a la alcaldía de San Pedro que en años recientes participó en varios organismos no gubernamentales, entre ellos uno denominado Cómo Vamos (CV), también forma parte del gabinete del Bronco, donde es coordinadora de Enlace con la Sociedad Civil.
Juan Manuel Ramos, fundador del organismo ciudadano Redes Quinto Poder (RQP), sostiene que Canavati y Gallardo enflacaron las filas ciudadanas para engrosar la nómina: “Se les ha cortado la voz con el cheque que reciben cada quincena”.
Miembro también del consejo de Evolución Mexicana, Ramos considera un desatino de los activistas integrarse al aparato de gobierno y los acusa de oportunistas:
“No puedes ser juez y parte. La actual administración tiene más de un mes y ha cometido pifias legales, sesgos autoritarios, se ha enfrentado con el Congreso Local, ha transparentado cuentas a medias, ha incumplido en promesas a corto plazo. En otro tiempo, la gente que ya trabaja ahí hubiera protestado”.
Miguel Treviño de Hoyos, coordinador ejecutivo de la Oficina del Gobernador, dirigió el Consejo Cívico, una agrupación ligada a CV, y fue él quien impulsó la organización Vía Ciudadana (VC).
En septiembre de 2012, Treviño de Hoyos era director del Consejo Cívico y criticó al entonces alcalde panista de San Pedro, Mauricio Fernández, por el incremento de la inseguridad. Hoy, como burócrata, guardó silencio cuando El Bronco declaró que en su primer mes de gestión se incrementaron los delitos en la entidad.
El año pasado, Canavati y Gallardo se sumaron a varias organizaciones no gubernamentales para protestar contra la militarización del estado. Y ahora que el nuevo mandatario anunció la llegada de 500 efectivos del Ejército, no han levantado la voz.
El semillero
En 2012, medio centenar de organismos civiles e instituciones académicas crearon la plataforma ciudadana Alcalde, Cómo Vamos, con el propósito de evaluar a los presidentes municipales metropolitanos que asumieron ese año. Hicieron propuestas en temas relacionados con seguridad, ecología, deporte, desarrollo social, y les dieron seguimiento a lo largo del trienio.
Hoy, la plataforma se llama únicamente Cómo Vamos (CV), porque su propósito es evaluar también al gobernador, un asunto complejo pues los principales activistas fueron cooptados por El Bronco.
Además de Canavati y Gallardo, Concepción Landa García Téllez, diputada local de la bancada de Movimiento Ciudadano, y Alan García García, asesor de esa fracción, dejaron el activismo: estaban en Evolución Mexicana y hoy son empleados del gobierno.
Jorge Alfredo Longoria, actual director de la Agencia Estatal del Transporte y Vialidad, era el presidente de la Sociedad de Urbanismo Región Monterrey (Surmac) y durante toda la gestión de Medina de la Cruz criticó la vialidad colapsada de la zona metropolitana. Ahora es un convencido autocrítico que usa sus conocimientos para resolver el problema.
Fernando Turner, quien en 2012 apoyó la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador junto con otros empresarios y formó parte de la Asociación Nacional de Empresarios Independientes (ANEI), es el secretario de Desarrollo Económico en la entidad.
Gallardo fue director de la ANEI y en 2014 creó Rescatemos Nuevo León y de ahí saltó al equipo del Bronco. En esa agrupación estuvieron también Landa García Téllez y Samuel García, líder de la bancada de MC en la legislatura local y aliado del mandatario.
Otro activista que saltó al funcionariato es Ernesto Canales Santos, presidente de Renace, organismo que empuja la reforma penal en México, da asesoría jurídica a los desposeídos e inspecciona las condiciones en que se encuentran las cárceles locales. En enero El Bronco lo investirá como encargado de la Unidad Anticorrupción en la entidad.
El gobernador también cobijó en la nómina a Raúl Guajardo Cantú, el excandidato del Partido Encuentro Social que renunció a su aspiración en abril pasado para sumarse al Bronco y hoy es director del Registro Civil.
El PAN también surtió de talentos al nuevo gabinete. Entre ellos está Fernando Elizondo Barragán, un aliado estratégico para que El Bronco ganara la gubernatura. Hoy, él ocupa la coordinación ejecutiva del gabinete estatal.
Rogelio Benavides Pintos, hijo de un exalcalde panista de Guadalupe, es el subsecretario de Administración; Adalberto Núñez, exalcalde de San Nicolás, está al frente de Fomento Metropolitano de Monterrey (Fomerrey).
El expanista Fernando Canales Stelzer, hijo del exgobernador Fernando Canales, apoyó al Bronco durante la etapa de transición; Verónica Sada, exdiputada federal, se sumó a la Alianza por la Grandeza de Nuevo León, el movimiento que encabezaron Rodríguez Calderón y Elizondo Barragán.
Blanca Lilia Sandoval de León, quien criticó a Medina de la Cruz a lo largo de su sexenio, es la directora de Jurisdicciones Sanitarias; Miguel Massa García, exregidor por Monterrey, fue designado director de la Coordinación Administrativa del Estado, aunque su nombramiento fue impugnado y no se concretó. No obstante, está cerca del Bronco.
Críticos y funcionarios
El año pasado, cuando arrancaba el proceso electoral, tanto VC como CV fueron impugnados, pues algunos de sus integrantes criticaban a los alcaldes en funciones pero aprovechaban para apuntalar sus propias carreras políticas.
El 2 de marzo de 2014, cuando los expanistas Tatiana Clouthier y Mauricio Sada, así como Miguel Treviño, la exdiputada Liliana Flores y Lorenia Canavati presentaron VC, todos buscaban puestos de elección popular a través de las candidaturas independientes. Su propósito, decían, era romper con el duopolio PRI-PAN.
Al lanzar sus candidaturas por VC ya trabajaban en la plataforma CV, donde recolectaban datos de los municipios para medir el desempeño de los alcaldes. Sus detractores dijeron que podían utilizar la información para sus propios proyectos políticos.
El panista Pedro Salgado Almaguer, entonces alcalde de San Nicolás, consideró impropio que los activistas manejen un doble discurso, pues aunque él apoyaba las candidaturas independientes, observó que VC podía desvirtuarse.
De manera similar se expresó la panista Margarita Arellanes cuando aún era alcaldesa de Monterrey: “En aras de fortalecer este ejercicio ciudadano de Alcalde, Cómo Vamos, hay que definir los interlocutores y asegurarnos de que no tengan un vicio o interés político”.
Juan Manuel Ramos y varios amigos fundaron la agrupación RQP, dedicada a revisar el manejo de las redes sociales de los políticos y funcionarios estatales. Durante la pasada campaña, Ramos detectó que prácticamente todos los candidatos que usaban Facebook compraron likes e invirtieron en difusión no fiscalizada.
El biólogo Antonio Hernández Ramírez hace activismo ecológico, sobre todo a favor de los habitantes de Cadereyta, afectados por descargas clandestinas de la refinería de Pemex en esa localidad.
Según él, los críticos pueden remediar los problemas que señalan si se integran al gobierno, Sin embargo, advierte: al hacerlo, debilitan el movimiento ciudadano y sus voces ya suenan apagadas.
Menciona el caso del Consejo Cívico y el silencio de Treviño de Hoyos, quien fue su director: “Lo ubico como una de las voces más críticas del gobierno de Rodrigo Medina. Ahora, mediáticamente, no he sabido que haya hecho alguna observación sobre el manejo de la administración estatal, a la que ya pertenece”.
Otro caso, dice, es el de Roberto Gallardo. Él hace activismo desde el gobierno; navega en dos aguas. Por fortuna, agrega, hay voces cuestionadoras que se expresan libremente, como los integrantes de los organismos Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac) y Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (Fundenl).
Gallardo, por su parte, señala que es libre de ejercer la crítica como funcionario: “Soy parte de un equipo de personas que estamos contra la militarización de la policía y seguiré colaborando con ellos. Tengo el tema pendiente de la iniciativa privada, que le iba a pagar unos cuarteles a la policía militarizada, y es un tema en el que está colaborando también gente como Treviño y Canavati.
Por su parte, Canavati es una de las ciudadanas más activas en el movimiento de la abolición de los partidos políticos desde las filas de los movimientos Evolución Mexicana, CV y VC; incluso impulsó la reforma política para quitarle al bipartidismo PRI-PAN el monopolio de las candidaturas.
En mayo de 2014 criticó la impunidad del gobierno de Medina ante escándalos de corrupción. Ahora, como funcionaria, no ha dicho ni una palabra para pedir que el exmandatario sea juzgado.
En entrevista, Canavati también se defiende: “Pudiera pensarse que esa voz crítica dejó de serlo al formar parte de un gobierno; pero no. Ahora debemos analizar qué es lo que requiere nuestro México”. Admite que si bien hace señalamientos hacia el interior de la administración, ya no puede ventilarlos. l
