Jaime Rodríguez Calderón llegó a la gubernatura de Nuevo León en buena medida por sus fuertes críticas al gobernador priista Rodrigo Medina y por sus atractivas ofertas de campaña. Ahora argumenta que no conocía la dimensión del desastre en las finanzas y se desdice de sus promesas electorales. Y lleva sólo dos meses en el cargo.
MONTERREY, NL.- El arranque del sexenio de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, ha sido titubeante.
En sus dos primeros meses de gestión, colisionó de frente con el Congreso de Nuevo León y tuvo que reconocer el incumplimiento de promesas de campaña como la de eliminar la tenencia vehicular: ahora la respalda con el argumento de que el estado está quebrado y necesita recursos para aliviar el déficit.
Además debe cargar con el compromiso de la anterior administración con la armadora coreana Kia, próxima a inaugurarse en la entidad. Rodríguez dice que el pacto es abusivo y lo renegociará, pues a la trasnacional se le regalaron como incentivos miles de millones de pesos.
Pero el mayor problema de carácter político es la sombra del exgobernador priista Rodrigo Medina de la Cruz, a quien El Bronco responsabiliza de todos los males, pero aún no se anima a llevar ante la justicia.
Con un gobernador independiente, que no puede seguir la costumbre de enviar sus propuestas para que las impulse la fracción de su partido en el Congreso, el PRI y el PAN responder a Rodríguez Calderón con acuerdos previos; juntos forman mayorías simple y calificada para mover como deseen los acuerdos y, en su momento, las leyes.
Para colmo, los partidos y sus dirigentes están rebasados. El PRI viene de perder la gubernatura y el PAN, tercera fuerza política, tiene un nuevo dirigente que carece de liderazgo. La línea que envían a sus bancadas es ignorada. Los que mandan son los diputados.
Ellos decidirán el presupuesto para 2016, que sigue contemplando el cobro de la tenencia vehicular.
En campaña, El Bronco ofreció eliminar el impuesto de la tenencia vehicular. “Pagarla o comer bien”, ofreció. Aunque ese cobro fue derogado en 2011 por el presidente Felipe Calderón, estados como Nuevo León decidieron conservarlo.
Sin embargo, ya como gobernador Rodríguez Calderón dijo que el estado no tiene recursos y por lo tanto no emprenderá obra pública en los primeros seis meses. También suplicó a los legisladores que no quitaran la tenencia. Incluso hubo un acuerdo inicial para retirarla gradualmente que el mandatario vetó.
El 10 de noviembre, las siete fracciones del Congreso lanzaron un punto de acuerdo para pedirle que no secuestrara las finanzas:
“Los ciudadanos diputados de la LXXIV Legislatura volveremos a decir claramente: el gobierno del estado miente cuando dice que la pretensión de esta soberanía sea reducir su presupuesto para dejar de hacer acciones como la de no dar mantenimiento a escuelas, entre otras.”
El gobernador veía venir el intento de los legisladores de reducirle capacidades para gastar y recaudar, cuando la deuda pública de la entidad ronda los100 mil millones de pesos –según ha detectado hasta ahora–, una cantidad superior al presupuesto anual.
El día del punto de acuerdo, Rodríguez Calderón inició una consulta pública para que la ciudadanía opinara sobre la decisión de los diputados de reducir el presupuesto: “Eso nos va a imposibilitar hacer cosas, como reconstruir carreteras, apoyar a estudiantes que necesitan transporte gratuito para que puedan ir a la escuela”, argumentó.
En su cuenta de Facebook pidió que la gente expresara su postura y él tomaría su decisión con base en ella. En su mensaje incluyó una fotografía suya y la pregunta: “¿Aceptamos o vetamos la decisión de los diputados? ¡Decide tú!”.
Marco González, coordinador de la fracción tricolor, le reprochó esa medida:
“No se gobierna en las redes sociales. Esa consulta en las redes es un sueño guajiro porque hay que preguntarle a la gente en los municipios, preguntarle a la gente si quiere un municipio con baches o sin baches, a las amas de casa por la falta de alumbrado público, si requieren una acción inmediata del alcalde o le van a preguntar al gobernador en redes cuándo les van a poner el alumbrado público.”
Por esos días, Manuel González, secretario general de Gobierno y principal asesor político del Bronco, se presentó solo en el Congreso para negociar el presupuesto. Lo apabullaron. Los legisladores se dijeron extrañados de que hubiera acudido sin compañía, en un gesto de soberbia.
Sin embargo, fue señal inequívoca de que El Bronco, que en campaña se mostró alérgico a los partidos, tuvo que interactuar con las bancadas.
Los diputados enviaron a González de vuelta con un mensaje: querían dialogar con el gobernador directamente. Pero éste se negó a recibirlos. La negociación fue rasposa. El Congreso hizo sentir su peso y El Bronco tuvo que ceder.
Al final se pactó reducir la tenencia gradualmente, con 20% menos en 2016 respecto de la cuota actual. En 2017 que se descontara 50%, para que desaparezca en 2018. La medida aplicará en unos 600 mil coches cuyos modelos van del 2010 en adelante, de 1 millón 800 mil registrados en Nuevo León. También habrá para todos un alza de 14% en el refrendo.
El Bronco también propuso al Congreso local aplicar la verificación vehicular, un cuestionado sistema de revisión de los autos para controlar su emisión de gases.
Este plan se implantó en el sexenio del priista Sócrates Rizzo, a principio de los noventa, pero fue cancelado por convertirse en un foco de corrupción. Los propietarios de autos pagaban una mordida en los centros de revisión para que les dieran la certificación.
En un video que hizo circular en redes sociales, Rodríguez Calderón acusó a los detractores de esa medida de antiecológicos. “Entonces, que se joda la ciudad, sigamos contaminando la ciudad. Dejemos que la ciudad se destruya, porque no somos capaces de enfrentar ese problema. Tenemos que salvar nuestra ciudad”, ironizó.
La solución, dijo, es que las organizaciones civiles ecologistas organicen el sistema y la licitación de los centros de verificación para transparentar el proceso. Se calcula que el costo del procedimiento es cercano a 400 pesos por automóvil.
Presupuesto engañoso
El gobernador incluyó en su proyecto de presupuesto un aumento de 100 pesos al refrendo vehicular. Señaló que el dinero servirá “para rescatar a 170 mil jóvenes que están en la calle, y si no los rescatamos seguirá habiendo violencia”.
El panista Daniel Carrillo Martínez, presidente del Congreso local, ha negociado el paquete económico 2016 con el equipo de Rodríguez Calderón. Al legislador le desconcierta que el mandatario presuma austeridad y ahorros, cuando en su propuesta el gasto corriente se incrementa, cuando debería bajar.
Los ingresos se calculan en alrededor de 77 mil millones de pesos (mmp) y los egresos en unos 83 mmp. La diferencia es de 6 mmp, que el gobierno de Rodríguez Calderón pretende financiar, en parte, con emisiones de deuda por 2.1 mmp del Instituto de Control Vehicular (ICV), que regula y administra el uso y tránsito de autos.
Para nivelar el presupuesto, El Bronco planea utilizar una partida federal de 3 mil 800 millones.
Además, el estado busca percibir para el año entrante 70.1 mmp, a diferencia de los 68.7 que recibió el presente año.
Según Carrillo, en 2015 el gasto total fue de 75.4 mmp, y se propone que en 2016 sea de 77 mmp, lo que representa un incremento de 2.2%. En lugar de apretar el cinturón, El Bronco lo afloja.
Agrega el panista: “El gasto no está siendo reducido en las áreas prioritarias de gasto corriente. Uno de los principales debates o críticas que tendremos a partir de la próxima semana será la diferencia en los balances entre ingreso y gasto que espera recibir el gobierno del estado”.
La discusión por el presupuesto apenas comenzará y los diputados esperan concluir antes de que termine el año.
A decir de Carrillo, El Bronco envió a los diputados una propuesta engañosa. Como ejemplo menciona que el aumento del gasto responde a la intención de subir 21% la inversión en seguridad, pero los diputados no hallan en las cuentas del Ejecutivo esos recursos que buscan inyectar a la policía.
También considera un desatino que el presupuesto del Bronco mantenga la inercia alcista que dejó el priista Medina, a quien Rodríguez Calderón criticó por su excesivo gasto.
En lugar de ello, comenta Carrillo, el gobernador debió reconstruir toda la administración con base en la valoración de los bienes encontrados al tomar posesión. Por lo que se ve, comenta, en los cuatro meses de transición los encargados de tesorería no se metieron a fondo en el área presupuestal para optimizar la operación.
“La elaboración de un presupuesto implica trabajo, pero creo que se les acabó el tiempo. O simplemente recurrieron a la vía más simple, que fue retomar la estructura anterior, aplicar la misma mecánica, aplicar algunos rubros donde ahorrar y así se la llevaron”, dice Carrillo.
En cuanto a la verificación vehicular, precisa que el gobierno del estado no tiene política pública al respecto ni ha publicado algún estudio sobre los alcances de la contaminación, así como la posibilidad de reducirla con la verificación.
En la prensa local se cuestionan por qué, si el problema es la contaminación, no actúa contra las fábricas y la refinería de Petróleos Mexicanos en Cadereyta, que es una de las principales envenenadoras del aire y el agua.
Además, El Bronco anunció el programa de replaqueo, también sorpresivo, que implica otra carga para los ciudadanos y cuyas características no se conocen bien.
Sin embargo, se percibe que la austeridad no es pareja. En el primer mes de su administración, Rodríguez Calderón anunció el recorte de mil 300 trabajadores estatales, principalmente asesores. En total, el gasto en la burocracia se reduciría 20%, lo que generó aprobación de la ciudadanía y la clase política. En Nuevo León hay 83 mil trabajadores estatales, incluidos policías, maestros y 6 mil burócratas.
Pero el plan de austeridad no incluye una reducción de su salario, de 130 mil pesos al mes, pues según él paga cerca de 30 mil por la renta de un departamento cercano al Palacio de Gobierno.
Cuando Rodríguez Calderón reconoció su error de pedir el voto a cambio de eliminar la tenencia vehicular, dijo que no conocía en su justa dimensión el quebranto a las arcas estatales.
En parte por esas declaraciones se le ha reprochado que durante la transición se dedicara a viajar por todo el país para “llevar esperanza”, como decía al presentarse en varios foros para impulsar candidaturas independientes. No se concentró en revisar las condiciones del estado.
Entre tanto, octubre, el primer mes del Bronco en funciones, ha sido el segundo con más homicidios dolosos en el año, con 50, después de junio, que registró 56.
Los incentivos a Kia Motors
Kia Motors empezó a construir su planta de producción en el municipio de Pesquería, 30 kilómetros al norte de Monterrey, en octubre de 2014. Miles de trabajadores asiáticos se instalaron en conjuntos habitacionales construidos para ellos.
La empresa, originaria de Corea del Sur, anunció una inversión de 2 mil millones de pesos y la apertura de 10 mil plazas laborales directas e indirectas.
Se esperaba que la planta quedara lista en octubre pasado, pero será el año entrante cuando comience a operar. Se espera que en el primer semestre salga de la fábrica el primer vehículo hecho en Nuevo León.
El entonces gobernador Rodrigo Medina festejó el arribo de la empresa coreana como un gran logro de su gobierno, pero no explicó las condiciones en las que se instaló.
El 19 de noviembre, Fernando Turner Dávila, secretario de Desarrollo Económico del gobierno del Bronco, publicó en la cuenta de la dependencia en Facebook el contrato firmado el 24 de agosto de 2014 por Medina; el vicepresidente de Kia Motors, Jong Kun Lee, y el entonces alcalde de Pesquería, José Isabel Gloria López.
Según El Bronco, tales acuerdos son ventajosos e irrealizables. Los documentos revelan que Medina le regaló a la armadora terrenos por valor de hasta 840 millones de pesos, como parte de un paquete de incentivos superior a 8 mil millones de pesos.
Turner dijo que el gobierno busca renegociar el acuerdo comercial porque, como están firmados, hasta parece que son ilegales.
“Todo eso hace que sea necesario buscar un acuerdo con Kia y firmar convenios que sean legalmente válidos y que satisfagan las necesidades y las posibilidades del gobierno, que no establezcan un precedente negativo para el estado”, dijo Turner.
En el punto 8.4 del convenio se establece que el gobierno del estado construirá, sin costo para la empresa, un tanque con capacidad de 1 millón de galones de agua. En el 8.9 (b), el estado se compromete a construir una estación de bomberos con una unidad especial para el manejo de material peligroso y una capacidad de respuesta garantizada de dos minutos.
En el 9.1 se establece que el estado huésped construirá en la planta de Kia un centro de entrenamiento y capacitación de personal, que tendrá un costo de hasta 15 millones de dólares.
También tiene que hacer obras de infraestructura gratuita y condonarles el pago de uso de suelo. Se les deben pagar, con costo al erario, cursos de idiomas y hasta la condonación de impuestos vehiculares a los directivos.
Explicó que Kia ya fue notificado de que el gobierno estatal revisará la documentación para renegociar algunas cláusulas: “Ellos saben, porque ya les dijimos, que el convenio ese se va a tener que revisar. Y les hemos pedido que se sensibilicen de que lo que obtuvieron fue demasiado y que el estado no puede, y que la opinión pública no va a aceptar eso”, afirmó Turner.
En el contrato se señala que fue firmado con cláusula de confidencialidad, pero el gobierno de Nuevo León no ha comentado eso. El secretario de Desarrollo Económico dijo que la publicación del contrato cumple con el compromiso de transparencia que ofreció Rodríguez Calderón al principio de su mandato:
“En la política de absoluta transparencia que nuestro gobernador independiente Jaime Rodríguez Calderón ha instruido, el secretario de Desarrollo Económico, Fernando Turner, anunció en rueda de prensa que la Sedec liberará a la sociedad los documentos firmados entre la administración de Rodrigo Medina y la compañía Kia Motors. Informamos que nuestro personal jurídico está auditando a fondo contratos y convenios, y que la justicia seguirá el curso que la ley dicte.”
Al respecto Gilberto Lozano González, fundador del Congreso Nacional Ciudadano, reveló que investiga la posible participación de Medina en la compra irregular de terrenos donados a la firma automotriz.
El reportero buscó al gobernador para consultarlo, pero no quiso dar la entrevista.
En tanto, el exgobernador Medina, acusado de arruinar las finanzas del estado y de ser responsable de que la ciudadanía deba pagar más impuestos, no ha sido llamado a rendir cuentas.
“Paciencia, raza, ténganme paciencia”, es lo que responde siempre El Bronco, pero no dice cuándo actuará.
