La asociación de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco denuncia que la Fiscalía General del Estado incinera cadáveres y los entrega a algunas familias sin identificarlos plenamente. De esta forma, dice la activista Guadalupe Aguilar, se aleja la posibilidad de hacer justicia y se vulneran la ley federal, los derechos humanos y los tratados internacionales.
Afin de acallar la inconformidad por los nulos resultados en su búsqueda de personas desaparecidas, la Fiscalía General del Estado (FGE) viola la ley, los protocolos internacionales y los derechos humanos al incinerar cadáveres rescatados por el Servicio Médico Forense (Semefo) y entregar a familiares de las víctimas restos que no les corresponden.
Según las cifras de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco (Fundej), en la entidad existe un registro de 2 mil 988 desaparecidos entre 2006 y 2015, pero la administración del gobernador priista Aristóteles Sandoval Díaz sólo reconoce la existencia de 2 mil 300, es decir, 688 menos.
Este mes la FGE comenzó por entregar las cenizas de dos cadáveres incinerados por el Semefo. Se trata de los presuntos restos de Alfredo Almaraz, quien desapareció en 2013, y de Óscar Ramírez, cuyo cuerpo fue localizado en 2014. Ambos vivían en el municipio de Zapopan.
Aunque la autoridad notificó a los familiares que ambos fueron plenamente identificados, ellos dudan porque no se pudo comprobar plenamente que correspondían a esas identidades.
En un comunicado con fecha del martes 17, Fundej informó que se entregaron los restos de un hombre que desapareció en septiembre de 2013:
“Su familia denunció inmediatamente y no pasó por alto trámite alguno. Cada semana se presentó ante el Ministerio Público para enterarse de los avances en la investigación y en el Semefo para revisar fotografías de cuerpos. Dos años dos meses después, la FGE le informa que ya identificaron el cuerpo, hallado hace dos años en las fosas de Santa Lucía, en Zapopan.”
En el texto, publicado en su sitio web, la organización civil cuestiona: “En su momento, el entonces fiscal Luis Carlos Nájera afirmó haber encontrado 18 cuerpos (localizados en Santa Lucía) para inicios de 2014”. El entonces funcionario dijo también que los restos “ya habían sido identificados y entregados a sus familiares”. Por eso Fundej duda de la versión que ahora ofrece la FGE.
Los otros restos son de un hombre “muy joven, desaparecido en febrero de 2014 –luego de ser detenido– por policías junto con otros dos jóvenes. Se trató de una desaparición forzada. Después de un año y medio, el 4 de noviembre de 2014, la fiscalía informó a la familia que el cuerpo incinerado que le entregaban pertenece a su hijo, el cual fue localizado 15 días después de su desaparición en una fosa de Tlajomulco”, dice el comunicado de Fundej.
La asociación, que no menciona los nombres de las personas supuestamente entregadas, muestra su preocupación: “Las familias de Fundej tenemos motivos suficientes para encontrarnos aterrorizadas pensando que la siguiente llamada será para recibir cenizas de cuerpos abandonados en la irresponsabilidad e indolencia de autoridades y con la duda de si efectivamente corresponden a los cuerpos de nuestros hijos”.
Ante las interrogantes, exige a la FGE transparentar la información sobre todos los cuerpos exhumados en las fosas clandestinas de Jalisco.
A finales de 2013, en la población de La Barca se hallaron al menos 37 fosas, de donde se extrajeron más de 74 osamentas. En los últimos días del mismo año e inicios de 2014 fueron localizadas al menos otras cuatro en la población de Santa Lucía, Valle de Tesistán, de donde se extrajeron 18 cuerpos.
Fundej también demanda al gobierno de Jalisco que exponga públicamente las razones de su tardanza de años para identificar los cuerpos que llegan al Semefo, y pide que “fundamente la razón por la que se entregan cuerpos que la misma institución daba por identificados y entregados a sus familias (dos años atrás)”.
A la vez, solicita a la autoridad estatal que contrate a grupos independientes de antropólogos forenses, y subraya:
“Con esta información y la manera indolente con que se entregaron los cuerpos incinerados a (dos familias de) Fundej, queda claro que las autoridades de Jalisco están completamente sobrepasadas y no han comprendido que nuestros hijos e hijas, aun desaparecidos, cuentan con derechos, y entre esos derechos está el de su identidad.”
Cifras y violaciones
De los 2 mil 988 desaparecidos, según cifras de Fundej, al menos a 341 se les perdió la pista entre mayo y octubre de 2015.
Poco antes de dejar la fiscalía, Luis Carlos Nájera señaló que en la entidad había 2 mil 300 desaparecidos, pero cuando Eduardo Almaguer lo sustituyó, la cifra oficial ascendió a 2 mil 800, sin que la dependencia explicara el incremento.
Semanas más tarde, el propio Almaguer optó por reducir los números. En entrevista con este semanario, la coordinadora de Fundej, Guadalupe Aguilar Jáuregui, afirma que al menos 800 cadáveres rescatados por el Semefo o el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) fueron depositados en una fosa común.
“Cuando estaba el anterior director de Semefo, hace dos años, tuve una entrevista con él y me hizo entender que tenían 800 cuerpos, pero yo supuse que tenían una fosa común, sin embargo hasta ahora me voy enterando que está llena la fosa en el panteón Guadalajara. Al estar investigando por qué están incinerando los restos, resulta que no tienen a dónde llevarlos”, dice Aguilar. En cuanto a la entrega de cenizas ajenas, comenta:
“Nos molesta bastante que nos ocultan las cosas y están cometiendo un delito muy grave, porque de acuerdo a la Ley de Víctimas está prohibido desde junio de 2013 incinerar cuerpos de los no identificados.”
Recuerda que el hermano del joven desaparecido pidió apoyo a Fundej y ésta lo orientó para que su familia se practicara una prueba de ADN. Relata Aguilar:
“Vamos a la fiscalía, se inician las investigaciones y se supone que le iban a entregar un cuerpo… Llegamos a las instalaciones de Semefo en la calle de Belén… El muchacho traía a toda la familia y recibieron las cenizas. Yo no le puedo decir: ‘Oye, no las recibas’.
“Esto sucedió hace como cuatro semanas y por eso hasta ahorita se sabe, pero antes yo estuve investigando por qué están incinerando los cuerpos… Me di cuenta de que en el Hospital Civil, en la calle de Belén, tienen su crematorio, en realidad pequeño, pero llevan incinerados cerca de 300 cuerpos. Al menos eso me dijeron. Yo no tengo forma de probarlo, pero como siempre mienten, si me dicen 300 yo supongo que deben ser unos 600, porque tenían como 800.”
Al detectar irregularidades en el protocolo de entrega de los cuerpos de desaparecidos, dice Aguilar, “empezamos por poner una queja en Derechos Humanos. La semana pasada estuve en la Ciudad de México y ya pusimos una queja con el alto comisionado de Derechos Humanos (de la ONU), porque nuestros hijos están desaparecidos y la fiscalía no nos ayuda a buscarlos. La policía los mata y el Semefo los crema, ¡por eso no hallan a los de Ayotzinapa!”
Añade que “con esto rompen absolutamente todas las esperanzas de poderlos encontrar, y lo único que nos queda es pues un verdadero examen de ADN que nos pueda llevar a investigar si de verdad confrontaron nuestros exámenes con los de los cuerpos que dicen que son nuestros hijos. Entonces hay que tener mucho cuidado: a ver, cuál es el ADN de este cuerpo, ¿en dónde se encontró; cómo se encontró? y hacer toda esa investigación”.
Acusa a los funcionarios de la FGE: “Es un crimen el que están haciendo. Estamos totalmente desilusionadas, destrozadas, sin esperanzas, y espero que lleguemos a una corte penal, porque no es posible que estén haciendo esto y principalmente que lo hayan hecho sin avisarnos antes de incinerar los cuerpos. Se nos debió avisar. No nos permiten ver las pertenencias… ellos disponen de todo”.
Consultados al respecto, el abogado penalista y catedrático de la Universidad de Guadalajara Felipe de Jesús Garibay Valle y el médico forense Alfredo Rodríguez García, coinciden en que desde 2013 el Código Federal de Procedimientos Penales dispone –aunque dentro de la misma norma local no se contemple– que los cuerpos de personas que fallecieron acribilladas o ejecutadas, o cuyos cadáveres fueron descubiertos al interior de fosas clandestinas, tienen que ser preservados.
Garibay apunta que las autoridades estatales no tienen facultades para incinerar cadáveres que no están plenamente identificados o se encuentran en la situación descrita por el código federal.
En tanto, Rodríguez asegura que falta capacidad para almacenar los restos de personas no identificadas y promover un proyecto para su preservación. Agrega que la autoridad del estado, al incinerar los cuerpos no identificados, también incumple acuerdos internacionales.
Consultada por este semanario, la abogada Alejandra Cartagena López, vicecoordinadora del Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem) en Jalisco, señala que la FGE comete un exceso al burlar los protocolos para la conservación de cuerpos y tejidos de personas no identificadas.
“La FGE está violentando los derechos humanos de los familiares de las personas desaparecidas al no tener la certeza de que los restos que empezaron a entregarse desde inicios de noviembre en realidad son las cenizas de sus familiares. Primero, me parece que se están brincando los protocolos que se deben de seguir en un tema de esta naturaleza”, comenta la también directora del Centro Feminista de Derechos Humanos de la Mujer Leticia Galarza Campos.
Y agrega: “Aunque sea el cadáver de un desconocido, no puede ni debe ser cremado y mucho menos entregarlo a la familia sin que ésta pueda tener la certeza de que en realidad los restos que le entregan sean los de su familiar; tenemos derecho a hacer un segundo peritaje donde podamos tener esta certeza”.
La abogada Cartagena López, hija de Leticia Galarza –desaparecida durante la guerra sucia de los años setenta–, comenta que a pesar del cambio de fiscal general en junio pasado, el problema de las desapariciones forzadas en el estado prevalece.
“La fiscalía, aun cuando tiene nuevo fiscal, sigue en las mismas: se reportan omisiones y negligencias. Creo que las autoridades no han entendido la importancia y el respeto que les merecen las familias en su lucha por encontrar a sus desaparecidos”, indica. l
