La Fiscalía General del Estado no ha conseguido los resultados esperados con las millonarias inversiones en armamento y equipo. Los 13 delitos de alto impacto se han mantenido o se incrementaron en toda la entidad durante la gestión de Aristóteles Sandoval Díaz.
A pesar del multimillonario presupuesto que el estado destina a las fuerzas policiacas, los índices delictivos se han incrementado o mantenido, como lo demuestran las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
Desde su creación hace tres años, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha recibido más de 17 mil millones de pesos. De esa cantidad, erogó 75.5 millones en la compra de armamento y cartuchos. Según datos obtenidos mediante la Ley de Transparencia, adquirió 7 mil 195 armas y 7 millones 22 mil 114 cartuchos, es decir, casi un cartucho por habitante de la entidad.
En 2013, el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz fusionó la Secretaría de Seguridad Pública y Readaptación Social, la Procuraduría General de Justicia y la base operativa de la Secretaría de Vialidad y Transporte en la FGE, bajo el mando único de Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco.
La FGE también aglutina a la Unidad Estatal de Protección Civil, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y el Instituto Jalisciense de Reinserción Social.
Al principio la dependencia contó con un presupuesto de 5 mil 281 millones 149 mil 381 pesos, en tanto que el año anterior, 2012, el Ejecutivo asignó sólo 4 mil 821 millones 479 mil 600 pesos al rubro de seguridad.
Si se hace un comparativo con estadísticas del SNSP entre 2012 y 2013, se detecta un gran incremento o poca disminución en los 13 delitos considerados de alto impacto: robo común, secuestro, extorsión, hurto de vehículos con o sin violencia, abigeato, asalto a bancos, homicidios, delitos patrimoniales, amenazas, violación, robo en carreteras, así como lesiones dolosas y culposas.
Mientras que en 2012 se denunciaron 34 mil 216 robos comunes, el siguiente año se incrementaron en casi 10 mil, al presentarse 43 mil 931 denuncias. En tanto, durante el mismo periodo los robos a banco aumentaron de 58 a 139, mientras que “otros delitos” (amenazas, estupro y otros sexuales) de 24 mil 128 a 27 mil 115.
De 2013 a 2014 tampoco se vieron resultados positivos, puesto que el abigeato aumentó en 33%: de 618 a 705 denuncias. “Otros delitos” se incrementó en 14%, pues el año pasado se reportaron 31 mil 205 casos, por 27 mil 115 en 2013.
El robo en carreteras subió 10%, pues en 2014 hubo 51 querellas y en 2013 fueron 46. En el mismo lapso, el robo de vehículos con violencia creció de mil 747 a mil 752.
Según los índices del SNSP, el año pasado sólo disminuyeron cuatro de los 13 delitos de alto impacto: secuestro, homicidio doloso, robo de vehículo sin violencia y extorsión.
En 2014 se denunciaron 22 secuestros, contra 69 del año anterior. El homicidio doloso y el robo de vehículo sin violencia bajaron 30%. Del primer ilícito se presentaron 900 en 2014, mientras que en 2013 fueron mil 99.
El año pasado, las denuncias de robo de vehículo sin violencia fueron 5 mil 729, contra 8 mil 145 en 2013. La extorsión disminuyó 16%, al contabilizarse 664 casos durante 2014, mientras que hace dos años fueron 790.
Hasta septiembre de 2015, la cantidad de crímenes aún es abrumadora, con 25 mil 406 denuncias por “otros delitos”, 12 mil 711 por delitos patrimoniales, 19 mil 634 por robos comunes y 8 mil 300 por lesiones dolosas y culposas.
De igual forma, se registraron 5 mil 274 hurtos de vehículos con y sin violencia, 708 homicidios dolosos, 649 extorsiones, 495 casos de abigeato, 42 asaltos a bancos, 26 robos en carretera y 14 secuestros.
Políticas reactivas
Para el doctor Marcos Pablo Moloeznik, profesor e investigador del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, el gasto en procuración de justicia y seguridad pública “constituye un reflejo de la concepción y postura de las autoridades, así como de su forma de abordar la política criminal del estado.
“Destinar el mayor porcentaje de recursos a la adquisición de armas y municiones, en particular de uso militar convencional, trae aparejada la jerarquización de la función policial de reacción, en detrimiento de la prevención e investigación consagradas en el artículo 21 constitucional.”
Añade que “se trata, en otras palabras, de privilegiar el músculo sobre el cerebro y apostar por un modelo de policía militarizado, inserto en la lógica de la ‘guerra contra el narcotráfico’ como legado de la administración encabezada por Felipe Calderón. (Se trata) de asumir una responsabilidad que descansa en las espaldas de la federación, por ser el narcotráfico la principal amenaza a la seguridad nacional mexicana y, por ende, una misión de las Fuerzas Armadas”.
Moloeznik recomienda que se destinen más recursos a la prevención y a la inteligencia, “dado que es menos costoso evitar la comisión de delitos que tener que actuar para su resolución y la sanción al responsable. Además, por un lado, la información anticipada, obtenida mediante servicios de inteligencia, permitiría anticiparse a los riesgos y amenazas, neutralizarlos o, en su defecto, minimizarlos; y por otro lado, la información de calidad contribuiría a abatir los elevados índices de impunidad, es decir, a mejorar los resultados en la persecución del delito. En otras palabras: hay que privilegiar el cerebro de la fiscalía y las policías”.
Por su parte, policías estatales consultados por este semanario consideran que los cartuchos adquiridos son demasiados. Si se toma en cuenta que a los elementos de la Fuerza Única se les reparte hasta 150 por cada pistola y un máximo de 300 a quienes tienen a su cargo un arma larga. Al resto de los elementos de la corporación se le da un cargador y su repuesto, cada uno con 14 balas.
Les llama la atención que se hayan adquirido tantas armas y cartuchos, puesto que los agentes se ven obligados a completar su armamento por sus propios medios: “Aunque es un delito federal, se ve a los compañeros de la fiscalía y a los custodios en la compraventa de pistolas y de cartuchos; nadie se queda desarmado”.
Relatan que en la práctica es normal que “en reventones que se hacen a domicilio, los compañeros se quedan con armas y las venden”. Pero al enterarse de que la FGE compró tal cantidad de munición y armamento, replican: “Dicen que gastan mucho en nosotros, pero compran puras chingaderas”.
Sobreprecio
En el portal del gobierno del estado se publica que desde 2013 hasta la fecha la FGE ha gastado 21 millones 330 mil 341 pesos en uniformes para sus integrantes; sin embargo, el dato real, obtenido mediante la Ley de Transparencia, es que se erogaron 26.7 millones.
En la respuesta a la solicitud de información de este semanario, la FGE informa que durante el periodo de Luis Carlos Nájera fueron 10 los proveedores favorecidos con la compra de uniformes. Sin embargo, en el portal de Transparencia se publica que son cinco empresas y un particular quienes surtieron las prendas: Sydney Denisse Arteaga Gallo; Textiles, Distribuciones y Servicios, S.A. de C.V.; Maxi Uniformes, S.A. de C.V.; Gua Tactical, S.A. de C.V.; Gruppo Geritex, S.A. de C.V., y Sniper Comercializadora, S.A. de C.V.
En la información que entregó a este semanario la titular de Transparencia de la FGE, Adriana Alejandra López Robles, se menciona que en 2014 se pagaron 7 mil 216 pesos por dos pares de botas, mientras que por una playera de dama de manga larga fueron mil 330 pesos y otra de manga corta mil 113. Llama la atención que por un par de chamarras “con protección e interiores” se pagaron 5 mil 522 pesos.
Durante 2013 el precio de las camisetas negras de manga corta costaban desde 445 y 728 hasta 928 pesos cada una. En ese mismo año, las botas antimotín variaron su precio desde 650 pesos hasta 851 cada par. Sin embargo, el personal se queja de la mala calidad del calzado, que “ni siquiera es de piel, es sintético; hace que nos huelan los patas. Se parten y la suela es de mala calidad”, dice uno de los uniformados
Proceso Jalisco solicitó por escrito una cotización a dos tiendas que se dedican a la venta de uniformes, calzado y equipo policiaco, por cantidades similares a la que compró la fiscalía en 2013 y 2014. Las empresas ofrecieron botas de piel –no sintéticas como las que usan los policías– en 350 pesos el par, mientras que la camiseta negra de manga corta que la FGE pagó hasta en 940 pesos, esas tiendas la ofrecen en 290 pesos, incluyendo la impresión del logotipo.
En la lista que la autoridad entregó a este semanario también consta que en 2014 se compró calzado para caballero y dama a 830 pesos cada par. Hace dos años, la FGE compró trajes para caballero a 4 mil 628 pesos, conjuntos para dama a 3 mil 440 pesos y pantalones de dama a 940 pesos cada uno.
Proceso Jalisco solicitó información sobre el monto que se le pagó a cada proveedor, pero la FGE no la proporcionó. De acuerdo al portal del gobierno del estado, la empresa más favorecida con compras por casi 6 millones de pesos es Maxi Uniformes. La firma se creó en febrero de 2006 y sus socios son José Miguel Carrillo, Cristian Eduardo Alcalá González y José Alberto Durán Ramos, según consta en el folio mercantil 29737 del Registro Público de Comercio.
Le sigue Gua Tactical, con más de 4.6 millones de pesos. La empresa se constituyó el 31 de marzo de 2014 (folio mercantil 80302) y sus socios son Hugo Castañeda Flores y Ricardo González Aimar.
Sniper Comercializadora, que vendió a la FGE mercancía por casi 3.7 millones de pesos, se constituyó a finales de 2004 mediante la escritura pública 4904, y sus socios son Carlos Guillermo Martínez Acuña y María Lucina Pérez Peña.
Además, por solicitud de 92 municipios, entre 2013 y 2015 la FGE compró a la Secretaría de la Defensa Nacional mil 66 armas y 1 millón 809 mil 397 cartuchos.
En 2013, de 46 municipios que solicitaron abastecimiento, Guadalajara fue el que pidió más armas y cartuchos: 392 y 287 mil, respectivamente. Además, compró 75 granadas y ocho lanzagranadas. Le sigue Tepatitlán, con 50 pistolas y 82 mil cartuchos.
A pesar de esas adquisiciones, en la capital del estado los delitos de alto impacto aumentaron, como lo muestran estadísticas de la FGE. Por ejemplo, mientras en 2012 se registraron 33 robos a bancos, al siguiente año aumentaron a 80, mientras que el robo a persona pasó de mil 420 a 3 mil 965 en el mismo lapso.
En 2014 cinco municipios adquirieron armas. Tepatitlán fue el que compró más (113), seguido de Tlajomulco (30), Santa María del Oro (5), Guachinango (2) y Acatic (1).
En la adquisición de cartuchos destacaron en 2014 Zapopan (620 mil), Puerto Vallarta (187 mil), Tepatitlán y Tlajomulco de Zúñiga (45 mil) y El Salto (17 mil). l
