Desde que llegó al gobierno, Aristóteles Sandoval Díaz movió sus piezas para controlar la información en la entidad, según se desprende de una investigación de la UNAM coordinada por Celia del Palacio Montiel. El capítulo correspondiente a Jalisco, titulado “Cobertura de la violencia ante la contención informativa: el retorno del PRI y sus viejas prácticas de control periodístico en la zona metropolitana de Guadalajara”, documenta la forma en que se tendió el cerco informativo y las vicisitudes de los comunicadores.
Desde que el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz creó la Fiscalía General del Estado (FGE) los reporteros han tenido más obstáculos para obtener información, pues existe una estrategia deliberada de las autoridades para ocultarles datos, según se desprende del informe Violencia y periodismo regional en México, coordinado por la investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México Celia del Palacio Montiel.
El volumen incluye un análisis sobre la práctica periodística en los estados deJalisco, Aguascalientes, Chiapas, Veracruz, Sonora y Chihuahua, en particular la fronteriza Ciudad Juárez.
En el capítulo “Cobertura de la violencia ante la contención informativa: el retorno del PRI y sus viejas prácticas de control periodístico en la zona metropolitana de Guadalajara”, elaborado por las académicas Gabriela Gómez Rodríguez, Yarimis Méndez Pupo y Montserrat Cortés Lozano, se recogen testimonios anónimos de editores, reporteros que cubren temas de seguridad pública y de personal de la Dirección de Comunicación Social de la FGE.
La creación de la fiscalía, dicen, inhibió la actividad de los reporteros. Para empezar, antes podían obtener información de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia del Estado, pero como ambas se fusionaron, ahora sólo tienen a esa dependencia como fuente.
El problema es que la FGE, encabezada por Eduardo Almaguer Ramírez, impide a los reporteros acercarse a los lugares donde se registraron acontecimientos. Peor aún, en el caso de algún deceso, las autoridades ocultan los cuerpos y forman un cerco con el personal policiaco, peritos y paramédicos para impedir que los reporteros se acerquen.
Según las investigadoras, la fiscalía ya no presenta a los detenidos como lo hacía antes la Procuraduría General de Justicia; ahora sólo envía imágenes y videos con lo que se asegura la publicación de información oficial.
Señalan también que el acuerdo para la cobertura de la violencia, firmado en 2011 por más de 700 medios del país, afectó las prácticas de los medios que sólo lo firmaron de manera parcial.
Y si bien el cerco informativo impuesto por el gobierno estatal es limitante, se agudiza con la autocensura de los periodistas, quienes optan por el silencio para mantener su empleo.
Muchos de ellos saben que es “mejor no inmiscuirse”, según declaró un empleado de la Dirección de Comunicación Social de la FGE a las autoras del capítulo mencionado.
El entrevistado, quien pidió omitir su nombre por seguridad, reveló a las académicas que todos los boletines de la FGE son revisados por cuatro personas antes de distribuirlos a los medios. Cuando el titular de la dependencia era Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco –quien fue removido a principio de julio pasado–, él les daba el visto bueno.
“No hay que darles o abrirles a los medios tantas puertas para que pregunten –decía Nájera–. Hay algunas cuestiones que no hay que dárselas porque inflan todo”, expuso el empleado de la FGE.
Intromisiones
Las autoridades argumentan que no pueden otorgar la información porque ésta “puede impactar a la sociedad”, sostienen las investigadoras.
Sólo se sabe que en el primer año de la administración de Sandoval Díaz –marzo-noviembre de 2013– se registraron 2 mil 330 asesinatos, 60% de ellos con arma de fuego.
Según los reporteros consultados para la investigación, la mayoría de los muertos fueron hombres y mujeres de entre 18 y 34 años; la cifra de desaparecidos se mueve en el mismo rango de edad.
Uno de ellos declaró: “Hay un proceso donde la fiscalía controla tanto la información para que no se sepa en realidad cuál es el sentido de la violencia que existe en el estado”.
Y añade: “El fiscal dice que nosotros tenemos problemas de percepción y que generamos psicosis social, cuando en realidad las cifras son bastante claras, en el sentido de que se disparó la violencia. Hay un incremento en la crueldad con la que se ejerce la violencia”.
Sus compañeros se quejan porque, dicen, esos obstáculos también afectan a los lectores, pues cada vez es más difícil informarles sobre lo que realmente pasa en la ZMG. Y cuando algunos se inconformaron ante la FGE, la institución abrió la aplicación móvil de WhatsApp con el nombre de BoletinC7 Jalisco-Fiscalía a un grupo y comenzó a enviarles información preliminar de acontecimientos e invitarlos a ruedas de prensa.
Sin embargo, el chat resultó un fracaso. Según comprobó Proceso Jalisco, la FGE dejó de actualizar la información en agosto. Además, algunos reporteros se quejaron porque, dijeron, fueron incluidos sin su consentimiento, por lo que abandonaron el grupo; otros, como el director de La Jornada Jalisco, Juan Manuel Venegas, le reclamó a la dependencia: “Ya dejen de estar metiéndose a mi número”.
En ese grupo estaban incluidos el consejero del Instituto Electoral del Estado y de Participación Ciudadana Mario Ramos, y Pedro Antonio Ceja Mercado, uno de los conductores del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión.
En realidad, la FGE nunca compartió la información que prometió y el grupo se diluyó en banalidades al poco tiempo de su creación. Lo más comentado en ese chat fue la fuga del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, y el asesinato del fotorreportero de Proceso Rubén Espinosa Becerril, ocurrido el pasado 31 de julio en la colonia Narvarte, de la Ciudad de México.
Un editor de lo que las investigadoras llaman “periódico sensacionalista” les comentó que ante la negativa de la FGE, los reporteros se las ingenian para obtener la información. Algunos, dice, prácticamente se han vuelto paparazzis; otros, la piden a través de la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco.
En sus conclusiones, las autoras aseveran que existe una deliberada intención de las autoridades jaliscienses para negarles información a los periodistas porque “tienden a inflar todo” o a convertirlo en amarillismo.
Las agresiones siempre presentes
El documento elaborado por las investigadoras Gabriela Gómez Rodríguez, Yarimis Méndez Pupo y Montserrat Cortés Lozano precisa que aunque Jalisco no se ha distinguido por la agresión a sus periodistas –como sucede en Veracruz y Tamaulipas–, los comunicadores del estado no están exentos de embates de las autoridades y de la censura.
Citan un reporte de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), dependiente de la PGR, que menciona los casos de los periodistas José Reyes Brambila, de Puerto Vallarta, asesinado en Guadalajara el 17 de septiembre de 2005, y José Emilio Galindo Robles, director de Radio Universidad de Guadalajara, cuyo cadáver fue localizado en Ciudad Guzmán el 24 de noviembre de 2009. Ambos crímenes siguen impunes.
“Si bien Jalisco no es una entidad peligrosa para los periodistas, la realidad es que hay autocensura, así como el control de información. Y esto no quiere decir que los periodistas se sientan seguros o libres de todo riesgo”, señalan las académicas.
Detallan el caso del periodista que en 2010, durante un programa radiofónico, puso en duda la veracidad de un boletín de prensa de la FGE sobre la detención de varias personas por posesión de estupefacientes. El periodista preguntó al aire si los policías no habían sido los que sembraron la droga a sus detenidos.
“Me vetaron en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Jalisco. Me dejaron de invitar a actos públicos, me dejaron de enviar boletines; me aislaron de la información que se genera en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Jalisco porque resulté incómodo por hacer ese tipo de críticas y de análisis”, comentó el afectado a las investigadoras.
Los reporteros entrevistados dijeron sentirse vigilados o amenazados, pues agentes del Ministerio Público adscritos al Servicio Médico Forense les toman fotografías cuando están cubriendo los eventos. Y cuando solicitan información vía la Ley de Transparencia, los sujetos obligados se molestan porque, les responden, piden “demasiada información”. Y terminan por negarles los datos que solicitan, o les dan fragmentos.
Es el caso, explicaron, de las 37 fosas descubiertas por elementos de la FGE en el municipio de La Barca con más de 70 cuerpos hace dos años. Como la PGR atrajo el caso, la fiscalía se desentendió del tema. Hasta la fecha no ha informado de manera pública cuántos cuerpos han sido identificados, pese a que la dependencia debe entregarlos a sus familiares.
Pese a ello, algunos reporteros se enteraron que sólo 10 han sido identificados. De ellos, comentan, sólo seis fueron devueltos a sus deudos, pero en la información obtenida vía transparencia no se mencionan los nombres.
Según las investigadoras, los intentos para organizar el gremio han fracasado. Cuando las dependencias se enteraron de que los reporteros iban a formar un grupo para defender sus derechos, se espantaron.
“Pensaban que íbamos a dar un golpe de Estado; no sé. El caso es que en un dos por tres se desarticuló el grupo. Algunos compañeros se acomodaron muy bien en algunas instituciones y ahí acabo todo”, dice uno de los entrevistados.
Hoy, agrega, los colegas se reúnen sólo para platicar. Ya no es como durante la gestión del panista Emilio González Márquez. Antes, dice, era relativamente más sencillo obtener información. Y así fue, hasta que el propio mandatario les prohibió el uso del escáner durante los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011.
A partir de entonces dejaron de escuchar las frecuencias de las bases policiacas. Es curioso, aseguran, que les hayan bloqueado el acceso a ese aparato y por ende no tienen las coordenadas donde suceden los acontecimientos –balaceras, accidentes y otros eventos– para darles cobertura puntual. Hoy, comenta uno de los entrevistados, hasta narcotraficantes tienen aparatos de ese tipo.
Ante los bloqueos informativos y las intimidaciones, los reporteros optaron por acudir a los eventos en grupo, de tal forma que las “exclusivas” quedaron atrás. La vulnerabilidad de los periodistas, subrayan las autoras, se acentúa aún más porque la mayoría labora en condiciones precarias, cobra salarios bajos, carece de seguro social y pueden ser despedidos en cualquier momento.
Durante 2013, por ejemplo, fueron cesados 60 reporteros, según el Observatorio Quid Medios del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente.
Las autoras insisten en que hasta ahora las estrategias desplegadas por los comunicadores y los medios para obtener información son insuficientes, pues la información que publican es fragmentada, sin contexto, lo que hace ver que los crímenes, la inseguridad y la violencia en la ZMG son hechos aislados.
Lo peor es que algunos dueños de los medios de comunicación actúan como si nada pasara y se conforman con manejar la información con una visión mercantilista. Eso, dicen las autoras del artículo, se los confirmó el editor de La Prensa, perteneciente a la Organización Editorial Mexicana, que agrupa a El Occidental y El Sol de Guadalajara.
Puntualizan también que, al margen del manejo informativo sesgado en la ZMG, los medios casi nunca publican notas o reportajes sobre la violencia en los municipios del interior del estado. l
