Dos destacados antropólogos: Gilberto López y Rivas y Paul Hersch Martínez exponen las conclusiones a las que llegaron sus académicos sindicalizados de la sección Morelos del INAH con respecto a la iniciativa de la creación de la Secretaría de Cultura. Iría, dicen, contra el objetivo central de la institución, pues no considera a los interesados en el tema (comunidades y sectores culturales).
Ante un posible “madruguete” en la aprobación de la Secretaría de Cultura, académicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) hicieron un análisis en el cual desglosan los porqués de la improcedencia del proyecto, al cual consideran “privatizador y mercantilista”.
O sea, contrario a los cometidos de la institución fundada en febrero de 1939 por el gobierno de Lázaro Cárdenas.
Y es que la iniciativa de proyecto de decreto presidencial podría pasar en fast track, sin la menor discusión o debate entre las comunidades hacedoras del patrimonio cultural tangible e intangible, y los académicos responsables de su estudio, conservación y difusión, al concluirse la aprobación del Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2016, puesto que forma parte de él como Anexo 8.
Así lo advierten en entrevista conjunta con Proceso los antropólogos Paul Hersch Martínez y Gilberto López y Rivas, investigadores del Centro INAH-Morelos, quienes exponen las conclusiones de los académicos (agrupados en la Delegación sindical D-II-IA 1) y hablan de la especificidad del instituto opuesta a Secretaría de Cultura, así como de las omisiones de la iniciativa, entra ellas, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, las culturas de los pueblos indígenas o el patrimonio biocultural.
El documento elaborado por los académicos del INAH (https://inahacademicos.net/archivospdf/DOCUMENTORECTOR.pdf?_mrMailingList=114&_mrSubscriber=729) se divide en 13 puntos:
1.- Improcedencia e inconsistencia legislativas.
2.- Inadmisible disolución de la unidad educación-cultura.
3.- Contradicción con el artículo 3 Constitucional.
4.- Violación a los Derechos Humanos sobre educación y cultura.
5.- Objetivos encubiertos.
6.- Tentativa de explotación intensiva del patrimonio e infraestructura culturales.
7.- Afectaciones al patrimonio cultural de la Nación.
8.- Impacto presupuestal.
9.- ¿Promesas o austeridad?
10.- Concentración excesiva de poder en un individuo.
11.- Afectaciones al INAH.
12.- Afectaciones laborales.
13.- Iniciativa contradictoria, sin fundamento académico ni consecuencia lógica. Y Conclusiones.
Argumentan en el texto que “toda nueva legislación sobre el papel del Estado en el ámbito cultural debe respetar las leyes vigentes, los tratados internacionales signados por el país y tener como objetivo el bienestar social”, asimismo ser discutida amplia y profundamente y no “acotarse al tiempo de aprobación del Paquete Económico de 2016, es decir, al domingo 15 de noviembre del presente año”.
El carácter “inconsulto” de la iniciativa presentada por Enrique Peña Nieto el pasado 8 de septiembre ante la Cámara de Diputados es, a decir de López y Rivas, una de sus grandes deficiencias, pues no considera a los interesados en el tema ni a los terceros interesados, que son las comunidades y sectores culturales. Plantea además que “el camino correcto” para la eventual creación de una secretaría tendría que ser la elaboración de una ley reglamentaria del artículo 4 constitucional (Proceso, 2033).
El autor de Autonomía de los pueblos indios y zapatismo en México considera que se ha metido el tema dentro del paquete de reformas estructurales como la ley laboral, la reforma educativa y la energética, y se trata a la cultura como “una parte de lo que podrían ser los activos nacionales en venta por el gobierno y por el grupo dirigente”:
“Quien redactó la iniciativa, dudo que haya sido Peña Nieto, tiene la idea cultura como un bien, una mercancía que debe ser explotada porque es parte del Producto Interno Bruto. Nos parece que eso abre la puerta hacia la privatización.”
La iniciativa establece como una estrategia del Programa Especial de Cultura y Arte (PECA) “la conservación y el aprovechamiento intensivo del patrimonio y la infraestructura culturales” y en otra habla del “desarrollo cultural productivo” y “reconoce en toda su importancia a la cultura como sector económico”.
López y Rivas lamenta que ni siquiera se haya hecho una evaluación de los 25 años del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), los institutos nacionales INAH y de Bellas Artes (INBA), de sus escuelas y sus distintas especialidades, y se abra así una disposición para el “manejo efectivo e intensivo” del patrimonio:
“Como si se tratase de un producto, de una commodity. Baste ver cómo definen a la cultura y lo que piensan que va a ser su propia secretaría: Dicen que ‘México cuenta con una de las infraestructuras culturales más grandes de América Latina y una comunidad artística vigorosa y participativa’. No hablan para nada de la comunidad de investigación: ‘Y los datos de la cuenta satélite de la cultura indican que el Producto Interno Bruto de la cultura es cercano a los 380 mil millones de pesos, lo que representa el 2.7 del PIB’.”
Luego comenta que la iniciativa habla de crear un nuevo rostro para México como si no lo tuviera ya, un nuevo imaginario para los tiempos de la globalización:
“Nos parece desastroso, particularmente en un momento político como el que estamos viviendo donde México tiene el rostro de Ayotzinapa, de Iguala, tiene el rostro de las 150 mil ejecuciones extrajudiciales, ¿de qué rostro nos está hablando Peña Nieto que quiere cambiar?”
La visión de la cultura de la iniciativa, insiste, es elitista al plantear que es el producto de intelectuales y artistas, de personalidades, y no mencionar las tareas de investigación y docencia del INAH, donde se forman especialistas de diversas disciplinas de la antropología y de la historia, que no se ha aclarado cómo se incorporarán a la nueva secretaría, de crearse.
“Hablamos de un INAH no sólo de arqueólogos –juegan un papel muy importante–, pero hablamos de lingüistas, antropólogos físicos, biólogos, arquitectos, etnohistoriadores, historiadores, antropólogos sociales, o sea una gran cantidad de materias que el instituto tiene como parte de sus proyectos, que están siendo dejados de lado para meternos en una idea de la cultura como happening, como evento, como parte del PIB, dentro de un programa específico que debe resolverse, que es el Paquete Económico 2016.”
Degradación académica
Coordinador de la exposición Patrimonio biocultural y megaminería: Un reto múltiple (https://www.youtube.com/watch?v=AXpM0SYH26k), Paul Hersch juzga que la iniciativa “es una regresión” en tres aspectos: política, laboral y académica. Y no concibe que la iniciativa no contemple o exponga cómo se incorporarían a la secretaría la ENAH, la Escuela Nacional de Restauración, Conservación y Museografía o la de Antropología e Historia del Norte, de Chihuahua.
El INAH es una institución única por sus encomiendas y aportes, con vocación social, y la iniciativa no lo considera así, por lo cual prevé una “degradación académica”. Sólo hay que revisar las áreas de adscripción, los centros laborales, el tipo de disciplinas que abarca y que quedan soslayadas en una visión “absolutamente reduccionista”, dice.
“El patrimonio cultural es un concepto que ha evolucionado con los años, no es algo que se mete en una vitrina, es una manera de convivir, estamos hablando de convivencia, de calidad de relaciones sociales y eso no es susceptible de colocarlo en esta secretaria, simplemente esto no tiene cabida en ese diseño de cultura que se quiere imponer, porque no hay una sensibilidad realista ante eso.”
López y Rivas advierte que la iniciativa contiene además un transitorio, el quinto, mediante el cual a los 120 días de entrada en vigor otorga al secretario de Cultura “todo tipo de atribuciones discrecionales”, por lo cual definirá el destino de la institución:
“Es algo nunca visto, es una secretaria que se forma en un vacío legal y al mismo tiempo le da al secretario las facultades para resolver por la vía de los hechos lo que serían las tareas sustantivas de esa nueva secretaría.”
Y reitera que ya se han visto formas de privatización por la vía de los patronatos de áreas del INAH, entre ellas las tiendas de los museos, que antes eran del instituto o los espectáculos en zonas arqueológicas, pero considera que de seguir así se llegará al punto donde los investigadores sean guías ilustrados de turistas.
Coinciden los antropólogos en considerar la iniciativa como un embate al INAH, último reducto de la revolución cardenista, y a los académicos, quienes se han opuesto a los megaproyectos que han causado daños o puesto en riesgo el patrimonio: Como los proyectos en Cholula del gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, o la minera canadiense Esperanza Silver, que quiso abrir una mina en Xochicalco:
“De alguna manera es una declaración de guerra contra el pensamiento crítico que se mueve dentro de las instituciones de una república que cada vez es menos pública… hay que acabar con una institución como ésta que tiene vocación social y vocación nacional”, subraya López y Rivas.
“¿Y cuál es nuestra desmedida pretensión? –pregunta Hersch–: Cumplir la ley, llevar a cabo la conservación, la investigación, la difusión del patrimonio cultural y biocultural. Ésa es la desmedida pretensión, es decir que hoy tener coherencia con el cometido del INAH resulta incómodo.”
Los académicos proponen desechar la iniciativa del ejecutivo federal, consensuar la ley reglamentaria del 4 constitucional y brindar asesoría especializada a los legisladores en las materias competencia del INAH. l
