El macrolibramiento de la zona metropolitana de Guadalajara, además de la demora, presenta infinidad de irregularidades en perjuicio no sólo de los ejidatarios afectados, sino también de las autoridades, puesto que la concesionaria del Grupo Carso que lleva la obra tiene acumuladas multas por 66 millones de pesos en el ayuntamiento de Tlajomulco. Vecinos de la comunidad La Mezquitera, en Zapotlanejo, dicen que la obra se construye con engaños y documentan la forma en que fueron despojados de sus tierras.
La construcción del macrolibramiento de la zona metropolitana de Guadalajara está plagada de irregularidades, engaños y fraudes que implican al gobierno de Aristóteles Sandoval Díaz y a su antecesor, Emilio González Márquez.
Los habitantes de la comunidad de La Mezquitera, en Zapotlanejo, se quejan porque, dicen, la concesionaria de esa obra –Grupo Carso, de Carlos Slim–, cuya extensión será de 111 kilómetros, les prometió un buen precio a cambio de ceder parte de sus propiedades, pero no les cumplió.
Además, acumula una serie de irregularidades que complican la situación. No ha pagado, por ejemplo, las licencias de construcción y tiene multas acumuladas por 66 millones de pesos en el ayuntamiento de Tlajomulco.
En varios tramos la constructora omitió erigir puentes o corredores para la fauna, independientemente de que están por resolverse dos amparos de los ejidos La Capilla y San Juan Evangelista; y sus propietarios se quejan por la violación a sus derechos y de recibir un pago inferior al valor de sus tierras.
La megaobra vial ha traído desolación, así como cierre de fuentes de empleo, pues partió por la mitad varios negocios y empresas de la zona. Los problemas se iniciaron en febrero de 2012, durante la gestión del panista González Márquez, cuando un representante del gobierno estatal que se identificó como Daniel llegó a La Mezquitera, en los límites de Zapotlanejo y El Salto.
Según los ejidatarios, el presunto funcionario les anunció que el futuro macrolibramiento llevaría el progreso y la plusvalía a la región y ofreció “atractivos precios” por sus tierras. “En otras partes –les dijo– los propietarios ya vendieron sus terrenos y desde entonces les ha ido muy bien”. Muchos se negaron porque, dicen al reportero, quería pagarles a 30 pesos el metro cuadrado, cuando éste se cotizaba hasta en mil 500 pesos, sobre todo en los predios aledaños a la carretera estatal Zapotlanejo-El Salto.
Y comenzaron las amenazas. Los representantes dijeron que con o sin el consentimiento de los ejidatarios, el libramiento se trazaría por La Mezquitera porque ahí sería menor la afectación a los asentamientos humanos y a la flora y fauna del sur de la zona metropolitana de Guadalajara.
Algunos dueños de pequeños ranchos terminaron por ceder. Una cooperativa piscícola incluso tuvo que cerrar sus instalaciones.
Engaños y fraudes
Susana Pérez González, propietaria de 30 hectáreas, en las que tenía su Centro Recreativo El Paraíso, un lugar abundante y cuidada vegetación al pie de la carretera Zapotlanejo-El Salto, cuenta su calvario.
Junto con otros afectados, en los últimos dos años ella ha consultado a por lo menos tres abogados y se ha entrevistado con funcionarios estatales para defender su predio. Pero su causa no prospera.
Los abogados sólo le han sacado dinero a Pérez González, mientras los representantes gubernamentales le ofrecieron duplicarle o triplicarle el pago por metro cuadrado, que al principio tasaron en 30 pesos; también le ofrecieron 1 millón 200 mil pesos por la vivienda, pero ella no aceptó.
A los demás afectados se les citó en varias ocasiones en las oficinas del gobierno del estado para finiquitar el diferendo; en una de ellas incluso los obligaron a firmar un “documento de asistencia”. Tuvieron que hacerlo, “si no, las autoridades interpretarían la no asistencia como un ‘acto de rebeldía’ y falta de interés para llegar a una solución y legalmente perderían definitivamente el pleito”, dice uno de los afectados.
Sin embargo, se enteraron de que las autoridades dijeron que las firmas eran muestra del consentimiento de los ejidatarios para ceder sus tierras, lo que daba luz verde al gobierno para comenzar los trabajos del macrolibramiento.
Terminó la gestión de González Márquez y su sucesor, Sandoval Díaz, declaró que no había ningún impedimento legal para intervenir en La Mezquitera.
El 11 de noviembre de 2013 llegaron a la finca de Pérez González trabajadores de la concesionaria de Grupo Carso con sus máquinas para remover todo lo que estorbara al nuevo trazo vial; iban acompañados por funcionarios y policías estatales.
Pérez González les dijo que ella no había vendido su propiedad ni autorizaba la construcción del nuevo libramiento; incluso les mostró documentos que la amparaban como la propietaria del predio. De nada le sirvió, ellos le dijeron que la finca había sido expropiada por orden de una juez que presuntamente llevaba el caso en tribunales.
Las retroexcavadoras comenzaron a derribar las cercas y amagaron con arremeter contra su centro recreativo, pero los trabajadores y representantes legales de la constructora mostraron su “benevolencia” –relata– y le dijeron que le daban “unos minutos” para sacar sus cosas.
Ella llamó a sus familiares y a varios vecinos para que le ayudaran; llegaron como 200. Los empleados de la constructora también se mostraron comedidos, sin embargo, horas después Pérez González descubrió que en la mudanza se perdieron varios artículos de valor. Ella sospecha de los trabajadores.
Los representantes legales del gobierno estatal y la constructora insistían en que el nuevo libramiento se haría con o sin su consentimiento. Como Pérez González y sus vecinos exigían que se detuvieran los trabajos, los funcionarios pidieron apoyo al Ejército. Poco después arribaron los soldados en dos camiones militares; iban armados, cuenta la afectada.
–¿Por qué trajeron al Ejército –les dijo–si no somos delincuentes?
–Es lo que marca el protocolo para este tipo de casos –respondió un funcionario.
Luego llegaron policías municipales de Zapotlanejo y controlaron la situación. Los representantes de gobierno estatal le dijeron a los ejidatarios que el caso se iba a revisar.
Mini indemnizaciones
Los siguientes seis meses fueron de zozobra, relata la propietaria del Centro Recreativo El Paraíso.
Mientras las máquinas destruían su propiedad para traer la “modernidad” a la zona, Pérez González se vio obligada a dormir durante ese lapso en una bodega habilitada como caballeriza. Ahí improvisó su cocina y un área para su aseo personal, hasta que pagó para que le construyeran una vivienda en el estacionamiento del centro recreativo, a unos metros de donde se desarrollaban las obras. Mandó instalar canceles nuevos y bardas.
La constructora asentó en un informe que los gastos y la mano de obra los aportó como parte de la compensación a la afectada; incluso presentó la factura al gobierno del estado. Pérez González no recibió un solo peso.
El ruido y vibración de la maquinaria pesada provocó cuarteaduras en los muros de las fincas aledañas. Y aunque los vecinos se quejaron, la constructora nunca los indemnizó.
Luego de dos años, Pérez González y la mayoría de los ejidatarios no han recibido ni un peso por sus tierras expropiadas. Sólo le dijeron que la indemnización económica por la expropiación de las tierras de La Mezquitera se encontraba en un fideicomiso para que los afectados pasaran a cobrar su parte.
Pérez González platicó con los vecinos que sí acudieron y se enteró que les habían pagado menos de 30 pesos por metro cuadrado.
La afectada tiene esperanzas de encontrar un abogado honesto y competente y funcionarios estatales conscientes de la situación, para obtener un pago justo por sus tierras y sus construcciones, mientras asegura que no pedirá ni un centavo del fideicomiso, aunque le llegue la muerte y el pleito lo hereden sus descendientes.
Desde que empezaron las obras del macrolibramiento, la asistencia al centro recreativo ha bajado, dice Pérez González, lo que merma sus ingresos y los de tres de sus ayudantes, todos ellos de la tercera edad. Hoy, sólo acuden al Paraíso los estudiantes de secundaria o preparatoria que se gradúan; lo hacen por solidaridad, porque saben lo que está padeciendo.
Y aunque las obras muestran un avance de 50% en ese tramo, los trabajadores terminan temprano sus faenas y se desaparecen. Los pobladores, por su parte, se encierran en sus casas apenas oscurece pues, aseguran, a esa hora comienzan a circular por la zona camiones cargados con gasolina extraída clandestinamente de los ductos de Pemex ubicados en la zona. Temen que de un momento a otro estalle la violencia. l
