El abogado Jaime Lozano fue acusado de robo por sus clientes del exclusivo fraccionamiento Puerta de Hierro cuando se atrevió a cobrarles su pago por tres años de representarlos legalmente. Según los defensores del litigante, tal delito no se sustentó, pero la juez que llevaba el caso pretendió extorsionarlo.
Es la tercera vez en la semana que Jaime Lozano desayuna avena en agua sin azúcar. Los días anteriores fueron huevos con frijoles fritos. Come despacio en su plato de plástico rosa, que al terminar lavará y guardará en la celda que comparte con nueve personas. Es el mayor del módulo y uno de los más viejos del Reclusorio Preventivo de Puente Grande. Lozano, de 76 años, lleva 335 días privado de su libertad por exigir, según afirma, el pago de sus honorarios como abogado de la Asociación de Condóminos del fraccionamiento Puerta de Hierro.
Confía en la justicia, dice, pero ésta ha sido lenta. Refiere que sus derechos quedaron pisoteados desde el momento en que dos agentes lo esposaron. Recuerda que el 10 de diciembre del año pasado fue interceptado en Patria y Acueducto; los policías le informaron sobre una orden de aprehensión en su contra, proveniente del Juzgado Octavo a cargo entonces de Gabriela Alejandra Enríquez Serrano, por presunto robo (expediente 621/2014-B).
Al día siguiente fue trasladado a Puente Grande. Lo primero que solicitó a su llegada fue le dejaran ingresar sus medicamentos para el corazón. En la prisión hay, pero muchos están caducos, y no se proveen fármacos para tratar los problemas del miocardio ni equipos de cardiología. Un solo médico por turno atiende a una población de más de 7 mil internos.
Ante su vulnerabilidad, Lozano solicitó al juzgado la reclusión domiciliaria por su estado de salud y senectud. Como evidencia médica presentó los últimos estudios proporcionados por su cardiólogo. Pese a que el Estado debe respetar los derechos del adulto mayor, la juez Enríquez Serrano denegó la petición.
En cambio, el notificador del juzgado a cargo de Enríquez Serrano le preguntó a Lozano si estaba dispuesto a pagar al juzgado y a la juez la mitad del monto supuestamente robado, es decir, 860 mil pesos en efectivo, a cambio de dictarle una orden de libertad. Como el litigante se negó a pagar por un delito no cometido, Enríquez Serrano le dictó auto de formal prisión el 15 de diciembre, aun cuando a decir del acusado no se reúnen los elementos para sustentar el delito.
“Se trata claramente de una extorsión y un descarado abuso de autoridad, pues es demasiado ingenuo que la juez Enríquez Serrano, quien se ostenta como doctora en derecho, no conozca los elementos básicos del delito de robo. Sucede que la juzgadora ha actuado en forma irregular y totalmente parcial con el afán de perjudicar a un ser humano, quien se encuentra vulnerable de salud y privado de su libertad”, señala un abogado de la defensa de Lozano.
Explica que el año pasado su cliente demandó por la vía civil ordinaria el pago de sus honorarios a la Asociación de Condóminos de Puerta de Hierro –de la cual fue apoderado legal durante tres años– mediante el juicio civil 294/14 y 467/2014, del que este semanario tiene copia.
Sin embargo, afirma el equipo de abogados de Lozano, al ver que el juicio avanzaba los condóminos decidieron presionarlo para que se desistiera de las demandas. Sin haberlo citado a declarar para cumplir su derecho de audiencia y defensa, el juzgado ordenó la detención inmediata de Lozano.
Un dato que llamó la atención de la defensa es que el denunciante del supuesto robo está representado por el abogado Jorge Véjar Orozco, quien fue agente del MP adscrito precisamente al área de investigación de robo, delito que se le atribuye a Lozano, y salió de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado por señalamientos de corrupción. Asimismo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco emitió la recomendación 18/2000 contra Véjar Orozco por detenciones arbitrarias y tortura.
La averiguación contra Lozano se fraguó en la agencia 20, especializada en robos a casa habitación: en menos de un mes se integró el expediente, se resolvió y ordenó la detención del abogado, cuando hay otras que tardan años en integrarse, lo que en opinión de la defensa evidencia la corrupción que predomina en la Fiscalía Central.
La defensa del detenido impugnó el auto de formal prisión ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal del estado, mediante el juicio 1830/2014, confiado en que la justicia federal actuaría con mayor prontitud que la estatal. Sin embargo, violando tratados internacionales que protegen al adulto mayor, el amparo se resolvió nueve meses después, sólo con la exigencia a Enríquez Serrano de que motivara y fundamentara el auto de formal prisión que emitió. Sin embargo, la juez no respondió a la resolución, pues desde finales de octubre pasado ya no está en el Juzgado Octavo.
Pese a todo eso, el pasado 16 de octubre Lozano consiguió que la Décima Sala del Supremo Tribunal de Justicia del estado (STJ) aprobara su reclusión domiciliaria. Justo al momento de firmar su nuevo estado fue reaprehendido –con simulación, pues aún estaba detenido– y fue notificado de la nueva orden de aprehensión 52674/2015. En ésta se le acusa del mismo delito, en los mismos hechos, por las mismas partes, lo que viola el mandato constitucional en que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito.
El nuevo caso se ventila en el Juzgado Décimo Primero de lo Penal (expediente 425/2015-B). Nuevamente, ampliado el término de las 144 horas, el juzgado le dictó a Lozano el auto de formal prisión, mismo que su defensa apeló.
Una semana después de girarse la nueva orden de aprehensión, Gabriela Enríquez Serrano fue removida del Juzgado Octavo y trasladada al municipio de Tequila. Ante las faltas graves de los jueces, el Consejo de la Judicatura sigue cambiándolos de adscripción en vez de obligarlos a afrontar las consecuencias legales.
Ahora la libertad de Lozano está en manos de la juez Décimo Primero en Materia Penal, la exconsejera panista Gabriela Guadalupe de León Carrillo, quien ha sido señalada en los medios locales por su adicción a las apuestas en los casinos y quien busca su pronta jubilación.
Opacidad judicial
En entrevista, el académico Alberto Arellano explica que a partir del rediseño del Poder Judicial en el estado, el sistema de justicia se encuentra congelado debido a la parcial selección de sus integrantes, la viciada interacción entre ellos y las redes políticas que los protegen, convirtiéndolo en un sistema opaco con una expedición de justicia lenta y parcial.
“El Poder Judicial es una fuerza política que responde a pesos y contrapesos. No se toma en cuenta la calidad moral de sus integrantes, no hay una evaluación de perfiles de jueces y magistrados, y sigue siento monopolio con repartición de cuotas, en donde existe complicidad entre jueces y magistrados”, señala.
A su vez, el diputado federal de Movimiento Ciudadano Víctor Sánchez descalifica el reparto de espacios del Poder Judicial entre los partidos, pues indica que desde el Congreso local se nombra a los integrantes, quienes pagan por un nombramiento entre 4 y 6 millones de pesos.
Añade que, por la falta de profesionalización de jueces y magistrados, Jalisco no logrará un avance en temas de impartición de justicia:
“Seguimos viendo los mismos vicios; se sabe que los jueces tienen una relación de padrinazgo político y responden en relación con los grupos de poder que los eligieron. Cada vez es más evidente y descarada la corrupción en el Poder Judicial. Son políticos disfrazados de ciudadanos que siguen negociando bajo sus propios intereses.”
Agrega que esta dinámica perversa ya rebasó los límites de la corrupción y que la ciudadanía exige un nuevo modelo de justicia penal, para lo cual deben denunciarse públicamente los favores que hay entre agentes del MP, jueces, magistrados y consejeros de la Judicatura. l
