Ante la sucesión de escándalos que involucran a miembros del Poder Judicial en actos de corrupción o de malas prácticas, y con el crecimiento de la percepción de inseguridad, más de 90% de los jaliscienses desconfía de los jueces. Ante esta problemática, de la que han alertado hace años diversos organismos civiles, abogados y víctimas de los tribunales, el consejero Jorge García González admite que urge limpiar las instituciones de malos jueces y de los intereses que retrasan la modernización del sistema.
En su segundo periodo al frente del Poder Judicial del estado, Luis Carlos Vega Pámanes, presidente del Supremo Tribunal de Justicia (STJ) y del Consejo de la Judicatura de Jalisco (CJJ), enfrenta el reto de combatir a fondo la corrupción, como prometió a su llegada y lo refrendó hace un año.
De lo contrario, afirman consejeros y organizaciones civiles, la entidad seguirá rezagada en el desarrollo de los juicios orales o Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), además de que continuará creciendo la percepción sobre la corrupción de jueces y otros funcionarios de ese poder.
Las propias cifras de la institución indican que 50 jueces, es decir cerca de 40% de la plantilla de 130, fueron amonestados o separados del cargo por cometer presuntas irregularidades o con señalamientos por corrupción y abuso contra subalternos.
Las asociaciones civiles Alto al Secuestro y México Unido Contra la Delincuencia destacan que en el último bimestre de 2015 el estado se consolida como el que más libera presuntos plagiarios en el país.
Al consultar sobre ello al responsable de la Comisión de Vigilancia del CJJ, Jorge García González –quien llegó al cargo hace dos meses–, reconoce que el análisis de dichas organizaciones obliga a la Judicatura a actuar para superar el problema, para lo que es necesario remover a algunos jueces.
Comenta que tal es el caso del Juzgado Cuarto Penal, encabezado hasta hace dos semanas por Francisco Castellanos de la Cruz, quien fue sustituido por Antonio Gutiérrez Ramírez, y del Octavo, donde Arturo González Santana sustituyó a Armando Ramírez.
“Los cambiamos al interior del estado –añade García González–, ahora sí que por salud del Primer Partido Judicial. Eso no significa que nos descuidemos; por el contrario, nos mantendremos al pendiente y eso vale para todas las materias, no sólo para la penal, aunque ésta es la que más nos pega por la inseguridad y la impunidad.”
Al respecto, son significativos los resultados de la más reciente encuesta del Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos, coordinada por Augusto Chacón Benavides, realizada a finales de 2014 en los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco y El Salto, la cual se presentó en febrero pasado. Ahí se establece que más de 92% de los jaliscienses sienten desconfianza hacia los jueces, y 93% hacia la Fiscalía Central. Menos de 6% dicen confiar en las policías municipales, y 9% en la Fuerza Única.
“Si se ven los niveles de desconfianza entre las instituciones encargadas de la seguridad pública y de administración y procuración de justicia, las diferencias son muy pequeñas. Se puede hablar de un empate técnico en los niveles de desconfianza que manifiesta la sociedad sobre esas instituciones, si consideramos el margen de error, y eso contribuye a la percepción de inseguridad.
“El principal problema que la población ubica en la zona metropolitana –continúa– es el de seguridad pública, después la economía: la falta de empleo, la pobreza; y después, lo que nos parece increíble, la impartición de la justicia”, explica Chacón Benavides.
Y comenta: “Por más alejados que nos parezcan los jueces o el Poder Judicial, la gente sí percibe que existe un problema muy serio, y hasta 5% de los encuestados consideran que es el más serio que existe en la comunidad. Está minando la percepción de que las instituciones no responden”.
Por eso, dice, Jalisco tiene que fortalecer la cultura de la denuncia y fortalecer las instituciones para el combate a la corrupción, la rendición de cuentas, la procuración de procesos eficientes en los servicios y fortalecer el servicio civil de carrera.
Basado en la misma encuesta, Chacón apunta que para 90% de los ciudadanos denunciar delitos “no sirve para nada”, y quienes más padecen la inseguridad son los estratos económicos medios y bajos, pues los más acomodados siempre tienen forma de protegerse.
Por esas razones, el entrevistado urge al Poder Judicial y a las instituciones a fortalecer el Nuevo Sistema de Justicia Penal. “Si se pone en práctica como lo marca la ley, transparentará el trabajo del Ministerio Público y de otras instancias relacionadas con el combate a la inseguridad y con la procuración de justicia”.
El principal fin de este sistema es que no se arreglen bajo la mesa los expedientes con un secretario de juzgado u otro funcionario judicial. Ahora los expedientes se tendrán que presentar de manera pública y en forma verbal.
“Guillermo Zepeda Lecuona, uno de los académicos e investigadores que trabaja sobre el tema de seguridad y colaborador de Jalisco Cómo Vamos, asegura que en los penales del estado permanecen muchas personas por delitos muy menores y que no han pasado por el debido proceso.”
Intereses contra el cambio
El CJJ ha informado que, de 2013 a la fecha, al menos 10 jueces han sido separados de sus cargos y 40 fueron amonestados por fallas en el servicio, rezago en su trabajo o irregularidades en la aplicación de la justicia.
El presidente del STJ y del CJJ, Luis Carlos Vega Pámanes, admitió ante la prensa que en ese lapso se sancionó a 23 secretarios de juzgado, al menos 13 auxiliares, 10 notificadores, seis secretarios de acuerdos y dos actuarios.
Este semanario obtuvo el dato de que el titular del Juzgado de Ocotlán, Félix Enrique Aguiar Sánchez, fue separado del cargo el 14 de enero pasado por cometer un “absurdo jurídico” al emitir una sentencia contradictoria en contra de un sujeto acusado de parricidio.
Otro juez de la región de La Ciénaga, Francisco Torres Pérez, recibió una amonestación privada por la “notoria ineptitud en el desempeño de sus funciones” y el retraso en la resolución de sentencias.
El juez Primero de lo Familiar, Édgar Tello, recibió un extrañamiento en enero de 2015; Ernesto Martínez Sainz, juez de Arandas, fue suspendido por 15 días; Juan Manuel Navarro, titular del Juzgado de Jalostotitlán, recibió un extrañamiento en febrero de 2015 por irregularidades en su juzgado. Lo mismo sucedió en marzo pasado con Efraín López Ramírez, juez Penal en Chapala, por su retardo en la atención de las actuaciones.
De igual forma, la titular del Juzgado Sexto Civil, Marissa Vargas Castolo, fue amonestada por el retraso en la atención de varios expedientes que esperaban la resolución de sentencia. La titular del Segundo Juzgado Mercantil, a su vez, se hizo acreedora a una amonestación por “un notorio descuido de sus funciones”, como dice la resolución del 20 de mayo pasado.
En el Juzgado Tercero Penal se amonestó al juez Mario Hernández Martínez, y algunos de sus colaboradores fueron llamados a superar las irregularidades detectadas en esa instancia, como asienta la resolución del 27 de mayo de este año.
La información disponible en el sitio del CJJ, específicamente de la Comisión de Vigilancia, establece que hasta el reciente octubre se han recibido 293 quejas contra jueces del estado, de las cuales se han resuelto 281 y sólo 12 siguen por atender.
En 2013, cuando Vega Pámanes llegó por segunda vez a la presidencia del STJ y del CJJ, había 432 quejas contra jueces, de las que se resolvieron 406. Un año después, la cifra de quejas se elevó a 471 y las resoluciones fueron 384; quedaron pendientes 87.
García González, con más de 25 años en el Poder Judicial, reconoce que éste debe trabajar fuerte para atacar los vicios en su interior y admite que, pese a las sanciones y las amonestaciones, existe la posibilidad de que al menos uno de los jueces señalados por su mala actuación pueda llegar a ser magistrado. No obstante, señala: “Estamos tratando de limpiar el Poder Judicial y hacer a un lado a los malos jueces”.
Aborda el caso del juez Efraín López Ramírez, separado del cargo por las irregularidades detectadas en la solicitud de orden de aprehensión contra la empresaria Angélica Fuentes, esposa del dueño del equipo de futbol Chivas.
Según la defensa del juez, acaba de ganar un amparo para ser restituido en forma inmediata en el cargo que desempeñaba en Ciudad Guzmán.
“Él promovió un juicio de garantías y se le concede la suspensión provisional, y eso para qué es, sólo para que continúe en donde se encontraba laborando. Mientras sigue el juicio de amparo, pero nosotros (el Consejo de la Judicatura) seguimos con la investigación”, afirma.
Sin embargo, García González aclara: “El señor está separado del cargo, no destituido, y tampoco se le cesó. Eso se hace para permitir una investigación imparcial y objetiva en la que el señalado no tenga participación. Se le concede el derecho de audiencia para resguardar el debido proceso y que presente las pruebas en su defensa, pero se está investigando y, si se comprueba que cometió una irregularidad, entonces se va a sancionar”.
Egresado de la carrera en estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara, especializado con una maestría en materia del Nuevo Sistema de Justicia Penal, García González destaca la necesidad de llevar a cabo un cambio profundo. Y se deslinda de los intereses que, reconoce, tratan de evitar el cambio:
“Yo llego a la presidencia de la Comisión de Vigilancia sin representar ningún grupo de interés; no estoy atado a ninguna corriente y no vengo a quitar a un grupo para sustituirlo por otro.” l
