En el recuento ordenado por las autoridades laborales para definir al sindicato titular del contrato colectivo en la armadora Honda, en El Salto, triunfó el sindicato afín a la empresa japonesa. Sin embargo, a decir del líder de la organización independiente que se lo disputaba, el resultado del proceso electoral fue modificado decisivamente por la intervención irregular de la empresa, la policía e incluso un abogado que reclama honorarios.
Tras cinco años de espera, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) ordenó el pasado 15 de octubre que se efectuara un recuento de votos entre los obreros de la armadora de automóviles Honda en el municipio de El Salto, para establecer cuál sindicato se queda con la titularidad del contrato colectivo de trabajo: el Sindicato de Empleados y Trabajadores en la Estructura, Armadura Motriz e Industrial (SETEAMI), ligado a la CTM, o el Sindicato de Trabajadores Unidos de Honda México (STUHM), conformado en mayo de 2010 por un grupo independiente de obreros.
José Luis Solorio, líder del segundo, obtuvo 788 votos, mientras que Carlos Arias, del SETEAMI, consiguió mil uno.
El líder del STUHM denuncia que la empresa intervino para que triunfara la organización oficialista, pues impidió que observadores nacionales e internacionales, autorizados por la instancia federal, entraran a las instalaciones; ayudó al acarreo de votos con personal de seguridad y de confianza; dispuso la presencia de granaderos y elementos de la Fuerza Única dentro y fuera del centro de trabajo.
Incluso, supone que el padrón de trabajadores fue rasurado porque el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se negó a entregarlo al sindicato independiente. En lugar de ello, dice Solorio, les presentó 57 fojas sin firma ni validación oficial, en las que incluyó a los empleados de confianza, un trabajador ya fallecido y hasta directivos japoneses.
Solorio subraya que no hubo condiciones de igualdad en el ejercicio de votos y por eso impugnarán el recuento ante la JFCA. Por ejemplo, dice, “muchos trabajadores” fueron advertidos de que, en caso de ganar el sindicato independiente, Honda cerraría la armadora, además de que los policías antimotines inhibieron el voto independiente:
“La policía tenía que estar afuera de la planta, no adentro. En la pura entrada había alrededor de 15 antimotines, en la parte posterior de la planta eran otros 15 y a un costado había más de 100 granaderos. ¿Esperando qué? No sabemos.”
El recuento estaba programado para las 7:30 horas, y aunque los líderes sindicales tenían autorización para llegar 30 minutos antes a fin de verificar la instalación de mamparas y boletas, a Solorio inicialmente se le prohibió el acceso. Pudo entrar a las 7:25, cuando ya estaban adentro el representante del SETEAMI y las autoridades laborales.
Aclara que el STUHM pugnó por que la elección se realizara en un lugar neutral, pero el SETEAMI presionó para que se efectuara en las instalaciones de Honda, lo cual provocó que se negara el acceso a los observadores que convocó el sindicato independiente para vigilar la legalidad del recuento, entre ellos un representante de la United Automobile Workers y dos de la Unifor National provenientes de Canadá.
El día anterior a la elección, el STUHM manifestó su preocupación en un comunicado: “Hemos denunciado que este recuento se llevará a cabo con un padrón inflado de alrededor de 2 mil 500 nombres, cuando sólo mil 800 trabajadores tienen derecho a voto; además se realizará en la planta de la empresa, lo que implica un mayor riesgo de injerencia de ésta y del sindicato charro”.
Solorio recalca que el recuento debió realizarse en un sitio neutral, según la jurisprudencia 150/2008 dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual establece que debe basarse en un padrón confiable y que el sufragio de los trabajadores es libre y secreto.
Además, señala que el recuento debió concluir a las 18:30 horas, pero los representantes de la JFCA solicitaron que concluyera media hora antes, y así se hizo.
Para respaldar al STUHM acudieron a la planta un centenar de representantes de sindicatos automotrices de Canadá y Estados Unidos, además de organizaciones magisteriales y otros colectivos; aunque no les permitieron pasar.
El pleito de Hernández Ortiz
Solorio señala que los contratos de protección no se han terminado, a pesar de que el secretario del Trabajo federal, Alfonso Navarrete Prida, diga lo contrario.
El líder del STUHM refiere que al descalabro del sindicato independiente también contribuyó el exabogado de los obreros de Honda, Jaime Hernández Ortiz, quien se ha volcado en una campaña de desprestigio hacia el gremio que alguna vez defendió.
Dice que un día antes del recuento de votos, el litigante acudió a la planta automotriz y repartió libelos a los obreros que iban saliendo para que no votaran por el STUHM.
Lo grave, comenta, es que ese abogado representa ante el Instituto Nacional Electoral a Morena Jalisco, el partido de Andrés Manuel López Obrador, que supuestamente abandera las causas de los más desprotegidos.
En un comunicado que el STUHM envió a la dirigencia de Morena, del cual Proceso Jalisco tiene copia, le recomienda al partido hacer una revisión de sus cuadros políticos para que limpien sus filas de “alimañas oportunistas” que nada tienen que ver con un movimiento que se presume democrático.
“Jaime Hernández, un personaje tan autoritario como ególatra, pretendía controlar dictatorialmente nuestro movimiento, al grado de gritarnos, regañarnos y ofendernos, además de su irresponsabilidad como abogado, pues a algunas de las audiencias ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje simplemente no se presentó, afectando seriamente nuestra lucha, por lo que decidimos retirarle el poder que le habíamos concedido, un derecho elemental de la clase trabajadora”, señala el documento del sindicato.
Agrega que su exabogado provocó a los obreros que simpatizan con el gremio a fin de “darle elementos a la empresa y al gobierno para cancelar el recuento”.
Solorio refiere que Hernández Ortiz asegura que el gremio se benefició con recursos internacionales de organizaciones no gubernamentales como la Unifor y el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS), por lo que exigía el pago de sus honorarios, cuando en 2010 comenzó la lucha por el contrato colectivo, acordó representarlos de manera solidaria, sin cobrar nada.
Enfatiza que las organizaciones mencionadas por el litigante depositan una cantidad simbólica cada mes para apoyar los gastos de los amparos y trámites jurídicos.
“Nosotros tenemos las carpetas en las que se reporta todo lo que se ha hecho con lo que nos aportan y para qué ha servido. Mes con mes se reporta a Industria ALL Global Union (que nos deposita a cuatro compañeros) mil pesos para cada uno y mil pesos para movilización dentro de la ciudad, para volanteos, para visitas a los compañeros. Y quien es el encargado de recibir ese dinero y los informes es el CILAS”, precisa Solorio.
“Nos gustaría a miles pagar las casas del Infonavit que mes con mes van a cobrarnos porque dejamos de hacer pagos desde que dejamos de trabajar. Nosotros no tenemos lo que dice Hernández Ortiz”, añade.
Agrega que el litigante presume que él tramitó el registro del sindicato, “pero eso es falso, pues quien lo consiguió fue el abogado experto en materia laboral, Arturo Alcalde; y la reinstalación de Celestino Pallares, uno de los compañeros de Honda, la consiguió Paul Aguirre, el abogado del Centro de Reflexión y Atención Laboral (Cereal)”. l
