El alcalde de Tlajomulco, Álvaro Uribe Camacho, decidió suspender de manera temporal el desarrollo urbano que impulsa Inmobiliaria Rincón del Palomar en las inmediaciones del Bosque de la Primavera tras detectar irregularidades en los permisos otorgados por el ayuntamiento y el gobierno federal hace varios años. Molestos, los representantes de la constructora insisten en que tienen los derechos para seguir adelante, pero los vecinos los desmienten.
El alcalde de Tlajomulco de Zúñiga, Alberto Uribe Camacho, decidió esperar los resultados de la auditoría jurídica y ecológica en torno al desarrollo urbano Bosque Alto –un proyecto impulsado por la compañía Rincón del Palomar a 2.5 kilómetros del área natural protegida del Bosque de la Primavera– para detener las obras.
Según el alcalde, se encontraron irregularidades en los permisos otorgados por el ayuntamiento y en los oficios federales enviados a la constructora, por lo que decidió la revocación de la licencia de urbanización municipal.
También determinó actualizar el Programa de Ordenamiento Ecológico y el Plan Parcial de Desarrollo Urbano a través de consultas públicas, con la finalidad de ampliar la zona de protección ecológica y evitar la tala de 15 mil árboles.
Uribe adelantó que la administración municipal presentará un juicio de lesividad ante el Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE); incluso refirió que existe una resolución en esa instancia desde 2011, según la cual debe suspenderse “todo tipo de obra material que hubiese iniciado” e implique “movimientos de tierras o cualquier tipo de infraestructura”.
Según ese documento, “de continuarse ejecutando los actos materia de los actos impugnados (sic), se causarían daños irreparables al medio ambiente”.
El alcalde tlajomulquense alegó que el proyecto conocido como Santa Anita Hills agravaría la movilidad de la zona, puesto que, según el estudio presentado por los fraccionadores, aumentará el aforo vehicular de manera sustantiva (2 mil 362 autos). El desarrollo contempla, por ejemplo, que el lugar de ingreso y salida sea el paso a desnivel de López Mateos y prolongación del bulevar Mariano Otero, colonia Santa Isabel –en el puente vehicular Solectrón–, una zona que, según Uribe, se encuentra estrangulada.
Los representantes de la Inmobiliaria Rincón del Palomar se molestaron por la decisión del ayuntamiento, pero en lugar de presentar argumentos para defender su proyecto, se limitaron a señalar que en la zona donde ellos pretenden erigir su conjunto habitacional se están construyendo otros fraccionamientos que impactan igual o en mayor medida al medio ambiente, como El Cielo, cuyo impulsor es el empresario Vicente Chalita.
Ernesto Bermúdez, encargado del proyecto Bosque Alto, indica que la empresa respeta la postura de Uribe, aunque insistió que tiene los derechos (de construcción) y está cumpliendo cabalmente con toda la normatividad y reglamentación, aunque los miembros de la Asociación de Colonos del Corredor López Mateos Tlajomulco aseguran que eso es falso (Proceso Jalisco 572).
Las irregularidades
El presidente municipal Alberto Uribe anunció en rueda de prensa el pasado 29 de octubre que presentaría un juicio de nulidad contra el cambio del uso de suelo forestal autorizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) –oficio SGPARN.014.02.01.01.638/15– del 19 de mayo pasado.
Y aun cuando el documento indica que “con base en el estudio del desarrollador no se comprometerá la biodiversidad, no se provocará la erosión de los suelos ni deterioro de la calidad del agua o la disminución en su captación”, el Consejo Estatal Forestal expone en el mismo dictamen que, a partir de la información que se le proporcionó, “no es posible determinar el grado de afectación respecto a las microcuencas, ni en flora, fauna, suelo y agua”.
Uribe Camacho anunció asimismo que combatirá el levantamiento de la suspensión –expediente número PFPA/21.5/2C.27.2/8390-15-011144– emitido en forma temporal por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) el 2 de junio último para clausurar de manera temporal la autorización de cambio de uso de suelo del proyecto Bosque Alto, tras detectar evidencias de afectaciones por incendios en la corteza de la mayoría de los árboles asentados en el terreno.
Cabe recordar que el 24 de marzo de 2014 hubo un incendio “en las inmediaciones del cerro del fraccionamiento El Palomar y San José del Tajo”, según se lee en la constancia –DGPCB-TZ/00053/2014/ CFQ/ 0035– de la Dirección General de Protección Civil y Bomberos de Tlajomulco.
Debido a la magnitud del siniestro, tuvieron que intervenir, entre otras dependencias, la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y la Unidad de Protección Civil y Bomberos de Jalisco.
Tras sofocar el fuego, las autoridades reportaron que fueron afectadas 9.5 hectáreas de hojarasca y maleza y una hectárea de arbolado, así como algunas residencias de la calle Paseo de los Laureles.
Según la constancia firmada por el entonces director general de Protección Civil y Bomberos de Tlajomulco, “se presume que el incendio fue provocado de manera intencional y tuvo lugar, de acuerdo a los reportes de quienes acudieron a combatirlo, en los predios que se ubican en la sección Jockey Club del Palomar…
“Cabe señalar que no es posible determinar quién pudo provocar el fuego, pues el predio donde se originó se encuentra baldío y es paso conocido de los habitantes del fraccionamiento.”
El 17 de agosto pasado, la Profepa indicó que mantendría la suspensión hasta que la constructora acreditara con estudios, investigaciones de campo, que el ecosistema forestal se había regenerado totalmente de los incendios ocurridos en el sitio. Fue el 22 de octubre cuando la dependencia federal levantó la suspensión “al demostrarse de forma fehaciente que el ecosistema se encuentra regenerado en su totalidad”, según menciona la constructora.
Al respecto, el munícipe emecista expresó que aunque la Profepa reconoce que la zona a urbanizar es similar al Área Natural Protegida del bosque de La Primavera, “da luz verde para destruir un importante ecosistema para la ciudad de Guadalajara, y un importante pulmón, al dejar sin efectos, el pasado viernes (30 de octubre) la suspensión que impedía continuar la acción urbanística con el cambio de uso de suelo forestal aprobado por Semarnat”.
Detalló también que el dictamen de impacto ambiental emitido en 1999 por Tlajomulco con el que cuenta la inmobiliaria carece de validez jurídica, ya que conforme al artículo 28, fracción VII, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, es competencia de la federación, por medio de la Semarnat, evaluar el impacto ambiental para el cambio de uso de suelo de áreas forestales.
Uribe Camacho argumentó que las condiciones de hace 16 años son distintas a las actuales. En 1999, el municipio contaba con 123 mil habitantes, ahora se estima que son más de 650 mil.
No hay ecocidio
Los desarrolladores insisten en que desde el 16 de julio pasado presentaron el estudio de impacto vial ante la Secretaría de Movilidad, pero hasta ahora no han recibido respuesta.
E insisten: el de Bosque Nuevo es “de los pocos proyectos cuyo acceso llega al puente antes mencionado, pues los demás se incorporan por López Mateos y tienen que dar la vuelta hasta San Agustín”.
El encargado del proyecto, Ernesto Bermúdez, insiste en que el desarrollo no está dentro del Área Natural Protegida y que si bien serán derribados 14 mil 381 árboles por la apertura de vialidades y la construcción de viviendas, se sembrarán 3 mil especímenes para tener 15 mil 733 nuevos árboles, “mil 352 más de los que tiene actualmente el terreno. Vamos a tener un inventario mayor de individuos arbóreos”, subraya.
Detalla que para construir el circuito vial del fraccionamiento se van a talar mil 201 árboles, “de los cuales posiblemente perdamos 80% durante el traslado”. Con respecto a los árboles que se ubican dentro de la superficie de los lotes, se estima que se perderá la mitad de los mil 376 que hay actualmente.
Bermúdez comenta que en este momento se está trabajando sólo en la vialidad de acceso. Cuentan con tres licencias municipales para trasplantar 48 árboles de diferentes especies y derribar tres, uno de ellos muerto. “Pero la empresa desarrolladora repuso 294 árboles; es decir, 147 por cada uno de los talados”, refiere.
E insiste en que Inmobiliaria Rincón del Palomar –dueña de casi 60 hectáreas, de las cuales sólo 41 se urbanizarán– cumplió cabalmente con los estudios y procedimientos que establecen las normas, reglamentos y leyes en materia ambiental, por lo que continuará con la construcción.
De esas 41 hectáreas, casi 30 son de índole forestal y la Semarnat autorizó el cambio de uso de suelo sólo en una extensión de 20.2. En las 9.7 hectáreas que no serán urbanizadas se va a plantar arbolado, lo cual, según Bermúdez, representa un crecimiento forestal de 12.4 hectáreas.
Reitera que 53% del fraccionamiento será destinado a áreas verdes y equipamiento. “El proyecto pudiera desarrollar hasta 19 viviendas por hectárea, pero Bosque Alto sólo contempla 15, lo cual es comparable con la densidad mínima H1-H”.
Según él, el Plan Parcial Urbano permite desde 1999 una vocación H2-H (habitacional baja densidad), el cual fue ratificado en 2001, 2006 y 2012.
Y expone: el 10 de abril de 2014 el entonces director general de Ordenamiento Territorial, Jorge García Juárez, le informó a Luis Enrique Calderón, administrador de la Inmobiliaria Rincón del Palomar, que el Plan Parcial de Urbanización no es vigente, pues fue sustituido por otras normas.
Sin embargo, el gestor de la inmobiliaria, Víctor Hugo Fernández, sostiene: “Aunque hayan pasado 20 años, nosotros adquirimos un derecho que está vigente. En cualquier normatividad tú puedes ejercer tu derecho cuando lo creas conveniente, eso es lo que pretendemos hacer”.
Bermúdez insiste en que las descargas de aguas negras se irán a una planta de tratamiento, y una vez completado el proceso se utilizarán para el riego de las áreas verdes del futuro desarrollo.
Además, el fraccionamiento tendrá su propio pozo de agua y “se ejecutará el proyecto de captación y desalojo de aguas pluviales que evitará la erosión para que continúen su cauce de forma natural”.
La topografía del terreno tiene una pendiente importante, dice, “lo cual impide la infiltración, pues el terreno es rocoso. Cuando se urbanice la zona, se ejecutarán varias acciones para mejorar la captación e infiltración del líquido”.
Explica que la inmobiliaria respetará la zona federal donde corren dos cauces y se crearán 13 lavaderos de piedra natural para la captación y desalojo de aguas pluviales, que evitarán la erosión. Además, se construirán dos gaviones que ayudarán a disminuir la velocidad del agua al descender por la pendiente. En cada lote habrá pozos de absorción, lo cual “va a beneficiar al proyecto”.
Con respecto a la contaminación del aire, rechaza que el aforo vehicular se incrementará en más de 2 mil autos, puesto que “muchos de los clientes que nos han apartado un terreno o que quieren vivir ahí son vecinos de ahí; son los mismos vehículos que circulan en ese entorno”, insiste Bermúdez.
Vecinos inconformes
La Asociación de Colonos del Corredor López Mateos Tlajomulco asegura que entregará un documento al alcalde Uribe Camacho para pedirle su intervención ante la desarrolladora a fin de que ésta presente estudios de protección civil.
Según los integrantes de la asociación, un ingeniero les advirtió sobre los riesgos de “deslaves, rodamiento de grandes rocas y potenciales accidentes derivados del corte de una ladera del cerro realizado para la apertura de una vialidad, lo que pone en riesgo la vida de los habitantes asentados en los fraccionamientos de esa zona”.
Solicitan también que la inmobiliaria muestre el dictamen de impacto vial, el cual debe tener antes de construir, y que la Secretaría de Movilidad emita una postura al respecto.
Dicen que en promedio los fraccionamientos residenciales cuentan con cuatro o cinco automóviles por vivienda, por lo que el flujo vehicular se incrementaría hasta 2 mil 500 autos “en una vía que se incorpora el denominado San José del Tajo Trailer Park, así como una zona comercial”.
Todos los vehículos, dicen los vecinos, confluyen a la lateral de López Mateos, que se colapsa durante el día. “Consideramos –dicen– que se puede colapsar la circulación de esta avenida incluso hasta la altura del fraccionamiento Bugambilias”.
Además, el martes 3 los integrantes de la Asociación de Colonos del Corredor López Mateos Tlajomulco presentaron ante la Procuraduría de Desarrollo Urbano (Prodeur) una solicitud para que la dependencia intervenga y verifique si la inmobiliaria cuenta con las autorizaciones necesarias.
Prodeur giró oficios a la Semarnat, Profepa y al ayuntamiento de Tlajomulco para que envíen información oficial y a partir de ella fijar su postura.
Mientras tanto, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) emitió un boletín de prensa para informar que “mientras no haya un análisis integral del manejo hidrológico y de los recursos naturales de las zonas (del arroyo) de la Cuenca del Ahogado que colindan con el bosque La Primavera, las autoridades no deben permitir la construcción de más fraccionamientos”.
Según el jefe del Departamento de Hábitat y Desarrollo Urbano del ITESO, Óscar Castro, “en ese tipo de zonas no debería permitirse construir hasta que no se hiciese un inventario acucioso de cuáles son las especies con las que cuentan ahí.
“Esa zona tiene también un patrimonio arbolado importante, donde sería muy difícil encontrar cómo construir ahí sin afectar estas condiciones naturales.”
A su vez, la Asociación de Vecinos Puerta Sur recabó hasta el martes 3, mil 657 firmas y las presentó ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) junto con una queja por el posible daño ambiental que provocará la construcción de Bosque Alto.
La CEDHJ emitió una medida cautelar al ayuntamiento de Tlajomulco para evitar probables violaciones de derechos ambientales y para solicitarle la protección a la salud y el paisaje urbano por el inminente daño ecológico que generaría la urbanización de la zona. l
