Los diputados de Movimiento Ciudadano en la LXI Legislatura manifestaron ya su decisión de quitar la mala imagen al Congreso y terminar con la corrupción heredada y la impunidad con la que se manejaron algunos de sus colegas en gestiones anteriores –algunos de los cuales están de vuelta, como informó Proceso Jalisco en su edición 573 –. Consultado al respecto, el diputado Augusto Valencia López se lanza abiertamente contra el auditor Alonso Godoy Pelayo, acusado de múltiples irregularidades, y dice: “Es tiempo de que se vaya”.
Apenas inició sus trabajos la LXI Legislatura, el diputado Augusto Valencia López, del Movimiento Ciudadano, manifiesta su intención de llamar a cuentas a quienes estuvieron implicados en los malos manejos financieros en el Congreso local durante las LVIII y LIX legislaturas.
Y cita el caso de la presunta contratación del despacho López Castro para la realización de “servicios de contaduría, pago y devolución de impuestos” en el Congreso local, por los que pretendió cobrar 58 millones de pesos, aunque al final se desistió.
Hay posibilidades de hacerlo, comenta Valencia López, expresidente del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco (Itei). Entre los implicados están, dice, el panista Alfredo Argüelles, el priista Jorge Arana Arana y el verde ecologista Enrique Aubry de Castro Palomino –quien hoy preside de la mesa directiva del Congreso–, entre otros.
Los dos últimos estuvieron implicados en aquel caso, insiste Valencia, quien se lanza también contra el titular de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), Alonso Godoy Pelayo, señalado por recibir bonos y 10 millones de pesos de manera irregular. “Es tiempo de correr a Godoy de una vez por todas”, comenta al reportero el legislador de MC.
Asegura que Godoy ha incurrido en una serie de arbitrariedades desde que está al frente de la ASEJ sin que a la fecha haya sido sancionado. Eso, subraya, da mala imagen al Poder Legislativo, de ahí su decisión de “empujar la agenda del modelo de fiscalización eficaz”.
Y expone: “Es increíble que al día de hoy ningún legislador le haya entrado de lleno a ese tema para enfrentar al auditor del estado Godoy Pelayo en el terreno jurídico y político a pesar de las demandas y los señalamientos en su contra; por eso vamos a reactivar una serie de procedimientos que ya existen en materia penal y de juicios políticos para obligarlo a rendir cuentas”.
Según el entrevistado, Godoy mantiene lejos de sus obligaciones a la ASEJ. “Eso le ha hecho mucho daño a nuestra incipiente lógica de transparencia y al modelo de rendición de cuentas –insiste–. Para nadie es un secreto que bajo su lógica de trabajo, Jalisco se ha sumergiendo cada vez más en la percepción de corrupción.
“Una vez que se conformen las comisiones en la LXI Legislatura, voy a participar en la de Vigilancia y Responsabilidades. Mi objetivo es darle un marcaje directo a la fiscalización de Jalisco y estoy dispuesto a utilizar todos los medios jurídicos y políticos a mi alcance para limpiar de raíz la Auditoría Superior del Estado de Jalisco.”
El turbio auditor
Según los antecedentes, los manejos poco claros del auditor Godoy se remontan a 2011, cuando integrantes de la LIX Legislatura lo acusaron de cobrar 10 millones 784 mil pesos como bonos o compensaciones extraordinarias entre 2007 y 2009. Esos pagos fueron ilegales, insiste Valencia; peor aún, esa práctica se repitió en los años subsiguientes.
Sin embargo, en 2011 los integrantes de la Comisión de Hacienda no se atrevieron a separar a Godoy de su cargo por temor a que los demandara por la vía laboral y alegara despido injustificado para agenciarse otros millones de pesos.
No cabe duda, sostiene Valencia, que el auditor aprendió a sacarle ganancias a la endeble postura del Poder Legislativo en materia de fiscalización, que “en no pocas ocasiones se transformaron en elementos clave para la extorsión”. En una ocasión, dice, Godoy cobró un bono de manera irregular, argumentando que era funcionario.
Y lo ha seguido haciendo. Por eso, insiste, “vamos a denunciar y exhibir que el auditor ha estado cobrando un bono que no le corresponde, esa va a ser la piedra angular para iniciar el proceso de separación del cargo de Godoy Pelayo”, sentencia el diputado de MC.
El propósito, reitera, es integrar un expediente para inhabilitarlo y solicitar un “juicio de responsabilidad” en su contra por el cobro de un bono en forma ilegal. Es curioso, añade, que Godoy se oponga de manera tajante a que los funcionarios pidan gratificaciones de ese tipo, pero él sí lo hace.
E insiste: “La ley es clara y el auditor, que se dice un hombre de leyes, debe entender y saber que los bonos no están ingresados al salario de los funcionarios”.
Según Valencia, si bien el asunto de los bonos se puso de moda en las administraciones panistas de Alberto Cárdenas Jiménez, Francisco Ramírez Acuña y Emilio González Márquez, esa práctica persiste en la administración del priista Sandoval Díaz.
“Me decían que ese tipo de ajustes bajo la mesa lo cobraban incluso algunos de los gobernadores”, expone el entrevistado. Y aclara que cuando fue presidente del Itei devolvió “una compensación de esa naturaleza para evitar cualquier tipo de señalamientos. El auditor nos observó para acreditar que no habíamos cobrado ese bono. Nosotros sí lo regresamos; él no”.
Valencia comenta al reportero que con frecuencia la información de la ASEJ es usada a conveniencia de su titular para presionar:
“El auditor superior tiene en sus manos mucha información que es utilizada de manera parcial para el golpeteo político, para extorsionar funcionarios. Tenemos información de algunos servidores que han sido extorsionados por la auditoría.
“Tenemos casos según los cuales la auditoría utiliza ese mecanismo de rendición de cuentas para presionar, avalado por un grupo político que no quiero señalar; sólo quiero dejar claro que no se trata sólo del auditor. Son los grupos que cobijan y que saben perfectamente que el modelo de fiscalización existente no funciona; ellos son los responsables y beneficiados indirectos de la corrupción que desborda a la auditoría.”
Los rezagos y los retos
Los integrantes de la LXI Legislatura no sólo buscarán la inhabilitación del titular de la ASEJ, sino también mejorar la imagen del Poder Legislativo, promover la rendición de cuentas y combatir a fondo la corrupción.
El diputado Valencia asegura que él presentó una denuncia penal contra Godoy por haber negado información de la cuenta pública del municipio de Zapopan sobre el tema de los bonos en 2006 y 2007. Incluso, dice, hay un juicio por las partidas secretas que administraron algunos partidos políticos, de lo cual el auditor estuvo enterado.
En mayo pasado, los integrantes del Programa de Investigación y Análisis de Políticas Públicas del Instituto Tecnológico y de Estudios Supriores de Occidente (ITESO) realizaron un estudio según el cual los integrantes de la LX Legislatura tuvieron una calificación reprobatoria –54 puntos sobre 100–, en torno a la calidad de las iniciativas presentadas durante su trienio.
Los mejor posicionados fueron los diputados del PRD y de MC (60%). El estudio puso bajo la lupa 223 iniciativas presentadas entre noviembre de 2013 y abril de 2015 y difundidas en el portal en internet del Congreso.
Con respecto al presupuesto que ejerció esa legislatura –poco más de 654 millones de pesos por año–, según ese estudio, la mayor parte fue para sueldos y salarios de diputados, asesores, personal de confianza, sindicalizados y supernumerarios.
Parte del dinero fue utilizado para las llamadas “casas de enlace”, lo que resultó un escándalo mediático cuando se supo que a cada uno de los 39 diputados se le otorgaban cerca de 100 mil pesos al mes para esas oficinas.
Además, según las facturas y notas presentadas por los integrantes de la LX Legislatura para comprobar los gastos, se destinaron alrededor de 4 millones de pesos para compra de golosinas, gasolina de los vehículos oficiales, tampones higiénicos femeninos o botas, en el caso de los hombres.
Al final, los diputados se vieron obligados a suspender ese apoyo. Los coordinadores de las bancadas se ufanaron de sus logros, al decir que redujeron en más de 99% la deuda pública que manejaba el Congreso, aunque guardaron silencio en torno a los escándalos legislativos.
Valencia se dice sorprendido por el anuncio de Sandoval Díaz sobre la existencia de una bolsa presupuestal de 400 millones de pesos que presuntamente se distribuirá bajo el concepto de presupuesto participativo para municipios. Hasta ahora, dice, no queda claro de qué se trata esa iniciativa; además, esa propuesta se tiene que aprobar.
“Hay que preguntarle a Enrique Aubry (el presidente de la mesa directiva) qué está pidiendo como presidente del Congreso o qué pidieron de más desde la bancada del PRI o del Verde, partido en el que milita el propio Aubry.”
El domingo 1 el mandatario anunció que enviará a la LXI Legislatura 33 iniciativas de ley en los próximos tres años. “Da la impresión de que Sandoval apenas está iniciando su gestión”, comenta Valencia.
Llama la atención que en la nueva legislatura se haya promovido a Jesús Reynoso como responsable de la Secretaría General del Congreso, pues es cercano al senador priista Arturo Zamora Jiménez.
Los sueños de Kumamoto
Tras la toma de posesión de los nuevos alcaldes, quienes asumieron el pasado 1 de octubre, la de Tlaquepaque, María Elena Limón, se opuso a que Reynoso fuera impuesto por la corriente alfarista como titular de la Secretaría General del ayuntamiento que ella encabeza.
A pesar de esos movimientos extraños, Valencia asegura que el principal reto de la LXI Legislatura es cumplir con la transparencia y con la rendición de cuentas.
En la sesión de apertura, ante el gobernador Sandoval y el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Luis Carlos Vega Pámanes, el coordinador de los diputados de MC, Ismael del Toro Castro, expuso: “El régimen político está infectado hasta los huesos por la corrupción y la impunidad. La transparencia y la rendición de cuentas parecen metáforas inalcanzables.
Su homólogo panista, Miguel Ángel Monraz, criticó a los políticos de MC y del PRI por concentrarse en regalar mochilas para los estudiantes y en abrir los parques a los ciudadanos; pero no dijo nada de los supuestos “moches” recibidos por sus correligionarios de la LX Legislatura, según las denuncias dadas a conocer por integrantes de su fracción antes de las elecciones del 7 de junio.
Una semana antes, el líder estatal del PAN, Gustavo Macías Zambrano, declaró que su partido se deslindaba del PRI pues buscaría ser una oposición libre y apegada a la sociedad. Lo dijo luego de la persecución desatada desde la Fiscalía General del Estado contra el panista César Coll Carabias, exalcalde tapatío y exdirector de la Comisión Estatal del Agua, acusado por el presunto desvió de 4 millones de pesos (Proceso Jalisco 573).
Coll Carabias fue encarcelado el 23 de octubre y recuperó su libertad cuatro días después, tras el pago de una fianza de más de 300 mil pesos.
El mismo domingo 1, el diputado independiente Pedro Kumamoto, de 25 años, lanzó un exhorto a sus compañeros a convertir el Congreso en un espacio radical para el ejercicio de la democracia: “Soñamos con un estado donde parques, escuelas y transporte público sean prioridad; yo sueño con dejar de soñar”.
Más tarde, consultado por el reportero sobre este punto, el joven zapopano explicó: “Estamos en el espacio más desprestigiado, según el reporte que hace la asociación Jalisco Cómo Vamos sobre los distintos entes gubernamentales. Para mí, estar aquí (en el Congreso) significa reivindicar lo que debe ser la deliberación pública. Estamos aquí para reivindicar el debate, las leyes.
“Buscamos que las iniciativas sean marcadas en su realización por el aporte técnico, que sean profundas y claras, que tengan como motor a la sociedad civil, que estén sustentadas en la academia, en los sectores empresariales, sociales, en sindicatos, movimientos ciudadanos y organizaciones estudiantiles, en la defensa de los derechos humanos o en la voz de los defensores del medio ambiente; tenemos la obligación de quitar la imagen de que el Congreso de Jalisco es corrupto y flojo.”
Según Kumamoto, la LXI Legislatura está llamada a hacer historia por su composición. De los 39 escaños: MC tiene 14; el PRI, 13; PAN, cinco; el Partido Verde Ecologista, tres; el PRD, dos; Nueva Alianza, uno, y el independiente, que ocupa el propio Kumamoto.
Contrario a los discursos festivos y los llamados a transformar el Poder Legislativo, en la sesión de apertura del domingo 1 ningún diputado se quejó por que el Congreso fue tomado por agentes de seguridad, quienes impidieron el acceso al recinto a decenas de invitados especiales, así como a reporteros, camarógrafos y fotógrafos. l
