Ineficiencia, poca seriedad y malos manejos del gobierno, los partidos políticos y los empresarios tienen a la sociedad en la incertidumbre respecto del apagón analógico.
Ni los números, ni las fechas cuadran: Primero se habló del 2021, más tarde se recorrió al 2015 y ahora Televisa pide prórroga. Sus múltiples personeros en el Senado y la Cámara de Diputados están dispuestos a servirle, alargando el plazo.
Las condiciones complican el tránsito a lo digital. El primer error fue establecer en la Constitución la fecha: diciembre de 2015. Si se modifica habría que cambiar la Constitución, para lo cual se requieren dos terceras partes de votos. Eso implica poner de acuerdo a una bancada que no es unánime respecto del tema. El PAN se opone a que se entreguen más receptores en los tiempos electorales de 2016. Para no hablar de que la Carta Magna se reforma tan continuamente que ya parece una ley secundaria.
La segunda equivocación fue atarlo al 90% de los hogares con aparatos digitales, sin tener la certeza de lograrlo en el lapso establecido.
(Paralelamente se eligió el camino más costoso: comprar televisores para donarlos a familias de escasos recursos. En eso se gastarán 24 mil millones de pesos en 9.8 millones de pantallas planas; luego está el agravante de la dificultad para entregarlos. En Argentina, España y Estados Unidos se regalaron decodificadores. Pero en México el gobierno siempre está dispuesto a ser el primer cliente de las empresas productoras de equipo.)
El tercero es haber licitado dos cadenas digitales nuevas (una de las cuales ya fue otorgada al Grupo Ángeles), antes de completar el tránsito, y una cadena pública, el SPR, con la consiguiente modificación del OPMA. Todo ello sin preocuparse de la mayor parte de los canales públicos de los Estados de la República, carentes de presupuesto para modificar sus dispositivos y poder transmitir su señal en digital. Ya desde el año pasado la Red de Televisoras Educativas y Culturales se pronunció en este sentido. Pidió al gobierno apoyo financiero suficiente para completar el tránsito. Ese dinero no ha llegado.
Si el apagón analógico constituía ya un serio tropiezo para las emisoras públicas, el actual reparto de las frecuencias digitales de “uso social” (Proceso 2034 y 2035) eleva el obstáculo.
Las políticas actuales están aclarando el panorama: se trata de mantener el esquema de negocios de la era analógica, ampliando para los privados el número de señales bajo su dominio. Paralelamente, arrinconar a las opciones culturales de tal manera que no existan notables diferencias entre éstas y las comerciales. Así nadie se dará cuenta de que lo público es sólo un membrete, de que la llamada diversidad se acota, de que los televidentes están desprovistos de herramientas para exigir programas fuera del canon mercantil. l
