Con más de la mitad de los votos emitidos en la segunda vuelta electoral en Guatemala, el pasado domingo 25 de octubre, Jimmy Morales se alzó con la victoria. El exintegrante del dueto humorístico Nito y Neto, sin embargo, es un presidente electo sin programa de gobierno definido ni posiciones claras. Sólo atina a soltar ideas vagas o absurdas contra el aborto o el matrimonio homosexual o para controlar electrónicamente al magisterio. Y las siglas partidistas bajo las cuales contendió son las del sector castrense más derechista del país.
Ciudad de Guatemala.- El 26 de octubre, a las 01.15 horas, el comediante Jimmy Morales subió a la tarima ubicada frente a la sede del partido FCN-Nación, donde sus simpatizantes –a quienes sus detractores han bautizado “jimmyliebers”, en referencia a los “beliebers”, como se conoce a los fanáticos del cantante Justin Bieber–, lo esperaban con impaciencia.
Esta vez Morales –uno de los rostros más conocidos de la televisión guatemalteca como parte del dúo cómico Nito y Neto– no tomó el micrófono para contar chistes sino para expresar su agradecimiento a los 2.7 millones de votantes que lo llevaron a la Presidencia.
En la segunda vuelta electoral, el 25 de octubre, Morales obtuvo 67.44% de los votos frente a 32.56% de Sandra Torres, candidata de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
Seis meses antes Morales ni siquiera figuraba en las encuestas; todo cambió el 16 de abril, cuando salió a la luz el Caso La Línea, un escándalo de corrupción de tal magnitud que provocó la caída del entonces presidente Otto Pérez Molina, quien se vio obligado a renunciar el 1 de septiembre y actualmente está en prisión preventiva acusado de cohecho pasivo, defraudación aduanera y asociación ilícita.
Poco después estalló otro escándalo de corrupción, que esta vez salpicaba a Édgar Barquín, vicepresidenciable del partido opositor Libertad Democrática Renovada, que encabezaba las encuestas. Ahora se le acusa de haberse involucrado en una red de lavado de dinero cuando fue presidente del Banco de Guatemala, a fin de lavar fondos del crimen organizado que fueron desviados a las campañas de varios partidos políticos.
Esta sucesión de escándalos desató una inusitada oleada de protestas en todo el país que exigían la renuncia de Pérez Molina y también expresaban el rechazo de la población hacia toda la clase política.
Morales, con el eslogan “ni corrupto ni ladrón”, logró venderse como el outsider de la carrera electoral, transformando su falta de experiencia en una virtud y en la prueba de que él representaba un rompimiento con la política tradicional. “Soy un hombre común, como ustedes. No tengo superpoderes, pero sí un corazón inflamado que ama esta nación. Tengo un compromiso grande, ustedes tienen que exigirme para que yo sea honrado como siempre”, dijo durante su primer discurso como presidente electo.
Evangélico, respaldado por un partido fundado por veteranos militares de extrema derecha, a favor de la pena de muerte y contra el matrimonio homosexual, Morales captó el voto “antisistema”, pero en realidad es el baluarte de un statu quo militarista y conservador, argumenta el analista político Renzo Rosal.
“Cuando las movilizaciones ya no se trataban sólo de quitar a Otto Pérez Molina y (la entonces vicepresidenta) Roxana Baldetti, sino que planteaban cambios al sistema político y se comenzaba a hablar de la refundación del Estado, se levantaron resquemores en los sectores conservadores, que vieron la oportunidad de posicionar, tras la bandera anticorrupción, a un personaje como Jimmy Morales”, explica Rosal.
Entre las medidas que exigían los manifestantes y que alarmaron a la derecha empresarial estaba el llamado a postergar las elecciones hasta convocar a una asamblea que rehiciera la Constitución y asegurara que las elecciones se llevaran a cabo con nuevas reglas, un control más estricto sobre el financiamiento de las campañas y sanciones a las campañas anticipadas, el nepotismo y el transfuguismo (la práctica de los diputados y alcaldes de saltar de una agrupación política a otra).
Mientras Morales, con una modesta campaña de 234 mil dólares y un buen manejo de las redes sociales, logró venderse como el outsider, Torres, su rival, tenía una maquinaria partidista y propuestas programáticas mucho más sólidas, pero fue vista por una mayoría de votantes como la personificación de “la vieja política” que el movimiento #RenunciaYa buscaba desterrar.
Torres, exesposa del expresidente Álvaro Colom (antecesor de Pérez Molina), encabezó el Consejo de Cohesión Social que dirigía los programas sociales de su exmarido, entre ellos el de transferencias condicionadas Mi Familia Progresa, con lo cual logró impulsar su carrera política.
Pero el hecho de que dos fundadores de la UNE –Gustavo Alejos, exsecretario privado de Colom, y Gloria Torres, hermana de la exprimera dama– estuvieran mencionados en un informe sobre financiamiento político publicado en abril por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), como “recaudadores de financiamiento ilícito” de ese partido, fue una sombra que pesó sobre la candidatura de Sandra Torres.
La CICIG, organismo creado por la ONU para investigar y perseguir estructuras criminales enquistadas en el Estado, llevó a cabo la investigación sobre el Caso La Línea, en el cual se vieron implicados Pérez Molina, Baldetti y una veintena de funcionarios de su administración.
Actualmente Alejos tiene orden de arraigo y captura. La CICIG lo acusa de pertenecer a la red Negociantes de Salud, integrada por proveedores de medicamentos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que supuestamente pagaron sobornos a funcionarios a cambio de contratos. En una entrevista con la revista Contrapoder el pasado marzo, Alejos admitió ser uno de los financistas de la campaña de Torres.
Otro factor que pesó contra la exprimera dama fue el arraigado machismo de una buena parte del electorado. Durante la campaña presidencial anterior, en 2011, Torres se divorció de Colom para evadir la prohibición constitucional que impide que los familiares cercanos de un mandatario se postulen para la Presidencia en el siguiente periodo, lo cual llevó a sus detractores a caricaturizarla como una mujer implacable que “destrozó su hogar” para satisfacer su ambición política.
Sin definición
Una de las principales críticas al proyecto político de Morales es la ausencia de un plan de gobierno definido. En entrevistas con la prensa, Morales se ha descrito como un “nacionalista cristiano” y ha adoptado posturas conservadoras, manifestándose por la pena de muerte y contra el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Incluso después de su arrasadora victoria en la segunda vuelta electoral, sus propuestas concretas son una incógnita, por lo cual sus detractores lo han tildado de improvisado. Un escueto texto de 600 palabras en la página web de su partido, el Frente de Convergencia Nacional (FCN), pretende resumir los principios de la agrupación: “Implementaremos y apoyaremos acciones que nos lleven a erradicar del país toda forma de flagelo contra la sociedad”, reza vagamente uno de sus incisos.
“En ningún momento se observó un programa de gobierno coherente”, afirma Anabella Rivera, analista política del observatorio electoral Demos.
Entre las propuestas más descabelladas que hizo durante la campaña dijo que obligaría a todos los maestros a portar un dispositivo GPS que permita verificar que estén dando clases, darles a todos los niños guatemaltecos un teléfono inteligente (en el país que ocupa el quinto lugar mundial en casos de desnutrición crónica infantil) y recuperar el territorio beliceño (desde hace décadas existe una disputa limítrofe entre Guatemala y Belice; el primero reclama parte del territorio del segundo).
Habló también de promover reformas a la Ley de Minería y de establecer regalías “justas”, sin establecer porcentajes.
En una entrevista con un panel de seis periodistas en Canal Antigua se evidenció su falta de conocimiento sobre temas básicos. Se equivocó al responder que en Guatemala existe una academia de formación policial en vez de tres.
En cuanto a sus propuestas económicas, también ha dejado más incógnitas que respuestas. Semanas antes de la segunda vuelta electoral, el semanario Contrapoder publicó los principales lineamientos de Morales, basándose en una entrevista con José Ramón Lam Ortiz, uno de sus principales asesores en la materia, quien aseguró que el gobierno del comediante limitaría los beneficios de los programas sociales a las personas que viven en pobreza extrema, suprimiría el reparto de fertilizantes para los pequeños productores y que los programas sociales serían reformados “para evitar que sean clientelares”.
Torres llevó un ejemplar de la revista a un debate televisivo el 19 de octubre, seis días antes de la segunda vuelta electoral, y acusó a Morales de querer suprimir programas sociales necesarios para reducir la pobreza y la desigualdad en el país.
Morales, caracterizado por el diario estadunidense The Washington Post como “el Donald Trump de Guatemala”, respondió iracundo, arrebatándole de las manos la revista a Torres y desvinculándose de las declaraciones de Lam.
“Quiero aclarar que esta revista ha publicado cosas que yo no he dicho (…) Ella ha estado utilizando esas citas para poder desprestigiarme en todo el país”, dijo Morales. El incidente le valió fuertes críticas en las redes sociales.
Nunca presentó ninguna propuesta sobre cómo subsanar el déficit presupuestario que su gobierno heredará de la administración de Pérez Molina. Paradójicamente, el 7 de octubre, Jorge Briz, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, aseguró que Jimmy Morales tenía “soluciones concretas a problemas puntuales”, dejando entrever la preferencia del sector empresarial por el excomediante.
La expectativa más grande que ha generado es la del outsider impoluto que llegará a barrer con la corrupción y el clientelismo de sus antecesores. “La mayor garantía de transparencia para mi gobierno es mi mamá, porque ella no educó ladrones”, declaró el 29 de septiembre en una reunión con integrantes de la Cámara de Industria, una frase que se viralizó en las redes sociales con el hashtag #LaGarantíaEsMiMamá y que le valió tanto aplausos como burlas.
Sin embargo, salvo la propuesta de instalar cámaras de seguridad en todas las oficinas públicas para evitar el robo y la promesa poco concreta de aplicar mecanismos que permitan a la ciudadanía fiscalizar el uso de los recursos públicos, tampoco queda claro en qué consiste su oferta de transparencia.
Incluso antes de asumir la Presidencia ya pesan dudas sobre su promesa de rectitud y transparencia, pues algunos de los integrantes de su equipo son contratistas del Estado, lo cual supone un evidente conflicto de interés.
Otros, como Jorge Luis Donado Vivar, mencionado como un posible ministro de Gobernación, han sido objeto de señalamientos. Entre los clientes de este abogado figuran los integrantes de varias familias vinculadas con el narcotráfico y en 2014, cuando se postuló para el cargo de fiscal general, fue eliminado de la lista de aspirantes luego de que se evidenciara que había plagiado su plan de trabajo.
Los detractores de Morales también se preguntan en qué medida el FCN no constituye una nueva alianza militar-empresarial, un reciclaje del Partido Patriota (PP) que se colapsó con Pérez Molina.
Cinco días antes de la segunda vuelta electoral trascendió que un vehículo oficial fue utilizado para transportar material propagandístico del FCN a un mitin en el municipio de Santa María Visitación, Sololá, cuyo alcalde pertenece al PP; también se supo que uno de los principales asesores de campaña de Morales fue el diputado y empresario Emmanuel Seidner, quien dirigió la elaboración del plan de gobierno de Pérez Molina.
“Esa máscara (la transparencia) la tiene puesta con un hilo muy delgado. Varias personas cercanas a él tienen cuestionamientos y en cualquier momento le pueden zafar la alfombra”, afirma Rosal.
