El homicidio de Álvaro Gómez Hurtado, líder conservador colombiano, se cometió el 2 de noviembre de 1995; es decir que este lunes cumple su plazo de prescripción sin que los responsables fueran juzgados. Las autoridades judiciales no han querido convertir el crimen en un delito de lesa humanidad, lo que permitiría continuar con la investigación sobre el caso. El expresidente Ernesto Samper, actual secretario general de la Unasur, podrá respirar tranquilo… él fue señalado como autor intelectual de aquel crimen.
BOGOTÁ.- Hace tres meses el abogado Enrique Gómez Martínez, sobrino del asesinado líder conservador colombiano Álvaro Gómez Hurtado, flexibilizó su esquema de seguridad. Lo hizo cuando supo que su colega Ignacio Londoño había sido asesinado por un sicario en el occidental municipio colombiano de Cartago, cuna del desarticulado Cártel del Norte del Valle.
Londoño Zavala, conocido como Nacho, El Gordo o El Abogado de la Mafia, nunca amenazó de muerte a Gómez Martínez, pero éste sabía que lo quería matar. Por ello todos los días salía de su casa con una escolta que aún mantiene, aunque más reducida, por lo que se pudiera ofrecer.
Y es que Gómez Martínez tiene razones para sentir su vida amenazada. Durante los últimos ocho años ha desarrollado una minuciosa investigación sobre el homicidio de su tío, ocurrido el 2 de noviembre de 1995, y está convencido de que sus hallazgos lo han llevado a toparse con el sórdido mundo de las complicidades entre la mafia del narcotráfico y la política.
Y en ese mundo, asegura Gómez Martínez, “Nacho Londoño era una pieza clave porque era el nexo entre mafia y política”.
Pero el abogado y representante de la familia Gómez en la causa penal por el magnicidio está convencido de que después de la muerte de Londoño “ya no existe ninguna posibilidad de que alguien sea condenado” por este caso.
De hecho, Gómez Martínez sostiene que este lunes 2 la causa prescribirá pues cumple 20 años. Esto, pese a que la semana anterior el fiscal general de Colombia, Eduardo Montealegre, anunció que el plazo de prescripción se ampliará hasta el 2 de marzo de 2022 porque existen funcionarios públicos y militares que podrían resultar procesados.
“Esto es una cortina de humo. La ley es clara y dice que un caso penal prescribe a los 20 años. Cualquier ampliación de término será insostenible en la Corte Constitucional. Lo único viable es que este asesinato sea declarado crimen de lesa humanidad, para que no prescriba, pero tres veces hemos solicitado esto a la fiscalía y tres veces nos lo ha negado”, señala el abogado.
La misma petición ha sido formulada por los expresidentes Belisario Betancur, César Gaviria, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, así como por congresistas de diversos partidos políticos, pero la fiscalía aduce que el homicidio no es parte de un comportamiento delictivo sistemático ni de afectación masiva.
Sin embargo, la misma fiscalía ha declarado crímenes de lesa humanidad otros magnicidios, como los de los dirigentes políticos Rodrigo Lara Bonilla (1984), Jaime Pardo Leal (1987), Luis Carlos Galán (1989) y Carlos Pizarro (1990).
“Aunque nunca nadie va a ser condenado por este crimen, a nosotros nos interesa la verdad. Tenemos derecho legítimamente a ella, y la verdad se alcanza conociendo en un juicio las pruebas nuestras”, dice Gómez Martínez.
El abogado presentó en abril del año pasado una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que el homicidio de su tío sea declarado crimen de lesa humanidad y garantizar, así, su imprescriptibilidad, y para que la justicia colombiana agote la investigación. La solicitud está en la lista de casos por evaluar por esa institución.
El eslabón perdido
Para Gómez Martínez, la manera en que la justicia colombiana manejó el caso de Londoño es una muestra de los “deliberados desaciertos” de la investigación.
De hecho, hasta poco antes de ser asesinado, el pasado 20 de julio, Londoño se dedicaba a promover acuerdos de sometimiento a la justicia entre narcotraficantes y las autoridades judiciales de Colombia y Estados Unidos, pese al cúmulo de testimonios en su contra.
El 1 de diciembre de 2008 el narcotraficante Joaquín Emilio Vélez, El Zarco, grabó un audio en el que acusó a Londoño de encargarle varios asesinatos y de mandarlo a matar por no cumplir uno de ellos y porque “sabía demasiado”. Seis meses después, el delincuente fue ejecutado a balazos junto con su hija y un primo.
El narcotraficante Hernando Gómez Bustamante, Rasguño, uno de los jefes del Cártel del Norte del Valle, dijo en una declaración judicial en Estados Unidos en 2010 que Londoño fue el operador del asesinato de Gómez Hurtado.
De acuerdo con la declaración de Rasguño, detenido en Cuba en 2004 con un pasaporte mexicano y que tres años después fue extraditado de Colombia a Estados Unidos, Londoño acudió en 1995 con dos de los jefes del Cártel del Norte del Valle Orlando Henao, El Hombre del Overol, y Efraín Hernández, Don Efra, para decirles que el entonces presidente colombiano Ernesto Samper y su ministro del Interior, Horacio Serpa, “mandan la razón (…) de que hagamos lo que sea para parar a Álvaro Gómez”.
Según Rasguño, eso se lo contó Henao meses después del homicidio de Gómez Hurtado, cuando le aseguró: “Nosotros vimos que la única forma de acallarlo era matarlo, y tomamos la decisión de matarlo”.
Luego de ese testimonio, rendido ante un fiscal colombiano en Washington, Gómez Martínez pidió a la fiscalía vincular a Londoño a la causa del homicidio de Álvaro Gómez Hurtado, lo cual nunca ocurrió.
El fiscal Montealegre aseguró en una visita a Washington la semana anterior (del 26 al 29 de octubre) que la institución a su cargo “había avanzado mucho frente a la participación que se le atribuía a Ignacio Londoño (en el asesinato de Gómez Hurtado) pero no había encontrado hasta el momento de su muerte indicios o evidencias de una participación activa por acción o por omisión o como favorecedor”.
El fiscal expuso, además, que existen “evidencias supremamente claras” de que el asesinato de Londoño no está relacionado con la investigación del homicidio de Gómez.
Otros asesinatos que pudieran estar relacionados con el magnicidio del líder conservador –pero que las autoridades no han vinculado– son los del exministro Fernando Landazábal, el 12 de mayo de 1998; el de Diego Buitrago Gómez, sobrino de Rasguño, el 7 de enero de 2010; el del exviceministro Romel Hurtado, el 15 julio del 2010; y el de Ángela Villalobos, hija del narcotraficante Víctor Patiño Fómeque, el 10 de diciembre de 2012.
El entorno
El asesinato de Gómez Hurtado se produjo en un momento de extrema agitación política en Colombia. El gobierno de Samper (1994-1998) enfrentaba un escándalo monumental por la revelación de que su campaña electoral había sido financiada por el Cártel de Cali, de los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela.
La fiscalía abrió en 1995 una investigación –conocida como el Proceso 8000– contra el presidente y sus principales colaboradores, entre ellos los ministros Horacio Serpa (del Interior) y Fernando Botero (de Defensa), quienes habían jugado un papel protagónico en la campaña electoral de 1994, así como contra el tesorero de la misma campaña, Santiago Medina.
En julio de 1995 Medina declaró en la fiscalía que sí había ingresado dinero del narcotráfico a la campaña de Samper, ante lo cual el mandatario respondió que si eso ocurrió fue a sus espaldas. Los rumores sobre la inminencia de un golpe de Estado eran la tónica de esos días.
Gómez Hurtado, un abogado, exsenador, exministro, tres veces candidato presidencial y propietario del diario El Nuevo Siglo y el noticiario televisivo 24 Horas, pidió, desde sus tribunas periodísticas, la renuncia de Serpa, Botero y Samper.
También criticó los acuerdos de sometimiento a la justicia, a medidos de 1995, de los narcotraficantes del Cártel del Norte del Valle Víctor Patiño Fómeque y Henry Loaiza, El Alacrán, quienes fueron representados por el abogado Nacho Londoño.
Gómez Hurtado, considerado artífice de la Constitución de 1991 junto al liberal Horacio Serpa y al exguerrillero del M-19 Antonio Navarro Wolff, fue asesinado en Bogotá el 2 de noviembre de 1995 por un grupo de sicarios, junto con su chofer, José Huertas, cuando salía de dar clases en la Universidad Sergio Arboleda, de la cual fue fundador.
Tres días antes había escrito en su periódico que Colombia padecía un régimen “ilegítimo” que había llegado al poder mediante una elección “comprada por las millonadas de recursos ilícitos”. Por eso, señaló, “el único propósito político válido es tumbarlo”.
Cuando ocurrió el crimen, Fernando Botero, exjefe de la campaña de Samper, ya había renunciado al Ministerio de Defensa y estaba detenido en la Escuela de Caballería bajo cargos de enriquecimiento ilícito en favor de terceros.
El exministro, quien luego de cumplir una pena de 30 meses de prisión se fue a radicar a México, país en el que nació en 1956, ha señalado que el homicidio de Gómez Hurtado fue un crimen de Estado.
En dos declaraciones ante jueces colombianos rendidas en México en 2007 y 2009, Botero señaló que en 1995 “se tenía la apreciación, a nivel del alto gobierno, que el incendio del Proceso 8000 sólo podía ser apagado con uno más grande que le chupara el oxígeno”, y había “el convencimiento de que la mayor amenaza para la supervivencia del gobierno y su integridad, estaba representada por el doctor Gómez”, sobre quien los servicios de inteligencia del Estado mantenían una “vigilancia minuciosa”.
Según el hijo del pintor Fernando Botero, el entonces presidente Samper “leía sus editoriales a diario”.
Versiones contrastantes
Para Gómez Martínez, la justicia colombiana dejará prescribir la causa en forma deliberada y sin llegar a ningún resultado, a menos que la CIDH admita el caso.
–¿Por qué cree que se dejará prescribir la causa? –se le pregunta.
–Porque los victimarios están en el poder.
–¿Quiénes son los victimarios?
–Horacio Serpa y Ernesto Samper. Lo mandaron a matar. Seguro.
–¿Con qué finalidad?
–La finalidad táctica fue porque con Álvaro Gómez vivo, los parlamentarios conservadores no hubieran votado por la absolución de Samper en el Proceso 8000, por la entrada de dinero del narcotráfico a su campaña (el entonces presidente fue absuelto de cargos por la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes en julio de 1996); y en lo estratégico, el gobierno eliminó al líder de la oposición y mandó un mensaje de intimidación a sus contradictores.
–¿Por qué creer en testimonios de criminales, como Rasguño, cuando la misma derecha colombiana los descredita cuando involucran a sus allegados?
–Es que el móvil de Rasguño era colaborar con la justicia para que no lo condenaran a cadena perpetua, porque ya había matado a demasiada gente y la juez de su caso estaba reacia a un acuerdo como el que le dieron a todos los demás (narcotraficantes y paramilitares colombianos extraditados a Estados Unidos).
Gómez Martínez sostiene que ha empleado ocho años en verificar si lo que dicen estos testigos es cierto o no “y por eso creo en esos testimonios”.
Señala que la versión de Rasguño ha sido ratificada por otros narcotraficantes y paramilitares, como Éver Veloza, el HH; Fredy Rendón, El Alemán; y Diego Montoya, Don Diego.
Según estas versiones, el operador del magnicidio fue el entonces mayor de la Policía Nacional, Danilo González, un oficial que en esos días era muy cercano al hoy general retirado Óscar Naranjo y quien trabajaba para el Cártel del Norte del Valle. Murió asesinado en 2004.
Serpa, actual senador y figura prominente del Partido Liberal, sostiene que los señalamientos en su contra por el asesinato de Gómez Hurtado provienen “de un bandido (Rasguño, condenado a 30 años de cárcel en Estados Unidos), que es uno de los criminales más avezados y crueles que ha tenido Colombia”.
Dice que los familiares de Gómez Hurtado “se han pegado de eso porque tienen intereses económicos en que haya una declaratoria de crimen de Estado para recibir una indemnización”.
El exministro, exconstituyente y excandidato presidencial del Partido Liberal, dice que ”deben investigarse hasta los últimos aspectos de todas las versiones que hay sobre ese crimen abominable del doctor Gómez Hurtado, en el cual yo no tengo la más mínima responsabilidad. Esto es una infamia muy grande”.
Sostiene: “A mí Rasguño ni siquiera me acusa de algo concreto: él dice que oyó de una persona que ya está muerta (el paramilitar Carlos Castaño), que dijo delante de otras personas que están muertas (Henao y Don Efra) que yo le había comentado a una persona que está muerta (Londoño) que hiciera diligencias ante un cártel del narcotráfico para que el doctor Álvaro Gómez Hurtado no le hiciera oposición al gobierno del doctor Samper. Eso es todo. Por eso mi solicitud es que se hagan todas las investigaciones que el asunto requiere y que haya la mayor claridad.
“Y con la misma fuerza y con el mismo vigor rechazo las acusaciones contra Samper”, asegura.
Samper, en la actualidad secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, hizo saber a Proceso, por conducto de su jefa de prensa, Ana María Serrano, que el caso está en manos de la justicia de Colombia y que “no se va a pronunciar al respecto”. l
