El comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, Jaime Martínez Veloz, revela en entrevista con Proceso que el año pasado el gobierno se disponía a encauzar el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, pero el caso Ayotzinapa “modificó los planes”. Advierte: “Si logramos construir un acuerdo que beneficie a los pueblos y reivindique el proceso de San Andrés, vamos a abrir una puerta a la reconciliación social”.
A unos meses de que se cumplan 20 años de la firma de los Acuerdos de San Andrés entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que Ernesto Zedillo desconoció, existen condiciones políticas y el compromiso expreso del presidente Enrique Peña Nieto para honrar ese pacto con los pueblos indígenas, que sufren la misma miseria que provocó la rebelión armada.
Al hacer este diagnóstico, el comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, Jaime Martínez Veloz, revela que el año pasado el gobierno había encauzado el proceso de cumplimiento de esos acuerdos, pero la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa modificó los planes y ahora se pretende su relanzamiento.
“Va a estar difícil”, le advirtió el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, al comisionado, pero el compromiso del gobierno de cumplir con los Acuerdos de San Andrés se expresó, primero, en el Programa Sectorial 2013-2018 de esa dependencia, que prevé “impulsar la armonización del marco legal con los tratados nacionales e internacionales en materia indígena”.
Y luego, el 22 de septiembre de 2014, Peña Nieto prometió, ante la Asamblea General de la ONU, armonizar las leyes nacionales “siguiendo el espíritu de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en consulta con los pueblos indígenas, pueda monitorear, evaluar y mejorar la aplicación de esta declaración en cada Estado miembro”.
Martínez Veloz, quien como presidente de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) firmó también los Acuerdos de San Andrés, el 16 de febrero de 1996, afirma que el programa sectorial de la Segob y el discurso de Peña ante la ONU son “la fuente fundamental” para la elaboración del anteproyecto de reforma constitucional que honre ese pacto.
“Son compromisos públicos y son compromisos institucionales”, puntualiza el comisionado del gobierno, quien asegura que los integrantes de la Cocopa, que atestiguaron la firma de los Acuerdos de San Andrés, se han reunido dos veces este año para respaldar el anteproyecto que –dice– “rescata los contenidos de los Acuerdos de San Andrés, la iniciativa elaborada de la Cocopa, e incorpora los conceptos del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo y de la ONU”.
A excepción de Luis H. Álvarez, quien no asistió por enfermedad, los panistas Rodolfo Elizondo y Benigno Aladro, el perredista José Narro, los priistas Marco Antonio Michel y Oscar López Velarde, así como el secretario de Gobierno de Chiapas, Juan Carlos Gómez Aranda, han discutido estrategias para que por fin se cumplan los Acuerdos de San Andrés.
–¿Realmente el año pasado se perfilaba esa armonización legislativa?
–La declaración del presidente en las Naciones Unidas es una expresión que, desde nuestro punto de vista, nos abría el panorama para impulsar una iniciativa de esta naturaleza. El titular del Ejecutivo estableció en el máximo órgano internacional un compromiso de esta envergadura. Desgraciadamente, cuatro días después se dan los hechos de Iguala.
Y subraya: “El compromiso que establece el presidente en la ONU ya no es un acuerdo en lo oscurito, tras bambalinas, es una definición amplia. Naturalmente, si no hubiera cumplimiento de estos compromisos, todos los que estamos en el gobierno, incluyéndome, estaríamos retando a la historia: todos nos van a criticar y a evidenciar”.
Pero además de la voluntad del gobierno, aclara, la reforma requiere respaldo social. “Hay que decirlo con toda claridad: esto va a depender de la capacidad que tengamos para construir, a lo largo y a lo ancho del país, una correlación de fuerzas favorables a este proyecto”.
De enviarse la iniciativa al Congreso, quien la dictaminaría en la Cámara de Diputados sería la presidenta de la Comisión de Gobernación, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, hermana de Sebastián, identificado por el gobierno como el Subcomandante Marcos.
La traición zedillista y panista
Y es que Martínez Veloz prevé la oposición de los mismos actores políticos que, hace dos décadas, rechazaron la autonomía indígena con el argumento de que atentaría contra la unidad nacional y habría una balcanización, como alegó el entonces presidente Zedillo para incumplir los acuerdos firmados por su secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet.
“Zedillo nos planteaba que la iniciativa iba a balcanizar el país, a fragmentar la unidad nacional, y después aparece como empleado de una empresa de ferrocarriles que él privatizó, inaugurando un esquema que ha sido dañino para el país y que le quita legitimidad a muchas reformas que, siendo necesarias, la gente las ve con reserva porque quienes las han promovido, en muchos casos, pasan a formar parte de las empresas que fueron beneficiarias.”
La cúpula del PAN también se opuso hace dos décadas a la autonomía de los pueblos indígenas, con el litigante Diego Fernández de Cevallos al frente, y luego los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón rechazaron cualquier reconocimiento.
–¿Prevé que los panistas se vuelvan a oponer ahora?
–Claro. Nada más que hoy ya tenemos hechos reales que demuestran cuáles eran los propósitos escondidos de aquella oposición. Los que decían que la iniciativa iba a fragmentar la unidad nacional son los que entregaron, de forma irresponsable, millones de hectáreas a empresas mineras.
Basado en cifras oficiales, Martínez Veloz informa que en el territorio nacional hay 36 millones de hectáreas concesionadas a empresas mineras, nacionales y extranjeras, 32 millones de las cuales las entregaron los dos gobiernos del PAN: Fox, 8 millones; Calderón, 24 millones.
La superficie concesionada a las mineras es casi del tamaño del estado de Puebla, cuyo territorio mide 34 mil kilómetros cuadrados, equivalente a 34 millones de hectáreas.
“¿Y qué ha pasado? Se ha generado un volumen económico muy alto. ¿Esa riqueza que ha sido explotada tiene repercusiones en la elevación de los niveles de las comunidades? Ya vimos que no. Las comunidades han sido destruidas, su participación es muy marginal y en muchos casos los patrones de negociación se establecen a partir de cooptación de dirigentes y, cuando no pueden ser cooptados, les fincan cargos y en algunos casos los asesinan”, dice el comisionado.
No sólo eso: Calderón promulgó en 2007 un convenio entre México y Canadá para evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal de las empresas mineras de ese país –que tiene el mayor número de concesionarias–, totalmente favorable a ellas.
“Se llevan el oro y los impuestos los pagan allá, como si nos sobraran recursos”, subraya Martínez Veloz, y dice que la Auditoría Superior de la Federación acreditó que, entre 2007 y 2012, el valor de producción minera fue de 639 mil millones de pesos, pero sólo ingresaron a las arcas nacionales 15 mil millones, equivalente al 2.2% del valor total.
Esto, comenta, es traición a la patria: “Calderón entrega territorio a los extranjeros y firma un convenio para que los impuestos los paguen en su país de origen. ¿Y qué se queda aquí? La contaminación y el deterioro del tejido social. Porque a la par de esa entrega desmedida de tierras, se fortalecen las organizaciones criminales. Hay declaraciones de gerentes de las empresas que dicen que ellos se entienden bien con el crimen organizado”.
En efecto, el presidente y director de McEwen Mining Inc., empresa canadiense con sede en Toronto, Rob McEwen, admitió en entrevista periodística, en abril pasado, que tiene una “buena relación” con los cárteles de la droga en Sinaloa.
De Fernández de Cevallos, Martínez Veloz asegura que ha sido abogado de algunas de las empresas mineras: “Ahora sabemos que sus opiniones jurídicas escondían un interés: son sus clientes”.
Creció la desigualdad
Actualmente, expone el comisionado, la minería en México está en manos de tres familias cuya fortuna se ha disparado en dos décadas: Carlos Slim Helú, de Grupo Frisco, pasó de 6 mil 100 millones de dólares en 1996 a 73 mil 800 el año pasado, mientras que la de Germán Larrea Mota Velasco, de Grupo México, pasó de mil 100 en el año 2000 a 13 mil 900 millones de dólares en 2014.
Lo mismo ocurre con la familia de Alberto Bailleres González y su Grupo Ball –a quien el PRI quiere entregar la medalla Belisario Domínguez–, cuya fortuna era de mil 200 millones de dólares en 2000 y se disparó a 10 mil 800 millones en 2014.
Así, mientras en los más recientes 20 años el salario mínimo real tuvo un decremento de 27%, las fortunas de las nueves familias más ricas del país han crecido casi 10 veces, al pasar de un total de 13 mil 300 millones de dólares en 1996 a 131 mil 700 millones en 2014. “Ningún país aguanta una situación de esta naturaleza”, subraya Martínez Veloz.
Expone que, mientras hubo “toda una estrategia para fortalecer a grupos económicos nacionales y extranjeros”, no se construyeron mecanismos para hacer justicia a la población indígena, que en los hechos padece las condiciones que motivaron el alzamiento armado.
“En 1994 el EZLN se levantó en armas enarbolando las causas que hoy documenta el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Pública de Desarrollo Social (Coneval)”, indica, y admite que se han hecho esfuerzos, pero en términos reales la pobreza sigue siendo tan vigente como ese año.
Más aún, entre 2012 y 2014 se amplió la brecha de la pobreza y pobreza extrema: la población indígena en pobreza pasó de 72.3% a 73.2%, o sea 8.7 millones de personas, medio millón más que en 2012. Y en pobreza extrema el índice pasó de 30.6% a 31.8%, es decir, 3.8 millones de indígenas: 300 mil más que en 2012.
Esto pese a que, en el periodo 2002-2014, se gastaron 630 mil millones de pesos para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas, el equivalente a transferirle 57 mil pesos a cada uno de los 11.13 millones de indígenas que había en México en 2010.
Resume: “Entonces tenemos que entender que el problema no es solamente de inversión, sino la construcción de una estrategia que permita a los pueblos indígenas tener los derechos que hasta ahora les han sido escamoteados dentro de la Constitución y eso les permita establecer una reacción de diferente tipo con el Estado y con los diferentes actores sociales”.
–¿Confía en que, tras 20 años, pueda darse esto?
–Es un momento de definición política para el país y para todos los actores. Si como país no tenemos capacidad, disposición y voluntad para honrar lo que se firmó hace 20 años en San Andrés Larráinzar, entonces la complejidad que hoy enfrentamos se va a dimensionar a otros niveles.
“Creo que es un momento crucial para el país. Si logramos construir un acuerdo que beneficie a los pueblos y reivindique el proceso de San Andrés, vamos a abrir una puerta para impulsar múltiples mecanismos de reconciliación social. Si se impone la otra línea, la que esconde su negativa con la descalificación y que ha fortalecido a un núcleo muy pequeño de familias, este país va a tener grandes dificultades en el futuro.”
