La bancada priista maniobró para frenar la Comisión Especial de Ayotzinapa, que preside la diputada panista María Guadalupe Murguía Gutiérrez en San Lázaro. Durante su primer mes de trabajos, sus integrantes tuvieron encuentros informales con diversos funcionarios y recabaron información sustantiva que puso en aprietos al gobierno federal y al Ejército. Eso los animó a solicitar autorización para que las siguientes reuniones fueran comparecencias en forma… Pero intervino el priista César Camacho y vino el cerrojazo.
Inesperados e incómodos, los primeros resultados de la Comisión Especial de Ayotzinapa pusieron en evidencia, por vez primera, la posible inacción y responsabilidad de las autoridades federales durante el ataque, muerte y desaparición de los 43 normalistas la noche del 26 de septiembre de 2014.
Y ahora, de manera coincidente, se pretende “limitar” el trabajo de los integrantes de esa instancia legislativa, encabezada por la diputada panista María Guadalupe Murguía Gutiérrez, impidiéndole “llamar a comparecer” a funcionarios de alto rango presuntamente implicados en el caso.
En su primer mes de actividades, la comisión logró encuentros “informales” con los secretarios de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos; de la Marina, almirante Vidal Francisco Soberón Sanz; de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; con el exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero, y con el exfiscal de esa entidad, Iñaky Blanco.
De esas reuniones surgieron revelaciones sustantivas: Osorio Chong y el director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Eugenio Ímaz Gispert, por ejemplo, admitieron que se enteraron “en tiempo real” del ataque a los normalistas.
Aguirre Rivero, por su parte, reveló incluso que el 26 se septiembre de 2014 pidió apoyo a la Zona Regional Militar, mientras Blanco acudió al 27 Batallón de Infantería y a la Policía Federal. Ninguna de las dos peticiones fue atendida, según expusieron.
Luego de esos encuentros, el 21 de octubre, la Secretaría de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Diputados envió un oficio a Murguía Gutiérrez para notificarle que “no posee facultades de control evaluatorio”; es decir, que no cuenta con atribuciones para llamar a comparecer a ningún funcionario.
La diputada Araceli Damián González, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) e integrante de ese órgano legislativo, externa su preocupación por el cerrojazo:
“Quienes consideren que la comisión está siendo incómoda o que haya información que no sea conveniente dar a conocer por estar protegiendo a algunos de los posibles involucrados, o que hayan incurrido en omisiones en su actuar, ahora tienen la posibilidad de negarnos la información.”
Bloqueo priista
Desde su creación, el 15 de septiembre último, la segunda comisión especial –la primera se creó en la pasada Legislatura federal– también provocó malestar entre los priistas: el 29 de septiembre, la víspera de su primera reunión formal, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el priista César Camacho Quiroz, bloqueó la reunión.
“Por reglamento”, les dijo, ninguna comisión puede sesionar cuando hay reunión del pleno de San Lázaro. Y aunque el artículo 212 del Reglamento de la Cámara de Diputados establece lo anterior, aclara que sí puede hacerlo de manera extraordinaria y con el permiso de la Jucopo; la diputada Murguía Gutiérrez informó que cuando solicitó el permiso, le fue negado.
La sesión se pospuso para el 2 de octubre, que finalmente resultó fructífera. Ese día los integrantes de la Comisión Especial de Ayotzinapa dialogaron con la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez. Tres días después lo hicieron con el general Cienfuegos.
Los diputados aprovecharon las dos oportunidades para increpar a sus invitados por la inacción del gobierno durante la agresión a los normalistas de Ayotzinapa; también les dijeron que desde hace años las dependencias que encabezan sabían que el crimen organizado se había infiltrado en los cuerpos policiacos de algunos municipios de Guerrero y existía la presunción de que algunos alcaldes estaban coludidos.
Tras las revelaciones obtenidas en los encuentros informales, en los cuales no se grabaron los diálogos, no hubo fotos ni periodistas ni asesores legislativos, Munguía y sus compañeros convinieron en que los encuentros futuros fueran comparecencias, con todo lo que éstas implican; es decir, que los invitados declararan bajo protesta de decir la verdad.
Morena reclamó que los encuentros con altos funcionarios fueran siempre “reuniones de trabajo” y no de “comparecencia”, toda vez que este último carácter les da soporte legal a sus dichos y les confiere mayor fuerza.
Roberto Guzmán Jacobo, de Morena, cuestionó la manera en que se efectuaron las reuniones con la PGR y la Sedena, pues, dijo, carecieron de propósitos claros: parecían entrevistas deshilvanadas; parecía que la funcionalidad política era salir del paso y dar por hecho que hubo una cooperación entre las autoridades federales y los integrantes de la comisión especial, indicó.
Exigió que los encuentros se realicen en San Lázaro, por respeto al Poder Legislativo, y resaltó que la comisión sí está facultada para “solicitar comparecencias de funcionarios, según se desprende del artículo 198 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Su colega perredista Cristina Gaytán Hernández denunció que los encuentros fueron a modo: “Lo quiero dejar claro: hubo un maltrato, una falta de atención a la representación popular que nosotros tenemos. Se nos retiraron los teléfonos, se nos impidió tomar fotografías, y también la entrada a los asesores”.
Alarmado por las inconformidades, el priista Manuel Silva Tejada propuso que la Jucopo dirimiera el caso. El presidente de esta instancia, Camacho Quiroz, recurrió a la Secretaría de Servicios Parlamentarios para que fuera esa instancia y no el área Jurídica de San Lázaro la que determinara si la comisión podía o no llamar a comparecer.
Mientras llegaba la respuesta, la Comisión Especial de Ayotzinapa siguió sus encuentros con diversos funcionarios. El 14 de octubre acudieron a San Lázaro el exgobernador Aguirre y el exfiscal de Guerrero. Ambos comentaron que pidieron apoyo al Ejército y a los elementos de la Policía Federal, sin que sus solicitudes fueran atendidas.
Dos días después, el almirante Soberón Sanz les dijo que, el mismo día que la PGR atrajo el caso de los normalistas desaparecidos, él pidió la participación de buzos de la Marina. Un día después encontraron la bolsa con los supuestos restos calcinados de los jóvenes en el río Cocula. Sin embargo, aclaró que sus subordinados la entregaron a miembros de la Sedena y a peritos de la PGR.
El día 20, Osorio Chong tuvo un encuentro con los legisladores de la comisión. Dijo que él e Ímaz Gispert se enteraron de la agresión a los normalistas “en tiempo real”.
Al siguiente día, el 21 de octubre, la Secretaría de Servicios Parlamentarios decidió que la Comisión Especial de Ayotzinapa no puede llamar a comparecer a funcionarios.
La mano negra de la Jucopo
Cuando la Jucopo pide una opinión para dirimir controversias sobre facultades o alcances de ciertos órganos parlamentarios, por lo general recurre al área jurídica de San Lázaro, que en esta LXIII Legislatura está en manos del PAN.
Pero esta vez su presidente, el priista Camacho Quiroz, solicitó la opinión a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, instancia que también está facultada para emitir opinión respecto a las comisiones y está encabezada por Juan Carlos Delgadillo Salas, “un priista embozado”, dicen quienes lo conocen.
Cuando el priista Emilio Gamboa Patrón encabezó la Jucopo, Delgadillo Salas era su secretario técnico; cuando se fue al Senado, Delgadillo lo siguió. Luego, éste regresó a San Lázaro, esta vez como asesor de la fracción del PRI, que encabezó Manlio Fabio Beltrones Rivera en la LXII Legislatura. Ahora, Delgadillo es el titular de la Secretaría de Servicios Parlamentarios, considerada como “el centro de espionaje” de San Lázaro.
Delgadillo realizó un “sesudo” análisis de la petición de Camacho Quiroz. Consultó el Diccionario de la Real Academia para conocer la etimología de la palabra “comisión” y concluyó que el caso de la instancia que preside la panista Murguía Gutiérrez se trata de una simple comisión ordinaria; por lo tanto, no está facultada para llamar a comparecer a funcionario alguno.
Ricardo Mejía Berdeja, integrante de la primera Comisión Especial de Ayotzinapa y actual presidente de una comisión espejo en el Congreso de Guerrero, lamenta “la opinión solicitada” a Servicios Parlamentarios:
“A nosotros nunca se nos limitó, ni menos aún se nos exigió una secrecía más allá de la averiguación previa, pues lo que gravitaba en ese tiempo es que se trató de un evento local. Pero ahora esta comisión ha avanzado en la responsabilidad federal y en la del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De ahí que ahora el gobierno trate de blindar a sus funcionarios, al Ejército, al titular de Gobernación, a la Policía Federal… a todos.”
“Una simple opinión”
Víctor Sánchez, diputado de MC, comenta que no duda de la animosidad de algunos miembros de la comisión especial para evitar que avance. “Pero veo difícil que se detenga. Lo que hemos logrado en este primer mes –las revelaciones del exgobernador Aguirre, las contradicciones con el general Cienfuegos, la insistencia del secretario de Gobernación de que no se toque al Ejército–, todo ello sólo nos lleva a pedir más información”.
Y puntualiza: “Nosotros sí estamos facultados para demandar toda la información que necesitemos, y aunque no deseen que comparezcan los funcionarios, sí podemos solicitar documentos”.
Es facultad de todo legislador pedir información y exigir la comparecencia de algún funcionario, insiste Sánchez. Además, por la importancia de lo que se está investigando y la presencia de organismos internacionales en el caso, es imposible que nos limiten con una “simple opinión” de servicios parlamentarios.
A la comisión, dice, ya nadie la detiene. Muestra de ello, agrega, es que ésta ya solicitó una relación de todas las llamadas realizadas por los funcionarios estatales de Guerrero, así como de exfuncionarios, elementos del 27 Batallón de Infantería de la Sedena, de la Policía Federal y de la Zona Regional Militar, además de alcaldes y policías municipales.
“Con ello veremos quién está mintiendo: Si el Ejército, que niega haber recibido solicitudes de apoyo por parte de autoridad civil alguna; el secretario de Gobernación, quien lo defiende; la Policía Federal o el exgobernador Aguirre y el exfiscal Blanco. Estos últimos incluso proporcionaron la hora de la llamada”, según Sánchez.
La comisión también solicitó a la Segob la autorización para entrevistarse con el exalcalde de Iguala José Luis Abarca; la geolocalización de los celulares de los jóvenes desaparecidos –el del militar en activo que está entre los estudiantes apareció dos días después del 26 de septiembre en las instalaciones del 27 Batallón, según revelaron sus padres de familia–, y la fecha para el encuentro con los integrantes del Ejército que estuvieron la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala. l
