Desde que Felipe Calderón inició su guerra contra el narcotráfico, más de 1 millón de mexicanos han sido desplazados por la violencia y la inseguridad. Hoy, a ellos se suman alrededor de 600 personas procedentes de las poblaciones de Durango que elementos de la Marina mantienen sitiadas, disparando a diestra y siniestra con un supuesto objetivo: detener al Chapo Guzmán. Mientras tanto, el gobierno desoye los llamados de urgencia que hacen por los desplazados la ONU, legisladores y organizaciones de derechos humanos.
A los más de 1 millón de mexicanos que en los últimos ocho años se han visto obligados a abandonar sus lugares de residencia, domicilios, tierras y animales a causa de la violencia, se sumaron en octubre de este año alrededor de 600 personas que experimentan una situación peculiar: han sido desplazadas también por la violencia, pero en este caso por la que ejerce la Secretaría de Marina-Armada de México: la Semar mantiene sitiadas las 13 poblaciones de la sierra de Durango en las que irrumpió el pasado 6 de octubre en busca del Chapo Guzmán.
La causa: que la dependencia acusa a los pobladores de esos sitios del municipio de Tamazula, Durango, de proteger al capo, y les impide regresar a sus hogares.
“La evidencia del desplazamiento en México es clara: Existen miles de casas abandonadas y destruidas en los lugares afectados por la lucha contra la delincuencia organizada. El problema es que el Estado mexicano ha sido indolente, no reconoce la dimensión del problema, generando una crisis humanitaria”, afirma Leonel Aguirre Meza, presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa, A.C. (CDDHS).
Aguirre Meza y Óscar Loza Ochoa –encargado de Enlace del organismo no gubernamental– apoyan a las víctimas de los estados de Sinaloa y Durango desde que se generalizó la violencia armada en dichas entidades.
En la recomendación 03/2015 que la CDDHS emitió el pasado 22 de octubre, señala sobre el operativo de la Semar: “Cuando menos lo esperábamos, el desplazamiento de personas volvió a presentarse, y de mano de la acción de una autoridad. El martes 6 de octubre varios elementos de la Armada de México (Marina) sobrevolaron en helicópteros y avionetas los poblados de El Verano, Río de los Barraganes, La Iguana, La Pedregosa, El Limón, El Águila, entre otras comunidades”.
De acuerdo con vecinos de dichas localidades, se lanzaron ráfagas de disparos sobre las viviendas y calles de las poblaciones, y luego arribaron por tierra grupos de efectivos de la Marina que revisaron las casas y exigieron a la gente no irse de sus moradas.
Ante ello, habitantes de El Verano, Tamazula, pidieron a la CDDHS gestionar que se les permitiera abandonar el sitio. El sábado 11, los activistas organizaron una caravana en la que 32 personas salieron de ese punto. Luego, todas las poblaciones atacadas en esa porción duranguense del Triángulo Dorado quedaron desiertas.
Hasta el domingo 12, se estimaba que los desplazados llegaban a 200. Para el viernes 16 la cifra era superior a las 300 personas y, según declaraciones del alcalde de Cosalá, Sinaloa, Samuel Lizárraga Valverde, publicadas el domingo 17, ya eran 600 los desplazados.
El viernes 23 de octubre los activistas Meza y Loza, acompañados de medios de comunicación, trataron de ingresar a las comunidades, pero estaban sitiadas por elementos de la Marina.
A El Limón sólo les permitieron el acceso a ellos dos, y los oficiales les indicaron que el poblado está resguardado por el gobierno federal y que no pueden dar más explicaciones, que nadie podía regresar a la localidad y que ésta seguiría sitiada. Insistían en que se trataba de La Pedroza, lugar en el que supuestamente se refugiaba El Chapo. Sin embargo, los lugareños insisten en que la población en realidad se llama Los Limones, señala a Proceso Aguirre Meza.
Un factor que ha contribuido a que la carga que hoy presenta el municipio colindante de Cosalá no sea aún mayor es que muchos de los desplazados tienen familiares en la ciudad y en las comunidades vecinas de la cabecera municipal. Sin esa afortunada relación de sangre, muchas familias estarían en situación de calle, indican en la recomendación.
Impacto preocupante
Ante el alarmante crecimiento del fenómeno de los desplazados en México, que mantiene la atención de la ONU, el pasado 19 de octubre, durante una visita oficial al país, la subsecretaria general adjunta para Asistencia Humanitaria y subcoordinadora de Alivio de Emergencia para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés), Catherine Bragg, declaró:
“Conocemos las dimensiones de la violencia y su peso como factor de desplazamiento humano. Nos hemos acercado a las autoridades mexicanas para promover el cese de la violencia en el territorio nacional. La ONU está lista para intervenir y proporcionar ayuda humanitaria en caso de que el Estado mexicano lo solicite. Estamos monitoreando la situación de los desplazados por efecto de las actividades del crimen organizado, y es preocupante el impacto que tiene sobre las víctimas.”
A su vez, Aguirre Meza plantea que la renuencia del gobierno a solicitar asistencia internacional está volviendo el problema más complejo, sobre todo desde que el Estado mexicano es el que incursiona violentamente en las poblaciones y provoca el temor de los lugareños, como ha ocurrido en Durango.
De acuerdo con la recomendación 01/2012 de la CDDHS, “desde 2007 al menos 1 millón de mexicanos fueron obligados a dejar su hogar a consecuencia de los enfrentamientos armados. La mitad cruzó a Estados Unidos. El resto se movió internamente en Nuevo León, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Michoacán, Coahuila, Veracruz, Tamaulipas, y en 2013 se sumaron Guerrero y el Estado de México. Este país destacó entre los cinco con más desplazados por violencia en América Latina en 2010, cuando al menos 120 mil personas abandonaron su lugar de origen”.
En este aspecto México únicamente es superado por Colombia, donde se estima que la magnitud del problema oscila entre los 3.5 y 5 millones de desplazados. Los otros países del grupo son Perú, El Salvador y Guatemala.
El Centro de Monitoreo de Desplazados Internos (IDMC, por sus siglas en inglés) de Noruega expone que en la estrategia que ha seguido México en la lucha contra el crimen organizado destaca el aumento de la violencia y el alto número de desplazados que ello provoca.
A su vez, Aguirre Meza señala: “El monitoreo del IDMC establece que la evidencia del desplazamiento es clara, miles de casas abandonadas y destruidas en las ciudades afectadas por la lucha contra la delincuencia organizada. Chihuahua y Tamaulipas son los más violentos y con más desplazados”.
La situación se pudo documentar en parte y refleja lo que vive la sociedad en la frontera norte: El Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Ciudad Juárez calcula en 116 mil las casas abandonadas en esa urbe, y la American Chamber of Comerce of México considera que son al menos 11 mil los negocios cerrados allí.
Emergencia desatendida
A finales del sexenio de Felipe Calderón, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión consideró “imprescindible la inmediata atención a quienes cambian de lugar por la violencia”, y solicitó a la Secretaría de Gobernación un informe sobre los avances en el cumplimiento de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, aprobados por la ONU, así como en torno a la atención que se da a los desplazados. No se hizo nada.
Señaló a los gobernadores del país: “Las consecuencias para la población desplazada son más graves y trascendentes en la medida en que no hay una política pública ni instancia oficial que atienda sus necesidades elementales.
“No podemos seguir cerrando los ojos ante un fenómeno que golpea. Hay que documentar cuántos niños abandonaron sus escuelas –desde kínder hasta preparatoria–, adultos mayores que no reciben atención médica, jornadas perdidas, propiedades abandonadas, casas, ganado y parcelas abandonadas.
“Si tomamos en cuenta lo que dejó el fenómeno de los desplazados en Colombia, estamos incubando un problema no menos complejo y profundo. Cuando llegue el momento de reclamar y buscar el regreso, ¿en manos de quién o quiénes estarán aquellas propiedades que quedaron yermas, y el ganado que fue abandonado por la situación de emergencia?”
El documento, fechado en 2011, prosigue: “¿Responderá el Estado por los que perdieron propiedad, casa y animales? Para quienes en México pierden su arraigo, sus muertos, trabajo y bienes, ¿qué les espera enseguida? ¿Habrá una ley de restitución de bienes? Hay quienes han intentado regresar a sus pueblos, al menos para vender sus animales, y les costó la vida.
“Cuando el regreso fue teóricamente posible en Colombia, se promulgó un Ley de Restitución de Tierras a los desplazados, con un fondo para comprarlas y devolverlas a los afectados. La realidad es que no hay paz en esas zonas, que los desplazados no pueden regresar porque quienes se quedaron con sus tierras no eran ajenos a la situación violenta.”
Pero Meza y Loza aseveran que el gobierno mexicano carece de una estadística sobre el fenómeno.
Según el Centro de Documentación sobre Desplazamiento Interno Forzado en México, hay poco más de 280 mil desplazados, en tanto que un estudio del INEGI realizado entre agosto y septiembre de 2014 registró que en el último quinquenio, por motivos de violencia e inseguridad cambiaron de lugar de residencia 236 mil 800 personas.
Sólo que para los activistas hay un problema en la información oficial: La encuesta del INEGI no cubrió tres años caracterizados por el inicio de “la guerra” contra el crimen organizado, por lo que, insisten, las cifras de desplazados fácilmente llegan a 1 millón.
En la recomendación establecen como necesario reclamar a la Federación un programa de asistencia humanitaria, pedir a la ONU y a la Cruz Roja Internacional asistencia humanitaria para los desplazados, cumplir los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de la ONU con el fin de evitar la violación a los derechos elementales, iniciar una legislación en la materia y presentar un plan de retorno a las comunidades.
Esto, advierte Óscar Loza, porque “hay un futuro incierto para aquellos que han sido desplazados. En primer lugar resalta el derecho humano al arraigo en la tierra donde se nace, donde se forma el patrimonio familiar, para que de la noche a la mañana las personas tengan que volverse desplazadas en medio de una incertidumbre jamás vivida. Este es un problema de crisis humanitaria”. l
