La LXI Legislatura local, que inicia sus trabajos este domingo 1, tiene entre sus integrantes a personajes controvertidos. Algunos ya estuvieron en el Congreso estatal y dejaron cuentas pendientes, entre ellos el priista Jorge Arana, quien estuvo implicado en el presunto contrato con la consultora López Castro que pretendió cobrar 58 millones de pesos al Congreso. Interrogados al respecto, varios exdiputados se quejan porque, dicen, regresaron los intocables.
La LXI Legislatura que este domingo 1 inicia sus sesiones está conformada por diputados polémicos, algunos de los cuales no sólo ya estuvieron en el Congreso local, sino que incluso tienen saldos pendientes por irregularidades cometidas durante su anterior encomienda.
Es el caso de Jorge Arana Arana, exalcalde de Tonalá, quien formó parte de la LVIII Legislatura, en la que fue el titular de la Comisión de Administración. A él se le adjudica el contrato con la consultora López Castro y Compañía para la recuperación de 92 millones de pesos del Impuesto Sobre la Renta que presuntamente pagó en exceso el Congreso estatal al Servicio de Administración Tributaria.
El despacho intentó cobrar más de 58 millones de pesos al Legislativo a través de sentencias emitidas en tribunales, aunque nunca prestó ese servicio, declaró el entonces diputado panista Víctor Sánchez Orozco. Según él, se trató de una treta orquestada por la LVIII Legislatura –que implicó también a la LIX– para despojar al Congreso de sus recursos financieros.
Sánchez Orozco, quien ahora es diputado federal por Movimiento Ciudadano (MC), relata a Proceso Jalisco que históricamente el Poder Legislativo nunca ha pagado el ISR, por lo que la recuperación de ese impuesto es impensable.
En noviembre de 2014 la consultora se desistió legalmente de ejecutar el cobro. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvo a Octavio Pérez Pozos, secretario general interino en la LVIII Legislatura del Congreso local y al socio mayoritario del despacho, Rafael López Martínez, por su presunta complicidad en el fraude.
El propio gobernador Aristóteles Sandoval Díaz presumió ambas detenciones en su segundo informe, presentado el 8 de febrero pasado: “Tomamos una decisión con determinación, no nos tembló la mano cuando conocimos el caso López Castro, donde se pudo haber perpetuado un fraude, un robo a los jaliscienses por más de 58 millones de pesos”.
Sánchez Orozco insiste: la FGE no ha llegado al fondo del asunto ni tiene voluntad de encontrar culpables, a pesar de que se le entregaron pruebas fehacientes de que los integrantes de la Comisión de Administración de las LVIII y LIX legislaturas tienen responsabilidad en el intento de desfalco.
Tan no les interesa, dice, que la fiscalía detuvo a Pérez Pozos por enriquecimiento ilícito y a López Martínez por fraude en contra de una empresa farmacéutica y un médico, a quienes esquilmó con 20 millones de pesos. El primero fue absuelto semanas después, mientras que el segundo continúa en prisión.
Otro de los exlegisladores implicados en el caso de la consultora López Castro es el panista Alfredo Argüelles Basave, secretario general del Congreso en la LVIII Legislatura, contra quien se dictó auto de formal prisión. No obstante, él logró ampararse, por lo que continúa el proceso judicial en libertad.
Hasta ahora ningún diputado ha sido consignado por ese caso.
El violento
Para Víctor Sánchez Orozco, el retorno de personajes que avalaron los contratos con la consultora hará más complicado el trabajo de la fiscalía porque ahora, dice, gozan de fuero institucional. E insiste: “Hay todo un juicio simulado”.
El mensaje directo a la población con el arribo de los mismos que metieron en aprietos financieros al Poder Legislativo es que “son intocables”.
Uno más de los diputados señalados que repite es Enrique Aubry de Castro Palomino, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presidente de la Mesa Directiva y miembro de la Comisión de Administración durante la LIX Legislatura, cuando se firmó el acuerdo donde se aceptaba la deuda de los 58 millones de pesos con la consultora.
El pasado 25 de octubre, cuando los integrantes de la LXI Legislatura rindieron protesta, de manera sorpresiva Aubry fue designado titular de la Mesa Directiva, pese a los señalamientos en su contra.
Los coordinadores del PRI y MC, Hugo Contreras e Ismael del Toro, respectivamente, defendieron el nombramiento de su par del PVEM con el argumento de que no existe una resolución judicial que le impida ejercer sus derechos políticos.
“Sí hay algo, que se le dé seguimiento jurídico y tenga consecuencia. Hoy no hay ningún señalamiento jurídico que evite a Enrique Aubry de Castro ejercer sus funciones 100% como diputado”, expuso Del Toro.
Y su colega priista completó: “Nosotros vamos a transitar por el marco de la legalidad; nosotros no vamos a ir más allá. Si hay señalamientos, que la ley y las autoridades correspondientes apliquen lo conducente. Yo soy respetuoso de la opinión”.
Fuentes cercanas al Congreso local sostienen que la designación de Aubry, dirigente del PVEM en Jalisco, se debe a su cercanía con el Grupo Atlacomulco, al que pertenece el presidente Enrique Peña Nieto. Es posible que su presencia en el Congreso facilite la interlocución con el gobierno federal para obtener recursos, comentaron al reportero.
Intolerante a la crítica, explosivo, Aubry hace gala de su origen aristocrático. Y cuando le incomodan las preguntas, suele calificar a los reporteros de “chayoteros”.
Algunos columnistas y los conocidos del diputado del PVEM hablan de sus excesos. El 15 de abril de 2010, por ejemplo, Aubry y sus escoltas amagaron con un arma de fuego al entonces regidor panista José Antonio de la Torre Bravo, de Zapopan, en las inmediaciones del Estadio Jalisco.
El 6 de enero último, Salvador Camarena escribió en su columna del diario El Financiero que el año pasado uno de los escoltas de Aubry amagó con un arma de fuego al secretario de Turismo, Enrique Ramos Flores, porque tocó el claxon de su auto cuando otro vehículo se le cerró.
“Los ocupantes del otro auto, exhibiendo armas largas, comenzaron a seguirlo –escribió Camarena–. Ramos aceleró y sólo se quitó de encima a quienes le hostigaban al entrar al Country Club.”
Meses después, a finales de mayo, el vocero del comité estatal del PAN, Miguel Ángel Martínez Espinoza, denunció a Aubry por golpear con la cacha de un arma al brigadista Eduardo Luna Morales, quien repintaba una barda que tenía propaganda del legislador.
En una conferencia realizada en la sede del PAN el 26 de mayo pasado, Luna Morales narró:
“Llegaron tres camionetas: una Tornado, una Econoline y una Suburban blanca, de la que descendió Aubry. Se fue directamente contra mí; me dio un cachetadón y me dijo que ‘iba a valer madres’. Luego dijo ‘voy por el arma’ y se regresó a la Suburban, mientras sus muchachos –eran como 25–, se me abalanzaron. Aubry regresó con un cuerno de chivo envuelto en una tela y empezó a repartir cachazos.”
Diputados fichita
Enrique Aubry tenía 24 años cuando fue regidor en el municipio mexiquense de Cuautitlán Izcalli. Aun no terminaba su encomienda cuando fue electo diputado local en Jalisco en la LIX Legislatura, aun cuando no es oriundo de la entidad ni tenía la residencia requerida; después brincó a una diputación federal.
Ahora, Aubry regresa a Jalisco para integrarse a la recién estrenada LXI Legislatura, que estará compuesta por 14 diputados de MC, 13 del PRI, cinco del PAN, tres del PVEM, dos del PRD, uno de Nueva Alianza y uno independiente: el zapopano Pedro Kumamoto.
Entre los priistas que regresan al Congreso están Jorge Arana, Hugo Contreras (quien sigue siendo dirigente estatal de su partido), Salvador Arellano Guzmán, Óscar Hernández Hernández y Rocío Corona Nakamura, quien ya ha sido diputada local cinco veces. Su caso es singular, pues aunque perdió la elección del 7 de junio por el Distrito 11 de Guadalajara, entró al Poder Legislativo por la vía del repechaje.
Arana viene de la alcaldía de Tonalá, donde ha estado dos veces. Su imagen es negativa, pues dejó a su sucesor, el también priista Sergio Chávez, una serie de irregularidades administrativas y financieras, pues no hay fondos para el pago de aguinaldos y la basificación de 215 empleados.
Además, Arana entregó a la Universidad de Guadalajara un predio de alta plusvalía localizado en el Cerro de la Reina para la construcción del Centro Internacional de las Artesanías Yolkan, en el cual, según el proyecto, se invertirán más de 400 millones de pesos.
Entre los diputados del PRI se encuentra también Cecilia González Gómez, expresidenta municipal de Tepatitlán y exdiputada federal. Al igual que Aubry, ella es cercana al grupo Atlacomulco y al presidente Peña Nieto.
Por lo que atañe a los legisladores de MC, están Ismael del Toro Castro, exalcalde de Tlajomulco de Zúñiga, quien es coordinador de bancada; Augusto Valencia, extitular del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, y Ramón Demetrio Guerrero, El Mochilas, exalcalde de Puerto Vallarta, donde dejó mala fama.
Los regidores vallartenses se quejaron en su momento porque El Mochilas no convocaba a sesiones de cabildo y por incrementar la burocracia sin motivo. Recuerdan aún la fiesta de despedida del 4 de marzo, amenizada por las bandas El Recodo y Los Recoditos, que le costó al ayuntamiento 2 millones de pesos.
En cuanto al PAN, el coordinador de bancada es Miguel Ángel Monraz Ibarra, exdirigente estatal de ese partido, quien ya fue diputado en la LVI Legislatura y tuvo diversos cargos en gobiernos panistas de Guadalajara.
En enero de 2006, cuando era oficial mayor administrativo del municipio tapatío, Monraz Ibarra mandó a descansar durante una quincena a 750 de los trabajadores contratados por tiempo limitado –los supernumerarios– “por cuestiones financieras”. El propósito, dijo, era ahorrar 4.5 millones de pesos. Nunca se supo en qué aplicó esa suma.
De los cinco panistas que llegaron al Congreso por la vía plurinominal, pues ninguno alcanzó suficientes votos, Monraz ocupó la primera posición y repartió las otras posiciones a correligionarios afines al grupo que controla el partido.
Entre ellos se encuentra Irma de Anda Licea, quien fue acusada el 14 de abril por el exdiputado Guillermo Martínez Mora de “aviadora” en la Dirección de Administración y Recursos Humanos del Congreso local, con un sueldo bruto de 30 mil 500 pesos, bajo la plaza de base 13589.
“Ella cobra sus cheques, pero no viene nunca a trabajar, a pesar de que tiene cargo de auxiliar administrativo”, acusó Martínez Mora.
Nueva Alianza está representada por el exlíder de la sección 47 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, José García Mora, quien durante 2012 apareció en el Registro Nacional de Maestros de la Secretaría de Educación como uno de los dirigentes magisteriales que cobró más de 158 mil pesos como supervisor de una secundaria en la zona metropolitana de Guadalajara sin desempeñar esa función.
En tanto que el Grupo Universidad, encabezado por el presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), Raúl Padilla López, colocó a los perredistas Mónica Almeida López, exrectora del Centro Universitario de los Valles, con sede en Ameca, y Saúl Galindo Plazola, exalcalde de Tomatlán, en cuyas playas se impulsa el megadesarrollo turístico de Chalacatepec.
Los sueños de Kumamoto
Mención aparte merece el zapopano Pedro Kumamoto, un joven de 25 años que arrebató la diputación del Distrito 10 a sus rivales sin tener partido, pues se lanzó como independiente.
Kumamoto espera que sus compañeros de la LXI Legislatura impulsen los cambios a la Ley Orgánica del Poder Legislativo para integrarse a alguna comisión y así formar parte de la Junta de Coordinación Política y tener posibilidades de tomar decisiones en el Congreso.
Esos cambios debió hacerlos el panista Hernán Cortés Berumen como presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la pasada legislatura para darle mayor peso a Kumamoto, entonces candidato electo, pero dejó el trabajo a medias.
Eso demuestra que los intereses legislativos no siempre son los de la sociedad, sostiene Kumamoto, quien piensa recurrir a otras instancias jurídicas si los legisladores no actúan.
“Tanto Munguía (José Luis, coordinador del PAN en la LX Legislatura) como Cortés Berumen cargan con un costo político. La gente identifica que ambos se comprometieron (a impulsar los cambios) y no lo hicieron. Nosotros vamos a estar trabajando para que pongamos nombre a los y las responsables de que no pase una iniciativa”, subraya Kumamoto.
El día que los diputados de la LXI Legislatura tomaron protesta, Kumamoto estuvo en un rincón del patio del edificio legislativo con su vocera, Susana Ochoa, y se limitó a transmitir un mensaje a sus electores a través de la aplicación para celulares Periscope.
Kumamoto asegura que no formará alianzas ni se integrará a ninguna bancada. Y adelanta que 70% de su sueldo lo destinará a la elaboración de diagnósticos comunitarios para incidir en la ciudadanía con mejores propuestas. l
