La protección oficial que ha disfrutado el hijo del secretario de Gobierno, Roberto López Lara, en al menos dos delitos en que se ha involucrado, provoca fuertes críticas a la administración de Aristóteles Sandoval en un momento político muy delicado, cuando requiere de un operador con toda la credibilidad posible. Sin embargo, la impunidad prevalece aun a costa de la imagen de la fiscalía estatal y del ya cuestionado sistema de justicia.
La familia de Sergio Martín Castellanos, quien acusó a Roberto López Rivera, La Parca, de intento de asesinato, solicitó al Congreso estatal que pida al gobernador la separación de Roberto López Lara de su cargo en el gabinete.
Su objetivo es que el secretario de Gobierno declare sobre las acusaciones de que utiliza el puesto para proteger a su hijo de la acción de la justicia al menos en dos casos: el del presunto intento de asesinato contra Martín Castellanos en abril pasado, y su presencia en el restaurante bar Los Cocos Locos, donde fue asesinado su amigo Luis Iván Murillo Vargas el 9 de octubre.
La investigación de este homicidio generó tantas dudas que, según fuentes policiacas consultadas, las autoridades federales ya recaban información paralela a la versión ofrecida por el gobierno local.
La señora Patricia Castellanos sostiene que en el caso de Sergio Martín, la Fiscalía General del Estado (FGE) incurrió en contradicciones y protegió al hijo del secretario de Gobierno, Roberto López Lara:
“En la agresión contra mi hijo, las autoridades han retardado el proceso de investigación. Escondieron los videos y, por desgracia, todo lo ocurrido con Luis Murillo en los Cocos Locos es tan aterradoramente parecido a lo que sucedió con mi hijo, que era de esperarse que la FGE tratara de ocultar la información. Por desgracia los hilos del poder se mueven desde muy arriba.”
Recuerda que en cuanto su familia quiso ratificar la denuncia por intento de homicidio, los agentes del Ministerio Público (MP) trataron de desaparecer la averiguación previa.
“Curiosamente, nos quisieron perder los documentos entre las oficinas del MP en las Águilas (en Zapopan) y la fiscalía; nos trajeron por muchos días de un lado a otro, y para poder ratificar nos traían a la vuelta y vuelta, hasta que, luego de un amparo interpuesto por mis abogados, mi hijo pudo ratificar la denuncia el 19 de junio, cuando ya habían pasado tres meses de los hechos.”
La madre de Martín Castellanos añade que el cambio de titular en la FGE hace unos meses no ha cambiado la forma de operar de la dependencia.
Afirma que, en el intento por tratar de llevar ante la justicia al responsable de la agresión, descubrió el férreo control gubernamental sobre los medios:
“Al menos eso me tocó vivir en el caso de Sergio. Empresas como Televisa y TV Azteca hicieron oídos sordos a la denuncia, pese a que la familia las buscó directamente para exponer el caso. En Televisa sencillamente nos dijeron que no podían cubrir el asunto, a pesar de la contundencia de las pruebas que llevábamos.”
Por eso expresa que, en caso de Murillo Vargas, espera “que realmente se castigue a quien asesinó a ese muchacho y no agarren a ningún chivo expiatorio; que realmente detengan al asesino y se dejen de tanto encubrimiento. Ojalá los testigos que presenciaron el crimen hablen y denuncien”.
Desde su punto de vista: “Si se hubiera atendido con toda prontitud la denuncia presentada contra La Parca por la agresión a mi hijo, quizás hoy Murillo Vargas estaría vivo. Yo tomé muy en cuenta las amenazas de López Rivera, porque desde antes de que intentara asesinar a Sergio ya lo había amenazado, según los comentarios que le hacía a los amigos comunes”.
Riesgo de ilegitimidad
Académicos y abogados consultados por este semanario coinciden con la apreciación de que el gobierno de Jalisco ha protegido al hijo del secretario General de Gobierno.
Jaime Preciado Coronado, director del Departamento de Estudios Políticos e investigador de la Universidad de Guadalajara (UdeG), asegura que el homicidio de Murillo Vargas es preocupante porque exhibe un nivel de impunidad que puede marcar la administración de Aristóteles Sandoval, en un momento delicado para él y su partido: su gestión arranca la segunda fase acotada por la oposición de Movimiento Ciudadano, que gobierna a 63% de los jaliscienses.
Para el especialista, se trata de “alguien que tiene un tipo de responsabilidad como la del secretario general de Gobierno, con esa cercanía al gobernador y que le toca atender los asuntos internos de carácter político, exhibe una falta de rigor respecto a lo que representa el caso de su hijo y además saca a relucir una sobreprotección”.
Y comenta: “Quizás de alguna manera (Roberto López) sea igual a todos los padres, pero en una posición política como la suya hay que apegarse a los ordenamientos del derecho de manera rigurosa”.
Dice que se requiere coherencia en los planos ético, moral y jurídico para ejercer el cargo de secretario general, y recalca que el gobierno de Sandoval Díaz será sometido en su última fase a grandes presiones políticas, y no resulta pertinente distraer la atención de su equipo por problemas familiares.
–¿Qué tan importante es la sobreprotección del secretario de Gobierno a su hijo en su papel de negociador con la oposición, en especial con Movimiento Ciudadano, de cara a las elecciones de 2018? –se le pregunta a Preciado Coronado.
–Tiene que medir las consecuencias de su actuación, porque para estar a la altura en la negociación política es necesario tener coherencia y no contar con ningún flanco que ofrezca debilidad o que vaya en detrimento de las instituciones.
“Creo que esto tendrá que mover a alguna reconsideración o, en su defecto, en el estado tendremos que transitar por un periodo de una flaca legitimidad en la conformación del nuevo escenario político.”
–¿El secretario se está diluyendo en su puesto?
–Aunque se mantenga esa figura, se van a tener que diseñar otros dispositivos, en lo que se intuye que habrá un contacto más directo del gobernador (con la oposición). Incluso he escuchado que el gobernador se siente más cómodo con los actuales presidentes municipales (de MC) que con los que estaban antes y pertenecían a su mismo partido (el PRI). Esto será como una etapa de ajuste, en la cual podría verse que el gobernador será el operador directo con las cúpulas de los partidos.
–¿Se ve débil la administración de Jorge Aristóteles o se tendrá la capacidad de superar la situación?
–No, yo creo que hay un flanco de debilidad muy grande porque no se trata de acuerdos que se puedan tomar al seno del partido al que pertenece el gobernador, sino que tienen que jugar con actores que están empoderados y tienen serios reclamos hacia su gobierno, entre ellos el de legitimidad. ¿Cómo va a poder negociar con la oposición un secretario general que muestra que sus asuntos familiares están sesgando sus potencialidades como operador político?
–¿Tendrá que aparecer otra imagen por encima de López Lara para superar esa situación o es tiempo de que se vaya?
–Los gobernadores protegen mucho a sus colaboradores más cercanos, máxime cuando se trata de la persona encargada de la operación política. Creo que el gobernador y el secretario tendrán que hacer algunas reconsideraciones con respecto al manejo de esa situación ilegítima por la que está pasado.
Consultado aparte, el abogado y activista social Jaime Hernández Ortiz afirma que la protección al hijo del secretario es una práctica indebida en la democracia.
Añade que no se explica por qué Roberto López Rivera no fue citado a declarar sobre un asesinato del que fue testigo clave. “La fiscalía debió llevar a cabo todas las actuaciones y diligencias, y citar absolutamente a todos los involucrados en el caso de la muerte de Murillo Vargas”.
Rigor selectivo
En una conducta contraria a la que muestra hacia Roberto López Rivera, La Parca, la FGE detuvo el 16 de octubre a Cristian Iván Miranda Sandoval, de 21 años, por hacer apología del delito y portar dos armas. Se trata de un cantante de narcocorridos que difundía sus canciones en el portal de videos YouTube, acompañado de dos músicos que aparecen con pasamontañas.
En el mencionado portal, el cantautor interpreta Los empleados de la mafia y otras piezas que circulan desde 2012. Además, participa en una película sobre narcotráfico y muestra algunos lugares de la zona metropolitana de Guadalajara.
Miranda Sandoval fue detenido en el fraccionamiento Bugambilias cuando circulaba en una camioneta Cheyenne con vidrios polarizados. Según la FGE, llevaba ocultas una pistola calibre 45 y otra .380, así como 11 mil 500 pesos y siete teléfonos celulares.
Tres semanas antes, la Policía Cibernética detuvo a Martín Juárez Campos, de 24 años, quien se exhibió con un rifle de asalto y se ostentó en Facebook como “comandante” del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Además presumía una pistola dorada que según él le había regalado Nemesio Oseguera Cervantes, el capo de dicho grupo delictivo. Dos días después de su detención, Juárez Campos fue puesto en libertad con más de 20 mil pesos de fianza.
La FGE también ha presumido el desmantelamiento de bandas en diferentes regiones. Uno de los casos más difundidos fue la detención de 17 personas la mañana del 31 octubre de 2014 en la región Costa Sur. Elementos de la Fuerza Única Regional (FUR) los interceptaron cuando iban en 16 vehículos robados en la carretera entre Autlán y La Huerta.
Según la versión oficial, los detenidos reconocieron que eran “halcones” o vigilantes del CJNG y que tenían la orden de llevar los carros al rancho Los Pinos, ubicado en el poblado de Tecomates, que por cierto fue asegurado por agentes federales tras el fallido intento de detener al Mencho el pasado 1 de mayo en Villa Purificación.
Los sospechosos fueron procesados por el uso de vehículos con reporte de robo, delincuencia organizada y delitos contra representantes de la autoridad.
La FGE precisó que al menos siete de los detenidos eran policías municipales de Casimiro Castillo y otro era agente de la FUR.
Antes de cumplirse un año de esa detención, el 15 de otubre, los 17 fueron liberados por la Sala Sexta del Supremo Tribunal de Justicia.
Esa instancia especifica que la resolución se aprobó “por unanimidad el recurso de apelación hecho valer” por los procesados y se revocó la sentencia en contra de la interlocutoria del 10 de noviembre de 2014, dictada por el juez de lo Criminal de Autlán (proceso penal 269/2014-B).
En el mismo documento se ordena dar vista al fiscal general y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, porque las declaraciones de los detenidos fueron arrancadas mediante “tortura, vejaciones, golpes y malos tratos”. l
