El abogado de César Coll Carabias, Jesús López Lucano, no duda que la detención de su cliente durante cuatro días fue un clásico sabadazo. Las imputaciones que se le hicieron –el presunto manejo irregular de 4 millones de pesos cuando estuvo al frente de la Comisión Estatal de Aguas–, dice, no ameritaban el despliegue que hizo el fiscal Eduardo Almaguer. El caso tensó las ya de por sí deterioradas relaciones entre el PRI y el PAN, sostiene la dirigencia panista en la entidad, por lo que su líder Gustavo Macías Zambrano adelanta que pedirá el desafuero del fiscal para someterlo a juicio político.
En plena histeria colectiva por la amenaza del huracán Patricia, la semana antepasada, el fiscal general Eduardo Almaguer Ramírez lanzó su propio juego político para ganar los reflectores en los medios al detener a César Coll Carabias.
El fiscal hizo tres movimientos: investigó, solicitó orden de aprehensión y, finalmente, obtuvo la anuencia de la justicia penal para que encarcelaran al exfuncionario.
Coll Carabias, quien fue el primer alcalde panista de Guadalajara en el trienio 1995-97 y posteriormente director de la Comisión Estatal del Agua (CEA), es acusado del manejo irregular de 4 millones de pesos, según señalamientos hechos por la Contraloría del estado desde 2013.
Pero el gusto le duró poco al fiscal. Cuatro días después, el exalcalde tapatío recuperó su libertad tras pagar una fianza. El abogado del detenido dice que se trató de un sabadazo, pues las actividades del Poder Judicial se paralizaron desde el viernes 23 de octubre hasta la mañana del martes 27 a causa del meteoro.
Coll Carabias declaró que él no se robó ni un peso y que cuando la Contraloría lo requirió para aclarar ese desfalco entregó tres cajas repletas de documentos y respondió a todas las observaciones.
Gente cercada al panista dice que su gestión en el ayuntamiento tapatío fue de las mejores. Él fue quien decidió retirar de los bancos la vigilancia policiaca, que realizaban uniformados municipales. Lo hizo, dicen, porque esa labor iba en detrimento de la vigilancia pública que debían realizar los gendarmes en las calles de Guadalajara.
Coll Carabias acompañó esa medida con la elaboración de un reglamento municipal, según el cual los banqueros deberían pagar su propia seguridad, colocar cámaras, puertas dobles de protección con cristales traslúcidos para evitar que se vieran los movimientos de dinero, así como la prohibición del uso de celulares dentro de sus instituciones.
Todo esto le valió una controversia constitucional promovida por el entonces presidente Ernesto Zedillo, presumiblemente por involucrarse en asuntos competencia de la federación.
Coll Carabias estuvo al frente de la CEA durante la administración del panista Emilio González Márquez (2007-2013), que cerró su ciclo con observaciones de los diputados y de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco por el manejo poco claro de 7 mil millones de pesos en su cuenta pública, cantidad comparable al presupuesto entregado a la Universidad de Guadalajara hasta el cierre de la administración panista.
Los cargos
La Contraloría inició una investigación por el manejo irregular de un poco más de 4 millones de pesos en la que uno de los presuntos implicados era Coll Carabias, motivo por el cual el gobierno de Aristóteles Sandoval levantó tres denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado y que corresponden al mismo número de órdenes de aprehensión giradas con toda prisa contra el extitular de la CEA.
La última de ellas fue librada por el Juzgado Décimo Penal, ubicado en el centro carcelario de Puente Grande, Jalisco, y ejecutada cuando Coll Carabias ya estaba detenido. Esa ordenanza obedece a cargos por desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades en el uso de recursos públicos, donde se alude a la contratación de dos firmas privadas para la realización de servicios en beneficio de la CEA.
Ese servicio, según la fiscalía, fue desarrollado por el propio personal de la comisión, a pesar de que Coll Carabias pagó diversas cantidades de dinero hasta completar 4 millones de pesos, según los detalles técnicos que proporcionaron las autoridades estatales a los medios.
Contra Coll Carabias hay cargos por diferentes montos, entre ellos uno por 2.8 millones de pesos; otros de 335 mil y uno más por 905 mil; en total sobrepasan los 4 millones de pesos, asegura a Proceso Jalisco el fiscal central, Rafael Castellanos.
Sin embargo, los preceptos de profesionalismo, equidad e imparcialidad en la aplicación de la justicia por parte de la fiscalía fueron cuestionados por las dirigencias nacional y local del PAN. El presidente de ese organismo, Ricardo Anaya Cortés, comentó que la actuación contra Coll Carabias es en realidad una persecución contra los adversarios del PRI en Jalisco.
Entrevistado el pasado 27 de octubre durante su visita al foro “México, cumbre de negocios”, desarrollado en la Expo Guadalajara, Anaya declaró: “No hay absolutamente ninguna evidencia de que César Coll se haya llevado un solo peso. Hasta ahora, todo indica que se trata de una persecución estrictamente política”.
Dos días antes, el líder del PAN Jalisco, Gustavo Macías Zambrano, anunció que los legisladores federales de su partido exhibirán desde la Cámara de Diputados, en la Ciudad de México, los excesos de Almaguer; incluso adelantó que el partido solicitará juicio político contra el fiscal por lo que consideran una “aplicación selectiva” de la justicia en Jalisco.
Almaguer dijo que no responderá a las críticas y cuestionamientos de los panistas, pues tiene muchos amigos en Acción Nacional, y recalcó que el proceso contra Coll Carabias está estrictamente apegado a derecho. Como sea, la detención del panista tensó las relaciones entre el gobierno de Aristóteles Sandoval Díaz y el PAN.
El desatino ocurrió justo la víspera del inicio de los trabajos de la LXI Legislatura, donde el PRI llega como primera minoría y urgido de alianzas para enfrentar a Movimiento Ciudadano, que gobierna más de 63% de la población en Jalisco y amenaza con arrebatarle la gubernatura a los priistas en 2018.
La detención
El 23 de octubre y sin que mediara el aval del gobernador Sandoval Díaz, según versiones conocidas en el PRI, elementos de la fiscalía general detuvieron en su casa a Coll Carabias poco después de las 7:30 de la mañana.
Macías Zambrano comenta a Proceso Jalisco que Almaguer armó su tinglado en tiempo récord: articuló tres denuncias penales; integró los peritajes; pidió órdenes de aprehensión contra el exfuncionario y en menos de 12 horas logró su captura.
El asunto dejó en evidencia la aplicación de una justicia facciosa y selectiva. Mientras persigue con ferocidad a los presuntos enemigos políticos del PRI, la fiscalía ignora las denuncias contra los militantes de ese partido o los hijos de funcionarios de primer nivel, como es el caso de Roberto López Rivera, La Parca, hijo del secretario general de Gobierno, Roberto López Lara, contra quien existe una querella penal por intento de homicidio ocurrido el 24 de abril pasado.
Los familiares de Sergio Martín Castellanos, el joven agredido en esa ocasión por La Parca, aseguran que, lejos de realizar la investigación en forma rápida y oportuna, la fiscalía ha entorpecido el proceso y hasta ahora el junior no ha comparecido ante el Ministerio Público.
Recuerdan también que La Parca tampoco se ha presentado a declarar en torno al homicidio de Luis Murillo, ocurrido el 9 de octubre pasado en un restaurante de mariscos de Zapopan, del que fue testigo clave. Almaguer dijo que en los videos de seguridad del establecimiento nunca vio a López Rivera, aunque sus propios subalternos demostraron posteriormente que sí estuvo en ese lugar.
Con su actuar, Almaguer demuestra una actitud tendenciosa en el trabajo de la fiscalía, lo que marca un distanciamiento entre el PRI y el PAN, justo en los momentos en que los priistas están más necesitados de acuerdos con otras fuerzas políticas tras su derrota en las elecciones del pasado 7 de junio, sentencia el dirigente panista.
Según Macías, Coll Carabias había tramitado un amparo el 16 de octubre, por lo que su captura era innecesaria, pues se le implica en un asunto administrativo. Pero no, le negaron el derecho de ser escuchado y se montó toda una estrategia contra su correligionario.
“No ocurre lo mismo en el caso del hijo del secretario López Lara, ni en el de los funcionarios priistas acusados de violar la ley”, insiste. Incluso cita el caso de la exregidora priista de Guadalajara Elisa Ayón, amiga del fiscal Almaguer.
Macías adelanta que su partido va a promover un juicio político contra Almaguer. Él debe separarse del cargo y responder por qué hasta ahora no hay ningún resultado que lo avale para mantenerse al frente de la fiscalía.
“No hay ninguna gran detención que presumir en la entidad; los grandes capos se mueven por todas partes y en todo el estado. Los grupos armados siguen presentes en distintos municipios, y no hay avances significativos; los robos de vehículos, a casa habitación se mantienen”, sostiene.
Si la idea de Almaguer y el PRI era doblar al PAN para tenerlo de su lado en el Congreso, lo que consiguieron fue el efecto contrario, porque esto genera una total independencia y distancia del PAN:
“No nos interesa el tema de la presidencia de las comisiones; tampoco nos interesa tener acuerdos con los priistas. Vamos a actuar con estricto sentido de respeto a la ley. Eso nos permite realmente ser oposición en el Congreso y hacer señalamientos sin importar la búsqueda de acuerdos con el Ejecutivo.”
–¿Hay un rompimiento entre los panistas y el Ejecutivo estatal? –se le pregunta.
–Lo que hay es una molestia muy grande del PAN hacia el gobierno del estado y esa situación le genera al partido mucho más libertad en el actuar del grupo parlamentario.
Versiones encontradas
El fiscal central, Rafael Castellanos, advierte que tiene como principio nunca mentir en su trabajo, y en el caso de Coll Carabias existe un ilícito plenamente comprobado.
Las querellas en contra del panista, dice, se sustentan en tres demandas, pues tiene cargos por recursos mal invertidos o no justificados, todos ellos relacionados con desvío de recursos (peculado) y aprovechamiento ilegal de funciones.
Las tres denuncias fueron presentadas por la Contraloría del estado, que encabeza Juan José Bañuelos Guardado, desde mayo, insiste Castellanos, y rechaza que la fiscalía trabaje bajo consignas de orden político o partidista.
Según él, el Ministerio Público trabaja de manera objetiva a partir de una denuncia concreta presentada ante la agencia del Ministerio Público; asimismo, rechaza que se pretenda proteger al hijo de López Lara, acusado de intento de homicidio y de ser testigo clave en un crimen ocurrido el 9 de octubre pasado.
Almaguer insiste en que existen 40 querellas contra exfuncionarios de diferentes partidos por violaciones a la ley: todas ellas, dice, se investigan en forma objetiva y profesional.
“Se están integrando las averiguaciones correspondientes de las denuncias que presentó la Contraloría del estado para ejercer la acción penal en contra de los servidores públicos de todos los partidos que malversaron fondos”, declaró. Sin embargo, declinó dar nombres de los presuntos implicados.
Pese a ello, el defensor de Coll Carabias, Jesús López Lucano, declaró a los medios que esos señalamientos carecen de sustento, incluso ya se habían subsanado ante la Auditoría Superior del Estado las observaciones hechas a su cliente. E insiste: la aprehensión de Coll Carabias fue por “presión del gobernador” Sandoval Díaz. (Con información de FCR.) l
