Crimen, sospechas e intimidación

El asesinato de un joven en un bar de Zapopan, el viernes 9, generó la versión de que en los hechos estuvo involucrado José Roberto López Rivera, La Parca, hijo del secretario general de Gobierno del estado. La fiscalía primero negó que el hjijo del funcionario estuviera presente, y después informó que ya tenían testigos y presuntos responsables. El caso se complicó cuando un columnista fue amenazado. Y para colmo, la propia fiscalía tuvo que admitir que López Rivera sí estaba presente, pero no lo llamó a declarar.

Cinco días después del homicidio de Luis Iván Murillo Vargas, de 21 años, en el restaurante bar Los Cocos Locos de la colonia La Estancia, Zapopan, y después de haberlo negado oficialmente, la Fiscalía General del Estado (FGE) reconoció que en los hechos estuvo presente José Roberto López Rivera, La Parca, el hijo de 20 años del secretario general de Gobierno, Roberto López Lara, El Chino.

El 24 de abril pasado La Parca protagonizó otro zafarrancho en el restaurante La Perla del Pacífico, de la misma zona, cuando encañonó con su pistola y golpeó en los baños a Sergio Miguel Martín Castellanos, de su misma edad, a quien ya había amenazado desde que eran compañeros de la preparatoria.

En ese entonces, el agredido declaró a este semanario que López Rivera ya solía tener esos desplantes pero se volvió más prepotente cuando su padre asumió un alto cargo en el gobierno de Aristóteles Sandoval (Proceso Jalisco 548).

Tras conocerse el homicidio cometido el viernes 9 y ante el silencio gubernamental, corrieron en la fuente policiaca distintas versiones sobre el crimen y se mencionó que el hijo de un funcionario estatal de primer nivel estaba involucrado.

El sábado 10 la vocera de la FGE, Mónica Salas, dijo a este semanario que dos mujeres declaraban como testigos y dos sujetos permanecían detenidos como presuntos responsables de la muerte de Murillo Vargas, pero que La Parca no estaba involucrado.

El jueves 15, el diario Mural cabeceó en primera plana: “Participa en riña hijo de secretario”. En la nota se agregaba que López Rivera intervino en la pelea “que terminó en el asesinato de su amigo Luis Murillo Vargas”.

Según el rotativo, en la averiguación previa 461/2015 consta que el pleito comenzó por viejos conflictos entre las acompañantes de los jóvenes, que se encontraron ahí. Murillo Vargas, López Rivera y otra persona aún no identificada fueron a una de las mesas a increpar a Brandon Ortega Velarde, de 18 años, con domicilio en el Fraccionamiento Los Olivos, y Cristian Eduardo Rodríguez Zamora, de 19 y vecino de la colonia Residencial del Pilar, ambos en Tlaquepaque.

Ortega, presunto autor del homicidio, declaró: “Vi que uno de los sujetos me agarró de mis piernas y cuando estaba agachado le apunté con la pistola del calibre .380 a la cabeza y al cuerpo, al momento que le hice dos disparos al pecho y al abdomen, y fue cuando el bato cayó”.

A decir del director de Averiguaciones Previas de la FGE, Carlos Zamudio, López Rivera huyó corriendo. Hasta el cierre de la presente edición no se conoció que el hijo del secretario general de Gobierno se hubiera presentado a declarar.

Fue hasta la tarde del lunes 12 cuando el fiscal Eduardo Almaguer aclaró que había dos detenidos por el crimen de Murillo Vargas, ya a disposición del juez. En un comunicado detalló la ubicación del restaurante, las circunstancias de la riña y quienes participaron en ella, pero se abstuvo de nombrar a López Lara.

Según la FGE, los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que integró la averiguación previa correspondiente y los consignó al Juzgado Décimo Segundo en Materia Penal. Al final, el comunicado decía que la dependencia “tiene el compromiso de calificar los hechos con base en todas las investigaciones que están a su cargo para consignar a los verdaderos responsables”.

Esto, no obstante que las primeras versiones del crimen recabadas por la prensa establecían que Murillo Vargas llegó en un auto BMW y que ya en el restaurante peleó con otro sujeto, quien sacó una pistola y le disparó varias veces. Se supo asimismo que en el lugar quedó tirada una pistola escuadra con un tiro útil y tres casquillos.

Se reportó que rápidamente se desplegó un cerco de seguridad con policías estatales y municipales, pero también soldados o marinos.

Intimidación

El martes 13, en su columna “Puntos y contrapuntos” en Mural, Pedro Mellado mencionó la sospecha “de que el hijo de un alto funcionario de la administración de Jorge Aristóteles fuera probable responsable de ese crimen” y sugirió al mandatario estatal encargar a su fiscal general, Jesús Eduardo Almaguer y al Central, Rafael Castellanos, “una investigación cuidadosa, detallada, profesional e imparcial”.

Prosiguió: “Existen presunciones corroboradas, se asegura, por testigos de los hechos que en el caso estaría involucrado el violento hijo de importante funcionario de primer nivel en el Gabinete estatal”.

Añadió que esa versión “apareció en otros dos diarios locales, pero fue ignorada por otros cuatro, presumiblemente por las fuertes presiones desde algunas instancias del gobierno (estatal) que pretenderían minimizar los hechos”.

E insistió: “Los nombres del funcionario presuntamente involucrado y de su conflictivo vástago ya debe conocerlos Jorge Aristóteles, quien tendrá que instruir a su fiscal general, Jesús Eduardo Almaguer y a su fiscal central, Rafael Castellanos, para que investiguen y lleven ante la justicia al responsable de tan alevoso crimen. Sólo así se evitaría que su gobierno pudiera ser señalado como cómplice”.

Al día siguiente, Mellado denunció que había recibido intimidaciones: “Alguien está muy molesto por la hipótesis expuesta ayer en esta columna, que advierte sobre el presunto involucramiento del hijo de un poderoso funcionario público estatal, en el asesinato de un muchacho de 21 años de edad identificado como Luis Iván Murillo Vargas”.

Esa madrugada, agregó, alguien que se identificó como Miguel Ángel Alférez G., aficionado a las motos y a las armas según se ve en los videos que ha subido al sitio de internet ligado con su correo, le envió el siguiente mensaje:

“Eres un estúpido… Más que estúpido, un pendejo que sólo repite chismes, ¿eso es ser periodista? ¿Tener el medio para que tus pendejadas salgan publicadas?… Ya tienen al asesino, de seguro debe ser pariente tuyo o tu hijo para que salgas a defender a semejante escoria de la sociedad tapatía. Ese tipo está más que identificado y no por tus pendejadas saldrá libre”.

Sin embargo, según Mellado, el sujeto señala a alguien que no ha salido a colación en la Averiguación Previa ni en los comunicados de la FGE: “El mentado Koala Torres fue quien le disparó a Luis Iván Murillo y ahora ya está preso. Ese Koala ya ha matado. Mató a una señora en la zona de Av. Patria y Naciones Unidas para quitarle su camioneta. La madre de este delincuente es una secuestradora y descuartizadora… Mi familia ha sido víctima de ese delincuente. Así que ya no digas pendejadas y esto lo voy a subir a las redes sociales exhibiéndote lo estúpido que estás”,

El columnista cuestionó: “¿Quién es el mentado Koala Torres? Luego de tan desairado exabrupto –¿de parte de quién?–, habría que insistir en que el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz debería ordenar una investigación profesional e imparcial de este extraño y contradictorio caso, que ha sido ‘resuelto’ con inusitada celeridad”.

Todo el poder del Estado

El jueves 15, el secretario general de gobierno defendió públicamente a su hijo. Afirmó que no participó en la gresca en que asesinaron a su amigo Luis Iván. Argumenta que cuando se escucharon los disparos López Rivera salió corriendo como mucha gente, “pero que haya participado en la agresión es totalmente falso”.

Y aunque esto implica la aceptación de que La Parca estaba presente y fue testigo, López Lara intentó justificar que no haya declarado ante la FGE: “Está el autor material, el arma, los testimonios, los acompañantes de los agresores, las pruebas técnicas, científicas, forenses, de donde está el disparo, es por eso que mi hijo no fue citado”. Aclaró que no fue porque el gobierno lo protegiera.

Sobre la denuncia penal que pesa contra López Rivera por intento de homicidio desde abril pasado, el secretario general de Gobierno se limitó a decir que “todo está aclarado”.

No obstante, Patricia Castellanos, madre del agredido en aquella ocasión, consultada por este semanario el jueves 15 relata que tras la acusación a López Rivera por intento de homicidio, la FGE se ha dedicado entorpecer la investigación y frenó incluso la ratificación de la denuncia.

Sostiene que en el asesinato de Murillo Vargas, la dependencia actúa de forma sospechosa: “Si en realidad no tiene nada que ocultar, ¿por qué no muestra todos los detalles de los videos de seguridad que tiene en su poder y que son propiedad del establecimiento? Primero dijeron que no tenían cámaras en el lugar y ahí están. Eduardo Almaguer dijo ahora que no estaba en el lugar de los hechos López Rivera, pero también mintió”.

Indica que en ambos casos las autoridades estatales tienen la obligación de realizar una investigación profesional y apegada a derecho, a fin de esclarecer los delitos y sancionar a quien resulte responsable.

“Con mi hijo fue un intento directo de asesinato de parte de La Parca. No fue que lo golpeara con la cacha de una pistola, el agresor intentó matarlo, y hasta la fecha sigue diciendo a conocidos y amigos que cuando termine el proceso legal, mi hijo no se la va a acabar. Las amenazas siguen y por desgracia ese muchacho es un sociópata”.

Murillo Vargas cursaba el quinto semestre de la carrera de Estudios Jurídicos en la Universidad de Guadalajara. Según algunos de sus compañeros del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), La Parca y Luis eran amigos.

Conocidos de ambos indican que Roberto López Lara le había quitado escoltas y arma después de que la denuncia de Martín Castellanos se publicara en este medio el 10 de mayo pasado. Después del homicidio de Murillo Vargas, López Rivera se ausentó de sus clases.

Los apellidos Murillo Vargas cobraron notoriedad en 2013, un mes antes de que Jorge Aristóteles Sandoval Díaz rindiera protesta como gobernador.

El 15 de febrero de ese año, el diario Reporte Índigo publicó detalles de un juicio familiar interpuesto contra del entonces gobernador electo, radicado en el Juzgado 27 de lo Familiar, ubicado en la Ciudad de México, donde Mildred Flores Campos demandó a Sandoval por el incumplimiento de la manutención de un hijo que había concebido con ella. Sandoval negó el problema.

Sin embargo, el propio rotativo difundió que más de la mitad de los ejemplares de su edición 208, donde publicó esa información, fueron comprados masivamente para evitar que circularan. Detalló que dicha adquisición la realizó un grupo que utilizó tres vehículos, entre ellos una camioneta Avalanche blanca con placas JP11580 de Jalisco y propiedad de Jesús Murillo Vargas.

De acuerdo con datos obtenidos por este semanario, Jesús Murillo Vargas es hermano del fallecido Luis Iván y trabajó en el ayuntamiento de Guadalajara hasta 2012, en el tramo final de la administración de Aristóteles Sandoval.   l