Este domingo los catalanes van a las urnas en unas elecciones autonómicas que en realidad ya se consideran plebiscitarias. Los separatistas (a quienes los sondeos vaticinan el triunfo) podrían ganar la mayoría en el parlamento local y, de ser así, comenzarían un proceso para declarar a Cataluña independiente de España. Ese fenómeno ya prendió las alarmas en el gobierno español, el cual ya empezó a desplegar sus artificios para impedir ese extremo.
Madrid.- El tamaño de la fractura entre Cataluña y el resto de España se conocerá luego de las elecciones autonómicas de este domingo 27; en los días siguientes podrá valorarse el nuevo escenario político español, al cual se sumarán unas elecciones generales por celebrarse en diciembre. En lo que coinciden los impulsores del independentismo catalán y quienes defienden la tesis constitucional para mantenerse unidos, es en que el edificio nacional no volverá a ser igual.
Los sondeos apuntan a que, juntas, las fuerzas soberanistas Junts pel Si (Juntos por el Sí) y Candidatura d’Unitat Popular sumarían entre 73 y 76 escaños, más de los 68 necesarios para tener mayoría absoluta en el Parlament de Cataluña; la suma en porcentajes se colocaría en 49.9% del voto emitido.
Un análisis del digital diario.es advierte: “El soberanismo puede ganar las elecciones y perder el referéndum si no logra sumar más de 50% de los votos. El independentismo no tendrá la autoridad moral necesaria para imponer su plan a la otra mitad de Cataluña”. Y añade que puede significar “el inicio de la hoja de ruta hacia la independencia, o un aval para negociar con el Estado español”.
Jordi Sánchez, presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) señala a Proceso: “El lunes 28 no habrá una declaración unilateral de independencia de Cataluña, porque no está en nuestra hoja de ruta. Lo primero es ganar las elecciones, conseguir un número de diputados en el Parlament, suficiente para iniciar el proceso por la independencia, con seguridad jurídica y estabilidad política, proceso que pensamos podría llevar 18 meses”.
Esta organización popular, junto con Ómnium Cultural y la Asociación de Municipios por la Independencia, son las que encabezan el proceso independentista y empujaron a los partidos a adoptar el proyecto soberanista.
Mariano Rajoy –cuyo gobierno acusó una inmovilidad inicial– y Felipe VI –cuya actuación fue tímida– han desplegado en las últimas semanas una ferviente actividad. Entre otras acciones, consiguieron respaldos en círculos internacionales para evitar el rompimiento.
Primero, la canciller alemana Angela Merkel recordó que, de acuerdo con los tratados de la Unión Europea, “todos tienen que respetar, garantizar la soberanía nacional y la integridad territorial de los Estados”; el primer ministro británico, David Cameron, quien hace un año enfrentó el referéndum escocés, advirtió: “Cuando una parte de un Estado se separa de ese Estado, no formará parte de la Unión Europea y deberá ocupar su puesto a la cola de otros países que han solicitados ser miembros”.
“Trueque”
En la visita de Felipe VI a la Casa Blanca, hace un par de semanas, el presidente Barack Obama no mencionó a Cataluña, pero emitió un respaldo implícito a la posición del gobierno central. “En materia de política exterior, estamos profundamente comprometidos en mantener una relación con una España fuerte y unificada”, dijo.
Para Joan Garcés, jurista y catedrático de relaciones internacionales, el pronunciamiento de Obama guarda intenciones más profundas: “Demuestra que la soberanía popular sigue sometida a la cesión de soberanía nacional en materia de defensa a la OTAN, dirigida por Estados Unidos”.
Explica al reportero: “La dictadura de Francisco Franco se prolongó más allá de 1945, en que fueron derrotadas las potencias fascistas alemana e italiana, porque el dictador español entregó a Estados Unidos las bases militares permanentes en territorio español, que son la de Rota y Morón.
En 2015, “pese al malestar popular existente en España, el gobierno del Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español aprobaron en agosto una ley que pone la base de Rota bajo la total jurisdicción, al 100%, de Estados Unidos. Y, acto seguido, el rey de España es recibido en la Casa Blanca para obtener el respaldo a la monarquía española, y con declaración incluida de Obama sobre Cataluña. El trueque está claro”.
Asesor de Salvador Allende y ganador en 1999 del Premio Nóbel Alternativo que otorga la Right Livelihood Awards Foundation, Garcés dice que se cede soberanía sobre la base naval de Rota en reciprocidad al respaldo a la monarquía, como cabeza de la estructura institucional posfranquista.
Y añade que, ante la mínima manifestación democrática, en este caso de la sociedad catalana, “los reflejos de las estructuras del posfranquismo se reactivan”, entre ellos, instituciones como la monarquía, el Tribunal Constitucional, el estamento político y el financiero.
Otro ejemplo de los “reflejos del posfranquismo”, activados con la movilización catalana, dice, es el proyecto de ley impulsado por el Partido Popular (PP), que confiere al Tribunal Constitucional nuevos poderes de decisión y ejecución, como multar e incluso suspender a funcionarios y gobernantes que incumplan sus sentencias y resoluciones.
Esta iniciativa, aunque aplicable a todas las administraciones, tiene dedicatoria a un posible escenario de declaración unilateral de independencia en Cataluña, como lo cita la exposición de motivos. En la presentación del proyecto de ley de los diputados del PP, tuvo un papel protagónico el candidato de ese partido por Cataluña, Xavier García Albiol, declarado promotor de políticas antiinmigrante, quien lanzó una bravuconada contra Arturo Mas, presidente de la Generalitat de Cataluña e impulsor del soberanismo: “La broma se ha terminado”.
Garcés advierte que este proyecto de ley –con la oposición del resto de fuerzas políticas– “significa una subversión del sistema constitucional vigente, porque el Tribunal Constitucional está formado por magistrados que no son independientes ni forman parte del Poder Judicial, puesto que fueron nombrados por los partidos políticos; tienen inmunidad absoluta, aunque prevariquen y están por encima de la ley, mientras que los jueces y magistrados están regidos por la ley”.
La filosofía subyacente en conceder capacidades ejecutivas decisorias a los magistrados del Tribunal Constitucional de esas características, por encima de la ley y sin control de ningún organismo, no reconoce ninguna limitación, opina.
Aun así, para el doctor en ciencias políticas esta elección autonómica es sólo una fase de un “proceso soberanista que viene de muy atrás y tendrá nuevas etapas”, aunque destaca que del resultado de esta jornada electoral podrá concluirse “si esta movilización en favor de la soberanía popular queda reducida al ámbito catalán, entonces se vería arrastrada más fácilmente (por el poder central), que si se articula con reivindicaciones de soberanía popular en el conjunto de España.
Hoja de ruta
Jordi Sánchez sostiene que la hoja de ruta del soberanismo tiene como primer paso estas elecciones y, después, “una declaratoria de inicio del proceso hacia la independencia –que no es la declaración de independencia–, que estará dirigida a los catalanes y a la comunidad internacional”.
Un paso más será garantizar toda la legislación catalana que deberá sustituir a la española, “porque es un proceso que no quiere dejar margen a la inseguridad jurídica”. Por ello, el nuevo Parlament impulsará “una ley de transitoriedad jurídica, con una provisionalidad para la elaboración de una Constitución”.
Reconoce que, durante la construcción del nuevo Estado catalán, una parte de la estructura legal seguirá siendo la legalidad española, porque “es imposible pretender que el Parlament tenga todo un cuerpo legislativo previsto. Sin embargo, dicha ley de transitoriedad dará seguridad jurídica para que nadie deje de operar, ni ciudadanos ni empresas”.
El informe La sucesión de ordenamientos y administraciones, del Consejo Asesor para la Transición Nacional, señala que los órganos jurisdiccionales deberán ser cambiados.
El documento señala que las estructuras del Estado necesarias son la Agencia Tributaria de Cataluña, la Agencia de la Seguridad Social, el Banco Central, la Constitución y las embajadas. Paralelamente toda una serie de organismos que controlan la energía, las telecomunicaciones, la infraestructura aeroportuaria o los mercados, dando por hecho que Cataluña permanecerá en la zona euro.
El Consejo Asesor plantea ciertas dudas sobre la formación de un ejército propio, se plantea que sea un modelo parecido al belga, con reservistas y encomendando a la OTAN la defensa del territorio ante ataques externos.
–¿Y si no tienen respaldo de las urnas? –se le pregunta al presidente de ANC.
Sánchez sostiene que sin la mayoría, “no hay recorrido posterior. Si las corrientes independentistas no tuvieran esos 68 escaños, habría que admitir que no hemos conseguido el reto, y sabríamos que las instancias de gobierno de Cataluña no podrían iniciar un proceso independentista. Aceptaremos que no hemos ganado, pero el compromiso es seguir trabajando con una nueva hoja de ruta, porque no vamos a renunciar”.
Jordi Cuixart, vicepresidente de Ómnium Cultural, dice en entrevista que la independencia no implica salir de la Unión Europea, como lo señalan, desde Madrid, el propio David Cameron y otras autoridades comunitarias. En su opinión “Europa no va a dar la espalda al mandato democrático, Europa no puede ignorar el mandato de las urnas. ¿O va a permitir que España ponga en riesgo la estabilidad de Europa y el mandato democrático, después de haber vivido el proceso de Escocia? Creemos que no”.
No piensa lo mismo Josep Borrell, ministro en los gobiernos de Felipe González y expresidente del Parlamento Europeo, para quien esa “ensoñación épica” de los portavoces soberanistas que advierten que no los pueden expulsar de Europa, “no implica que se les meta en un barco a los catalanes y se les expulse de la Península Ibérica”.
Simplemente “si usted se independiza de un Estado que forma parte de la Unión, pues queda fuera, simplemente se le van a dejar de aplicar las políticas comunitarias”, dijo Borrell en entrevista televisiva.
“¿Cómo arreglarlo?”, se pregunta. El único camino, dice, “es negociar su inclusión a la Unión, que debe ser aceptada por unanimidad y, después, se modificaría el Tratado de la UE y esta modificación debe ser ratificada por unanimidad por todos los Estados miembros en una segunda vuelta; esa es la realidad que (los soberanistas) se niegan a aceptar, porque para ellos es casi un problema de fe”.
Borrell critica que “como el señor Mas está dispuesto a saltarse la ley, cree que en Europa los demás están dispuestos a saltarse los tratados que son la norma de funcionamiento de la Unión. Difícil que Alemania, Italia, Reino Unido y España lo vayan a aceptar”.
Números fríos
La Generalitat de Cataluña, desde la llegada al gobierno de Artur Mas, ha exigido al gobierno central un nuevo pacto fiscal que la privilegie como lo hace con el País Vasco y Navarra. Ante el fracaso, su gobierno y los partidos nacionalistas catalanes repudian el llamado expolio fiscal y con base en ello argumentan que es mejor su separación de España para conseguir un mejor desarrollo para Cataluña.
El gobierno de Mas también argumenta que el déficit fiscal que el Estado español tiene con Cataluña es de 16 mil millones de euros; es decir, que la aportación catalana a través de los impuestos y las cotizaciones supera en exceso a lo que recibe del gobierno central en concepto de servicios y prestaciones.
La fundación CatDem, vinculada a Convergencia Democrática de Cataluña, el partido de Mas, dio datos a los medios para demostrar que es viable una Cataluña independiente. El informe Viabilidad de Catalunya como Estado. Análisis de la hacienda pública, elaborado por las catedráticas Nuria Bosch y Marta Espasa, calcula el gasto que supondría asumir las competencias que actualmente son del Estado, y aun así tendría “un beneficio” de unos 922 millones de euros, con datos de 2009; su PIB per cápita estaría 9% por encima de la media de la Unión Europea.
Para Borrell, es falso que, al día siguiente de la secesión, Cataluña disponga de 16 mil millones de euros, que la convertirían en un país más rico que Qatar. “Es falso el invento de una secesión con costo cero, cuando la factura de las estructuras básicas de Estado superaría los 8 mil millones de euros”, sostiene.
Dice que la cifra del déficit fiscal más cercana a la realidad sería de unos 2 mil o 3 mil millones de euros, que es sólo un punto de PIB. “El cuento de los 16 mil millones es una estafa intelectual que se da al pueblo. Igualmente se dice que seguirán en la OTAN, cuando la condición mínima para estar en la alianza atlántica te representa más de 3 mil millones”.
Borrell sostiene que las relaciones comerciales con España se verían afectadas con la independencia. “Por las trabas y el establecimiento traumático de una frontera, no seguiría habiendo los mismos flujos comerciales”. l
