El anuncio es un hito: el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC alcanzaron el acuerdo central en la negociación que mantienen en La Habana. Pero aún falta mucho para alcanzar la paz. No sólo restan dos debates centrales, sino que grandes e influyentes fracciones de la población colombiana –lideradas por el expresidente Álvaro Uribe, que goza de gran aprobación– no avalan los términos del pacto conseguido: consideran que los castigos para los jefes guerrilleros son mínimos y que un arreglo así no vale la pena.
BOGOTÁ.- El 9 de abril próximo, cuando se cumplirán 68 años del asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán –detonante de un periodo de violencia política que se ha prolongado hasta ahora en Colombia–, este país habrá puesto fin al único conflicto armado interno que persiste en América Latina.
Ésa, cuando menos, es la decisión que tomaron el presidente colombiano Juan Manuel Santos y el comandante en jefe de la guerrilla de las FARC, Timoleón Jiménez Timochenko, quienes el pasado miércoles 23 se reunieron en La Habana para anunciar al mundo que en un plazo máximo de seis meses terminarán las negociaciones de paz que desarrollan sus delegados en la capital cubana.
Desde ese día, el país no habla de otro tema, y el mundo –desde Washington hasta la Unión Europea y Latinoamérica en pleno– saludó el anuncio con la confianza de que la paz en Colombia está a la vuelta de la esquina.
“La paz está más cerca que nunca para el pueblo colombiano”, dijo el secretario de Estado estadunidense, John Kerry.
Y es verdad que la determinación de Santos y Timochenko ubica al proceso colombiano de paz en su recta final, porque no sólo pusieron como plazo máximo para concluir las negociaciones el 23 de marzo de 2016, sino porque también llegaron a un acuerdo sobre el tema de justicia, que era el punto neurálgico de los diálogos entre las partes.
Las FARC, que se resistían a ser sometidas a cualquier tipo de pena –particularmente de cárcel– con el argumento de que se alzaron legítimamente en armas, aceptaron que sus comandantes paguen con una reclusión especial de entre cinco y ocho años y trabajo comunitario los crímenes graves que han cometido durante la guerra interna.
Además, deberán confesar sus delitos ante una Comisión de la Verdad y reparar a sus víctimas, como secuestrados y familiares de civiles asesinados por sus tropas.
Con ese acuerdo, queda allanado el camino para que los delegados del gobierno y la guerrilla desahoguen de aquí a marzo próximo los dos puntos pendientes de la agenda: cese al fuego y dejación de armas, y mecanismo de refrendación del acuerdo final.
“La negociación de estos dos temas no será sencilla, pero sin duda ya se recorrió lo principal del camino y ya está consolidada la mayor parte de los acuerdos. Queda lo menos, y hay muy buena actitud de las partes”, dice el politólogo y especialista en resolución de conflictos Álvaro Villarraga.
Polarización política
El senador del izquierdista Polo Democrático Alternativo, Iván Cépeda, sostiene que el país está enrutado hacia la terminación de un conflicto armado interno que ha dejado unos 218 mil muertos y más de 5 millones de víctimas entre desaparecidos, secuestrados y población desplazada.
Cepeda, una víctima de la guerra por el asesinato de su padre, Manuel Cepeda, considera sin embargo que el tramo que queda para la firma del acuerdo de paz, su refrendación en las urnas y su puesta en marcha será “muy difícil” por la polarización política que suscitan en el país las negociaciones.
“Sería muy significativo que lleguemos al 9 de abril de 2016 (fecha emblemática en la que se conmemora el asesinato de Gaitán) con un acuerdo de paz, y ése es el compromiso del gobierno y las FARC, pero tenemos por delante una fase política difícil, más que en la mesa de negociaciones, al interior del país”, asegura el legislador.
La misma noche del miércoles en que Santos y Timochenko anunciaron el acuerdo de justicia y el plazo para concluir negociaciones, el expresidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez –principal crítico del proceso de paz– repudió que el gobierno “haya aceptado que delincuentes responsables de atrocidades no vayan a la cárcel”.
El exgobernante, quien tiene una popularidad de 57%, consideró una “claudicación” del gobierno el acuerdo sobre justicia y deploró que Kerry, el secretario de Estado de Estados Unidos, “aplauda un acuerdo de impunidad con las FARC que nunca lo aceptarían (sic) con Al Qaeda”.
El tono de Uribe Vélez anticipa una dura lucha política por lograr el apoyo de la sociedad colombiana a los acuerdos de paz.
Precisamente el apretón de manos que se dieron en La Habana Santos y Timochenko, y los anuncios que hicieron al país, buscan dar un vuelco al pesimismo con que una parte importante de Colombia observa el proceso de paz, lo cual resulta preocupante si se tiene en cuenta que el acuerdo final deberá ser refrendado en las urnas.
La primera encuesta tras la cita del presidente y el jefe guerrillero en la capital cubana indica que 71% de los colombianos está en desacuerdo con los anuncios que allí se hicieron. El sondeo, de la firma Datexco, señala que sólo 20 de cada 100 ciudadanos aprueba el acuerdo sobre justicia.
Pero Villarraga considera que aún es temprano para medir el respaldo a esta fase final del proceso de paz que comenzó el miércoles 23. “Al ver resultados tangibles importantes, estoy seguro que la mayoría de la ciudadanos respaldará los acuerdos de paz, y algunos de estos resultados están a la vista, como el acuerdo de justicia, que destraba las negociaciones, y la disminución de la violencia que estamos viendo en el país”, indica el presidente de la Fundación Cultura Democrática.
Dividendos
En la medida en que los diálogos de paz han avanzado en La Habana, el gobierno y las FARC han frenado el conflicto en Colombia. La guerrilla mantiene un cese unilateral del fuego desde el 20 de julio pasado y el presidente Santos decretó la suspensión de bombardeos a los campamentos rebeldes.
Un estudio del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac) reveló que “las medidas bilaterales de desescalamiento están siendo efectivas y se cumplen de manera creciente tanto por las FARC como por el gobierno”. Como resultado de ello, en los dos últimos meses se redujo la violencia en Colombia, “llevándola a niveles no observados desde 1975”, tanto en víctimas como en acciones armadas.
Villarraga señala que la reducción de la violencia es lo que más valora la sociedad, pero reconoce que la polarización política “dificulta que el país termine de volcarse a apoyar los acuerdos de paz”. Por ello, agrega, el principal desafío que tienen los diálogos de La Habana “es político y es interno”.
El director de análisis del Observatorio de Política y Estrategia en América Latina (OPEAL), general Jairo Delgado, considera que en los próximos meses deberá registrarse en Colombia “un proceso muy arduo de socialización de los acuerdos de paz para que éstos sean comprendidos por la sociedad y ganen su apoyo”.
Considera que el próximo anuncio importante de la mesa de negociaciones podría ser un cese bilateral y definitivo del fuego, lo que en los hechos significaría el fin del conflicto en Colombia en términos militares.
Este tipo de avances, agrega el académico y general retirado de la Policía Nacional, son valorados por la sociedad, pero difícilmente suscitarán consensos nacionales debido al grado de polarización que existe en el país.
De acuerdo con Delgado, el cese bilateral del fuego debería producirse después de las elecciones regionales del próximo 25 de octubre, cuando los votantes elegirán gobernadores, alcaldes y diputados locales.
“Si resulta que éstas son las elecciones más pacíficas en toda la historia de Colombia, por el desescalamiento del conflicto que estamos viendo, entonces hay argumentos para pasar al cese bilateral, y eso le inyectaría más elementos de favorabilidad al proceso de paz”, indica.
Advierte, sin embargo, que romper la polarización política no será fácil.
Caso excepcional
El escritor e intelectual colombiano Plinio Apuleyo Mendoza, un crítico del proceso de paz, considera que el acuerdo de justicia que exime de cárcel tradicional a los jefes de las FARC responsables de delitos graves “es muy peligroso porque tiene un gran componente de impunidad”.
El autor de El olor de la guayaba, una entrevista biográfica con el fallecido escritor Gabriel García Márquez, con quien tuvo una cercana amistad, sostiene que la reclusión especial para los guerrilleros y “las concesiones que se han hecho a las FARC nos pueden dar la paz, pero a un precio demasiado alto”.
Dice que en Colombia “hay una división muy grande, y un acuerdo de paz con impunidad puede profundizar esto”.
Mendoza reconoce que “El Gabo (García Márquez) seguramente hubiera apoyado este proceso, porque siempre apoyó la paz, y claro, yo prefiero ver a Timochenko haciendo política que echando bala, pero esta paz nos puede salir muy cara por acuerdos como el de justicia, que no incluye cárcel para los jefes de las FARC”.
En este punto, los críticos de la negociación han encontrado una inesperada coincidencia con Human Rights Watch, cuyo director ejecutivo para las Américas, José Miguel Vivanco, señaló que el acuerdo de justicia “permitiría que los máximos responsables (de las FARC) de los peores abusos puedan eximirse de pasar siquiera un día en prisión”.
Señaló que será muy difícil que esta fórmula de justicia transicional supere un escrutinio riguroso de la propia justicia colombiana y de la Corte Penal Internacional.
El abogado colombiano Francisco Barbosa considera en cambio que el acuerdo de justicia, que pone al alcance del país finalizar un conflicto armado de 51 años, “es algo excepcional en el mundo porque es la primera vez que las víctimas van a jugar un rol relevante en el modelo de justicia y en la implementación de la paz”.
Explica que los jefes guerrilleros responsables de crímenes graves podrían ser recluidos en aldeas agrícolas de las cuales podrán salir para hacer trabajo comunitario, como labores de desminado, de sustitución de cultivos ilícitos y reconstrucción de infraestructura física destruida en la guerra.
El doctor en derecho público de la Universidad de Nantes, en Francia, afirma que este modelo, que se conoce como “justicia restaurativa”, satisface el estándar internacional de que se deben cumplir penas efectivas por crímenes de guerra, y está orientado a resarcir a las víctimas.
“Esta salida nacional le pone un hito al último conflicto de la Guerra Fría que le quedaba al continente después del apretón de manos que le dio el presidente (de Estados Unidos) Barack Obama al presidente cubano Raúl Castro (en la Cumbre de las Américas en abril pasado en Panamá)”, considera.
Barbosa sostiene que la clave para que Colombia respalde mayoritariamente el acuerdo final de paz, que deberá firmarse en los próximos seis meses, es que el gobierno de Santos “haga mayor pedagogía” para explicar al país qué significa la paz y el alcance de los acuerdos.
