Proceso Jalisco visitó el reclusorio preventivo de Puente Grande y recogió los testimonios de varios reclusos que aseguran estar ahí luego de que fueron torturados para que admitieran delitos que nunca cometieron. Sus versiones son un mentís a las autoridades que se ufanan en presentar cifras sobre la supuesta desaparición de esa práctica ilícita.
“¡Quiúbole, Brandon!”, grita El Mani, uno de los estafetas más diestros del reclusorio preventivo de Puente Grande, quien a pesar de que le falta el brazo derecho es el más hábil para cargar las bolsas de las visitas.
El Mani se dirige al módulo cuatro, donde está la celda de Brandon, un joven de 27 años, de nariz respingada y tez morena, para saludarlo, pero se retira cuando observa que la reportera está platicando con él de sus vicisitudes en el penal, uno de los más sobrepoblados del país.
Brandon es uno de los 3 mil internos. Lleva un año con ocho meses de reclusión, acusado de ser cómplice en el robo de 350 pesos y un celular 3G a un chofer de la ruta 605, se lo llevaron y lo sentenciaron a seis años.
No es la primera vez que Brandon pisa el penal a causa de una detención arbitraria. Ya estuvo ahí hace cinco años, luego de que lo arrestaron durante una presentación callejera de danza autóctona. Tras una revisión de rutina, lo aprehendieron porque sus características físicas coincidían con las de una persona que había sido reportada horas antes por el robo de un coche.
Los agentes de la Policía Investigadora le dieron una paliza para que se declarara culpable. Y lo doblaron. Al llegar al penal se arrepintió de haberlo hecho, cuenta.
Tuvo que pasar un año para que lo soltaran por falta de pruebas. Durante su cautiverio conoció a Iván, quien le enseñó a pitear fajos con hilos plata, oficio que ahora practica para ganarse la vida en el penal donde un café cuesta seis pesos. Aquella vez nadie le pidió disculpas por ser privado de su libertad de manera indebida, dice a la reportera.
Brandon está sentado sobre unas cajas rojas de Coca Cola. Durante la entrevista no deja de tallarse su raído pantalón. Llora al recordar ese pasaje ocurrido el 13 de mayo de 2013, cuando sus amigos le dijeron que “les hiciera un paro”. Luego se subieron a un camión de la ruta 605. Brandon se dio cuenta de que se trataba de un asalto y decidió bajar del autobús, pero ya era tarde. Unos uniformados se dieron cuenta de lo que ocurrió y Brandon se echó a correr, pero lo atraparon. Fue el único detenido.
“Ahora sí valiste madre, cabrón”, le dijeron los policías. Y se lo llevaron a la Fiscalía General, en la Calle 14. En la Agencia Especial número 6 quiso llamar a su mamá, pero no lo dejaron. Querían que declarara primero. Cuando empezaba a hacerlo, comenzaron las presiones.
“A ver, cabrón. ¡Tú no has entendido nada! –le dijo uno de los agentes–. Aquí no existe eso de que te agarraron los policías adentro de una casa y que tú estabas nomás echando aguas. Aquí vas a decir que tú asaltaste ese camión; que agrediste al chofer con un cuchillo.”
Brandon lo negó. Sus interrogadores le preguntaron si quería ir con el psicólogo a ver si él podía “sacarle la verdad”. Aceptó. Tuvo mucho tiempo para arrepentirse. Relata:
“El psicólogo no era un profesionista de la salud como pensé. No, era una tabla de madera con una leyenda en la que pude leer: ‘Soy el psicólogo’. Con ese instrumento me pegaron en las articulaciones hasta sofocarme.”
Después le pusieron las manos atrás y se las esposaron con los tobillos. Quedó en posición de cangrejo. Brandon permaneció varias horas en un cuarto semioscuro, junto a otro hombre que agonizaba.
Después volvieron los tres agentes que lo interrogaban. “¿Ya te acordaste, cabrón? ¿Ya te acordaste que fuiste tú?”, le decían, sin dejar de golpearlo. Uno de ellos le colocó una bolsa de plástico al otro detenido hasta asfixiarlo.
Tras un par de golpes más y la amenaza de ponerle la bolsa a él también, dejaron de torturarlo y lo trasladaron a Puente Grande.
La secretaria del juzgado le comentó que su abogado de oficio no se había presentado el día de la audiencia y le dijo que podría purgar hasta ocho años por el delito de robo calificado. Será hasta el tercer año cuando tenga derecho a los beneficios de reducción de pena en caso de buena conducta, dice Brandon.
Desde que ingresó a Puente Grande, Brandon comenzó a trabajar en la frutería y en la dulcería, luego tomó un curso de electricidad y computación.
Cuando uno de sus 11 hermanos se suicidó, sus familiares le llevaron el cuerpo al reclusorio y los custodios le dieron tres minutos para que se despidiera de él.
Brandon comparte su celda, diseñada para tres personas, con 13 internos. Él es la tranca, dice, pues duerme en posición horizontal pegado a la puerta. Uno de sus compañeros de trabajo es el piloto, una de las posiciones más incómodas pues duerme sentado en la taza del baño como si fuera manejando.
Otros duermen amarrados a las rejas para no caer, como la mayoría. Ellos son los más propensos al bullying, pues quienes pasan por su celda siempre les dan un zape.
La historia del mudo
A Juan Manuel, uno de los internos, todos le dicen el Mudo. Tiene 22 años, es analfabeto y tiene problemas auditivos. Nadie le enseñó a comunicarse con señas. Lleva más de un año en el reclusorio preventivo de Puente Grande.
Un día, él y sus amigos se burlaron de unos policías que pasaban por su barrio y luego echaron a correr, menos Juan Manuel. Los policías lo detuvieron, lo esposaron, lo subieron a la patrulla y lo trasladaron a la fiscalía, donde lo torturaron.
Con su dedo índice muestra las dos cicatrices en su cráneo y en su pierna derecha. Le fueron causadas a palazos por elementos de la Policía Investigadora en la Calle 14.
Durante el interrogatorio le pidieron los nombres de sus compañeros. Pero él no contestó. Irritados, los policías continuaron golpeándolo con una tabla plana que casi le perfora el pulmón izquierdo. Luego le colocaron una bolsa de plástico en la cara que casi lo asfixia. Como no lo hicieron hablar lo remitieron al reclusorio.
Como nadie supo interpretar su silencio, el Ministerio Público lo acusó de robo calificado, un delito grave por el que no alcanzó fianza. Un día, Juan Manuel se encontró en el penal a Gerardo, un medio hermano de su mamá, quien desde entonces es su intérprete.
Juan Manuel se tatuó el teléfono de su madre en el dedo medio, con quien se comunica todos los días, ya que ella no puede visitarlo. Él suele dar un par de golpes en el articular para que su madre sepa de quien se trata. Y cuando sólo escucha el silencio, sabe que su hijo está vivo.
Gerardo cuenta a la reportera: “Yo sólo sé que Juan Manuel llegó por el delito de robo. Y aunque tiene asignado un abogado de oficio, éste no puede comunicarse con él. Le he pedido a la licenciada del juzgado que revisen bien su caso y tengan alguna consideración con él, pues no sabe leer ni escribir”.
Casos como los de Brandon y Juan Manuel se repiten con frecuencia en el reclusorio preventivo de Puente Grande, donde los derechos humanos son letra muerta.
Pese a que se incorporaron al artículo 1 de la Carta Magna, las autoridades reciben las recomendaciones de las comisiones Nacional y local de los Derechos Humanos que casi nunca se atienden.
En el caso de la tortura, aun cuando desde 1993 existe una legislación para sancionarla, esa práctica continúa en varios estados. En Jalisco, hasta ahora no se ha emitido una sola sentencia por ese delito, aun cuando el ómbudsman estatal, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, recibió 89 durante el primer semestre de este año, comenta el director del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), César Pérez Verónica.
Hoy, dice, Jalisco se encuentra en una fase regresiva en la materia. En un informe sobre la situación de los derechos humanos en Jalisco, realizado el año pasado por el Cepad, detectó un alza de la tortura y detenciones arbitrarias por parte de servidores públicos.
De 2000 a 2014, según el Cepad, se registraron mil 343 quejas por tortura ante la CEDHJ, de las cuales más de 70% implicaron a cuerpos policiacos e instituciones encargadas de la seguridad y procuración de justicia en el estado.
Esas cifras sólo muestran una pequeña parte de la realidad, pues pese a que el gobierno de Aristóteles Sandoval presume que a partir de 2007 –cuando llegó a la CEDHJ Álvarez Cibrián–, las quejas por tortura bajaron, eso no es cierto; lo que pasa es que muchas personas no presentan su denuncia por miedo a represalias, por desconfianza o por amenazas de las autoridades implicadas, dice el especialista.
E insiste: “La tortura es una práctica arraigada para obligar a un ciudadano a declararse culpable de un delito. Aquí, el Estado tiene la obligación de intervenir, ya que son sus mismos servidores públicos quienes la ejercen. Existe un compromiso internacional de salvaguardar la integridad de las personas y es evidente que México está violentando estos tratados internacionales”.
Nadie frena los abusos
Pese a que la práctica de la tortura vincula a la policía y al Ministerio Público, en Jalisco las autoridades muestran desinterés por erradicarla. Si bien la nueva Ley para Prevenir y Erradicar la Tortura, que entró en vigor en abril de 2014, sanciona con hasta 12 años de prisión a quien la ejerza, hasta ahora ningún servidor público ha sido condenado por ese delito.
Uno de los casos recientes más sonados es el de los tres agentes ministeriales que fueron videograbados cuando abofeteaban a dos adolescentes. Pese a que fue girada una orden de aprehensión en su contra, ahora se encuentran prófugos.
La grave situación de la tortura en el país ha llamado la atención de las organizaciones internacionales. El año pasado, el relator especial sobre la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Juan E. Méndez, visitó México y concluyó que la tortura está generalizada en el país. En Jalisco, la tortura se práctica desde la detención hasta la puesta a disposición de las víctimas ante la justicia.
En 2014 también Amnistía Internacional presentó su informe Fuera de control: tortura y otros malos tratos en México, en el cual consigna que esa práctica aumentó 600% en los últimos 10 años; en promedio, según el documento, sólo una de cada 20 víctimas de tortura presenta su queja ante las autoridades competentes.
La eficacia del sistema judicial e índices de encarcelamiento fueron los dos temas peor evaluados en Jalisco, según el Índice de paz México 2015, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, un organismo internacional que mide el índice global, regional y local. En este estudio Jalisco se ubicó entre los 10 estados más violentos del país, rebasando a Durango, Quintana Roo y Coahuila.
Ante la falta de políticas para erradicar los abusos por parte del personal de la Fiscalía General del Estado y la omisión por parte de la CEDHJ, César Pérez Verónica, sentencia:
“¿De qué sirven las recomendaciones que emite la comisión a la fiscalía? Se han hecho más de 30 recomendaciones a la fiscalía por el delito de tortura, pero de qué sirve, si las autoridades no están interesadas en implementar medidas de prevención y sanción contra sus propios funcionarios.” l
