El comerciante Pablo Barranco Conde admite su ingenuidad. Dice que se confió en la publicidad del bufete jurídico Valeriano & Asociados y les pidió que lo ayudaran en un juicio mercantil, que finalmente perdió. Los abogados de esa firma, dice, nunca lo asesoraron y sí le hicieron perder su patrimonio, por lo que hace varias semanas Barranco los denunció.
El comerciante Pablo Barranco Conde perdió casi todo su patrimonio por creer en la publicidad de la firma Valeriano & Asociados, cuyos integrantes ofrecen sus servicios profesionales a personas, empresas e instituciones de la zona metropolitana de Guadalajara que requieren asesoría jurídica.
En la querella penal presentada a principios de mes en el área de Daños Patrimoniales de la Fiscalía General del Estado de Jalisco (AP 137/2015) Barranco Conde denunció al dueño de la firma, Miguel Ángel Valeriano Sánchez, a su socio Felipe de Jesús Pérez Vega y a quienes resulten responsables por el delito de “daño patrimonial”. Los acusa de falsificación de firmas y simulación de hechos.
Según el afectado, el 25 de abril de 2014, a raíz de un juicio mercantil le embargaron su casa, cuyo valor estimado es de 2.5 millones pesos pero estaba valuada en 822 mil pesos. Luego, cuando la esposa del afectado, Catalina Hernández Segura, había viajado a la Ciudad de México el inmueble fue rematado en poco más de medio millón sin el consentimiento de la familia Barranco Hernández.
Pero sus problemas empezaron en 2009, relata, cuando contrajo una deuda por 103 mil pesos por la compra de dos vehículos –un Volkswagen Jetta rojo modelo 2000 y un Tsuru 2002– en la agencia El Charro Automotriz, que desapareció poco después.
Todo iba bien hasta que un día le robaron uno de los vehículos a Barranco Conde, quien acudió a la aseguradora para cobrar el seguro, pero ahí descubrió que la agencia vendedora no lo había pagado, como se había comprometido. Luego, el comerciante se enteró que había sido demandado por los dueños de El Charro Automotriz, quienes se quejaban por un supuesto retraso en los pagos de los vehículos.
Fue entonces cuando Barranco Conde contrató a Valeriano & Asociados –una empresa con 35 años de experiencia profesional que trabaja con “hechos, no palabras”, según su publicidad–, pero en lugar de ayudarlo, el bufete le hizo perder cerca de 3 millones de pesos de su patrimonio, dice.
Según el agraviado, Valeriano Sánchez y sus socios actuaron con negligencia en su caso. Cada que pedía ver a Sánchez, éste lo remitía con sus colaboradores –en tres años, dice, fue recibido por una veintena de litigantes–, quienes le decían que no se preocupara, pues todo iba bien.
Las acciones procesales en su contra no fueron respondidas en tiempo y forma, por lo que “crecieron como bola de nieve”. Su adeudo de 103 mil pesos se volvió impagable, por lo que en abril del año pasado le embargaron su casa ubicada en Isla Andros 3050, fraccionamiento Residencial de la Cruz, en Guadalajara, y luego la remataron, tras falsificar firmas de su esposa.
Barranco pide investigar la actuación de Valeriano ante la sospecha de que su bufete sea parte de un “fraude específico”. Comenta al reportero que él sólo vio una vez a Valeriano, los demás encuentros fueron con sus colaboradores, quienes presuntamente eran abogados, y menciona a los siguientes:
Luis Alberto Rentería, Mario Mancilla, Eduardo Gutiérrez, Barby Lara Flores, Jaime González, Xóchitl Camarena, Alejandro Alamilla, Grecia Enciso, Alejandra Rodríguez, Víctor Hugo Tapia, Francisco Joel González, Yahir Rubalcaba, Jorge Valero, Aldo Vázquez, Lidia Guadalupe Hernández, Fernando Torres, Luis Estrada, Onésimo Zúñiga, Juan Camarena y un licenciado de apellido Caro.
“En mayo de 2014 –relata Barranco al reportero–, cuando mi esposa regresó, la sorpresa fue mayúscula. Nos percatamos que la vivienda ya se encontraba desocupada, que ya no estaban los muebles; que la finca estaba en remodelación.”
Recuerda que había varios trabadores en el inmueble y que Hernández Segura se puso a platicar con un empleado llamado Sergio Mota, quien le “mencionó que trabajaba para su nuevo patrón, pero se negó a dar el nombre”.
Mota le dijo que la vivienda había sido objeto de un remate judicial, sustentado en el expediente de juicio mercantil número 4107/2009, radicado en el Juzgado Séptimo. La familia Barranco Hernández se dio cuenta tres meses después, el 5 de agosto, cuando ya no pudieron hacer nada.
Por esas fechas, Barranco pudo constatar el estado procesal del juicio mercantil. Entonces, asesorado por otros abogados, Barranco se enteró de las anomalías jurídicas y las acciones contra él y su esposa.
La falsificación de la rúbrica de Hernández Segura se comprobó mediante un peritaje (expediente 000709) solicitado por el matrimonio Barranco Hernández a expertos de la Procuraduría General de la República (PGR).
Según el dictamen grafoscópico emitido el pasado 15 de enero, la firma estampada en los documentos del remate del inmueble no es la de Hernández Segura. Ambos enviaron ese documento a la juez María Enriqueta Fernández Haggar, responsable del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil del Estado de Jalisco, quien lo ignoró.
Barranco insiste en que él y su esposa no se dieron cuenta de la grave situación que enfrentaban desde el punto de vista procesal, pues el corporativo de Valeriano nunca les informó.
“La casa vale entre 2 y 2.5 millones de pesos y ellos (los abogados de Valeriano) me la valuaron en 822 mil pesos, pero la remataron en más de medio millón. Además, en el menaje de la casa había cuando menos otros 500 mil pesos, entre televisores, recámaras, refrigerador, horno, ropa y otros objetos”, relata Barranco.
Ese fue un “verdadero acto de rapiña”, consentido y quizá hasta promovido por Valeriano, quien presuntamente era su defensor.
“En todo lo perdido –cuenta– había más de 3.5 millones de pesos. A ello han que sumar las rentas después de haberme quedado en la calle y los casi 22 mil pesos pagados a Valeriano y Asociados.”
Barranco se muestra indignado y pide sanciones para ese corporativo y que se investiguen las corruptelas de los abogados que ahí trabajan, así como a los empleados y funcionarios del Poder Judicial de Jalisco y del Registro Público de la Propiedad por su probable complicidad.
Dice que él detectó el problema al que se enfrentaba en 2012, precisamente cuando se quedó sin trabajo. Uno de sus hijos, quien es propietario del otro vehículo adquirido en El Charro Automotriz quiso ayudarlo, pero en la agencia le dijeron que fuera directamente con su abogado.
“Yo fuí por separado al lote de autos. De ahí me derivaron con su abogado para tratar de encontrar un punto de acuerdo. Le dije que podía darle 5 mil pesos para pagarle, y me argumentó que no se podía y que todo ese dinero se lo tenía que entregar de contado y en una sola exhibición.
“Justo ahí fue que decidí acudir al despacho de Valeriano”. Recuerda que los responsables de esa empresa (Valeriano), le dijeron que no se preocupara por nada, que ellos iban a detener todas las acciones jurídicas en su contra, pero eso nunca fue cierto, por el contrario, da la impresión de que existió algún tipo de acuerdo para dejar pasar todo.
Tramitología
El despacho de Valeriano, según la documentación oficial, se ubica en Volcán Edna 1475, colonia Residencial Moctezuma, en el municipio de Zapopan. Sin embargo, empleados del Poder Judicial entrevistados por el reportero aseguran que la mayoría de las notificaciones enviadas a Valeriano eran enviadas a un domicilio inexistente –una “casa fantasma” o “casa tornillo”, les dicen–, en la calle Pedro Loza 126, en el primer cuadro de la ciudad.
Barranco insiste: “Hacemos responsable de todas nuestras pérdidas a Valeriano, por no hacerse cargo de manera profesional de nuestro caso. Él y sus empleados son los culpables (de la afectación a su patrimonio) porque no hubo defensa por parte de ellos y no siguieron el juicio en tiempo y forma. Tenemos la duda por saber si Valeriano llegó a algún tipo de acuerdo con la parte demandante o con alguien más (en el Poder Judicial)”.
“Pensamos en mi familia que hubo acuerdo entre los licenciados de Valeriano, porque ellos ya no hicieron nada, y qué casualidad que en el Registro Público de la Propiedad y con una serie de irregularidades nos quitan la casa, es lo que yo no me explico, y todo mundo piensa lo mismo, ¿hubo un acuerdo entre Valeriano y los licenciados?, porque ya no hicieron nada, ya no nos defendieron.”
Según Barranco hay otros afectados por el corporativo de Valeriano, aunque no se atreven a presentar su denuncia. También, dice, sabe que hay personas que, por dinero, se dedican a recomendar los servicios profesionales del bufete jurídico de Valeriano.
“A principios de julio, en la calle Reyes Heroles un reportero de Televisa anduvo ofreciendo 300 pesos para comprar testimonios que apoyaran a Valeriano, diciendo que recomendaban a esa firma y que los había sacado de un problema fuerte, en anuncios para tele; eso no es cierto”, dice el entrevistado.
Barranco también menciona el caso de una mujer que pagó publicidad contra Valeriano & Asociados. Sólo de esa manera le devolvieron una casa que estuvo a punto de perder.
A través de las redes sociales las quejas contra ese corporativo se presentan en páginas como apesta.com, donde se asegura que la firma de Valeriano no defiende a sus clientes. Algunos mensajes son de 2011 y 2012.
Uno de los mensajes, por ejemplo, indica que la firma de Valeriano cobra hasta 40% de adelanto en cada caso que defiende, lo que pone a sus clientes contra la pared. Algunos, como Barranco, corren el riesgo de perder su patrimonio. l
