Con tal de proteger un negocio de mil 300 millones de dólares anuales –a decir del coordinador del Observatorio Ciudadano del Agua–, el gobernador Aristóteles Sandoval contrató a una oficina de la ONU para realizar un estudio hídrico. Con éste espera avalar la construcción de la presa El Zapotillo, hoy detenida a causa de tres suspensiones otorgadas por el máximo tribunal del país.
Para los habitantes de Acasico, Palmarejo y Temacapulín, la contratación de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) es parte de una nueva embestida del gobierno estatal para desatorar la construcción de la presa El Zapotillo, que implica la inundación de sus poblados.
Aunque los recursos legales concedidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tienen detenida la obra desde el 3 de julio de 2014, eso no ha bastado para que el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz desista de levantar el embalse.
El pasado jueves 10 el mandatario estatal anunció que había firmado un addendum con la UNOPS para valorar la rentabilidad de obras hidráulicas en la cuenca del Río Verde, una de ellas la presa El Zapotillo.
La medida se tomó sin tomar en cuenta a los expertos del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua, quienes ya habían hecho recomendaciones en la materia, y escandalizó por su costo: 4.6 millones de dólares.
“Este acuerdo significa que tomaremos las mejores decisiones fundadas técnicamente y ajenas a cualquier tipo de interés, más que el de la mayoría, para poder tomar una solución al problema de abasto de agua en la Zona Metropolitana (de Guadalajara) y en Los Altos de Jalisco”, afirmó Sandoval Díaz.
Según él, la UNOPS y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) elaborarán un estudio que ayudará a eliminar los conflictos ambientales y la desconfianza de las comunidades afectadas.
“No podemos estar al albedrío de unos cuantos que no tienen la apertura para escuchar’’, dijo Sandoval Díaz, refiriéndose a la gente que protesta por la inundación de sus viviendas.
“El trabajo de UNOPS y PNUMA viene a sumar y a aportar nuevas herramientas para la toma de decisiones desde una perspectiva neutral y humanitaria. Como autoridad estamos obligados a gobernar escuchando a los ciudadanos, y nuestras acciones deben de regirse por el bienestar que aportan a las personas, no por el bienestar de unos cuantos’’, remató.
Por su parte, el asesor regional de medio ambiente para América Latina y el Caribe de UNOPS, Alejandro Rossi, abundó que “este proyecto se deriva de un acuerdo existente entre la UNOPS y el gobierno de Jalisco, cuyo objetivo es promover la eficiencia y la transparencia en el estado, que está vigente desde el año pasado’’, afirmó.
Dijo que el proyecto lo entregarán en 2017 y la Secretaría de Desarrollo Territorial y Medio Ambiente (Semadet) habilitará un enlace en su portal en internet para transparentar los datos recabados durante el estudio.
Al día siguiente, en una rueda de prensa en el Palacio de Gobierno, el gobernador reiteró los términos del convenio con el organismo internacional y afirmó que su participación ha destrabado conflictos ambientales por el uso de cuencas y ríos en Perú y Argentina.
Para minimizar los 4.6 millones de dólares que costará el análisis sobre la presa El Zapotillo –que ya tiene un considerable avance–, Sandoval Díaz recordó que sus antecesores ya gastaron miles de millones de pesos en estudios similares para edificar la presa de Arcediano al fondo de la Barranca de Huentitán sin éxito.
Los habitantes de las poblaciones afectadas aún recuerdan el mensaje que escribió el gobernador el 29 de enero de 2013, un mes antes de que asumiera el cargo, en su cuenta de Twitter @AristotelesSD: “Lo reitero: Jalisco debe ser el principal beneficiado de las decisiones y no el que las padezca. No vamos a inundar Temacapulín”.
Y en marzo de 2013, en una fugaz visita al poblado, repitió su compromiso. Sin embargo, esta vez terminó de enterrar aquella promesa de campaña. Dijo: “Y voy a ser responsable, para que mi conciencia esté tranquila y tomar la mejor decisión para las presentes y futuras generaciones del estado. Y no duden que, teniendo los elementos, tomaré la decisión soportada, la cual me avalará toda la historia y me dejará tranquila mi conciencia toda mi vida”.
Forcejeo en tribunales
De acuerdo con el abogado del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, Guadalupe Espinoza Sauceda, tres suspensiones concedidas por la SCJN tienen detenidos los trabajos de El Zapotillo desde julio del año pasado, pues el gobierno estatal y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) no respetaron su resolución 93/2002, la cual dicta que la cortina del embalse sólo puede llegar hasta los 80 metros de altura y no a 105, como pretenden las autoridades.
Se trata de los expedientes 1046/2014, otorgado al Comité de Defensa; el 1093/2014, a los nacidos en Temaca que viven en Estados Unidos; y el 1045/2014, interpuesto por los propios habitantes.
Espinoza Sauceda indica que las comunidades recurrieron a instancias judiciales porque no confían en las autoridades, que públicamente invitan al diálogo pero en la práctica lo evitan. Muestra de ello, dice, es la “lluvia de recursos legales” interpuestos por la Comisión Estatal de Agua (CEA), la Conagua, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y las constructoras contratadas (FCC, Grupo Hermes y La Peninsular) para impugnar las acciones de los pobladores.
El Ejecutivo no es el único que ha eludido las resoluciones de la SCJN para continuar la construcción del embalse. Este semanario publicó en su edición 543 que a pesar de la existencia de recursos legales que no han causado sentencia, el director del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico de la Conagua, José Elías Chedid, le asignó al municipio de León, Guanajuato, 120 millones de los 411 millones de metros cúbicos anuales que almacenará la represa.
Esa cantidad de agua se canalizará a través del acueducto El Zapotillo-Altos de Jalisco-León, Guanajuato, obra también detenida porque la constructora Abengoa de México sólo ha podido adquirir 61 de los 354 terrenos que requiere.
Ya el coordinador del Observatorio Ciudadano del Agua y presidente del Consejo Regional para el Desarrollo Sustentable (Conredes), Juan Guillermo Márquez, había advertido que esa obra es un problema para la región alteña porque terminará por llevarse la escasa agua con que cuenta (Proceso Jalisco 538).
Desencuentros
Son evidentes los choques del Observatorio Ciudadano del Agua con el gobierno estatal porque éste se resiste a tomar en cuenta sus recomendaciones o discrepa de sus expertos.
El pasado lunes 14, el organismo civil publicó en el diario Milenio Jalisco un desplegado donde lamenta que el jueves 3, en la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de la Cuenca de la Laguna de Cajititlán y el río Los Sabinos, Chedid impidiera que hablaran los académicos de la Universidad de Guadalajara Miguel Magaña Virgen y Eduardo Juárez Carrillo, quienes presentarían avances de sus investigaciones.
“Nos sumamos solidariamente con la Universidad de Guadalajara en el pronunciamiento en contra de la manipulación del conocimiento y secuestro de la información pública exigiendo un diálogo abierto y responsable por parte de instituciones, funcionarios y personas que permitan habilitar los esfuerzos transdisciplinarios, multinivel, que son necesarios para promover, entre otras, la gestión integral del agua en Jalisco y la solución de problemas ambientales complejos que aquejan al estado y al país”, dicen los miembros del Observatorio Ciudadano del Agua al gobernador, al titular de la Semarnat, Rafael Pacchiano Alamán, y al director general de la Conagua, Roberto Ramírez de la Parra.
El 24 de marzo pasado, el organismo ya se había pronunciado, en otro desplegado y en el mismo periódico, contra la iniciativa de la Ley General de Aguas, aprobada en comisiones por los diputados federales.
En entrevista, Márquez señala que las autoridades aludidas en el desplegado más reciente no reaccionaron, y a pregunta expresa responde que la contratación de la UNOPS para llevar a cabo el estudio hídrico es un nuevo intento de hacer a un lado a los expertos:
“Es una ofensa para el observatorio y una incongruencia del gobierno del estado, puesto que el observatorio se crea a instancias del propio titular del Ejecutivo del estado para que fuera un órgano ciudadano, plural e incluyente, como resultó finalmente ser.”
Precisa que las organizaciones y universidades que componen el organismo ciudadano tienen la calidad y experiencia necesarias para que Sandoval Díaz no hubiera recurrido a instancias internacionales.
Le recuerda que forman parte de él 20 organizaciones, como la UdeG, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, la Cámara de Comercio de Guadalajara, la Confederación Patronal de la República Mexicana y la Asociación de Avicultores de San Juan de los Lagos.
Destaca la participación del profesor español Pedro Arrojo Agudo, ganador del premio Goldman de Medio Ambiente 2003, equiparado a un premio Nobel de Ecología, y la del doctor Fermín Villarroya, de la Universidad Complutense de Madrid, quien trabajó para la ONU en la elaboración de proyectos hídricos.
Agrega que la UNOPS se especializa en la obtención de contratos, no en la gestión del agua. “Es lamentable que se gasten más de 4 millones de dólares en una asesoría, siendo que ya tiene una de alto nivel –puntualiza–. La justificación es que los promotores del proyecto, los ingenieros que asesoran al titular del Ejecutivo, descalifican el trabajo del observatorio sin argumentos, sólo con declaraciones: nunca han presentado argumentos sólidos como nosotros lo hacemos con nuestras recomendaciones”.
En junio pasado, en una entrevista con el diario La Jornada Jalisco Márquez aludió a la posible disolución del Observatorio Ciudadano del Agua por la cerrazón del gobernador hacia sus recomendaciones.
Ello no obstante que, al crearse este organismo el 29 de mayo de 2014, se determinó que sus resoluciones son obligatorias para las autoridades competentes en materia del agua, que sólo podrían excusarse cuando fuera imposible aplicarlas y esto se demostrara y justificara por escrito.
No obstante, de las 58 observaciones emitidas hasta junio pasado, el Ejecutivo sólo cumplió (a medias) con una: el saneamiento de la presa Valencia, en Acatlán.
Ahí se compró una máquina para triturar el lirio, pero éste no se retiró en la medida suficiente. Márquez comenta que él ha pensado abandonar el organismo:
“Mi conciencia me dice que no hay que ceder ante este tipo de situaciones, se tiene que ser perseverante. Es que a veces no es estimulante que te etiqueten como enemigo de Jalisco cuando donas tiempo y recursos por el bien del estado, no chupando como sanguijuela los recursos de los ciudadanos. Claro que eso no es grato, pero no nos vamos a doblegar. La convicción de defender el derecho de los jaliscienses está por delante de todo.”
El titular de Conredes defiende el derecho de los productores agropecuarios de la región alteña de oponerse a la construcción de El Zapotillo porque es una zona árida. En cambio, duda de la posición del gobernador:
“No está defendiendo los intereses de Jalisco, más bien parece que está defendiendo los intereses de un gran negocio que es la venta de agua a León, que representa alrededor de mil 300 millones de dólares… Todo apunta a una administración del conflicto.” l
