El próximo fin de semana se cumple el año del enorme atropello de Iguala, sufrido en la persona de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, a quienes las fuerzas del Estado sometieron a desaparición forzada. Por ellos ha sido el grito intermitente, desde el seno profundo de nuestro pueblo, exigiendo justicia. Junto a la desaparición hay que agregar el asesinato de seis personas y por lo menos una cuarentena más de heridos. Es una suma cruenta, no hay que darle vueltas. Es la mancha más ominosa de nuestro presente. Es el reflejo de la crueldad de quienes detentan el poder y la dureza de las condiciones que enfrentan en nuestro sufrido país quienes aspiran a moverse en él y construir lo que debería ser realmente un “estado de derecho”.
Ya el acontecimiento bruto fue protervo en sí mismo. Pero, una vez ocurrido, es obligación de las autoridades constituidas aclararlo con toda precisión, encontrar los móviles que llevaron a cometer semejante ultraje y castigar a los responsables con los dictados que contienen nuestras leyes al respecto. Todo este año transcurrido hemos vivido, sin salir de nuestro asombro, una cadena de mentiras y estupideces dictada desde barandillas, buscando engañarnos, buscando distraernos y engatusarnos, darnos pues gato por liebre como siempre, como es rutina entre los personeros de la procuración de la justicia.
La primera gran mentira, caída estrepitosamente al suelo, es la del defenestrado procurador general, Jesús Murillo Karam. Como sesudo producto de las investigaciones de la PGR, nos recetó que los muchachos normalistas iban a ir a boicotearle un evento a la señora Pineda, esposa de José Luis Abarca (alcalde de Iguala). Secuestraron unos camiones. Pero que Abarca ordenó a su policía municipal que no les dejaran llegar. Éstos, mandados por su alcalde o por cuenta propia, entregaron a los detenidos a un grupo delincuencial, de ésos que no tienen rostro pero que andan actuantes y muy dinámicos en el país, el cual se dio a la tarea de calcinarlos en el basurero de Cocula. Y colorín, colorado.
El informe del GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) vino a desmontar el entramado de mentiras, que por fuerza nos metían a la boca como rueda de molino para atragantarnos. La PGR no ha acaparado la investigación para imponernos sus embustes como verdad oficial, calificada por la propia procuraduría, como la “verdad histórica”. Esto sucede no porque los del poder ablanden su modo de actuar, sino porque la población en pleno, con marchas y plantones, no ha cejado de urgir una respuesta seria. Los papás de los desaparecidos, a pesar de la mucha insistencia oficial soterrada por dejarse sobornar y callar su duelo, han mantenido desplegada su bandera. Es tema que ha trascendido las fronteras del país y que mantiene atentas a muchas miradas inquisitivas de la prensa y de las autoridades extranjeras. La investigación no está cerrada y la última palabra tampoco se ha dicho.
Ahora hay nuevos elementos, y muchos, para empezar a dilucidarlo en serio. Se supo primero que la ropa de los muchachos se había escabullido a los elementos de prueba, lo cual es una falla garrafal. Luego trascendió que se destruyó o escamoteó uno de los videos que registró los primeros tiroteos. Más adelante se descubrió que había habido un quinto camión y no sólo cuatro y que esa unidad traía, entre otras cosas, un cargamento de unos 36 kilos de goma de opio negro, con destino a la plaza Chicago. Puro oro negro pues. Son demasiadas deficiencias en la integración de una averiguación previa, al grado de que, a su lado, lo de la pira imposible viene siendo error menor, aunque no excusable.
Donde la cuestión se endurece es en la tesis de la participación de la autoridad. El cuento de la “verdad histórica” contenía como fondo la reducción de su responsabilidad. Unos cuantos policías municipales, un alcalde, que hasta perredista venía siendo, y la responsabilidad homicida en el lomo del crimen organizado, caían como anillo al dedo para eludir la parafernalia culposa del asunto. Ahora se sabe que también participaron los policías estatales, los federales y el propio Ejército. El dogma clave de la PGR apunta a negar la presencia activa del ejército en los hechos. Pero, mientras más elementos se descubren de la escena, mayor y más activa aparece la responsabilidad de este cuerpo armado. Y si el Ejército está involucrado, la responsabilidad del titular del Poder Ejecutivo se pone por fuerza en tela de juicio, pues es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Es retórica con que nos han envuelto desde siempre, no queda sino afrontar la consecuencia lógica de este discurso.
Por otra parte, la responsiva de las autoridades en esos cruentos acontecimientos aparece nítida cuando se documenta que el C-4 estuvo monitoreando los hechos. Las siglas de C-4 le vienen del nombre de Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo. Pudiera ésta parecer una instancia inofensiva. El problema para los investigadores, que deseen seguir tapando la autenticidad de lo que ocurrió, es que en el C-4 se registran dos momentos de control total por parte del personal militar, que lo manipuló. Se trata de una maniobra similar al del ocultamiento de la ropa, a la de los videos destruidos y la del camión con droga del que no se hablaba. Es la manipulación de los hechos para hacer pasar como veraz sólo lo que la autoridad considere pertinente.
No puede quedar al margen el hecho notorio, aunque poco se insiste por ahora en este aspecto, de la posición política tan definida de los estudiantes de esa normal rural o, habrá que decir de todas las normales rurales. Y en este punto habría que conectar los hilos con una constante de las acciones más brutales del gobierno en contra de la población. No ha estado propinando a ciegas sus golpes más rudos, sino que los ha dirigido a destinatarios muy bien ubicados. Fue golpeado el SME, con el fin de desaparecerlo, siendo este sindicato el más combativo del país. Fue golpeada Mexicana de Aviación, con el fin de desaparecer su también combativo sindicato. En golpeteo que no cesa, vapulea un día sí y el otro también a la CNTE, no al SNTE. La Coordinadora es combativa. Los del SNTE son unos abyectos arrastrados. Y a las pruebas.
En ese sentido, no extraña que a las normales rurales, encabezadas por Ayotzinapa, también les atice el régimen. Y no de ahora, ni siquiera desde el tiempo de Díaz Ordaz, que las sitió y tomó a saco. Ya desde la época de Ávila Camacho vienen sufriendo estas instituciones educativas el embate disruptor y depredador del gobierno. Nunca había llegado tan lejos. El equipo de Peña Nieto se propasó, dicen los tapatíos. Poco a poco aparece como el responsable primo de todos estos lamentables acontecimientos. La buena noticia, entre tanto nubarrón, viene del pueblo profundo, que no ha dejado solos ni a las víctimas de este crimen masivo ni a los deudos. Al final de cuentas, en esta lista, si no estamos sí cabemos todos. Es pues pertinente repetir el coro de las consignas de sus marchas: “Ayotzinapa vive y vive; la lucha sigue y sigue”. l
