Con el mayoriteo de los diputados priistas, el martes 8 el Congreso estatal aprobó las reformas a la Ley de Transparencia. El texto original enviado por Aristóteles Sandoval Díaz tuvo modificaciones en 100 artículos y quedó totalmente rasurado en los apartados relacionados con el manejo de recursos públicos. En tribuna, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Ricardo Rodríguez Jiménez, declaró que las modificaciones se fraguaron en “el sótano del Poder Ejecutivo” y son un verdadero retroceso en materia de transparencia. La reforma tiene una dedicatoria especial a los medios de comunicación, dice uno de los especialistas entrevistados.
De nada sirvió el foro legislativo del pasado 19 de mayo en el que organizaciones civiles presentaron sus propuestas para reformar la Ley de Transparencia, comentan Augusto Valencia López, quien fue el primer presidente del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco (Itei), y otros expertos.
Héctor Ontiveros, exconsejero del Itei, sostiene que esa reforma, aprobada el martes 8, va con dedicatoria especial a los medios de comunicación porque son los periodistas quienes más solicitan información.
Hace dos meses una reportera se quejó con él de que no podía consultar la información en el portal del Gobierno estatal. El titular de la Unidad de Transparencia, Guillermo Muñoz, le respondió que la información seguía ahí, sólo que habían cambiado la ruta de acceso y debían darle un curso, cuenta Ontiveros.
Aclara que la publicación de los cheques expedidos por las dependencias públicas no era una acción obligatoria en las cuatro anteriores leyes de transparencia, sin embargo, era algo que se ofreció como un “extra” para los ciudadanos durante los gobiernos panistas de Francisco Ramírez Acuña y Emilio González Márquez.
Durante la gestión de González Márquez, dice Ontiveros, incluso se instaló en el portal oficial un sistema informático que trajo de Hermosillo, Sonora, llamado e-compras, en el que podía verse a todos los proveedores, así como las convocatorias en línea, los concursos de adjudicaciones, los resultados finales y el cheque entregado al ganador, pero eso se acabó cuando los priistas retomaron el gobierno.
Pero ahora Sandoval Díaz rasuró los apartados relacionados con el manejo de recursos públicos y puso candados al Colegio de Notarios de Jalisco para impedir que entregue información a los ciudadanos, partidos, instituciones o medios de comunicación que la soliciten, sostienen los entrevistados.
Los rubros cercenados, dicen los especialistas consultados, son el de los informes detallados de los subejercicios presupuestales de la actual administración, que simplemente desaparecieron; lo mismo que la descripción de las pólizas de cheques expedidos por los funcionarios de la actual administración con el propósito de impedir que se sepa cómo se utilizó el recurso y de qué partida salió.
Ahora, recalcan, a causa de la intromisión gubernamental los solicitantes de información ya no podrán impugnar en ninguna instancia cuando las autoridades les entreguen información falsa o rechacen sus solicitudes.
Las áreas blindadas por Sandoval Díaz son las relacionadas con los gastos publicitarios que durante los primeros 14 meses de la administración de Sandoval fueron superiores a los 360 millones de pesos, según informó este semanario el 8 de junio de 2014 (Proceso Jalisco 500) y las semanas posteriores.
La mano del gobernador
La reforma de Sandoval Díaz a la legislación local sólo legalizó una práctica que viene haciendo desde el inicio de su gestión. A partir de ahora, si algún ciudadano tiene interés en conocer los cheques sobre los gastos publicitarios oficiales, puede solicitarlos a la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas mediante una solicitud de información.
Sin embargo, la dependencia únicamente entregará “datos confidenciales que se encuentran delimitados por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en sus artículos 2, 3, 5, 20, 21, 22, y 23”.
La iniciativa original no incluía esas reservas; fue modificada a finales de agosto, cuando entró a segunda lectura en sesión plenaria y el martes 8 se sometió a votación. El resultado fue de 29 sufragios a favor, dos abstenciones –la de la perredista Celia Fausto Lizaola y la del panista Juan José Cuevas– y seis en contra de la fracción de Movimiento Ciudadano (MC) y uno del panista Guillermo Martínez Mora.
En tribuna, el coordinador de MC, Ricardo Rodríguez Jiménez, declaró que las modificaciones a la ley se fraguaron en “el sótano del Poder Ejecutivo”. La legislación, expuso, es una regresión en materia de transparencia.
Según él, en la transición obligada que tenían los estados de armonizar sus legislaciones con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto el 4 de mayo, los diputados locales encontraron recovecos legales para omitir la publicación de información fundamental.
Las afirmaciones de Rodríguez Jiménez de que Sandoval Díaz le metió mano a la legislación no estaban desencaminadas. El martes 15 el secretario general de Gobierno, Roberto López Lara, declaró al Diario NTR de Guadalajara que el mandatario advirtió que no ejercerá la posibilidad de veto, como lo solicitó la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) Capítulo Jalisco el jueves 10.
Al igual que López Lara, el coordinador de los diputados del PRI, Rafael González Pimienta, admitió que la mayoría de los cambios se hicieron en Palacio de Gobierno para evitar que el mandatario vetara la ley:
“Es una iniciativa. No tengo por qué no decirlo: si no logramos un consenso, el Ejecutivo recurre, como en sexenios pasados, al veto, y eso hace más daño a los jaliscienses”; de ahí, según el legislador priista, que los diputados estén dispuestos a dialogar con el mandatario para lograr los acuerdos y lograr el consenso.
Deslindes aparentes
El vienes 11 el propio Sandoval Díaz defendió la reforma a ley en rueda de prensa concertada en Palacio de Gobierno, aunque negó su participación directa en las modificaciones.
“Es falso –declaró–, yo no intervine en ningún momento. Para nosotros se ampliaron más los sujetos obligados porque hubo homologación de ciertos criterios con la ley general, pero de ninguna manera intervenimos”. Y agregó: “Seguiremos impulsando la transparencia en nuestro gobierno”.
El dictamen de ley original, que no preveía los recortes impuestos por el mandatario, fue propuesto el 17 de abril, en la pasada Legislatura, por el panista José Hernán Cortés Berumen, quien incluso organizó el foro pomposamente llamado “Un Jalisco transparente, trabajo de todos los días”, un mes después, el 19 de mayo, en la sede del Congreso estatal.
En ese encuentro participaron más de una decena de organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Amedi y Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra).
Cortés Berumen, quien ahora es diputado federal, también formuló la anterior reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios que data de agosto de 2013, y a la cual se le dio el nombre de Ley Vitrina porque supuestamente restablecía mandatos de la Carta Magna y de tratados internacionales en materia de derechos humanos que garantizan el acceso a la información.
Aquella ley contemplaba como información fundamental la afiliación a partidos políticos, currícula de servidores públicos, así como sus declaraciones patrimoniales y exigía la rendición de cuentas a sindicatos acorde con la nueva legislación laboral.
Con esa norma se generó la creación de un Consejo Consultivo de la sociedad civil, cuya función sería la de escoger a los futuros aspirantes a consejeros o presidentes del Itei. Sin embargo, con las modificaciones aprobadas el martes 8 los diputados eliminaron esa facultad para volverse a atribuir el reparto de las posiciones en el organismo.
Cortés Berumen ya no dio seguimiento al resultado final de su trabajo en el Congreso local porque se sumó a la lista de diputados plurinominales que el martes 1 rindieron protesta en el Congreso de la Unión. El panista también dejó pendiente una reforma para garantizar la participación del diputado independiente Pedro Kumamoto en la Junta de Coordinación Política y en la Comisión de Administración, además de presidir al menos una comisión e integrar vocalías.
Su lugar fue ocupado por José Luis Munguía Cardona, quien presuntamente pactó las modificaciones a la ley directamente con el secretario general de gobierno.
Las pugnas internas
Al día siguiente de la aprobación de la Ley de Transparencia, en la que se hicieron modificaciones a más de 100 artículos, el Itei convocó a sesión ordinaria.
Los reporteros ahí presentes esperaban un pronunciamiento crítico de parte de la titular de ese organismo, Cynthia Cantero Pacheco, pero ella dijo que no hubo retroceso con la aprobación de la reforma, incluso aplaudió sus “avances”.
“Se están reduciendo las causales de información reservada y se está reduciendo que esta información reservada se pueda guardar en un cajón. Podemos tener mucho más acceso a toda la información que se encuentre en la entidad pública”, afirmó la funcionaria.
Las críticas vinieron de quien menos se esperaban: del consejero del Itei Francisco González Vallejo, quien enumeró los “vicios” como la eliminación de la prueba de daño para reservar algún documento que, dijo, constituyen un retroceso.
“Esto ya ha ocurrido, se ha pretendido reservar nombramientos, contratos de asesoría, espectáculos, obra pública, pero al no encuadrar en ningún supuesto de la ley eran insostenibles y eso se elimina”, declaró González Vallejo al Diario NTR de Guadalajara, que publicó la información el viernes 11.
Según el consejero, ahora los solicitantes no podrán quejarse si los sujetos obligados les entregan información falsa: tampoco conocerán las pólizas de cheques y subejercicios porque, dijo, los diputados rasuraron esa obligatoriedad y acordaron que se publique únicamente el total del gasto en términos genéricos como “varios”, “compras” o “servicios”.
Asimismo, según González Vallejo, se suprime al Colegio de Notarios de Jalisco como sujeto obligado; se elimina la posibilidad de conocer los informes de las auditorías a las cuentas públicas inmediatamente después de que son fiscalizadas por la Auditoría Superior del Estado y entregadas al Poder Legislativo.
Por otro lado, en tanto que la Ley General de Transparencia establece que los sujetos obligados deben exhibir la información solicitada por un plazo mínimo de 60 días, la legislación local sólo otorga un plazo de 10 días hábiles.
La Amedi también hizo su propia valoración de la reforma aprobada. El jueves 10 emitió un comunicado dirigido al presidente de la mesa directiva de la LX Legislatura, Juan Manuel Alatorre Franco, en el que habla de un “saldo negativo” en materia de transparencia. La eliminación del plazo para documentar procesos relativos a la toma de decisiones –precisa– abre la posibilidad de que dicha documentación no ocurra en ningún momento.
Y sobre los subejercicios presupuestales, subraya que al dejar de ser información fundamental en el gasto de las dependencias públicas, se obstaculiza la evaluación ciudadana de la eficiencia con la que el gobierno maneja sus recursos.
“El gobierno del Estado desdeñó el esfuerzo que por otras vías ya habían realizado el Congreso de Jalisco y organizaciones de la sociedad civil”, apunta la Amedi.
Aun así, la presidenta del Itei considera que hay aspectos positivos en la nueva reforma. Entrevistada por Proceso Jalisco, Cantero Pacheco le resta importancia a las declaraciones de su colega y a las peticiones de organizaciones civiles y especialistas en la materia que han pedido un veto a la reforma.
Dice que no entrará en “golpeteo político” con ningún sector del Poder Legislativo o el gobierno estatal porque atendieron disposiciones para “armonizar” la ley federal con la legislación local.
En todo caso, señala, en los próximos días el Itei organizará un encuentro con las organizaciones que participaron en el foro de discusión y debate donde se generó la propuesta de ley. El propósito, dice, es atender sus demandas y si el tema lo amerita ella propondrá a los diputados las correcciones pertinentes, pero de ninguna manera asumirá la petición de los inconformes para controvertir la reforma.
“No entiendo por qué tengo que tener una posición enérgica, el Itei no es una institución que tenga que generar un golpeteo político; no es esa su naturaleza. El instituto de transparencia es una institución que defiende y garantiza derechos ciudadanos; es una institución mediadora que debe de generar un equilibro entre un acto de autoridad y entre la sociedad”, sostiene Cantero Pacheco.
Admite que con la nueva reforma los solicitantes no podrán presentar un recurso de revisión si les entregan información falsa. Sin embargo, apela a la buena fe de los sujetos obligados. Bajo ese contexto, indica Cantero Pacheco, el Itei no puede hacer más porque no es un organismo auditor, ni tiene peritos que corroboren la veracidad de la información.
En el caso de la exclusión del Colegio de Notarios Públicos, la funcionaria asegura que esa parte queda salvada con el reglamento del instituto, el cual les faculta a elaborar una lista de los entes que son sujetos obligados de entregar información, y ese organismo será uno de ellos.
“Nosotros –comenta–, en el reglamento, claramente podemos establecer notarios públicos, corredores públicos, asociaciones vecinales, concesionarios, y aunque no estén expresamente en la ley, podemos determinar quiénes son, e incluso quedó no limitativa, porque de esta forma nosotros podemos establecer este gran catálogo de personas que ejercen actos de autoridad.”
Cuando se le pregunta si esperaba que el gobernador Sandoval Díaz metiera mano de último momento a la legislación, responde: “No me consta si fue a los foros a los que se me invitó como institución”.
La involución
Tras una década de existencia, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Jalisco ha sido modificada cinco veces y la actuación del organismo no siempre ha sido acertada.
El diputado de MC Augusto Valencia López, quien fue el primer presidente del Itei, señala que a estas alturas de la vida democrática del país es absurdo que continúen las prácticas de opacidad.
Eso lo comprobó, dice, en la actual administración zapopana, donde fue regidor por el MC. Ahí, dice, las autoridades no publicaban la información financiera en su portal.
Y precisa: “No ha habido una lógica de apertura constante, ha habido intención de retroceso y ajustes contra el derecho a la información y no se ha logrado comprender que una ley de transparencia no va a resolver un problema de fiscalización. Al ciudadano sólo le ponen más trabas y el proceso de fiscalización sigue siendo inexistente”.
Valencia López considera grave la exclusión del Colegio de Notarios porque Jalisco es una entidad con una debilidad en la garantía de los derechos de propiedad, pues “hay asociaciones criminales literalmente entre funcionarios municipales, estatales, así como los vinculados al área de catastro, a los archivos públicos y al propio grupo de notarios que hacen y deshacen en términos de documentos para acreditar la propiedad que dejan en incertidumbre total a los ciudadanos”.
Como titular del Itei, Valencia López interpuso una denuncia penal por abuso de autoridad contra el entonces gobernador Francisco Ramírez Acuña, quien se negó a entregar una copia del recibo de su nómina tras la solicitud de un ciudadano.
En ese entonces, recuerda, la ley facultaba al Itei a denunciar penalmente a los servidores públicos que se negaran a entregar información; hoy, la legislación sólo dispone sanciones administrativas o multas que van de 7 mil a 100 mil pesos.
El periodo más desastroso para el Itei fue el de Jorge Gutiérrez Reynaga, quien estuvo al frente del instituto de 2009 a 2013. Durante su gestión se sometió por completo al Poder Legislativo y banalizó las funciones del organismo con foros y congresos que no aportaron nada a la ciudadanía.
“Yo creo que la elección de este señor fue desastrosa y anuló literalmente al Instituto de Transparencia. La llegada de los posteriores consejeros fue por cuotas partidistas y en este momento que hay consejeros con los que yo colaboré, pues han estado navegando contracorriente”, asegura Valencia López.
Harold Dutton Treviño, académico de la Universidad de Guadalajara, asevera que el Poder Legislativo se “chamaqueó” a la Amedi y al resto de organizaciones civiles que aceptaron participar en el foro que impulsó Cortés Berumen. Dice que fue algo armado donde el panista expuso lo que ya había elaborado sin compartir su iniciativa.
La intervención de último momento de Sandoval Díaz pudo evitarse, dice, si desde un inicio hubieran incorporado al foro al titular de la Unidad de Transparencia del gobierno Estatal, Guillermo Muñoz Franco.
Como no se hizo, recalca, “ahora hay que esperar a que la siguiente legislatura haga los parches”.
