Los operativos del gobierno de Venezuela contra los inmigrantes colombianos son parte de una estrategia orientada a desviar la atención de los graves problemas internos: la inflación, el desabasto y la pobreza. En este contexto, 70% de los venezolanos desaprueba la gestión del presidente Nicolás Maduro y 73.8% votaría por candidatos de oposición o independientes en las elecciones del próximo 6 de diciembre. Ante ello –juzgan analistas– el mandatario venezolano alimenta la crisis en la frontera con el propósito de cerrar la brecha con sus opositores o, de plano, posponer los comicios.
Bogotá.- La escasez de alimentos, la inflación y el desplome de la economía han llegado a tales niveles en Venezuela, que el gobierno del presidente Nicolás Maduro dejó desde hace meses de divulgar datos sobre esos indicadores. No se han publicado siquiera las cifras oficiales del comercio exterior y del Producto Interno Bruto (PIB) del año pasado, que en ambos casos cayeron.
Organismos internacionales estiman que en 2014 el PIB disminuyó 4% y este año registrará una contracción de 7%. Para los venezolanos, esta severa recesión se ha traducido en desabasto –ocho de cada 10 productos que los ciudadanos buscan no están en el mercado–, en una pérdida acelerada del ingreso como resultado de la inflación –alrededor de 180% este año, la más alta del mundo– y en mayor pobreza.
“Es claro que la crisis profunda de Venezuela no está en la frontera con Colombia, sino en el interior del país”, dice la presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, en referencia a que en las últimas tres semanas el gobierno de Maduro ha deportado a unos mil 500 inmigrantes colombianos y otros 20 mil han retornado voluntariamente a su país ante los operativos desatados en las poblaciones limítrofes y en las grandes ciudades del interior, en especial en Caracas.
Maduro justifica los operativos como parte de una guerra contra el contrabando, el narcotráfico y el paramilitarismo. Sin embargo, San Miguel, una abogada experta en seguridad y defensa, señala que se trata de una estrategia orientada a desviar la atención de los graves problemas internos.
“Aquí lo que tenemos es una severa crisis económica, política y social”, afirma, y dice que, aunque no se disponga de cifras oficiales, resultan muy elocuentes las estadísticas de organismos que gozan de credibilidad.
Según la Encuesta sobre Condiciones de Vida que realizan las tres principales universidades venezolanas, 48.4% de los hogares del país son pobres, un tercio más que en 2013, y a lo largo de 2015 habrá un nuevo repunte porque “las consecuencias sociales de la recesión sólo están comenzando”.
El miércoles 9, el Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores reveló que sólo en julio el costo de la canasta básica de alimentos aumentó 24.9% en relación con el mes previo y 182.6% en un año. Un salario mínimo sólo cubre la sexta parte de su valor.
En este contexto de ruina económica y social, 70% de los venezolanos desaprueba la gestión de Maduro y sólo 24 de cada 100 la respalda, según la encuestadora Datanálisis.
Además, 68.3% de ciudadanos quiere que el presidente finalice su mandato este año o que sea removido del cargo en 2016, cuando según los plazos constitucionales podrá convocarse a un referendo revocatorio mediante la recolección de firmas.
Y por más que Maduro busque desviar la atención hacia la crisis fronteriza, la condena de 13 años y 9 meses de prisión impuesta el pasado jueves 10 al dirigente opositor Leopoldo López, y sus secuelas políticas, se están robando el interés mediático.
El gobierno, desde luego, enfrenta un escenario político cuesta arriba para las elecciones legislativas programadas para el próximo 6 de diciembre. De acuerdo con Datanálisis, 73.8% de los venezolanos piensa votar por los candidatos de oposición o independientes, lo cual implicaría que por primera vez desde la llegada del chavismo al poder, en 1999, la Asamblea Nacional (congreso unicameral) tendría mayoría opositora.
Desde su llegada al poder, en 2013, Maduro ha tratado de responsabilizar de la situación que vive Venezuela a la “guerra económica” que, según el mandatario, desarrollan contra la Revolución Bolivariana del fallecido presidente Hugo Chávez “el imperialismo yanqui, la oposición y las burguesías parasitarias de Colombia y Venezuela”.
Pero 72% de los venezolanos no cree en ese argumento y responsabiliza de la crisis al gobierno.
Cambio de foco
El presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, dice a Proceso que al gobierno venezolano le resultó imposible sostener que la situación de deterioro generalizado obedece a complots fraguados desde el exterior.
“Los culpables genéricos, como ‘la guerra económica’ y ‘el imperialismo’, son muy difíciles de mantener en el tiempo. Son elementos que pueden funcionar a muy corto plazo, pero nunca son estables. Ya se habían desgastado como justificativos de la crisis”, sostiene el economista y experto en opinión pública.
Señala que, en cambio, cuando el gobierno mueve el foco de atención a la frontera con Colombia, una zona donde siempre han existido contrabando, criminalidad y mafias binacionales, “está apuntando a culpables concretos y construyendo un relato en el que vincula esos elementos a la crisis interna”.
León dice que Maduro “toma esta decisión en plena campaña electoral y aspira a que ese evento de la frontera desvíe la atención del debate interno, que estaba concentrado en la alta inflación, en desabastecimiento y los problemas de la devaluación del bolívar (la moneda venezolana)”.
Y al menos en el terreno mediático, la estrategia de Maduro ha funcionado. Todos los medios venezolanos han centrado su atención en las últimas semanas en el conflicto fronterizo con Colombia. Los espacios de la prensa escrita, la radio, la televisión y los portales de internet han sido dedicados mayoritariamente a dar cuenta de lo que ocurre en la zona limítrofe y sus repercusiones políticas y diplomáticas.
“En términos de medios de comunicación, la crisis fronteriza ha sido un éxito rotundo, porque el monotema en Venezuela, hoy, es ese”, sostiene León.
El presidente de Datanálisis considera, sin embargo, que aún es temprano para medir el efecto político que tendrá y si finalmente dará los resultados que espera el gobierno de Maduro, que es “tratar de reducir la brecha con la oposición frente a las elecciones legislativas”.
Dice que la opinión pública “no siempre se comporta como uno espera, y menos cuando tenemos una crisis tan severa e importante como ésta, en la que los ciudadanos tienen que hacer largas filas todos los días para conseguir alimentos y productos básicos”.
León considera que si bien Maduro ha logrado desviar la atención de la crisis interna, más de 80% de venezolanos cree que el país está mal o muy mal, y eso afecta la popularidad del presidente, del partido del gobierno –el Socialista Unido de Venezuela– y de sus candidatos al Congreso, “porque si las elecciones fueran hoy, la oposición ganaría cómodamente”.
Para un régimen habituado a tener el control de todos los poderes del Estado, la pérdida de la Asamblea Nacional constituiría un punto de quiebre y el principio de una transición política.
No contesta el teléfono
El secretario general del opositor Movimiento al Socialismo, Felipe Mujica, considera que el mayor riesgo de la utilización política de los problemas fronterizos es que siga aumentando la escalada de acusaciones entre Maduro y el presidente colombiano Juan Manuel Santos “y esto nos lleve a una situación de violencia”.
Para el político venezolano, el estado de excepción que ha declarado Maduro en varios municipios fronterizos con Colombia, el cual incluye toque de queda y la suspensión de garantías constitucionales, representa en la práctica la militarización de una amplia zona del occidente del país que tradicionalmente ha sido reducto de la oposición.
“Esto es algo que se le puede ir de las manos al gobierno, porque la militarización crea tensión en las comunidades y en la zona fronteriza común, donde hay ejércitos de ambos lados”, señala.
San Miguel, por su parte, maestra en seguridad y defensa, considera que la crisis binacional puede seguir escalando “porque tiene un alto contenido de emocionalidad en ambas partes, pero no veo que pueda generarse un conflicto de carácter militar porque a ninguno de los dos países, ni a la región, le conviene esto”.
Para la presidenta de Control Ciudadano, lo que se está consolidando en Venezuela es “un nuevo modelo de utilización política de la Fuerza Armada Nacional, y los estados de excepción que se están decretando en los estados fronterizos son parte de una estrategia de control social y manipulación electoral en la que los militares participan en forma activa”.
El martes 8, la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática alertó que la intención del gobierno de Maduro es “enrarecer el clima electoral, poniendo en riesgo la elección de 22 parlamentarios en los municipios sometidos al régimen de excepción” y los cuales están bajo control de mandos militares.
Maduro ha decretado estado de excepción en nueve municipios de los estados Zulia y Táchira, cuyos distritos electorales aportan 22 de los 163 diputados de la Asamblea Nacional. El presidente, que ha amenazado con ampliar ese régimen a otras regiones, ordenó además el cierre de los principales pasos fronterizos entre Venezuela y Colombia, lo que ha provocado un caos en esa zona, donde residen más de 5 millones de personas.
Según Maduro, los responsables del contrabando, el narcotráfico y las actividades criminales en esa conflictiva área común, son “paramilitares colombianos”, mientras que el gobierno de Colombia y estudiosos de la región limítrofe sostienen que se trata de un fenómeno delictivo que involucra a poderosas mafias binacionales y a autoridades corruptas.
El alcalde de la fronteriza ciudad colombiana de Cúcuta, Donamaris Ramírez, quien a principios de este mes expuso en la sede de la OEA en Washington la crisis humanitaria que ha creado la política de deportaciones de Venezuela, denunció en ese organismo que el principal aliado de las bandas criminales involucradas en el contrabando en esa región es la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de Venezuela, que es una rama de las Fuerzas Armadas.
El gobierno colombiano ha privilegiado hasta ahora la acción diplomática para tratar de resolver la crisis binacional y ha acudido ante organismos como las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar los atropellos contra miles de inmigrantes por parte de la GNB, que ha estado a cargo de las deportaciones y ha destruido casas de inmigrantes en barrios populares de Venezuela.
Y aunque el presidente Santos insiste en el diálogo, ha revelado que Maduro no le contesta el teléfono, ni a él ni al mandatario uruguayo Tabaré Vázquez, quien ha ofrecido sus buenos oficios para buscar una solución a la crisis binacional ante la inoperancia de foros regionales como la OEA y la Unasur.
“Cuando pueda comunicarme con el presidente Maduro se lo plantearé”, dijo el presidente uruguayo el jueves 10.
El internacionalista venezolano Félix Arellano considera que Maduro está evitando el diálogo para alargar la crisis y crear condiciones que le permitan postergar las elecciones legislativas del 6 de diciembre o reducir la ventaja que lleva la oposición en los sondeos.
“Está por verse qué papel quiere jugar en esto la comunidad hemisférica y latinoamericana. Hasta ahora han dejado que Maduro se salga con la suya, pero al mismo tiempo el presidente sabe que tiene una presión internacional muy fuerte”, sostiene.
Por lo pronto, las cancilleres de Colombia, María Ángela Holguín, y de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvieron una reunión el sábado 12 en Quito para discutir sobre la situación fronteriza y allanar el camino a la gestión diplomática.
