Las dos empresas han ganado fama en el mercado de los seguros de vida, pero cuando se trata de sus propios empleados, Axa y Metlife les hacen la vida imposible y terminan por desacreditarlos o dejarlos sin trabajo. Proceso Jalisco entrevistó a Luis Alfonso Ureña González y Salvador Lares de la Torre, agentes de seguros de esas firmas, quienes narran sus infortunios de los últimos meses.
Luis Alfonso Ureña González y Salvador Lares de la Torre no se conocen, pero sus vicisitudes laborales son similares: el primero prestó sus servicios como vendedor de seguros en Axa durante 12 años, mientras el segundo aún labora en Metlife. Ambos han padecido el desdén de sus patrones sólo por atreverse a reclamar sus derechos.
En el caso de Ureña, mientras fue uno de los empleados de Axa más productivos, nunca tuvo problemas. Su desgracia empezó en 2011, cuando le diagnosticaron hepatitis C, adquirida después de que le extrajeron la vesícula biliar. Como la enfermedad de Ureña se complicó, la aseguradora le puso innumerables trabas para apoyar su rehabilitación, hasta que se quedó sin trabajo por negarse a firmar un contrato leonino.
Lares, por su parte, lleva meses esperando que Metlife le pague la indemnización por la muerte de su hijo Mauricio, quien desapareció el 11 de agosto de 2010.
El 18 de agosto, un día antes de la audiencia conciliatoria, el apoderado legal de Metlife México, Luis Guillén de la Cruz, solicitó una prórroga de 15 días con el fin de “realizar consultas a sistemas de información internos”, así como una revisión “exhaustiva a los archivos tanto físicos como magnéticos”.
Guillén de la Cruz también expuso que si los quejosos estaban en desacuerdo con la petición de prórroga, podían quejarse ante los tribunales. Y aunque el matrimonio aceptó que se difiera la audiencia para el jueves 10, el representante legal de la pareja, Felipe Lagunes, estima que la aseguradora le apuesta a una estrategia dilatoria para que sus clientes se cansen de esperar y desistan en su reclamo.
Peloteo administrativo
Cuando contrajo la hepatitis C no había un tratamiento clínico efectivo, cuenta Luis Alfonso Ureña. Los médicos le recomendaron consumir una combinación de ribavirina con interferón; pero como éste es muy tóxico, el especialista que lo atendía le sugirió esperar a que llegara al país otro fármaco –el sofosbuvir– cuyo potencial de cura es de entre 60 y 65%.
Ureña lo ingirió durante 37 semanas pero no le funcionó porque, dice, la carga viral se estaba elevando.
Cuenta que al principio Axa aceptó cubrir su tratamiento en el que invirtió más de 800 mil pesos. El problema llegó cuando su médico le recetó otro medicamento más efectivo: el sovaldi o el harvoni, que sólo se vende en Estados Unidos y su costo era de 82 mil dólares.
Refiere que siempre dudó de que trajeran el medicamento. No obstante un directivo de la aseguradora le recomendó ir a Farmacias Personalizadas, una empresa que, le dijo, podría importar el producto.
En abril pasado, la responsable del departamento Mas Care, de Axa, encargado de atender a personas con enfermedades crónico-degenerativas o accidentados con politraumatismo, a la que sólo identifica como Hilda Aimé, llamó por teléfono a Ureña para confirmarle que su fármaco había sido aprobado, sólo faltaba que el proveedor lo surtiera.
Pero como el pedido no llegaba, Ureña se comunicó con Hilda Aimé, quien le respondió que por el monto del medicamento –1 millón 700 mil pesos–, ella requería una clave que solamente tenía el doctor Juan Ordorica, la máxima autoridad dentro de Axa que autorizaba los gastos médicos.
Y ahí empezaron a complicarse las cosas, comenta el afectado.
Ureña buscó al director territorial de Axa en la zona Pacífico-Norte, Ricardo Segovia, y le expuso su problema. Segovia le cuestionó porque, dijo, de 11 casos de hepatitis C, siete, incluido el de Ureña, los atendía el doctor Male.
Comenta que en la póliza de los contratos de Axa ninguna cláusula impide la autorización para la compra de medicamentos en el extranjero. Sin embargo, la aseguradora modificó sus estatutos e intentó forzar a sus empleados a firmar un nuevo convenio con retroactividad.
Ureña supo que había cuatro compañeros suyos en condiciones similares y buscó de nueva cuenta a Segovia. Juntos, los cinco le dijeron que, si no los atendía, iban a presentar una demanda ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). Finalmente, la UNE firmó las cartas de aval para que los enfermos recibieran los fármacos requeridos.
Sin embargo, el departamento de Compliance (Conformidad) siguió oponiéndose. En una reunión en la que estuvo presente una ejecutiva de Medikament de México, empresa que posee los medicamentos que necesitan sus clientes, los directivos de Axa acordaron que esa compañía otorgaría las medicinas sólo si los asegurados firmaban un nuevo convenio.
Al hacerlo perdían sus derechos de antigüedad y tenían que pagar un coaseguro de 35% del costo total de las medicinas, así como otros gastos, relata Ureña, por lo que se negó a firmar.
En diciembre de 2014, sostiene, llegó a México un nuevo medicamento para combatir la hepatitis C denominado viekira pak y aunque Axa no tenía ninguna restricción para obtenerlo, le dieron largas al asunto. Apenas la última semana de agosto pasado Ureña recibió su primera dosis.
A raíz de su enfermedad, Ureña decidió formar una asociación civil para ayudar a quienes, como él, desconocen los síntomas de la hepatitis C, sobre todo porque los reactivos que manejan las dependencias de salud en Jalisco son caros.
Las trabas de Metlife
En Metlife México el matrimonio Lares Ramos espera que la aseguradora le entregue la indemnización por la muerte de su hijo Mauricio. Salvador Lares de la Torre es vendedor de seguros en esa empresa, mientras que su esposa, Sara Ramos Álvarez, se dedica al hogar.
El 19 de agosto de 2010, Salvador Ramos Álvarez, hermano de Sara, presentó una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia de Jalisco –hoy Fiscalía General –tras la desaparición de su hijo Salvador.
Su queja quedó arraigada en la agencia receptora 23/C (AP 89/2010). Ramos Álvarez declaró que el 11 de agosto de ese año estaba en el estadio Omnilife con su cuñado Salvador Lares y los hijos de éste, Ángel y Alan; ambos esperaban a sus hijos Salvador y Mauricio, respectivamente. Los jóvenes nunca llegaron.
Según un socio de Salvador Ramos Rodríguez, la última vez que lo vio fue cuando su primo Mauricio pasó por él en su auto BMW azul. Ramos Álvarez se comunicó vía telefónica con su cuñado Salvador Lares para decirle que aún no aparecían su hijo Salvador ni su sobrino Mauricio.
Meses después, el 28 de abril de 2011, al no tener noticias de su hijo Mauricio, Lares de la Torre presentó ante el Juzgado Primero de lo Civil del Décimo Cuarto Partido Judicial en Zapotlán el Grande, Jalisco, un juicio de declaración de ausencia, que quedó registrado con el número 707/2011.
El 29 de noviembre de 2012 quedó firme la sentencia del Juzgado para declarar la ausencia de Mauricio. Dos años más tarde, el 10 de octubre de 2014, el mismo Juzgado Primero de lo Civil declaró la “presunción de muerte del ausente (Mauricio Lares)”. El 28 de diciembre siguiente, el Registro Civil número 1 de Zapotlán El Grande emitió un acta de defunción.
El 29 de octubre de 2014, los padres de Mauricio, los únicos beneficiarios, iniciaron los trámites para solicitar el seguro de vida correspondiente que, dijeron, comenzaron a pagar desde el 3 de noviembre de 2008 con el número de póliza 8160522.
El 16 de enero de 2015, Lares de la Torre envió una carta a Metlife en la cual preguntó a su promotor si debía seguir pagando la póliza. El aludido le respondió que sí.
Recuerda que en 2012, una de las empleadas olvidó hacer el pago anual de la póliza, por lo que fue cancelada. Al percatarse de su error, la trabajadora decidió rehabilitar la póliza. Utilizó una copia de identificación de Mauricio y una solicitud firmada por él –poco antes de su desaparición– y por su padre.
“Me preocupa la interpretación que se pueda dar al trámite de rehabilitación –expuso Lares en su escrito–, porque aunque no hubiera pagado desde 2010, me ampararía para el trámite del siniestro, la prescripción de ley que entró en funciones en 2008.”
Metlife respondió a Lares el 21 de enero pasado por escrito: “Considerando la documentación proporcionada, se le informa a usted que no es procedente el pago de la suma asegurada de la póliza citada, derivado de la inconsistencia legal de la información presentada”.
Ante la negativa de Metlife, el 11 de junio pasado el matrimonio Lares Ramos interpuso una queja ante la delegación estatal de Condusef. En su escrito expone que ni siquiera supieron si la persona que se negó a pagar la indemnización “era en ese momento funcionario de Metlife”. l
