Empleados de varias dependencias del ayuntamiento tapatío entregaron a Proceso Jalisco documentación en la que exhiben la corrupción de varios colaboradores de Ramiro Hernández García, quien dejará la alcaldía a finales de mes. Entre los implicados mencionan al contralor Gustavo César Galindo, a la titular de la oficina de Combate a la Corrupción, Martha Patricia Pérez Pérez, y al jefe del Departamento de Inspección Ambiental, José de Jesús Contreras Cerrillo.
A menos de un mes de que Ramiro Hernández García deje la alcaldía, el ayuntamiento tapatío “supura corrupción”, señala un grupo de trabajadores de la Dirección de Inspección y Vigilancia y de Manejo de Residuos.
En un escrito entregado a la reportera, los inconformes aseguran que en esas dependencias los actos irregulares son cotidianos y mencionan sobre todo al contralor Gustavo César Galindo y a la titular de la oficina de Combate a la Corrupción, Martha Patricia Pérez Pérez.
“Por un acuerdo interno”, dicen, en la Dirección de Inspección y Vigilancia, encabezada por Evaristo José de Jesús Roldán González, los inspectores entregan una cuota de 60 mil pesos mensuales al jefe de departamento de Inspección Ambiental, José de Jesús Contreras Cerrillo.
Ese acuerdo se formalizó en febrero de 2014 en la oficina de Contreras Cerrillo y participaron los inspectores Pablo Aviña Olivares, Emanuel Suárez Robles, Enrique González Orozco y Juan Francisco Sánchez Gutiérrez, coordinadores de los turnos matutino, vespertino y nocturno, respectivamente, aseveran los trabajadores, quienes piden omitir sus nombres.
En esa reunión estuvieron también Luis Gerardo Flores Vázquez, quien aparece en la nómina del ayuntamiento como supervisor A, pero en realidad es el coordinador de vehículos, aseguran los autores del documento.
Los inspectores deben entregar a Contreras Cerrillo esa suma cada semana con las cuotas que recaudan entre los comerciantes. Los del turno matutino “se arreglarían por separado”, según el acuerdo; los del vespertino mil pesos por inspector, mientras que los del nocturno deberán entregar 7 mil.
“Posterior a esto –indica el escrito–, cada coordinador informó a los inspectores que así se trabajaría en lo sucesivo, incluso se hizo una división de la ciudad en subzonas para evitar conflictos entre los compañeros, así como el hostigamiento a los giros.”
Además, tanto los inspectores como el personal administrativo deberán entregar 100 pesos por quincena “para arreglo y mantenimiento de los vehículos del departamento”, puesto que “los coordinadores y el jefe de departamento hacen uso de los vehículos (oficiales, pues), se los llevan a su domicilio al término de sus labores”.
Según los inconformes, eso “causó descontento de varias personas en la dependencia”, sobre todo cuando se enteraron de que a los inspectores del turno matutino les tocó “cooperar” con 700 pesos (en el turno nocturno laboran cuatro inspectores, seis en el vespertino y alrededor de 10 en el matutino).
El dinero lo reciben directamente Pablo Aviña y Luis Gerardo Flores, dicen. Y si se toma en cuenta el número de inspectores de los tres turnos, Contreras Cerrillo recibe alrededor de 20 mil pesos cada semana.
En febrero pasado, el ayuntamiento de Guadalajara publicó en su portal de Transparencia que se resolvieron algunos procedimientos de responsabilidad administrativa. Entre los señalados destacan Aviña y Contreras Cerrillo (expediente 15/2014/USIV), quienes están implicados en una queja que se presentó el 23 de junio de 2014. Según la resolución, ambos sólo fueron amonestados.
Desaseo público
Personal de Aseo Público y de Aseo Contratado de la Dirección de Manejo de Residuos de la Secretaría del Medio Ambiente en Guadalajara entregaron a este semanario la copia de un estudio sobre la corrupción y los malos manejos en esa dependencia.
Según el documento, fechado en julio pasado, choferes y auxiliares del departamento de Aseo Público usan los bienes patrimoniales del ayuntamiento “para beneficio propio”, al cobrar entre 200 y 500 pesos por permitir trasvases de basura de vehículos particulares a camiones del municipio.
Los supervisores y jefes del departamento, dicen, toleran esa práctica, pues cada semana reciben una cuota, aunque desconocen a cuánto asciende y quiénes son los beneficiarios.
La Dirección de Manejo de Residuos es encabezada por José I. López Varela, quien permitió a uno de sus subalternos –Juan Carlos Ontiveros Aguilar, jefe del departamento de Manejo de Residuos– cobrar alrededor de 5 mil pesos por asignar las seis unidades nuevas, dicen los denunciantes.
Lo curioso es que, quienes entregaron esa cantidad, la recuperan con las propinas que reciben cuando recogen la basura en los negocios.
Con respecto al departamento de Aseo Contratado, los responsables siempre reportan al ayuntamiento una recolección de residuos menor a la que realizan, mientras el personal que la realiza cobra a los negocios por la diferencia en el volumen de desechos.
La empresa Caabsa Eagle, a la que el ayuntamiento tapatío le concesionó la recolección de basura desde el 22 de noviembre de 1994 –cada año recibe 447 millones de pesos por esa labor–, los trabajadores de Aseo Público indican que los camiones de la empresa son insuficientes y los choferes maltratan a la gente y piden su propina.
Según los vecinos, Caabsa Eagle no sólo presta un pésimo servicio, sino que además contamina ríos y mantos freáticos por lixiviados; y no realizó las obras prometidas en los vertederos de Matatlán y Los Laureles (Proceso Jalisco 341).
A principio de año, el regidor panista Alberto Cárdenas Jiménez denunció que Caabsa Eagle incumple con los servicios para los que fue contratada, por lo que exigió al presidente municipal, el priista Ramiro Hernández García, cancelarle el contrato.
Los trabajadores inconformes señalan que la planta de transferencia R-18 de esa empresa, ubicada en la confluencia de las avenidas 18 de Marzo y Gobernador Curiel, carece de tractos y góndolas para “prestar el servicio”.
Los propios supervisores del ayuntamiento aseguran que Caabsa Eagle carece de maquinaria adecuada para limpiar el piso, lo que genera malos olores. Asimismo, la falta de mantenimiento a las instalaciones provoca que el agua pluvial que corre por los bajantes que están rotos se mezcle con la basura y se derrame en un arroyo aledaño.
También aluden a la presunta complicidad entre el director del área, José I. López Varela, y la concesionaria para ingresar tráileres con tierra y cobrarlos como basura, lo que, dicen, deja indefensos a los supervisores en las revisiones posteriores.
Otra empresa que incumple con la concesión es Plastic Omnium. Hace cinco años, durante la gestión del priista Aristóteles Sandoval Díaz en el ayuntamiento tapatío, esa compañía se comprometió a instalar 10 mil 84 “papeleras inteligentes”, a darles mantenimiento y a recolectar sus residuos, tareas por las que recibiría 21.5 millones de pesos anuales.
En agosto de 2010, cuando presentó el proyecto de las papeleras inteligentes, la Secretaría de Medio Ambiente y Ecología de Guadalajara expuso que contarían con un sistema para el monitoreo electrónico que advierte el nivel de llenado de los residuos.
Sin embargo, el director general de Plastic Omnium, Patris Keyme, aclaró en junio de 2011 que el chip incluido en cada papelera es para la operación interna de la empresa, pues le permite registrar cuántos servicios presta y de qué tipo, así como para su geolocalización.
En el documento, los empleados municipales inconformes señalan que Plastic Omnium incumple con su compromiso, pues su parque vehicular es insuficiente para la recolección de basura de las papeleras, lo que ocasiona que se acumulen residuos alrededor de ellas, provocando “contaminación ambiental y visual”.
Las papeleras inteligentes no reciben mantenimiento suficiente; algunas incluso ya están destruidas y su ubicación está mal planeada: unas se localizan afuera de negocios de comida o en banquetas estrechas, donde obstaculizan el paso de los peatones.
En otro punto, los denunciantes refieren que los permisos emitidos por la Dirección de Manejo de Residuos del ayuntamiento a los recolectores particulares carecen de los permisos correspondientes de las secretarías de Movilidad y del Medio Ambiente, lo que significa que operan de manera ilegal, según el escrito consultado por la reportera.
Solapadores
De acuerdo con la página de Transparencia del Instituto de Pensiones del estado de Jalisco, Gustavo César Galindo recibe una pensión mensual de 75 mil 509 pesos, aun cuando debió de solicitar la suspensión.
Según la Ley de Pensiones del Estado de Jalisco con la que se jubiló César Galindo, en su artículo 30 se establece que “si el pensionado decidiere continuar en el servicio, deberá solicitar la suspensión de los efectos de la pensión…”
El contralor municipal recibe cada mes casi 199 mil pesos, si se toma en cuenta que como funcionario municipal recibe 76 mil 264 pesos mensuales brutos, y un pago de jubilación por parte de la Universidad de Guadalajara que asciende a 46 mil 766 al mes.
Un detalle más, es que el contralor no tiene un expediente limpio como funcionario. Proceso Jalisco solicitó a la Secretaría de la Función Pública una copia del expediente R-0072/2010 que se abrió en contra de Galindo por violación al reglamento de contratación. En respuesta, mediante el oficio CI-SFP-5/2014, la dependencia a través del Órgano de Control Interno puso a disposición una versión pública de 1411 fojas útiles.
Por su parte, Martha Patricia Pérez, titular de la oficina de Combate a la Corrupción –anteriormente se desempeñó como jefa de la unidad departamental de Atención a Quejas en la Dirección de Auditoría Administrativa– “incumple con su función y se la pasa en las oficinas de la Contraloría”, apunta personal inconforme.
En su edición 491, este semanario publicó que Pérez y su esposo, José Ernesto González, titular de la Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia de la Secretaría de la Contraloría, consiguieron empleo a su hija Mayra Alejandra como jefa de departamento en la dirección que encabezó su progenitora.
Pérez aparece en la nómina del Consejo de la Judicatura del estado de Jalisco como jefa de sección departamental de Control Patrimonial con un sueldo de 28 mil 184 pesos brutos al mes. Según los inconformes, la funcionaria cobra pero no trabaja. l
