La administración de Aristóteles Sandoval pone innumerables obstáculos a quienes solicitan datos sobre los gastos oficiales en materia de publicidad, comenta Ana Cristina Ruelas Serna, oficial del Programa de Derecho a la Información de Artículo 19. Pese a las trabas –algunas son francamente ridículas, dice–, su organización pudo exhibir parte del dispendio del gobierno estatal en el informe Libertad de expresión en venta. Acceso a la información y censura indirecta en publicidad oficial, difundido a finales del mes pasado.
El gobernador Aristóteles Sandoval Díaz se empeña en ocultar la información relativa a los gastos de publicidad oficial ejercidos durante su gestión. Y cuando alguien intenta conocerlos, le pone innumerables trabas, como sucedió con la organización no gubernamental Artículo 19.
El pasado 26 de agosto, junto con Fundar, Centro de Análisis e Investigación, Artículo 19 presentó su informe Libertad de expresión en venta. Acceso a la información y censura indirecta en publicidad oficial, en el cual sostiene que el presidente Enrique Peña Nieto gastó más de 14 mil 663 millones de pesos en publicidad, suma exorbitante que ningún mandatario había desembolsado en sus dos primeros años de gestión.
El informe desglosa también el gasto de los gobiernos estatales hasta 2013, con excepción de Guerrero, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz, cuyos titulares se negaron a entregarla. En el caso de Jalisco, aunque Sandoval sí reportó el monto destinado a ese rubro durante ese año, se opuso a proporcionar copia de los documentos que avalan los convenios y contratos con los medios de comunicación.
Hubo una rotunda negativa del gobierno estatal a conceder esa información a pesar de que le fue solicitada en el segundo semestre de 2014, a través de la plataforma de recepción de solicitudes de información Infomex comenta a Proceso Jalisco Ana Cristina Ruelas Serna, oficial del Programa de Derecho a la Información de Artículo 19.
Las autoridades respondieron que el solicitante debía pagar en una ventanilla de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf) el costo de reproducción de la información requerida; en este caso 4.50 pesos por cinco hojas. Ese pretexto es ridículo porque, según Ruelas, las hojas pudieron haber sido remitidas por correo electrónico.
Y aunque Artículo 19 llamó varias veces a las autoridades para pedirles un número de cuenta bancaria para depositarles la cantidad requerida, así como el costo de envío, éstas insistieron en que el pago debía hacerse en ventanilla.
“Esto es una restricción al derecho de acceso a la información –insiste Ruelas–, pues limita el acceso a la información a las personas que residen en otra ciudad. El hecho de que te limiten o que te hagan ir a las oficinas es un proceso intimidatorio que, además, dilata y pervierte el principio de expeditez que alberga el derecho a la información.”
Artículo 19 sólo pudo conocer el monto total asignado en 2013 al rubro de publicidad: 235 millones 440 mil 578 pesos. No obstante, comenta Ruelas, desconfía de la veracidad de la información porque el gobierno de Sandoval Díaz no reporta variación alguna entre el presupuesto que etiquetó a publicidad oficial y lo que ejerció.
“Vale la pena destacar –dice– que las autoridades reportan hasta los centavos ejercidos, lo que llama la atención porque contrasta con los patrones que siguen las otras entidades, pues por lo general hay una diferencia entre el presupuesto aprobado y el ejercido. Es difícil que exista una coincidencia exacta de los montos aprobados y ejercidos. En este caso no podemos hacer la comparación porque no nos otorgaron el desglose del gasto.”
Incluso hace un contraste entre lo que ejerció el gobierno los dos años anteriores y subraya que las cifras no cuadran, como sí ocurrió con respecto al ejercicio de 2013. En 2011, según Artículo 19, hubo un excedente de 3 millones de pesos, mientras que el año siguiente fue de 107 millones, considerando que el gasto aprobado y el ejercido sea el mismo.
Para redactar su informe, la organización tuvo que recurrir a la Ley de Transparencia porque el gobierno de Sandoval Díaz eliminó de su portal electrónico todos los índices de gasto relacionados con la compra de pautas de publicidad en los que podían consultarse cheques, contratos o convenios con los medios de comunicación.
“En 2012, por ejemplo, pudimos ver que 76% del dinero asignado a publicidad oficial fue para televisión, mientras en 2010 fue de 87.10%. Sin embargo, en esta ocasión no pudimos obtener esta información porque al solicitarla, la Unidad de Enlace nos pidió pagar el costo de reproducción de la información directamente en las oficinas”, relata Ruelas.
Trabas informativas
Aunque la representante de Artículo 19 no señala la fecha en que buscó la información en el sitio web del gobierno estatal para incluirla en su informe, probablemente hace un año, por esas fechas este semanario publicó varios reportajes sobre el derroche del gobierno de Sandoval por más de 360 millones de pesos durante sus primeros 14 meses de gestión para mejorar su imagen mediante el reparto de publicidad en radiodifusoras, televisoras, diarios y pasquines.
También repartió dinero entre periodistas “independientes” y empresas relacionadas con funcionarios como Alberto Lamas Flores, quien por esas fechas era el responsable de firmar los convenios. Según algunos testimonios recogidos por este semanario se quedaba con una comisión de 25% del monto total (Proceso Jalisco 500).
Tras conocerse esa información, Sandoval Díaz desapareció de la página de Transparencia los documentos que respaldan los contratos publicitarios con empresas privadas, los detalles de las propuestas de los bienes o servicios, el nombre del funcionario que ordenaba la contratación y sus motivos, los términos de los contratos, las facturas emitidas, e incluso quién recogía los cheques.
Poco después reapareció con un “aviso de confidencialidad” en el cual se informa que “fueron retirados los soportes documentales del gasto que antes presentaban todos los cheques en esta herramienta dinámica, ya que la digitalización incluye las copias simples como documentos de identificación, comprobante de domicilio y otros datos personales.
“Si el ciudadano tiene interés en conocer este soporte –decía–, puede solicitarlos a la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf) a través de una solicitud de información en la que se le entregará y cuando sea el caso testará los datos confidenciales que se encuentran delimitados por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios en sus artículos 2, 3, 5, 20, 21, 22 y 23.”
Ruelas Serna señala que su organización no presentó la impugnación ante el Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco porque la metodología del informe marca que tenían que basarse en la primera contestación.
Además, la información solicitada debía estar en el portal del gobierno estatal, de acuerdo a la fracción V del artículo 6 de la Constitución, según el cual, “los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos”.
El 18 de agosto último Sandoval Díaz recibió de manos de la directora general de la casa evaluadora A-regional, Flavia Josefina Rodríguez Torres, un reconocimiento por posicionar a Jalisco como la segunda entidad más transparente –con una calificación de 96.61 sobre 100– después del Estado de México.
Sin embargo, Ruelas insiste. “Es evidente que la administración de Sandoval Díaz se guardó la información sobre los gastos en el rubro de publicidad. Esto habla de que no existe una cultura de la transparencia”.
La representante de Artículo 19 detalla que 2015 es el último año en que la organización entrega su índice de acceso a la información por entidades federativas, pues la Ley General de Transparencia prevé que todos los gobiernos publiquen en sus páginas de internet sus gastos de publicidad oficial cada trimestre. En ese sentido, dice, la siguiente evaluación de la organización se centrará sólo en verificar que los portales electrónicos oficiales cumplan con ese trámite. l
