A unos días de dejar su cargo, el procurador de Desarrollo Urbano del estado, Gabriel Ibarra Félix, hace de todo para obtener el apoyo de legisladores y funcionarios a su ratificación para otro periodo. Sin embargo, el personal de la dependencia y extrabajadores que fueron despedidos sin justificación lo acusan de reestructurar ilegalmente el organigrama, de sembrar el desorden administrativo y de desviar recursos públicos para fines personales.
Trabajadores de la Procuraduría de Desarrollo Urbano (Prodeur) denuncian que el titular de esa dependencia estatal, Gabriel Ibarra Félix, no respeta sus derechos y hace uso discrecional de los recursos.
Señalan que su gestión, que concluye el martes 15, se ha caracterizado por el desorden administrativo, la contratación de personal que cobra pero no se sabe dónde trabaja, el despido injustificado de empleados con experiencia (hay casos con más de 20 años ininterrumpidos de servicio), el dispendio de recursos y el nepotismo.
Pero además, emitió un acuerdo mediante el cual crea cinco delegaciones, lo cual, a juicio de Leticia Reyes y Alma Calleros –ex funcionarias de la dependencia–, implica una nueva estructura organizacional y administrativa y es ilegal.
Entrevistadas por separado, coinciden en que el procurador incurre en graves irregularidades al modificar la organización a voluntad y despedir al personal sin motivo.
Con el acuerdo que Ibarra Félix firmó el pasado 14 de agosto y exhibió la tarde del día 25, cuando la mayoría de los empleados se había retirado, desaparecen cinco subdirecciones –una de ellas la encabezaba Reyes– para dar cabida a las delegaciones.
Calleros fue subdirectora de Recursos Financieros hasta el 28 de agosto. Dice que el motivo no es la creación de las delegaciones sino el encono del procurador hacia quien fuera su jefa, Sandra Gutiérrez, despedida hace meses.
El nombramiento de Reyes es de subdirectora de Gestión y Apoyo Operativo, pero fue asignada al área de Regulación y Control de Centros de Población: “Como todos, con un nombramiento pero trabajando en otra área, en un desorden total”, comenta.
En el acuerdo en cuestión, del que Proceso Jalisco tiene copia, el procurador asienta que la reestructuración tiene base en los artículos 21 y 22 del Código Urbano, de conformidad con la regionalización administrativa que propone el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz para impulsar el desarrollo del estado, según el “acuerdo firmado el 31 de octubre de 2014”.
Detalla que la creación de las delegaciones se difirió por las limitaciones presupuestales y justifica que se abran en Autlán, Puerto Vallarta, Chapala, Arandas y Colotlán porque son municipios que reclaman mayor atención y generan mejores resultados sociales.
La fracción VII del artículo 21 del Código Urbano limita la facultad del procurador para crear y modificar las unidades administrativas a la medida que lo permita el Presupuesto de Egresos. “No son legales la nueva estructura ni las delegaciones, pero lo correcto (si lo fueran) hubiera sido que nos las ofreciera a los subdirectores, no que trajera a gente nueva”, reprocha Reyes.
Al preguntarle por qué no fue afectada la subdirección de Leticia Rivera, responde: “Porque es la mujer de Ibarra Félix”. En su acuerdo, el procurador indica que “para asegurar el equilibrio presupuestal” se conservan tres subdirecciones, una de ellas la de su pareja.
En ese documento se admite que no existe presupuesto aprobado para las delegaciones, que en la Secretaría de Administración no tienen conocimiento de éstas y que el presupuesto fue etiquetado para ejercerse conforme las partidas aprobadas para 2015.
Entre las atribuciones de los delegados destacan la representación de la Prodeur y la regularización de predios públicos y privados junto con los ayuntamientos de cada región.
Favoritismo
Varios extrabajadores de la Prodeur señalan que el procurador convirtió a su pareja, Leticia Rivera Rodríguez, en una aviadora, puesto que percibe un sueldo sin presentarse a laborar. Ella trabajaba en la dependencia estatal antes que Ibarra Félix llegara al puesto, pero la relación sentimental le trajo beneficios e incluso un aumento de sueldo.
En mayo de 2013 el funcionario contrató a la hija de su pareja, Brenda Plazola Rivera, como jefa de oficina con un salario de 13 mil 967 pesos mensuales más ayuda de despensa y pasaje. Según empleados de diversas áreas de la dependencia, Plazola es abogada y sí desempeña su función.
El caso de Rivera Rodríguez es distinto, comentan, pues incluso ha viajado al extranjero con gafete de expositora sin estar formalmente comisionada. En una foto de su página de Facebook, la funcionaria posa con las amistades que hizo en uno de sus viajes a Colombia, entre los últimos días de octubre y los primeros de noviembre de 2014, al que no acudió el procurador.
Además, los trabajadores de la Prodeur la critican porque, en sus palabras: se presenta a las oficinas “a pasear al perro chihuahueño que tienen” por el gran jardín interior.
Agregan que Rivera Rodríguez era jefa de departamento en la Dirección de Difusión y ganaba 19 mil 532 pesos al mes, pero hace un año Ibarra Félix la ascendió a subdirectora y, aunque sólo mejoró su percepción en ocho pesos mensuales, no tiene la obligación de ir a laborar.
Este semanario tiene copia del oficio 162/2014, del 4 de septiembre de 2014, dirigido al contralor del estado, Juan José Bañuelos Guardado. En este documento se le informa sobre el cambio en el nombramiento de dos funcionarios y el alta de una empleada, a fin de actualizar el “sistema web Padrón de obligados a presentar declaración patrimonial”.
Según ese oficio, a Rivera Rodríguez se le cambió el nombramiento el 16 de agosto de 2014. Los subdirectores de Prodeur perciben mensualmente 27 mil 627 pesos.
Además, se erogan cada mes más de 68 mil pesos en la renta de las oficinas, como consta en la página web de la Prodeur. Al respecto, los entrevistados indican que Ibarra Félix no quiso presentar al Ejecutivo un proyecto para ahorrarse el arrendamiento de oficinas, como sugirió la directora administrativa Sandra Ivette Gutiérrez Barba, a quien despidió en marzo pasado.
“El problema es que mientras a unos, que ya tenemos muchos años (de trabajar aquí, el procurador) nos da una patada. (En cambio) mete a la hija de su esposa (…) y eso está prohibido en la ley. ¿Dónde me van a dar trabajo si ya paso de 50 años? Aquí he trabajado bien y no es justo que me haga esto”, reclama una de las personas despedidas por Ibarra Félix.
“Facilitador” de trámites
Aparte de señalar que Ibarra Félix dispone de las oficinas incluso para ingerir bebidas embriagantes, los trabajadores afirman que lo hace con prepotencia.
Igual actitud mostró, abundan, ante la recomendación del Comité Técnico de Valoración Salarial (CTVS) de disminuir su sueldo: el funcionario gana 51 mil 95 pesos quincenales más ayuda de despensa por 2 mil 48 y mil 430 para pasajes.
Cuatro de los entrevistados ya no trabajan en la Prodeur y aceptaron declarar sin publicar su nombre. Ellos decidieron demandar a la dependencia por despido injustificado y maltrato, pero temen que Ibarra Félix sea ratificado porque desde el principio de su gestión ese ha sido su propósito.
Desde agosto de 2011, cuando Ibarra Félix asumió la procuraduría, ha removido a más de 20 trabajadores (la plantilla actual consta de 61) y suele comisionar a empleados de un área en otras e integrar en su despacho a colaboradores que sólo a él le reportan sus actividades.
Las personas despedidas de enero pasado a la fecha coinciden en que Ibarra Félix pregonaba supuestas negociaciones con diputados locales para mantenerse otro cuatrienio en su cargo. Los entrevistados temen que eso implique la expulsión de más trabajadores, pues presumen que el funcionario tiene el compromiso de hacer cambios en la plantilla para disponer de las vacantes.
Asimismo comentan que envía empleados para facilitarles los trámites a algunos políticos y así queda bien con ellos; eso explicaría las versiones de que personal de la Prodeur trabaja en varios municipios.
De hecho, afirman que el procurador pone especial atención a los asuntos de Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán y La Huerta, adonde envía personal que solamente le rinde cuentas a él. Es el caso de Ana Paulina Camacho Mendoza, quien según el oficio remitido al contralor del estado el año pasado (162/2014) fue dada de alta con el nombramiento de jefa de oficina el 16 de agosto de 2014. A esta funcionaria únicamente se le veía una vez por semana en Guadalajara porque residía en Vallarta; no se reportaba con los directores y hace unos días presentó su renuncia.
De otros dos empleados no se conoce ni qué hacen ni en qué área trabajan, pero están en la nómina de la Prodeur: Juan Ramón Covarrubias Rodríguez y Alejandra Isabel Chagollán Rodríguez. Proceso Jalisco tiene copia del reporte de gastos con chequera de marzo de 2014, donde se registran pagos a ellos por 4 mil 649 y 3 mil 852 pesos, respectivamente.
En las pólizas de cheques del año pasado se observa que Ibarra Félix presentó sistemáticamente notas de compra de libros por más de mil pesos semanales. A partir de este año, debido al programa de austeridad impuesto por el gobernador, se cancelaron las compras de libros y memorias USB, sólo se permite la adquisición de periódicos.
Cómo fabricar vacantes
Al concluir la jornada laboral del 14 de agosto, el director administrativo de la Prodeur, Gustavo Buenrostro López, llamó por separado a su despacho a la técnica en investigación Gabriela Lizette Silva Beltrán, así como a los subdirectores Jesús Basulto Godínez y Leticia Reyes. Con el argumento de que su rendimiento laboral era bajo, les informó que ese había sido su último día en sus puestos.
Los tres presentaron queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) por acoso laboral. Además, su abogado presionó para que fueran reinstalados y el día 17 volvieron al centro de trabajo, pero sólo por unos días: les repusieron sus tarjetas para que checaran y les permitieron ocupar sus lugares, pero no se les asignaron tareas.
El miércoles 26 se toparon con un acuerdo pegado en la entrada de la procuraduría, en el cual se informa de la creación de la nueva estructura.
Silva Beltrán fue notificada de que permanecería en su puesto de trabajo. Sin embargo, en el nuevo organigrama impuesto por el procurador Ibarra Félix, desaparecen las subdirecciones de Basulto y Reyes. Ambos acudirán a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para demandar su reinstalación.
Dolores Luna, despedida en marzo pasado, pelea un juicio laboral contra la Prodeur en la Onceava Junta Local de Conciliación y Arbitraje (225/2015/11-F). Ella tenía 14 años en la dependencia y su nombramiento correspondía a la jefatura de archivo, aunque Ibarra Félix la puso en la recepción.
Su abogado le asegura que ganará el caso, pues no hay justificación para el cese, pero esto no borra de su memoria los malos tratos:
“Teníamos siempre temor a que nos perjudicaran. En cuanto llegó el actual procurador, lo primero fue cambiarnos de lugar (…) Para mí fue bajarme de nivel, con menos responsabilidad, a hacer el trabajo de una secretaria. También era una forma de hacerme ver que se hace lo que él dice. También nos quitó el área de comedor y cambió el horario. Desde que llegó nos hizo saber que no confía en nadie y nos prohibió relacionarnos con los compañeros que corre.”
En la lista de los despedidos irregularmente se encuentra Gerardo Monroy Ramírez de Arellano, quien también pretende acudir a la Junta Local. Él Ingresó a Prodeur en 1996 y el 13 de julio pasado perdió el empleo por lo que califica como “una rabieta de las que hace convencionalmente el procurador”, quien lo acusó de ineficiencia.
Denuncia que en el organismo se está viviendo un clima de fuerte tensión para la mayor parte de los trabajadores y revela que unos días antes de ser despedido presentó una queja (4934/2015/1) ante la CEDH por acoso laboral.
El afectado señala que desde hace más de un año trabajó bajo mucha presión, con fuerte carga emocional, y que lo mismo les sucede a muchos de sus excompañeros, pero ellos no se atreven a solicitar ayuda ni a denunciar el acoso “por temor a perder el empleo”.
Indica que el titular de la Prodeur ha removido de su puesto incluso a directores con muy buen desempeño, lo que generó un rompimiento organizacional: “Buena parte de los directores no podemos ejercer a plenitud nuestras funciones porque parte del personal se comisiona o nos comisionan de manera indiscriminada, sin tomar acuerdo con nosotros, y eso hace que se distorsione la acción de la Prodeur”.
Cita el caso de la Dirección de Regulación y Ordenamiento de los Centros de Población, que él encabezó, donde formalmente están adscritas 12 personas, pero en los hechos solamente operaban ocho: “A los otros cuatro no los conocía y algunos de los que estaban trabajando conmigo eran comisionados de otras direcciones; tenía un subdirector que no estaba trabajando en mi área, que no dependía de mí, sino del despacho” del procurador.
José Luis Zavala Gaeta, otro exfuncionario de la dependencia estatal, interpuso la demanda 349/214 en la Onceava Junta Especial de Conciliación y Arbitraje.
Por el caos generado en la conducción de esa procuraduría y en los asuntos que debería atender, organismos civiles como el Parlamento de Colonias, así como los regidores del ayuntamiento de Guadalajara, cuestionan el desempeño de Ibarra Félix.
Cuando el Congreso del estado está por emitir la convocatoria para elegir al nuevo titular de la Prodeur, dichas voces lo señalan como un funcionario proclive a tutelar los intereses de los desarrolladores, más que el de la población.
Alejandro Cárdenas Rodríguez, presidente de la organización de colonos, dice que la gestión del procurador urbano ha sido “francamente mala y errática”.
Aunque le reconoce el manejo de las leyes en la materia, sostiene que “expresa una cosa pero no es consistente porque piensa que puede hacer el traje como lo quieras y encuadrar la ley a tus necesidades”.
Añade que Ibarra Félix nunca buscó el orden ni la planeación, sino convertirse en facilitador de los desarrolladores, particularmente los del llamado Grupo Tlaquepaque, que ya se expandieron hasta los municipios de Puerto Vallarta y Tlajomulco. l
