Señor director:
Por mi conducto, los miembros de la Red Jalisciense de Derechos Humanos, A.C. (RJDH), le solicitamos espacio para hacer algunas precisiones acerca del número 562 de Proceso Jalisco. La portada, donde se anuncia el tema de nuestro interés, se intitula Puño de hierro contra comuneros, y los artículos respectivos son: La venganza de los gobernadores, de Pedro Zamora Briseño (reportero en Colima) y Sin defensa jurídica, de Alberto Osorio M.
1. Sobre el artículo de Pedro Zamora, queremos felicitar al semanario pues la entrevista con Raquel Gutiérrez Nájera, presidenta del Instituto de Derecho Ambiental, A.C. (IDEA), es aleccionadora para entender la problemática de los atropellos a los derechos humanos que padecen los poblados indígenas que viven en el entorno de las instalaciones del fundo industrial del Consorcio Minero Benito Juárez-Peña Colorada, S.A. de C.V. (CMBJPC), adscrito a las empresas mineras trasnacionales Ternium-Ispat (ítalo-argentina) y Mittal Steele Arcellor (de la India). Confiamos en que su empeño por obtener la pronta liberación del litigante jalisciense Eduardo Arturo Mosqueda Sánchez halle respuesta de las autoridades a cargo de un proceso penal prefabricado y amañado para castigar a IDEA por haberse atrevido a desentrañar la verdad jurídica del ejido en relación a las tierras que ocupa la minera, a través del Amparo 462/2013 radicado en el Juzgado 4° de Distrito en Materia Administrativa del Estado de Jalisco.
Desenmascarar a la empresa y al gobierno cómplice (Colima) en lo relativo a las viejas prácticas y crímenes del apartheid “al estilo mexicano” constituye un desafío al cacicazgo que lucra con la empresa minera, asentada en territorio nahua del ejido Ayotitlán, devastando su biodiversidad y la cultura ancestral que precariamente subsiste, sin que las autoridades federales, estatales y municipales, con excepción de Alberto Cárdenas (1996-2001), se hayan ocupado de atender el caso. Mosqueda está pagando los “platos rotos” que el Juicio de Garantías e IDEA pusieron en evidencia.
El gobierno de Jalisco, encabezado por Aristóteles Sandoval, no ha sido capaz de responder de manera integral y categórica a los desafíos planteados por una minería primitiva con prácticas inhumanas, crueles y denigrantes, como apedrear –con la colaboración directa del gobierno de Colima– a 800 indígenas de Jalisco en su propio territorio ejidal, permaneciendo absurdamente pasivo ante una provocación criminal a gran escala tramada por el cacicazgo de Colima y consumada en aquel funesto 22 de julio de 2015.
2. Sobre la entrevista que Alberto Osorio Méndez hizo al abogado Isidro Saldaña Madrigal, delegado especial del Ayuntamiento de Cihuatlán para el litigio territorial con Manzanillo y Colima, nos parecen acertadas las respuestas del litigante de la Costa Sur. De los enfrentamientos constantes que Saldaña ha librado en los tribunales federales y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en defensa de esa porción del estado de Jalisco que forma parte de Cihuatlán, da cuenta el relato del aguerrido Saldaña.
Sin embargo, queremos hacer algunas precisiones sobre nuestra participación en el asunto de Cihuatlán, pues fue dejada totalmente de lado por el defensor municipal, no en diciembre de 2008, cuando la aportamos, sino en la entrevista difundida. No es cierto que Saldaña se enfrentara solo a Colima, pues acudió a nosotros (RJDH) y al nahua Jesús Hermenegildo García (Frente Regional Pro-Manantlán y Cuenca del Marabasco) cuando Cihuatlán decidió llevar sus reclamaciones al sistema interamericano de derechos humanos en dicho mes, tras haber agotado todas las instancias del país.
Es cierto lo que afirma sobre el alcalde cihuateco Martín Ortiz Quintero (PAN), que se la jugó contra Colima junto con el asesinado alcalde de Cuautitlán, Raúl Delgado Benavides (PAN). Nos consta que a Saldaña no se le han pagado los gastos de representación acordados con el cabildo de Cihuatlán, por lo que nos parece justa y procedente su reclamación. Esto también lo sabe el ejido El Rebalse.
Saldaña afirma que su trabajo por Cihuatlán culminó “con la queja ante la CIDH y se admitió, a pesar de que en la última parte de mi gestión no me daban ni para timbres postales”. Esto es cierto, pero ignoramos por qué Saldaña oculta el apoyo de técnica jurídica que le dimos los abogados de la RJDH para enviar la petición –la CIDH no conoce “quejas”, sino peticiones y denuncias contra el Estado mexicano– aquel último día del plazo de seis meses en que solidariamente viajamos con él a Cihuatlán para convencer al alcalde Enrique González y a los regidores cihuatectos (2007-09) de la necesidad apremiante de llevar el caso al sistema interamericano de derechos humanos, con sede en Washington, D.C.
¿Por qué olvida o menosprecia el apoyo que la RJDH prestó a él, a los ejidatarios de El Rebalse y Barra de Navidad, y al pueblo de Cihuatlán, para redactar apropiadamente la petición-denuncia con el fin de que prosperara en la CIDH de la OEA? Saldaña supo litigar a tiempo en el sistema jurídico mexicano el caso de Cihuatlán; pero ignoraba cómo plantearlo ante el sistema regional y hemisférico de derechos humanos, pues en la Universidad de Guadalajara jamás cursó la materia “Derechos Humanos”, que apenas este año ha sido adoptada.
Lo que afirma Saldaña sobre la forma negligente de comportarse de las autoridades jaliscienses de varias administraciones ante los dos mayores litigios territoriales y de derechos humanos en la entidad, nosotros también la hemos comprobado y reprobado tantas veces como hemos podido, pues esa absurda política retrasa la solución, niega los acuerdos procedentes y prolonga los sufrimientos innecesarios pero constantes de miles de mexicanos humildes y trabajadores de los vecinos municipios de Cihuatlán y Cuautitlán, cuya riqueza del subsuelo se ha convertido en una maldición para ellos y sus familias.
Atentamente
Licenciado Óscar González Garí
Presidente del Consejo Directivo de la
Red Jalisciense de Derechos Humanos, A.C.
