El jueves 27, la doctora Raquel Gutiérrez Nájera y su equipo del Idea ofrecieron una rueda de prensa conjunta con un grupo de los comuneros de Ayotitlán que fueron detenidos por bloquear la minera Peña Colorada. La ambientalista dijo que, pese a la liberación de los 33, la empresa se niega a retirarles los cargos en tanto ellos no se desistan de sus quejas por violación a sus derechos humanos.
En cuanto a su colaborador, Eduardo Mosqueda Sánchez, dice que lo recluyeron en un penal de máxima seguridad en Colima cuando intentaba realizar una toma de registro para el proyecto Defensa territorial y reconocimiento de los linderos del ejido conforme a la resolución presidencial decretada en 1963, financiado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).
La titular del Idea reiteró que el amparo 46/2013 le otorga al ejido una suspensión de plano de toda la actividad minera en las mil 200 hectáreas concesionadas a Peña Colorada en dos predios: uno de 400 hectáreas y otro de alrededor de 800. Aclara que el 22 de julio, cuando los reprimieron y encarcelaron policías de Colima, los comuneros fueron a verificar que se estuviera acatando esa resolución.
Sin embargo, afirma que al llegar descubrieron que la empresa no se ha limitado a depositar su material estéril en esos predios, como establece el convenio, sino que ha realizado trabajos de exploración y extracción de minerales.
En referencia a las acusaciones vertidas contra los directivos del Idea en la sesión del Consejo de Mayores de Ayotitlán el jueves 20, expuso:
“Eso de que los llevamos con engaños, no. El Ejido de Ayotitlán es una comunidad que lleva toda su vida reivindicando sus 15 mil hectáreas (que le hacen falta) desde que yo me acuerdo que empezamos con el proyecto de Manantlán. Yo creo que nuestros indígenas son mayores de edad, son gente pensante y sabe lo que hace, la lucha en la que está. A veces saben más que nosotros; a mí me parece que nadie engaña a nadie”, dijo.
Y continuó: “La opinión de este grupo (de autoridades tradicionales) es muy respetable (pero) no la comparto. A mí me parece que es señal de la ignorancia que tienen del amparo y de toda la parte jurídica que hemos estado llevando”.
Sobre la supuesta oferta que hicieron de entregarle 500 mil pesos a cada ejidatario que participara en el bloqueo de la minera, afirmó que el instituto no tiene interés económico en el asunto, y que para financiar los peritajes entregaron a la CDI un proyecto de reconocimiento de toda la extensión territorial dotada al ejido por decreto presidencial en 1963.
Respaldo municipal
A su vez, los ejidatarios que convocaron con Gutiérrez Nájera a la rueda de prensa manifestaron que no fueron engañados sino que en una asamblea del 28 de junio llegaron al acuerdo unánime de acudir a las instalaciones de la empresa porque ésta se negaba a pagar el adeudo del año pasado por la renta del suelo.
Señalan que no llegaron a un arreglo con los directivos de la minera, quienes le ordenaron a un grupo de antimotines de Colima que los desalojaran.
Faustino Cobián de los Santos, uno de los detenidos, relató que entonces fueron golpeados sin importar que hubiera mujeres y niños. En la refriega hubo varios lesionados, algunos con fracturas que ameritaron hospitalización, pero hubo nosocomios colimenses que se negaron a atenderlos. Sostuvo que los detenidos fueron torturados en prisión.
Enseguida el grupo de comuneros desconoció la autoridad de Gaudencio Mancilla Roblada y se asumió como parte de un nuevo Consejo de Mayores que en próximos días tomará protesta ante el cabildo de Cuautitlán de García Barragán.
Explicaron que la función de ese consejo es preservar costumbres y tradiciones, no de andar en “política” como lo hace Mancilla Roblada. Para que no quedara duda del respaldo de la autoridad municipal, dicho anuncio lo hizo el subdirector de Asuntos Jurídicos y Asuntos Indígenas, Gabriel José Corona Rosales.
A su vez, Gutiérrez Nájera enumeró las acciones del Idea para que la autoridad y la minera Peña Colorada reparen los daños por la detención de los 33 indígenas y el abogado Mosqueda Sánchez: más de cinco quejas acumuladas por lesiones ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Colima; 12 amparos promovidos contra actos de desaparición de personas, órdenes de aprehensión, y contra el auto de formal prisión tanto en Colima como Jalisco; y dos denuncias ante el relator de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas para defensores de derechos humanos.
Finalmente dijo que para resolver de fondo el conflicto entre la minera y el ejido es apremiante la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
