El Consejo de Mayores de Ayotitlán acusó a los asesores jurídicos del Instituto de Derecho Ambiental (Idea) de engañar a sus compañeros ejidatarios para cometer actos ilegales a fin de obtener beneficios económicos de la minera Peña Colorada. En respuesta, la doctora Raquel Gutiérrez Nájera, titular del Idea, sostiene que no es así, y la respaldó un grupo de los indígenas excarcelados. Pero no se trata sólo de un desacuerdo entre comuneros: a una facción la apoyan asesores del Idea y a la otra la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas, de la UdeG.
AYOTITLÁN.- Tras la detención de 33 comuneros del Ejido de Ayotitlán el pasado 22 de julio por la policía de Colima, el Consejo de Mayores de esta localidad jalisciense responsabilizó a los integrantes del Instituto de Derecho Ambiental (Idea), que lideran la ambientalista Raquel Gutiérrez Nájera y el exdiputado del PRD Pedro León Corrales, de llevar con engaños a sus pobladores para bloquear las instalaciones del Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada y exponerlos a la represión.
El arresto y posterior liberación de los comuneros el 30 de julio fue el tema de la sesión que el jueves 20 de agosto llevó a cabo el consejo, cuyos integrantes dijeron que el abogado Eduardo Arturo Mosqueda Sánchez incitó a los detenidos a frenar las labores de la minera con la promesa de otorgar medio millón de pesos a cada uno.
Acudieron más de 300 ejidatarios, pero sólo arrestaron a 33, incluido a Mosqueda Sánchez, quien aún permanece preso por los delitos de privación ilegal de la libertad en perjuicio de cuatro empleados de la minera, despojo, lesiones contra agentes policiacos y daño en propiedad ajena (Proceso Jalisco 562).
Los integrantes del Consejo de Mayores señalaron que el asesor jurídico les informó a los ejidatarios que habían ganado el amparo 462/2013 promovido por el Idea hace tres años para obligar a la empresa a devolverle al ejido mil 200 hectáreas en las cuales hace su depósito de materia estéril, pero como ésta se niega a entregar la superficie en litigio era necesario hacer un bloqueo.
La sesión se realizó al mediodía del jueves 20 en la casa del Consejo de Mayores, en el poblado de Tiroma, en la Sierra de Manantlán. Asistieron los integrantes de esa autoridad tradicional, así como pobladores y excomisariados ejidales que conforman el Cuerpo Consultivo Agrario de Ayotitlán.
El espacio fue insuficiente, pues fueron también los representantes de otras 27 comunidades nahuas, entre ellas Terreros de Lagunillas, Mojoneras, Rancho Viejo, Terreros del Chico, Lagunillas, Tierra Negra, Los Encinos, Telcruz, La Huaca, Las Maderas, El Rincón de Ayotitlán, Las Marías, Las Cañadas, Llano Grande, Cuautitlán, Las Zorras, Loma Colorada, La Guayaba, Guayabillas, San Miguel, Telcrucito Piedra Pintada, Cuzalapa, Cerro Prieto, La Ventana y Puertecito de San Doroteo.
El día previo a la sesión, los integrantes del Consejo de Mayores se reunieron con personal de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas (UACI) de la Universidad de Guadalajara, que les brinda asesoría jurídica en la defensa de su territorio, a fin de organizar la asamblea con los ejidatarios.
Ya en la reunión, el extitular de la UACI César Díaz expuso una cronología de los hechos que ocurrieron antes y después de la detención de los 33 indígenas nahuas.
Recordó que el 28 de junio hubo una asamblea en la comunidad a la que asistió Mosqueda Sánchez y ahí se le exigió que no engañara a la gente porque el amparo 462/2013 no le favorecía de ningún modo. El excomisariado ejidal y miembro del Cuerpo Consultivo Agrario Vicente Hermenegildo abundó que revisaron el documento y al contrastarlo con la Ley Agraria se dieron cuenta de su improcedencia. Sin embargo, el abogado de Idea desoyó la advertencia y reunió a un grupo de comuneros para bloquear el acceso de Peña Colorada.
“¿Qué dicen ellos? Si no negociamos vamos a parar la empresa. Bueno, hagan lo que ustedes quieran, pero queremos que no engañen a la gente porque la mera verdad eso que ustedes cuentan es pura mentira”, dijo el excomisariado.
Por testimonios de los comuneros se enteró de que el abogado les advirtió que si no iban no tendrían derecho a reclamar el pago que les correspondería por la indemnización del terreno ocupado.
La acusación
El dirigente nahua del Consejo de Mayores, Gaudencio Mancilla Roblada, respaldó lo dicho por Hermenegildo al relatar que un día antes de la asamblea se reunieron los excomisariados ejidales para debatir el tema, y advirtieron que la gente se metería en problemas si le hacían caso a Mosqueda Sánchez porque no existe ninguna irregularidad en el convenio que permite a la minera tirar sus desechos en el terreno en disputa. Dijo que intentaron alertar a los comuneros, pero las autoridades del Comisariado Ejidal no les permitieron hablar.
“La visión que los llevó a la cárcel fue que les iban a entregar mil millones de pesos, díganme señores si no es cierto. Entonces la gente, que no tiene ni un peso en la bolsa… Les decían a los ejidatarios que les iba a tocar 1 millón y al que no vaya le vamos a quitar su derecho”, precisó.
El líder nahua mencionó que no sólo le exigieron a los ejidatarios que frenaran las actividades de la minera, sino que además les recomendaron que se llevaran alimentos, cobijas, colchones o bolsa de dormir porque pasarían allá tres noches. Asimismo desmintió que él hubiera llamado por teléfono a los representantes de Peña Colorada para que detuvieran a sus compañeros, como afirmaron las autoridades del Comisariado Ejidal.
En la sesión del Consejo de Mayores se habló también de un nuevo convenio que presuntamente elaboraron León Corrales y Gutiérrez Nájera para exigirle a la minera un arreglo económico a cambio del desistimiento del amparo 462/2013.
En el punto tres de ese documento, cuya copia obra en poder de Proceso Jalisco, se establece que la minera debe pagar 20% por tonelada sobre el precio del fierro extraído desde 1975 hasta el año en curso, además de un monto por la renta del terreno para el uso de oficinas, actividades industriales, concesiones de agua y descargas en el mismo periodo. También se exhorta a la empresa a compartir al 50% su concesión minera con el Ejido de Ayotitlán.
“El desistimiento en el amparo sería parcial y condicionado a la firma y al pago convenido con el ejido”, señala el texto.
En opinión de César Díaz y del abogado de la UACI Jaime Hernández Lamas, con ese convenio los integrantes del Idea no buscan frenar la actividad minera sino convertirse en concesionarios.
Asimismo se informó que los ejidatarios no salieron en libertad por mediación de los líderes del Idea, sino en virtud de que el Consejo de Mayores se reunieron con funcionarios de Jalisco el 27 de julio, y con los de Colima el día siguiente.
Mancilla Roblada señaló que en esas reuniones se tomaron acuerdos que quedaron inscritos en una minuta, y en uno de ellos solicitaron a las autoridades que investiguen a las personas que llevaron con engaños a los ejidatarios hacia las instalaciones de la minera. Según el dirigente, a esas reuniones acudieron representantes de la compañía y acordaron otorgar el perdón a los comuneros.
“Fuimos a defenderlos. Si no había una persona que negociara todavía estarían en la cárcel, porque iban a proceder en contra de ellos”, resaltó Hermenegildo.
Mancilla Roblada admitió que el convenio para rentarle las mil 200 hectáreas a la minera no es el mejor para el ejido, pero insiste en que tiene plena vigencia.
En la asamblea del jueves 20 el Consejo de Mayores y el Cuerpo Consultivo Agrario de Ayotitlán emitieron un pronunciamiento conjunto, que enviaron por correo electrónico a los medios de comunicación. En él recalcan su carácter de pueblo ancestral y señalan que sus tradiciones son más importantes que el progreso y el desarrollo:
“Condenamos y rechazamos la intervención de organizaciones como Idea y de personas como Pedro León Corrales, Raquel Gutiérrez Nájera y Óscar González Garí (presidente de la Red Jalisciense de Derechos Humanos), así como de sus voceros en los medios de paga, quienes abusando del desconocimiento de las leyes por parte de los ejidatarios se lanzaron en una acción que puso en peligro la vida, la libertad y la integridad de personas de la comunidad, quienes afortunadamente y mediante la intervención del representante legal de este Consejo de Mayores y el Cuerpo Consultivo Agrario fueron liberados al comprobarse que fueron llevados con engaños y promesas de dinero por parte de los abogados embusteros que pretendían un arreglo económico que les beneficiara principalmente a sus economías.”
Agrega: “Nuestros derechos no se han logrado como regalo de los poderosos, nuestros derechos a la autonomía y a la libre determinación son garantías consagradas en el derecho internacional y también, aunque de manera engañosa, en el derecho nacional”.
Otro de los puntos a tratarse en esa sesión fue la presunta aparición de otro Consejo de Mayores impulsado por el Idea y González Garí para desconocer la autoridad de Mancilla Roblada. Los presentes respaldaron al dirigente y subrayaron que sólo ellos pueden destituirlo.
Mencionaron que el recurso que paga anualmente la compañía por la renta de uso de suelo, estimado en 14 millones de pesos, no llega a todos los ejidatarios porque el Comisariado Ejidal se ha negado a hacer una actualización del padrón y se ignora la situación jurídica de aproximadamente 500 de los mil 434 beneficiarios inscritos.
Hernández Lamas explicó que algunos ya fallecieron, son desavecindados o no se les hizo una transmisión de derechos; sin embargo, el Comisariado Ejidal maneja discrecionalmente esas cuentas.
“Eso les facilita manejar todo el cochinero del ejido, que no haya certeza jurídica, pagarle a quien ellos quieren y quedarse con una lana, porque lo que queda volando de estos 500 ejidatarios son casi 4 millones de pesos.”
El 24 de agosto el Idea dio a conocer que presentó la demanda de amparo contra el auto de formal prisión de Eduardo Mosqueda (expediente 1173 de 2015) ante el Juzgado Primero de Distrito de Colima, para impugnar los cargos de privación de la libertad, robo calificado y despojo, por los que el abogado no tiene derecho a fianza.
Carlos Valentín Veyna, integrante del Idea, dio a conocer que consiguieron que una jueza federal se encargue de la situación de Mosqueda y no el juez Primero de lo Penal, para asegurarse de que no haya anomalías en el desahogo de pruebas.
“Apartheid” contra indígenas
En entrevista aparte, el abogado Óscar González Garí, titular de la Red Jalisciense de Derechos Humanos, señala que su trabajo tiene un matiz cristiano y se ha focalizado a erradicar una situación de apartheid que prevalece en el ejido de Ayotitlán con una mezcla de asesinatos, intimidación, exclusión, desapariciones forzadas y explotación laboral, alentadas por los intereses del estado de Colima y la minera.
En cambio, dice, los integrantes de la UACI César Díaz y Jaime Hernández están ligados estrechamente con Peña Colorada. Tal vez por órdenes del exrector de la Universidad de Guadalajara, Raúl Padilla López, han sido muy cuidadosos en no dañar los intereses del cacicazgo colimense, comenta:
“Nos han visto como competidores, como enemigos, como raros. Ganamos dos cosas: una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que hace el caso visible a nivel nacional, y ellos no lo hicieron. Raquel Gutiérrez tuvo participación porque trabajamos juntos en la Academia Jalisciense de Derechos Humanos.”
Explica que él intervino a petición de Zeferino Padilla Villa, el líder histórico, ya fallecido, del Consejo de Mayores, para que encontrara una solución al problema de límites territoriales de Jalisco con Colima, en tanto que la UACI se responsabilizaría de los conflictos agrarios.
González Garí dice que incluso el sacerdote local, Tomás Bobadilla, ha hecho más por los indígenas de Ayotitlán que el personal de la UACI.
Se le informa que en la sesión del Consejo de Mayores salió a relucir su nombre como uno de los principales incitadores de la población y promotores de la creación de un nuevo Consejo de Mayores para destituir a Mancilla Roblada. Dice que eso es falso, sin embargo considera que el dirigente nahua entró en un natural proceso de desgaste:
“Ya no es la persona que yo conocí, no es el discípulo de Zeferino Padilla, a pesar de que no siendo indígena, porque él es más bien mestizo, se ganó su inserción en la comunidad indígena, un reconocimiento válido y legítimo para participar en el Consejo de Mayores.”
Añade que no conoce a los nuevos integrantes del Consejo de Mayores, pero sabe que en días próximos se presentarán ante el cabildo de Cuautitlán de García Barragán.
