Un grupo de agentes que denunció a varios mandos de la Fuerza Única por estar presuntamente coludidos con la delincuencia organizada le pidió al nuevo fiscal general, Eduardo Almaguer, que se limpie la institución. De otra forma, advierten, los criminales seguirán gozando de protección mientras que policías honestos son castigados por no alinearse.
A casi dos meses de que Eduardo Almaguer asumió el mando de la Fiscalía General del Estado (FGE), un grupo de policías le entregó una carta para advertirle sobre la corrupción que impera en la misma y pedirle que realice una limpieza.
En la misiva que el miércoles 12 llevaron a la oficialía de partes de la FGE, de la que este semanario tiene copia, se indica que el comisionado de Seguridad Pública, Alejandro Solorio Aréchiga, aún el segundo al mando; Carlos Alejandro Torres, El Charly; y el comandante Carlos René Gómez Rodríguez, El Chagui, están involucrados con la delincuencia.
Este semanario publicó que policías investigadores estatales y de la Fuerza Única Regional y Metropolitana señalaban a dichos mandos de estar coludidos con las bandas del narcotráfico y la ordeña de combustible (Proceso Jalisco,523). Sin embargo, la FGE no abrió ninguna investigación al respecto, por lo que los denunciantes insisten al nuevo fiscal que ordene una investigación.
“Los directores de área quienes están involucrados en levantones, extorsiones, enriquecimiento inexplicable, homicidios, tortura con bolsa y cables eléctricos, ¿por qué no les checa sus patrimonios? Tienen varias casas, vehículos, hacen viajes al extranjero (…) tienen escoltas excesivos (…) por eso dicen que no hay policías, todos los traen de escoltas”, afirman.
Detallan que Carlos Torres además posee un rancho en Tlajomulco. Incluso, lo acusan de ejecutar a integrantes de Los Zetas en el helicóptero Black Hawk de la FUR, en el municipio de Tequila, aunque no ofrecen más detalles. Añaden que en Santa María del Oro, por indicaciones de esos mandos, otros policías estatales “mataron a varios templarios y abandonaron los cuerpos cuando no había una agresión de los delincuentes hacia ellos (sino que) se rindieron y arrojaron las armas”.
Asimismo dicen que Luis Enrique Alzaga Ruelas, comisario de la Fuerza Única Rural (FUR), “exige 20 mil pesos mensuales para enviarnos a una buena área”.
Pero eso no es excepcional, pues el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) entrega mensualmente a “altos mandos” alrededor de 700 mil pesos para que no desplieguen operativos ni envíen vigilancia a los municipios colindantes con Michoacán y Colima.
La corrupción también alcanza a los comandantes de convoyes, que reciben entre 120 mil y 150 mil pesos por no detener a los narcos.
“Por ejemplo –sostienen los agentes–, cuando detenemos a una persona con droga o armas, tanto en la policía investigadora como en la policía estatal tenemos que tomarle una foto a los detenidos y enviársela por WhatsApp a una persona que está en piso 9, que es Inspección de Policía, donde está la base de datos. De ahí consultan con El Charly o El Chagui, y éstos a su vez con sus contactos del crimen organizado. Si son gente de ellos nos ordenan que les entreguemos las armas o drogas que traen y los dejemos en libertad.”
Prosigue la denuncia: “También existe la orden de que la persona que detengamos y no sean de los alineados se los entreguemos al comandante Chagui para que su gente remita a los detenidos, depende del delito que hayan cometido; dicen que para levantar la estadística de la Fuerza Única”.
Sostienen que se castiga al elemento de la Fuerza Única que se niegue a liberar a un delincuente. Como ejemplo mencionan que entre el 22 y 24 de julio fueron interceptadas en Mazamitla alrededor de 40 personas con rifles y armas cortas de uso exclusivo del Ejército, pero no fueron detenidas.
Según los testigos, uno de los sospechosos se comunicó con El Chagui, quien le dio la orden a Alzaga y éste se la trasmitió al comandante del convoy para que les devolvieran el armamento y los soltaran. “Uno de los compañeros a regañadientes les dio las armas, pero les quitó los cartuchos, porque tenía miedo que le dispararan por la espalda. Cuando se las regresó, los mandó a chingar a su madre”.
Los elementos que trabajan en los convoyes de la Fuerza Única Rural laboran de forma continua 15 días y descansan seis. Cuando el elemento que se resistió a dejarles las pistolas y fusiles a los sospechosos pretendía regresar a Guadalajara, se le avisó que estaba arrestado por ocho días.
Al preguntar el motivo, su superior “le dijo: ‘Por hocicón’. No sabía a qué se refería, pero cuando le dijimos que por lo de las armas y porque había mandado a la chingada a los que detuvimos. Sólo movió la cabeza y se veía enojado”, recuerdan sus compañeros.
En la carta dirigida a Almaguer, el grupo señala que quienes permiten el robo de gasolina y el libre tránsito de convoyes con armas y drogas son: “el comandante Neri, subjefe de la Metropolitana; comandantes Tavares, Pérez, Guzmán, Briceño, García, Basilio Aguirre, Regalado, Plascencia y su hermano, otro comandante del mismo apellido; Betancourt, tiene un hermano que es escolta de Nájera; Barrón, Arias Delgado, y Madrigal”.
Por ese motivo piden que se “investigue el robo a gasolina de los vehículos de la Fiscalía Central y de la policía estatal”, así como el pago a los establecimientos donde se llevan las patrullas, ya que según ellos esos talleres “inventan reparaciones porque tienen que cumplir con la cuota de 25% por mandarles trabajo y por agilizarles el pago”.
A su juicio, es necesaria una auditoría al depósito general de armamento. “El encargado se apellida Alcanzar, es recomendado de Matilde (Zárate Pérez, dueño del taller Lince, donde se reparan armas y amigo de Solorio). Sabemos que vende armas en el mercado negro. Lo mismo pasa con los cartuchos”.
Para sanear la corporación, especifican, es necesario evitar que los policías estatales e investigadores circulen en vehículos oficiales sin placas o con los números económicos cubiertos con cinta: “Lo hacen para delinquir. El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Felipe de Jesús Álvarez Cibrián) es un alcahuete, no le interesa el más mínimo derecho de los jaliscienses ni de los policías honestos. Si un elemento reclama un derecho, se considera indisciplinado y subversivo, es castigado y le inventan delitos”.
La carta finaliza con la aclaración de que el grupo mantiene el anonimato, no por cobardía sino por seguridad. “Somos un grupo que estamos en contra de la corrupción e impunidad y queremos que no se repita lo mismo que con Nájera”, explican.
La camioneta invisible
Desde hace más de un año está desaparecida una camioneta de rayos X que adquirió la entonces Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSP) con un costo superior a 15 millones de pesos.
Empleados de la FGE señalan que el vehículo Mercedes Benz, modelo Sprinter, utiliza tecnología de punta para detectar mediante un escáner drogas, armas y personas transportadas en toda clase de automotores.
De acuerdo con las facturas a las que este semanario tuvo acceso, el 27 de febrero de 2007 la empresa American Science and Engineering Inc., con 57 años de experiencia en el diseño y fabricación de tecnologías de inspección, solicitó la camioneta a la Mercedes Benz en Alemania. El costo fue de 28 mil 916 euros.
El vehículo, con número de motor 646986 51 393314, fue entregado a AS&E en Billerica, Massachussets, Estados Unidos, el 6 de junio del mismo año.
Posteriormente, la empresa Internacional de Seguridad y Comunicaciones, S.A. de C.V. (Intersec), con domicilio en Naucalpan, Estado de México, vendió esa misma camioneta a la SSP, como se estipula en las facturas 500 y 501, fechadas el 24 julio de 2008.
El propietario de Intersec es Ernesto García de Quevedo Ochoa, también dueño de Moda y Diseño Dipant, cuyos negocios se han caracterizado por vender al gobierno productos a sobreprecio y de baja calidad (Proceso Jalisco ,208).
La factura 500, por un monto de 9 millones 538 mil 750 pesos, corresponde a la “camioneta unidad de rayos X, especificaciones técnicas de acuerdo con la propuesta, con un valor total de 24 millones 495 mil pesos. Esta mercancía fue importada bajo el pedimento 08 24 3152 8001664 de fecha 22/07/2008 por la aduana de Nuevo Laredo, Tamaulipas”.
En la factura consecutiva por la cantidad de 5 millones 495 mil pesos, se estipula que es “complemento correspondiente a la camioneta unidad de rayos X”.
Según un documento interno de la Secretaría de Administración con el número de folio 131, el vehículo blanco ingresó a la Dirección de Almacenes el 5 de agosto de 2008. Se detalla que el costo fue de 15 millones 33 mil 750 pesos, según la orden de compra 16533 y el contrato 232/07.
En otro documento de la Coordinación Vehicular de la SSP se describe que la camioneta de rayos X, con placas JL 55266, se asignó a Antonio Edgar Perezchica Jiménez, con número de empleado 10278.
Con letras pequeñas se establece que Perezchica “se responsabiliza del uso y conservación del mismo comprometiéndose a no quitar, cambiar o sobre poner placas de circulación diferentes a las asignadas al vehículo oficial y a pagar la totalidad de los daños ocasionados a terceros en su persona o bienes, como consecuencia del mal uso de la unidad a su cargo o por desperfectos mecánicos ocasionados por negligencia o falta de mantenimiento, sancionando de conformidad a la ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos al Servicio del estado, por otra parte queda apercibido de que deberá entregar el vehículo que se le asigne al momento de renunciar a su cargo o cuando se le requiera por el titular de la dependencia o por el titular de la Secretaría de Administración”.
En los documentos que tiene Proceso Jalisco se señala que la identificación que presentó Perezchica para responsabilizarse por el uso de la camioneta estaba vencida: firmó el 5 de agosto de 2008, pero su licencia de conducir expiró el 18 de mayo anterior.
Al consultar la nómina del gobierno estatal, no aparece ningún registro laboral de ese empleado, ni siquiera en las quincenas de agosto de 2008.
La única información sobre él está en la red laboral Linkedin, donde se dice asesor del gobierno del estado desde marzo de 2007 a la fecha, además de trabajar como radiólogo en el área de Tomografía Axial Computada en la delegación del ISSSTE Jalisco desde hace 23 años. Es egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara.
Perezchica también aparece en la nómina del Ayuntamiento de Guadalajara, donde se informa que ingresó como oficial de policía en la Dirección Operativa el 2 de enero de 2006, con un sueldo de 15 mil 592 pesos mensuales. El último cheque que cobró fue el 15 de enero de 2007.
Sin embargo, trabajadores del ayuntamiento señalan que Perezchica se encargaba del área de monitoreo de GPS del municipio. Lo ubican como gente del exdirector de la SSP y exfiscal Luis Carlos Nájera. “De hecho (especifican) cuando Nájera llegó como titular de la SSP se trajo a Perezchica a trabajar con él y lo mantuvo siempre cerca”.
En un informe de la Auditoria Superior de la Federación sobre la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública 2007 (Jalisco, tomo X, volumen 16, página 344) se observa que los recursos federales ejercidos hasta el 30 de abril de 2008 por el Fondo de Seguridad Pública (Foseg) del estado para el pago de transporte terrestre “correspondiente al proyecto de equipamiento de personal para la Seguridad Pública en la Prevención del Narcomenudeo”, se compró una unidad de rayos X, adjudicada a la empresa Intersec.
Sin embargo, “no se encontró evidencia de que los bienes hayan sido entregados por el proveedor, tampoco se ha hecho efectiva la garantía por concepto de anticipo y no se ha actuado de conformidad con lo pactado en el contrato, en incumplimiento de la cláusula décima segunda del contrato número 232/07, y el artículo 28 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del gobierno de Jalisco”.
El 18 de julio de 2008 el secretario técnico del Foseg Jalisco presentó la documentación aclaratoria, pero hasta la fecha se desconoce dónde está el vehículo. l
