Aunque el Operativo Jalisco no ha cumplido su misión principal, la captura del Mencho, la autoridad estatal dice que el Cártel de Jalisco Nueva Generación se está replegando. En cuanto a las recientes protestas de la población contra los abusos policiacos, el fiscal general y el gobernador sospechan que son pagadas por el grupo criminal que se siente acorralado.
Ante la ofensiva de las fuerzas federales en la entidad contra el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y los intentos de capturar a su líder Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, la organización criminal parece haber cambiado de estrategia.
Según fuentes de la autoridad estatal, se trata de un repliegue para buscar apoyo social contra las corporaciones policiacas y el ejército, ya sea mediante protestas o con la amenaza de conformar grupos de autodefensa en distintas regiones.
Para el especialista en seguridad pública Francisco Jiménez Reynoso, pese al despliegue de miles de efectivos en el Operativo Jalisco, la inseguridad en el estado puede volver a convertirse en crisis, como sucedió a mediados de abril, cuando pistoleros emboscaron un convoy de la Fuerza Única Regional (FUR) y mataron a 15 policías en San Sebastián del Oeste.
El 1 de mayo el CJNG derribó un helicóptero de las Fuerzas Armadas en Villa Purificación y posteriormente fueron abatidos 43 supuestos miembros del CJNG en Tanhuato, Michoacán.
Las autoridades estatales sospechan que células del crimen organizado que se sienten acorraladas organizan movilizaciones de rechazo a los efectivos de la FUR y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), principalmente en las regiones Costa Sur, Sur, Sureste y la zona metropolitana.
El abogado y catedrático de la UdeG Jiménez Reynoso coincide en que hay indicios de que los grupos delictivos utilizan las “narcoprotestas” para presionar a las autoridades o acotar la presencia de policías y militares en sus zonas de influencia.
Sin embargo, el especialista no descarta que existan verdaderos reclamos de la población por los abusos policiacos, detenciones arbitrarias, casos de tortura, así como la extorsión y el robo a ciudadanos cuyo único delito es la portación de cara.
Comenta que Sinaloa es una de las primeras entidades donde hubo manifestaciones de apoyo a capos del narcotráfico, en donde Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, recibió multitudinarias muestras de simpatía cuando fue reaprehendido en febrero de 2014. Ese apoyo volvió a verse tras la segunda fuga del jefe del Cártel de Sinaloa, esta vez de la cárcel de alta seguridad del Altiplano, en el Estado de México, el pasado 11 de julio.
Jiménez Reynoso explica que algunos sectores de la población se sienten beneficiados con la presencia de los grandes capos o ven a éstos como antihéroes capaces de desafiar al Estado, a fin de conseguir a como dé lugar riqueza y poder.
Marcha investigada
La mañana del miércoles 12, pobladores de varios municipios del sur y sureste del estado protestaron en Guadalajara contra los presuntos abusos de la FUR.
Las autoridades estatales informaron que, desde las cinco de la mañana, los participantes abordaron autobuses especiales en Jilotlán de los Dolores, Casimiro Castillo, Cocula, El Grullo, Villa Purificación, Autlán, La Huerta, Zapotlanejo, Unión de Tula, Zapotiltic y Tuxpan.
Ya en la capital del estado, las aproximadamente 400 personas se manifestaron en la Plaza de Armas y frente a Palacio de Gobierno, donde exigieron ser recibidos por el gobernador. Incluso amenazaron con promover la integración de autodefensas para frenar los abusos de la FUR, contra la cual existen efectivamente numerosas acusaciones de tortura, robo y extorsión a detenidos.
Exigieron concretamente que el gobernador ordene el retiro de la FUR de los municipios afectados por violaciones a los derechos humanos. Algunos inconformes se quejaron de que miembros de la FUR extorsionan o roban a los habitantes del sur. En algunas poblaciones, dijeron, muchos comerciantes y empresarios han tenido que cerrar sus negocios por la presión de los “negros”, como se conoce a los efectivos de esa corporación por el color de su uniforme.
Personal de la Secretaría General de Gobierno recibió a una representación de los manifestantes, que entregaron una lista de peticiones. Los inconformes se retiraron de la plaza con la promesa de que serían recibidos por el fiscal general, Eduardo Almaguer.
Minutos después, al final de la presentación de un proyecto anticorrupción, el fiscal informó que se investigaba quién había financiado la protesta y consideró posible que un grupo delictivo hubiera pagado a los asistentes.
“Yo no podría en este momento asegurarlo –matizó–, lo que sí puedo decirles es que tenemos indicios de que en algunos municipios les ofrecieron a las personas 300 pesos para viajar aquí a la ciudad. Tenemos grabaciones. Sin embargo, yo respetaré siempre la libertad de las personas y escucharemos sus denuncias, sus planteamientos, y las vamos a investigar.”
Para ello, prometió mandar un módulo itinerante a los municipios inconformes para enterarse de lo que sucede con los agentes de la FUR.
En el mismo sentido, el gobernador Aristóteles Sandoval reconoció la necesidad de depurar el cuestionado cuerpo policiaco y dijo que se investigarían las denuncias de los inconformes, pero no descartó que hubiera otros intereses tras esa marcha: “Donde haya un exceso, un abuso, actuaremos con firmeza, pero también quiero ser muy claro: revisemos a fondo que éstos sean intereses genuinos de la mayoría de la población”.
Según la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, hasta julio pasado la FUR había acumulado 42 quejas, la mayoría por tortura y detenciones arbitrarias.
Las dos versiones
En la movilización del miércoles 12, los manifestantes mostraron mantas donde exigen el retiro de la FUR de Zapotiltic y Tamazula, reconocidos por la autoridad estatal como municipios con fuerte presencia del crimen organizado.
En mayo pasado, 27 días después del enfrentamiento entre militares y presuntos integrantes del CJNG en Villa Purificación, a menos de 132 kilómetros de San Gabriel, decenas de personas marcharon en este último poblado contra la presencia de los militares.
Muchos eran estudiantes de la preparatoria de la UdeG en San Gabriel, quienes recibieron entre 150 y 300 pesos por acudir. Una persona que manifestó su desacuerdo con la protesta dijo a este semanario: “Muchos de los muchachos se brincaron el barandal de la escuela para irse a ese manifestación, a pesar de la negativa de varios maestros para permitir la salida de clases”.
Otros testigos indican que el 28 de mayo, al filo de las 11 de la mañana, decenas de personas de todas las edades fueron organizadas para marchar hacia la presidencia municipal para protestar por la presencia de los militares y exigir que desmantelaran su campamento.
Algunos entrevistados afirmaron que desde el 12 de mayo, cuando los militares llegaron a San Gabriel e instalaron retenes y empezaron a patrullar, presuntos sicarios y halcones procuraron mezclarse con los lugareños para que no los detectaran. Ninguna organización se atribuyó la marcha.
El 7 de junio este semanario publicó que el 28 de mayo “el personal militar rodeó a los muchachos afuera de la Presidencia Municipal” (Proceso Jalisco,552).
Por fortuna los soldados no detuvieron a los inconformes, no intercambiaron palabras ni les apuntaron con las armas. Pero los vecinos se pusieron nerviosos “conforme aumentó el número de militares y los manifestantes quedaron cercados”, como dijo un poblador.
Jiménez Reynoso comenta al respecto que esas manifestaciones pueden expresar el descontento de la población y los policías señalados pueden dedicarse a robar y extorsionar:
“No lo desechemos, pero hay otra versión contraria. No me atrevo a decir cuál es la verdadera, pero quiero enunciarlo a manera de hipótesis. Esa segunda cuestión puede sugerir que se están empezando a tocar intereses de los narcotraficantes o de quienes están involucrados con el crimen organizado, que se ven acorralados por los cuerpos de seguridad del estado o las fuerzas federales.”
Asegura que el narcotráfico sólo es un aspecto de las actividades de la delincuencia organizada, ya que ésta cuenta con estructuras de tipo empresarial para cometer secuestros, extorsiones, trata de personas, robo de vehículos o autopartes, robo de hidrocarburos, venta de protección y cobro de derecho de piso. Esos grupos, comenta, son afectados seriamente con la presencia de policías y federales. l
