La buena aceptación en Guadalajara del servicio de “taxis ejecutivos” de Uber, que se contratan por internet, desató un conflicto entre los operadores particulares de esta plataforma y los taxistas tradicionales, afiliados a centrales priistas. Pero las autoridades del estado, en vez de regular ambos servicios para beneficiar a los pasajeros y a los trabajadores del volante, tomaron partido por el corporativismo.
Enfrentados al doble discurso de las autoridades estatales y al vacío legal en el que operan, los conductores de Uber y otras empresas de taxis “ejecutivos” viven bajo acoso del gobierno y de organizaciones de taxistas tradicionales, que los consideran competidores desleales y ya han pasado de la presión a la violencia.
El conflicto puede desbordarse, advierte el coordinador de los diputados locales de Movimiento Ciudadano, Ricardo Rodríguez Jiménez, y afirma que la administración de Aristóteles Sandoval debe regular el nuevo servicio a fin de evitar que la violencia escale.
El abogado penalista Fernando Espinoza de los Monteros señala que con la llegada de Uber y otras empresas como Easy Taxi o City Drive, sale a relucir la corrupción del viejo esquema priista que permitió la acumulación de cientos de permisos entre líderes sindicales y políticos, sin tomar en consideración las condiciones de trabajo de los trabajadores del volante.
El también catedrático de la Universidad de Guadalajara indica que cada permiso cuesta entre 700 mil y 800 mil pesos. Considera que el gobierno debe cambiar el esquema de beneficios políticos y de captación de lealtades por un proyecto que beneficie al usuario y a los ruleteros.
“Hay líderes de taxistas –remarca– que tienen hasta 400 permisos (con prestanombres o entre su familia) y que, junto a la inversión que tienen en carros, pueden conformar empresas con un capital que supera los 200 millones de pesos; ahora deben ser investigados.”
Sostiene que sólo de 5% a 10% de las concesiones de taxis en el estado son trabajadas por los beneficiarios directos, y que el resto está en manos de acaparadores arropados por el PRI en alguna de sus organizaciones gremiales.
El problema para ellos, dice Espinoza, es que llega una nueva empresa que pone en crisis el sistema corporativista con dispositivos móviles e internet, y ofrece un servicio de calidad, seguro y barato.
Para él, “existe un doble discurso que contradice la propia versión de las autoridades. Dicen que van a evitar los actos de violencia contra Uber y contra los ‘amarillos’; que van a respetar el trabajo de la nueva empresa, pero 24 horas después el secretario general de Gobierno y el nuevo secretario de Movilidad, Servando Sepúlveda Enríquez, comienzan a levantar, de manera inconstitucional y sin orden expresa, los carros de Uber”.
Explica: “Desde el punto de vista jurídico, el servicio concesionado lo maneja el gobierno del estado, pero éste también tiene la obligación de velar por los derechos de los particulares. Es ahí donde hay contradicción, porque los ciudadanos se benefician más de un servicio de buena calidad como el de Uber y no con autos que no siempre brindan las condiciones de seguridad, viejos y sucios. Deben entender que ya es tiempo de que se abran a la competencia”.
Destaca que muchos ruleteros que trabajan para las uniones (sindicatos) viven al día “y tienen que entregar liquidaciones de 300 a 350 pesos por turno”, además de ponerle gasolina a la unidad y darle mantenimiento.
Ante la difícil situación, dice el especialista, “no hay de otra: el gobernador debe cumplir su palabra de proteger al usuario y los dueños de los taxis (amarillos) ya deben aceptar la competencia. La mayoría tienen el capital para enfrentar a Uber; que ya se modernicen y las concesiones se vayan al libre mercado”.
“El corporativismo priista que generó ese sistema ya tronó; perjudicó de manera negativa al país durante muchas décadas. Se debe entender que por encima de los intereses del corporativismo corrupto están los derechos de la ciudadanía”, sostiene Espinoza de los Monteros.
Doble discurso oficial
A finales de julio, 34 conductores de Uber acudieron ante la Fiscalía General del Estado a denunciar que taxistas adheridos a centrales del PRI los han amenazado en distintos lugares y momentos, por lo que temen un ataque a sus autos o a ellos, ya que el gobierno del estado inicialmente alentó las agresiones al acusar a los operadores de Uber de hacer “sitio” en algunas calles para ofrecer sus servicios.
El secretario general de Gobierno, Roberto López Lara, declaró que donde se establecieran dichos “sitios” intervendría “con toda la fuerza del Estado”. Es decir, aunque prometió mano dura hacia quienes propiciaran enfrentamientos, tomó partido en favor de taxistas de sindicatos oficiales.
La empresa Uber se pronunció por llegar a un acuerdo con la autoridad estatal y aclaró que sus socios no hacen “sitio” porque ofrecen el servicio a través de su plataforma en internet.
A su vez, algunos taxistas tradicionales pretenden ligar la desaparición del chofer del sitio 22 Gabriel Casillas con el conflicto. Casillas y su auto desaparecieron el pasado 15 de julio y sus compañeros pegaron su foto en los vidrios traseros de las unidades para tratar de localizarlo. Sin embargo, el fiscal general, Eduardo Almaguer, señaló que se trata de un asunto ajeno al pleito entre los ruleteros “amarillos” y los “ejecutivos”.
En los últimos días al menos 16 autos que prestaban servicio con Uber y otras firmas fueron enviados al corralón como parte de un operativo de la Secretaría de Movilidad, cuyo nuevo titular, Servando Sepúlveda Enríquez, es acusado de apoyar a las centrales oficiales.
Tan sólo el 31 de julio, la dependencia paralizó cinco autos “ejecutivas” cuando iban en circulación y no habían cometido faltas al reglamento de vialidad. El pasado lunes 3, decenas de taxistas de los carros blancos con líneas verdes que trabajan en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara Miguel Hidalgo y Costilla, le cerraron el paso a una conductora de Uber que llegó a dejar pasaje y le advirtieron que no la dejarían operar en la zona.
Se ha reportado asimismo que los “amarillos” retienen a conductores de Uber y de otras empresas en la carretera a Chapala, donde les advierten que no los quieren ver por el aeropuerto.
Y ante amagos semejantes, en las inmediaciones de la Expo Guadalajara, los agentes de vialidad no intervienen con el argumento de que arreglen ellos mismos sus problemas, sin importar que los de Uber andan solos.
Un fuerte opositor a que se legalice la operación de Uber es el diputado priista Martín López Cedillo, presidente de la Comisión de Vialidad, en la LX Legislatura local. Incurre en conflicto de interés, ya que es propietario de al menos seis permisos de taxi y su familia acumula otros nueve. Por eso López Cedillo respaldó a los taxistas tradicionales que fueron al Congreso a exigir que los diputados rechacen cualquier reglamentación que afecte a los afiliados a centrales priistas como CTM, CROC, CROM y CNOP.
Violencia tolerada
El abogado Espinoza de los Monteros aclara que los taxistas tradicionales no tienen garantizado Seguro Social, gastos médicos, seguro de vida, vacaciones, aguinaldo, utilidades ni antigüedad laboral. “No son vistos como empleados; se les concede el estatus de socios, pero sin beneficios. Le dicen: tienes el taxi en un turno de 12 horas pero te toca ponerle gasolina, darle mantenimiento, y me tienes que pagar una liquidación de 350 pesos por turno. Sacan más de 18 mil pesos mensuales con esa forma de alquilar a su supuesto socio.
“El gobernador Aristóteles Sandoval tiene la obligación de proteger al usuario y fajarse los pantalones para actuar contra ese corporativismo de su partido, que no lleva a ningún beneficio para la ciudadanía.”
En cuanto a Sepúlveda Enríquez, señala: “Sólo tendrá que acatar las órdenes que le dé el gobernador, y su primera acción es responder a ese doble discurso, en el que por un lado prometen que no habrá más persecución y buscarán solución, pero por el otro levantan unidades de Uber y de otras empresas con cualquier pretexto. Llegan al extremo de intentar llevarse hasta carros particulares que confunden con taxis ejecutivos”.
Desde la Ciudad de México, entrevistado vía telefónica, José Eseverry García, responsable de Comunicación de Uber, indica que el servicio ha sido bien aceptado, por lo que en cuestión de meses Guadalajara se convirtió en su segunda plaza más importante, con más de 180 mil usuarios y 7 mil unidades afiliadas.
A decir de Eseverry, Uber opera en 58 países y más de 300 ciudades; en México su mayor mercado es el Distrito Federal y tiene buena aceptación en Puebla. Por eso dice que la empresa está abierta al diálogo con las autoridades jaliscienses a fin de regular su servicio.
“Hemos visto violencia de parte de algunos grupos minoritarios de taxistas –agrega el entrevistado– y pensamos que ese no es el camino. Entendemos que hay espacio para todas las opciones. Estamos ampliando la oferta y el tamaño del mercado. Nos interesa que la regulación sea una oportunidad para beneficiar a todos y para que mejore el servicio público.”
El coordinador de la bancada Movimiento Ciudadano en el Congreso local, Ricardo Rodríguez Jiménez, hizo un llamado a que las autoridades actúen con responsabilidad en el conflicto de los taxis.
Para él, es sumamente delicado que el gobierno utilice un doble discurso al declararse dispuesto para llegar a un acuerdo, pero por otra parte persiga a quienes prestan el servicio ejecutivo: “Yo esperaría que no haya más violencia, y una acción contundente del gobierno para evitarla”.
Mientras tanto, en internet circulan amenazas contra los operarios afiliados al nuevo servicio. Por ejemplo, en el portal de videos YouTube puede verse a un taxista que llama a sus colegas a realizar paro de un día (https://www.youtube.com/watch?v=P6h5MNvCjOM).
Pero después el conductor, agremiado a una central priista y con acento defeño, les pide a sus compañeros actuar radicalmente contra Uber y otras compañías:
“Si paramos esos carros, los destrozamos y los quemamos, pero todos juntos, yo les aseguro que el gobierno baja las manos. Si no lo hacemos, nunca lo vamos a lograr con papelitos y denuncias. La verdad, ni soñemos: no lo vamos a lograr”.
