La Asociación Civil Ecológica y Sustentable Arcos de Guadalupe acusa al director de Obras Públicas de Zapopan, José Carmelo Muñoz Fernández, por permitir la construcción de dos torres departamentales en un predio que Corporación Dalton adquirió de manera ilegal en diciembre de 2012 al Club Carneros. Varios vecinos exponen a Proceso Jalisco la forma amañada en que actúa la constructora, avalada por las autoridades.
Para levantar sus dos torres departamentales en un predio de la colonia Arcos de Guadalupe, la inmobiliaria Corporación Dalton utilizó documentos oficiales de otros conjuntos habitacionales.
Los permisos de vialidad y suministro de agua potable, por ejemplo, la empresa los obtuvo de Jardines Guadalupe; la licencia para deforestar, de la colonia Loma Bonita, y el dictamen de trazo, usos y destinos específicos lo tomó del fraccionamiento Virreyes y data del 29 de octubre de 2012.
Este último documento fue asignado a la promotora Yadira Alejandra de León Haro para el desarrollo de la calle Paseo de los Virreyes cuya extensión es de 55 mil 855 metros cuadrados, correspondiente al subdistrito urbano ZPN-5/02 Inglaterra Periférico, y tiene asignado el número 2012-0696.
Según los integrantes de la Asociación Civil Ecológica y Sustentable Arcos de Guadalupe, el director de Obras Públicas de Zapopan, José Carmelo Muñoz Fernández, tomó el último documento, le cambió el número de expediente por el 2014/0280 y lo reubicó sobre la Avenida Rafael Sanzio, en el cruce con Luis Gonzaga, donde Corporación Dalton pretende erigir el Espacio Galerías, el cual construye mediante su filial Plaza VYD.
El nuevo dictamen de trazo, usos y destinos específicos. Dicen, fue aprobado a nombre del promotor de la inmobiliaria, Eduardo Topete Señkowski, el 10 de marzo de 2014. Y aunque ubica al predio en las vialidades antes mencionadas, tiene un error, pues indica que está en la colonia Jardines de Guadalupe, cuando en realidad está en Arcos de Guadalupe.
El predio donde se hoy se construye el Espacio Galerías –que mide 12 mil 913 metros cuadrados– lo tuvo durante años el Club Carneros de futbol americano, pues el ayuntamiento zapopano se lo otorgó en comodato (Proceso Jalisco 555). Sin embargo, el 4 de diciembre de 2012 la Corporación Dalton se lo compró a la asociación deportiva en 58 millones de pesos, según la escritura 18107 del Registro Público de la Propiedad.
Sin embargo, dicen los vecinos, el terreno debió regresar a la colonia para integrarse a los servicios comunitarios, según la instrucción del ayuntamiento al Club Carneros que data del 24 de mayo de 1994 y está certificada por el notario público 58, Vidal González Durán.
Originalmente el predio perteneció a la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett). El 26 de octubre de 2012 la dependencia lo escrituró a nombre de Carneros por la cantidad de 7 millones 437 mil 888 pesos, pero la organización deportiva lo revendió a la constructora semanas después.
El doble criterio del TAE
Los colonos buscaron asesoría legal para anular esa compraventa y recuperar el terreno a través del abogado del Instituto de Derecho Ambiental (Idea) Carlos Valentín Veyna Martínez, quien presentó una demanda ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa, la cual aún no se resuelve.
Asimismo, recurrieron a la Procuraduría de Desarrollo Urbano (Prodeur) para acreditar las anomalías en que ha incurrido la constructora. Cumplido el trámite, dicen, el propio titular de esa institución, Gabriel Ibarra Félix, tramitó una demanda ante el Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE) para frenar la construcción de las torres departamentales (expediente 783/2015). El documento fue admitido el pasado 17 de julio.
Ibarra Félix expuso que las licencias concedidas a Plaza VYD son improcedentes y violatorias de la normatividad urbanística:
“Consecuentemente en la licencia con el número de clave CD2784-14/S y el certificado de alineamiento y número oficial con el número de clave H/L-0277-14MY en la presente demanda son materia de impugnación, resultan totalmente nulos de pleno derecho por ser improcedentes y violatorios a los planes y normatividad urbanística, así como lo estipulado en el decreto de expropiación de terrenos ejidales pertenecientes al poblado denominado Jocotán, municipio de Zapopan, Jalisco, con este registro 7700 publicado en el Diario Oficial de la Federación del 11 de mayo de 1988, ya que los lotes resultantes están condicionados a que se construyan viviendas populares de interés social, por lo que dichos actos impugnados son totalmente improcedentes, incompatibles y violatorios al decreto presidencial y a dicho plan parcial”.
Abel Chávez, uno de los opositores al proyecto de Plaza VYD, comenta que el TAE desechó la demanda aun cuando está debidamente fundamentada. Eso sí, aceptó la que interpuso Plaza VYD una semana después contra el ayuntamiento zapopano (el recurso 725/2015) para evitar que éste detenga las obras. “El TAE aplicó criterios distintos y concedió la gracia al desarrollador”, se queja el entrevistado.
Chávez y otros vecinos se reunieron con Muñoz Fernández para exponerle el problema. El funcionario admitió que hubo un descuido en las licencias emitidas –un “error de dedo”, dijo–, pero no ha mostrado ningún interés para frenar el desarrollo.
“Pero aquí no se vale un ‘error de dedo’. Para hacer cualquier corrección tiene que ir a juicio. Ellos (los de la dirección de Obras Públicas) ya no pueden corregir (el documento) y evitar que el constructor siga dañando a sabiendas de que está mal”, insiste Chávez.
Es probable, dice, que haya un contubernio entre la constructora y las autoridades, sólo así puede entenderse que la primera presente documentación falsa y el ayuntamiento la acepte sin revisarla.
El comité de colonos se queja de que el TAE haya otorgado el recurso a Plaza VYD para la construcción de sus torres y de que Muñoz Fernández les diga que la empresa tiene un amparo para evitar la suspensión de la obra, pero nunca se los ha mostrado.
Luis Morales, presidente de la Asociación Civil Ecológica y Sustentable Arcos de Guadalupe, señala que antes de otorgar los permisos de edificación, las autoridades debieron verificar que la compraventa del terreno se apegara a derecho. La Corett, asegura, perdió facultades sobre ese predio, según el decreto presidencial de expropiación de terrenos del ejido de Jocotán II, sobre el cual comenzó a erigirse Arcos de Guadalupe a finales de los ochenta.
El decreto, promulgado por el entonces presidente Miguel de la Madrid y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 1988, facultaba a la Corett a regularizar las tierras del ejido únicamente durante los siguientes cinco años, y lo que no alcanzara tenía que entregarlo al Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal.
Sin embargo, “la compraventa se hizo en un lapso muy corto como para haber arriesgado tal cantidad, lo que le pagaron a Carneros: 58 millones de pesos. Es como para investigar el historial de ese terreno. Pero no, ellos (los de Obras Públicas) se fueron a una escritura que, para nosotros, es falsa. El Corett ya no debió intervenir”, completa Chávez.
Según Morales y Chávez, un juez obligó a la Corett a escriturar el terreno a Carneros. Sin embargo, ese dictamen no aparece por ningún lado, por lo que solicitaron a la Contraloría de Zapopan una investigación del origen de la licencia de construcción que, insisten, “está viciada”.
Además, la constructora invadió alrededor de cinco metros de las servidumbres de Rafael Sanzio y Ecónomos, indica Chávez. Se queja también por los ruidos que produce la maquinaria, sobre todo en las madrugadas.
Usurpan a comité de colonos
La asociación vecinal también denuncia a Héctor Eulalio Sánchez Suárez, un vecino que el viernes 7 fue exhibido en redes sociales cuando pedía a los representantes de Plaza VYD 130 millones de pesos para dejarlos continuar con la obra.
Los diarios Mural y Milenio Jalisco, así como la radiodifusora 1250 AM del Grupo Radiorama DK, admitieron que les filtraron un video grabado el pasado 29 de julio en la que Sánchez Suárez se presentó como abogado de los colonos.
“Son 130 millones de pesos –le dice a Sánchez uno de los presuntos representantes de Plaza VYD–. ¿Tiene usted idea de lo que son 130 millones de pesos? Tenemos que trasladarlos en varias camionetas de valores y eso es un movimiento importantísimo de dinero; tenemos incluso que ir escoltados.”
Sánchez Suárez le responde que el dinero será resguardado en su casa por personal del Ejército y una vez recibido, los vecinos dejarán de molestar a la constructora y se desistirán del juicio de amparo que promovió la asociación de colonos para recuperar el predio.
En el video Sánchez Suárez se ufana de tener grandes influencias en el gobierno, de controlar al comité de colonos –“mi ejército”, lo llama–, de que hace 10 años heredó 72 hectáreas que colindan con
el Parque Metropolitano y en las cuales el uso de suelo de la zona permite edificaciones de varios niveles como la que pretende hacer Plaza VYD.
El viernes 7, Mural informó que el desarrollador inmobiliario contrató un despacho de abogados penalistas y estudia la posibilidad de interponer una denuncia contra de la asociación vecinal por el delito de extorsión. Al día siguiente, la asociación de colonos se desmarcó de Sánchez Suárez e interpuso una denuncia penal en su contra ante la Fiscalía General del Estado. l
