Los integrantes del ejido Los Belenes denuncian que, por omisiones de las autoridades judiciales, está empantanado el juicio que interpusieron contra el político Raymundo Gómez Flores y su hermano Armando por el despojo del predio El Zapote. Pese a que aportaron las pruebas correspondientes y se dictaron medias precautorias, los demandados siguen construyendo ahí un fraccionamiento de lujo.
Los empresarios priistas Ray-mundo y Armando Gómez Flores construyen el fraccionamiento residencial Valle Imperial, en Zapopan, sobre 185 hectáreas pertenecientes al ejido Los Belenes, cuyos integrantes interpusieron un juicio agrario por despojo hace más de tres años.
A pesar de haber presentado pruebas contundentes, dicen, sólo han encontrado demora y omisión de las autoridades judiciales.
El 8 de agosto de 1963, mediante decreto presidencial se otorgó al ejido Los Belenes, entre otros predios, uno denominado El Zapote, de 266 hectáreas, que fue entregado formalmente el 11 de septiembre de 1972 por la Secretaría de la Reforma Agraria.
Sin embargo, en 2007 los ejidatarios fueron despojados de 185 hectáreas de El Zapote por el exsenador Raymundo Gómez Flores y su hermano Armando, para construir el fraccionamiento residencial Valle Imperial, ubicado al norponiente de Zapopan, rumbo a Copalita, cerca del cruce de la avenida Juan Gil Preciado –carretera a Tesistán– y la avenida Aviación.
Uno de los afectados, Efrén Ramírez Vargas, recuerda que en agosto de 2007 al terreno “llegó primero el supuesto dueño, un representante legal de Raymundo Gómez Flores; después, elementos de seguridad privada con pistola en mano, que ni uniforme traían. Luego le hablaron a la policía de Zapopan. Nosotros teníamos los documentos que probaban que éramos los dueños, pero de todas formas nos sacaron con la fuerza pública”.
Agrega que “Raymundo Gómez Flores tiene mucho poder y es muy rata. Se roba las tierras que le pongan, y como tiene poder político y económico, a los ejidatarios nos ve como piojos. Estamos pidiendo justicia (…) si usted ve, el fraccionamiento ahí va”.
Moisés Israel Gutiérrez Arellano, hijo de un ejidatario, dice que hace ocho años vieron “que la constructora metió máquinas para empezar a construir”, y delimitaron su predio con postes y malla. “Pero mandaron máquinas y quitaron todos los postes. Al día siguiente quisimos meternos. Ya tenían todo protegido con seguridad privada y habían marcado las calles, ya no pudimos entrar; nos decían que era propiedad privada. Fue cuando empezamos a pelear por los terrenos”.
El ejidatario Alejandro Torres Quirarte explica que supuestamente los Gómez Flores compraron parte de El Zapote a unos particulares de apellido Dávalos. Sin embargo, aclara que, tras la expropiación, la federación indemnizó a los particulares, no a los ejidatarios.
“Cometieron fraude. A ellos se les expropió (El Zapote) y nos lo entregaron al ejido. Tenemos el decreto presidencial de 1963 en segunda ampliación y el acta de ejecución de 1972. Va a haber otro fraude para los que ahora compran”, advierte.
En internet se informa que GIG, cuya cabeza visible es Armando Gómez, fue el desarrollador del proyecto Valle Imperial, que cuenta con casa club y campo de golf, así como “amplios jardines y espectaculares lagos que puedes apreciar a lo largo de nuestra avenida central”. Las residencias se venden desde 1 millón 810 mil pesos y los predios de 300 metros cuadrados en 1 millón 325 mil pesos.
Los ejidatarios intentaron llegar a un acuerdo conciliatorio con los representantes legales de los hermanos Gómez Flores para que les devolvieran el área afectada o se la pagaran, pero ellos “nunca se presentaron”.
Por eso, el 24 de mayo de 2012 el presidente del ejido, Ramón Valdez Sotelo; el secretario, Asunción López; y el tesorero, Guadalupe González, interpusieron el juicio 1181/16/2012 ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito 16 para demandar que las empresas Valle Imperial Residencial, el consorcio GIG, Bienes Raíces Jardín Real, y Reguber restituyan la superficie despojada y se anulen las escrituras emitidas.
Efrén Ramírez lamenta que el “magistrado del tribunal 16 no dé la cara… no les pone un alto a estos señores, a pesar de que tenemos documentación que muestra que tenemos las tierras desde hace más de 40 años”.
Por lo pronto, cerca de la entrada del fraccionamiento, los ejidatarios reparten volantes para advertir a potenciales compradores que esos terrenos están en litigio: “Atención, Valle Imperial golf y club residencial se construye sobre terrenos ejidales en conflicto legal. No compre problemas, el fraccionamiento se ha construido y se sigue construyendo en terrenos que legalmente le pertenecen al ejido Los Belenes”. Además, ofrecen los detalles del expediente.
Obstáculos jurídicos
En su demanda, los ejidatarios mencionan a los representantes legales de las empresas señaladas: Rebeca Isabel Lozano Olvera, de Valle Imperial Residencial; J. Félix Fernández Castellanos, de Bienes Raíces Jardín Real; y Gustavo Camerana Franco, de Reguber.
Al magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 16, Agustín Hernández González, también le solicitan la nulidad de las escrituras a nombre de las empresas demandadas y de las que se deriven, puesto que incluyen bienes del ejido, en especial donde se localiza el fraccionamiento Valle Imperial.
De la misma forma, requieren que los demandados entreguen la posesión material y jurídica del bien inmueble y paguen los daños y perjuicios ocasionados al núcleo agrario.
Además, solicitan medidas precautorias para que los demandados se “abstengan de seguir construyendo, fraccionando o urbanizando el terreno, así como de transmitir total o parcial a terceros” el predio El Zapote, hasta que se resuelva el juicio agrario.
También solicitan que, dentro de la medida precautoria, “no se lleve a cabo ningún movimiento registral o traslativo de dominio relacionado con los fideicomisos, así como con el fraccionamiento Valle Imperial, Bienes Raíces Jardín Real y Reguber (…) por lo que en consecuencia solicitamos se orden girar oficio al director general del Registro Público de la Propiedad del estado para que se hagan anotaciones inherentes en los folios reales”.
La demanda del ejido contra los constructores fue admitida el 31 de mayo de 2012. El magistrado ordenó al actuario del tribunal que emplazara a juicio y a la contestación de los representantes legales de las cuatro empresas y las dos instituciones bancarias.
El magistrado giró oficio al Registro Público de la Propiedad para que realizara anotaciones preventivas y suspendiera cualquier trámite traslativo de dominio, anotación registral de inscripción o modificación de propiedad de los folios relativos a El Zapote, a condición de que los ejidatarios depositaran una fianza por 50 mil pesos. Sin embargo, no dictó medida precautoria para que los empresarios dejaran de construir.
Hasta el 8 de noviembre de 2013 se dictó una medida precautoria en la cual se ordena a las cuatro empresas demandadas se abstengan de seguir construyendo, fraccionando, urbanizando y vendiendo a terceros las 185 hectáreas de El Zapote hasta que se resuelva el juicio, a condición que el núcleo agrario depositara una fianza de 1 millón de pesos.
A pesar de esa medida, Valle Imperial sigue construyendo y vendiendo.
El 17 de enero de 2014 se realizó una audiencia en la sala del Tribunal Unitario Agrario 16, en presencia del magistrado Francisco García Ortiz, en la cual declararon cuatro testigos a favor del ejido Los Belenes.
Víctor Manuel Llamas Íñiguez acudió en representación de Bansí, Scotiabank y GIG, mientras que Juan José Zepeda representó a Bienes Raíces Jardín Real. Valle Imperial y Reguber no enviaron a nadie.
El 8 de mayo siguiente se citó a otra audiencia y acudieron los mismos representantes de los demandados. El magistrado García Ortiz decidió suspenderla hasta que se resuelva el amparo indirecto 1368/2013, que se dirime en el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo.
Historial de transas
Elvira y Carmen Dávalos adquirieron, cada una, 67.5 hectáreas del predio El Zapote el 19 de mayo de 1954. Luego de quedar viuda, Elvira Dávalos adjudicó la propiedad a favor de sus 16 hijos, quienes en conjunto vendieron el inmueble a René Miguel Mendoza el 28 de octubre de 1987. En la escritura 429605 se menciona que el predio es de 70 hectáreas.
El 28 de octubre de 2004, Mendoza transmitió el predio como aportación en especie al fideicomiso que el 2 de diciembre abrió Reguber, con una superficie real de 74.5 hectáreas (escritura pública 624).
Y el 4 de noviembre de 2010, mediante la escritura pública 14803, se hizo un contrato de fideicomiso irrevocable entre Reguber, Bienes Raíces Jardín Real y Scotiabank Inverlat. Esta última sustituyó a Bansí como fiduciario.
Al fideicomiso se le aportaron 11 inmuebles. Reguber contribuyó con tres concesiones de agua de igual número de pozos para abastecer al desarrollo Valle Imperial.
Por su parte, Carmen Dávalos vendió el 24 de agosto de 1968 a Rogelio Dávalos Cervantes, mediante la escritura pública 2849. Éste fraccionó la superficie de 67.5 hectáreas en 10 partes, una de las cuales donó a David Eduardo Dávalos Lozano, y las nueve restantes a Alberto Manuel y Eduardo Primitivo Dávalos Orozco, así como a Héctor Manuel Dávalos Lozano. La donación ocurrió entre 1992 y 1999. Rogelio Dávalos conservó 13.8 hectáreas.
Según la escritura pública 1558, el 10 de septiembre de 2007 cada uno de los Dávalos vendió su fracción a Valle Imperial Residencial.
La adquisición de los terrenos se distribuyó en tres fideicomisos (escrituras públicas 25272, 2059, y1663). En el primero quedaron registradas 74.57 hectáreas, en el segundo 31.76 y en el tercero 40.21.
En el escrito que entregaron al Tribunal Unitario Agrario, los ejidatarios observan que su contraparte tendría, en los tres fideicomisos, un total de 146. 54 hectáreas registradas. Sin embargo, se apoderaron de 185 hectáreas, reiteran.
La historia y riqueza de Raymundo Gómez Flores está ligada al régimen de Carlos Salinas de Gortari. En 1989, junto con Hugo Villa Manzo y Juan Antonio Covarrubias, Gómez Flores compró a precio de ganga casi el 67% de la empresa pública Diesel Nacional (Dina) y en 1991 él y sus socios se apoderaron de Banca Cremi para venderla después al polémico empresario Carlos Cabal Peniche (Proceso Jalisco 469).
El nombre de Gómez Flores apareció varias veces en la lista de beneficiados por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), al de lado de otros empresarios que financiaron campañas presidenciales priistas y que obtuvieron la concesión de empresas públicas.
Junto con su hermano Armando, quien representa a Bienes Raíces Jardín Real, Raymundo Gómez Flores impulsa el megadesarrollo Residencial Sendas sin importarle que esté en el área natural protegida del bosque del Nixticuil.
El Comité Salvabosque Tigre II envió al ayuntamiento zapopano y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente cartas para documentar las irregularidades y exigir que se detengan las obras de Residencial Sendas, pero esas autoridades las ignoraron. l
