Más allá de las ventajas y ripios de los llamados juicios orales que esgrimen los especialistas consultados por Proceso Jalisco, lo cierto es que en la entidad los resultados de ese nuevo modelo de justicia que se instrumentó a partir de octubre del año pasado son casi nulos. Las razones son múltiples, pero la causa principal es la falta de personal capacitado, lo que coloca a Jalisco por debajo de Guanajuato, Chihuahua, Zacatecas y otros estados.
Se implementaron desde el 1 de octubre del año pasado, pero no funcionan. Quizá por ineptitud de los impartidores de justicia, el desconocimiento cabal de la ley, la falta de coordinación o la corrupción, hasta ahora los asuntos que debieran ventilarse acorde al nuevo modelo de justicia en Jalisco son mínimos.
De 2 mil 634 carpetas de investigación (antes averiguaciones previas) integradas a partir de esa fecha en el distrito judicial de Zapotlán el Grande, que abarca 20 municipios, se consignaron 63 causas penales, de las cuales sólo dos entraron a la etapa de juicio oral: uno por parricidio y otro por tentativa de homicidio.
La audiencia del primero se realizará el martes 25, pues el imputado se amparó hace un par de meses y aunque se desistió, se le asignó finalmente esa fecha.
Con respecto a la tentativa de homicidio, el caso ya pasó por la etapa de juicio oral, según difundió el Poder Judicial, aunque se agotaron los lugares disponibles –100 en total– para la audiencia, pues hay gran interés entre abogados y estudiosos del sistema de seguridad y justicia, así como funcionarios de los tres poderes de asistir a esa sesión, por lo que se decidió hacerla el próximo jueves 27.
La sala de juicio oral de Ciudad Guzmán comprende el municipio de Zapotlán El Grande y toda la región sur del estado. Conforme al Código Federal de Procedimientos Penales, la información de los casos es reservada, pese a que los periódicos y medios electrónicos locales hayan difundido los datos de los acusados y las víctimas, así como detalles de los hechos delictivos.
El procedimiento penal comprende tres etapas: la de investigación; la intermedia o de preparación, y la de juicio y sentencia. La primera, a su vez incluye dos fases: la inicial y la complementaria. La segunda va desde la formulación de la acusación hasta el auto de “apertura a juicio oral”. Y la última es el juicio en sí y la sentencia que emite el tribunal de enjuiciamiento (artículo 211 del Código Federal de Procedimientos Penales).
Según este código, el Consejo de la Judicatura (CJ) tendrá que invitar a un juez de otro distrito judicial que no conozca el caso para que integre el tribunal de enjuiciamiento.
Así se hará en la audiencia del martes 25, toda vez que dos de los cuatro jueces adscritos al tribunal oral de Ciudad Guzmán, cabecera del municipio de Zapotlán El Grande, ya tienen conocimiento, lo que los excluye de participar.
El acusado, quien presuntamente asesinó a su hermano, compareció el pasado 2 de enero en la audiencia de control de detención. Semanas después, día 28 de ese mismo mes, se le vinculó a proceso y se le dictó prisión preventiva, pero el inculpado solicitó un amparo.
Para el 9 de junio se desarrolló la audiencia intermedia. Y una vez que el implicado se desistió del amparo, se fijó la fecha de la audiencia de juicio oral para el 25 de agosto, donde presuntamente intentará declararse inimputable con base en pruebas periciales psicológicas que expertos de la salud ya le practicaron.
Los expedientes sólo se integran
En el último trimestre del año pasado, la Fiscalía General del Estado abrió 839 expedientes en el distrito (del 01/2014 al 839/2014). En 2015, hasta el 12 de julio, se habían abierto otros mil 795, lo que implica 2 mil 634 casos acumulados.
La gran mayoría de las consignaciones son por narcomenudeo (alrededor de 40%), le siguen las relacionadas con actos de violencia intrafamiliar y robo.
–¿Qué pasa con los asuntos que no se han consignado? –se pregunta al consejero Alfonso Partida Caballero, presidente de la Comisión de la Implementación de las Reformas Constitucionales “Juicios Orales”.
–Es lo que nosotros nos preguntamos y preguntamos a la fiscalía. Antes de que entrara el nuevo sistema, en ese distrito (judicial) teníamos 3 mil 500 averiguaciones previas que derivaron en mil 45 expedientes.
De los asuntos que se han judicializado, dice, sólo uno se ha resuelto por medios alternativos, a través del Instituto de Justicia Alternativa. “Corresponde a la fiscalía (a través del Ministerio Público) la justicia restaurativa. Pero si se concilia y resuelve antes, ¿dónde están los expedientes?, ¿cuántos se archivan por falta de pruebas?”
–¿Y los detenidos?
–Los dejan ir…
–Porque el Ministerio Público no cumple con lo que marca la ley, con los tiempos –se le pregunta.
–…O por corrupción.
Según Partida Caballero, “hace falta conocimiento y coordinación” entre los operadores del sistema y que el Ejecutivo asuma su responsabilidad en la capacitación de personal.
Consultado al respecto, un agente del Ministerio Público comenta a la reportera que se abren las carpetas de investigación pero no se consignan los casos porque la autoridad carece de los elementos probatorios o trabaja muy lento en la integración. Dice que desde la fiscalía se está presionando al personal de la dependencia para que consignen los asuntos.
Sin embargo, oficialmente la fiscalía no informa al respecto, sostiene el entrevistado, quien pide mantener su nombre en reserva. Y pone un ejemplo de la lentitud con que trabaja la fiscalía el expediente de la causa 125/2014.
En el modelo anterior, los jueces realizaban en un año más de 10 mil audiencias. Según las estadísticas del CJ, bajo el nuevo procedimiento, en 10 meses se han desarrollado sólo 155, de las cuales 31fueron de control de detención. Eso significa que se trata de causas penales con detenidos; sólo en un caso se decretó la ilegalidad de la aprehensión.
Para Roberto Baltazar Ceja, administrador del distrito judicial de Zapotlán el Grande, la legalidad en las detenciones calificadas corrobora que la fiscalía está judicializando los asuntos cuando tiene los elementos de ley.
Cada uno de los cuatro jueces adscritos al tribunal oral de Zapotlán El Grande ha desahogado en promedio cuatro audiencias al mes. Enrique Espinoza Niño ha encabezado 43; Daniel Espinoza Licón, 41; Damián Campos García, 39, y Lourdes Angélica Delgado Álvarez, 37.
Pros y contras
Los estudiosos de las reformas constitucionales y el nuevo modelo de oralidad insisten en que no se deben comparar los dos sistemas, pues caminan por cuerdas diferentes.
Y aunque el consejero Partida Caballero sostiene que Jalisco no es el peor estado en justicia oral –sólo le falta capacitar al personal de la fiscalía y a los cuerpos policiacos, lo que depende del Poder Ejecutivo, arguye–, otros especialistas comentan que “se encuentra entre los 12 últimos lugares”.
Según el consejero de la Judicatura, es natural que jueces y empleados del Poder Judicial que toda su vida han trabajado con el viejo sistema se opongan y hasta le apuesten al fracaso de los juicios orales.
E insiste: “Las universidades, colegios, institutos y barras de abogados deberán capacitar a sus estudiantes y profesionistas, pues en junio de 2016 entrará en vigor el nuevo sistema oral en todo el país.
“En Jalisco, el Poder Judicial ha cumplido con su parte. Sus juzgadores han sido capacitados en Chile, Guatemala, Nuevo León, Estado de México, Guanajuato y Chihuahua.”
No obstante, en las audiencias desahogadas en el tribunal de Ciudad Guzmán, dos abogados particulares no han querido estar presentes y hubo necesidad de nombrar defensores de oficio para asistir a la víctima. Uno más estuvo a punto de ser sacado por el juez por su notoria incompetencia.
Una agente del MP admitió en una reunión de capacitación los equívocos constantes durante las audiencias; poco faltó para que reconociera que desconoce el nuevo procedimiento.
Su colega Martín Jiménez Alatorre, quien fue director de Procesos de la ahora fiscalía estatal, advierte: “Si no se consignan los asuntos, el sistema se puede colapsar”.
Doctor en ciencias políticas y sociales, docente certificado en juicios orales desde 2013 y catedrático de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Jiménez Alatorre agrega: “Ya hay voces dentro de la fiscalía de que puede tronar el sistema si se sigue manejando la misma política”.
Lamenta que Jalisco aún no cuente con operadores capacitados con una visión clara sobre el nuevo modelo de juicios orales; y si la hay, no se ha socializado.
En Guanajuato, por ejemplo, se capacitó al personal durante nueve meses. Durante ese periodo, lo separaron de su función mientras se familiarizaba y entrenaba en el nuevo sistema de justicia oral; en Chihuahua fue de un año y en Zacatecas de seis meses.
Oaxaca, Veracruz, Nuevo León y Morelos también le llevan ventaja a Jalisco, donde el personal debe destinar su tiempo de descanso para capacitarse en este modelo de justicia. Y “eso no es posible, por el cansancio que provoca”, insiste Jiménez Alatorre.
Con respecto a las salidas alternas y los criterios de oportunidad previstos en el sistema, el estudioso de los juicios orales explica que serán las políticas criminales que va a implementar el fiscal general en razón del impacto que puedan tener en la sociedad.
Habrá casos donde se dé el procedimiento abreviado porque el asunto lo permite y las condiciones del juicio así lo establezcan. “El nuevo sistema va encaminado a tratar de que lleguen los menos asuntos a juicio oral y la mayoría –70% u 80%– tengan salidas alternas”, remata Jiménez Alatorre.
El artículo 184 del Código Federal de Procedimientos Penales establece como salidas alternas el acuerdo de reparación y la suspensión del proceso; son formas anticipadas del procedimiento.
En contraste, Luis Carlos Sainz, periodista especializado en asuntos de seguridad, sí le ve ventajas al modelo de juicios orales.
Pese a sus deficiencias, tiene una gran ventaja: una vez consignado el asunto, se reduce la posibilidad de corrupción, dado que para cada audiencia se nombra a un juez de control diferente, quien se entera del caso hasta ese momento en que se le entrega la carpeta de investigación. Eso impide que entre en contacto con las partes y haya posibilidad de negociación, resume Sainz, maestro de derecho en una universidad privada y estudioso del tema de la oralidad.
