El cierre del Centro de Atención al Migrante, de la organización FM4, afectó duramente a mexicanos y extranjeros que pasan por el estado con rumbo hacia Estados Unidos, pero también a quienes desean volver a sus lugares de origen. Pese a que el refugio cumplía funciones que le corresponden al estado, dejó de hacerlo a causa de la inseguridad, es decir, por la falta de garantías mínimas para cualquier actividad.
El gran letrero en la cortina de acero: NINGÚN SER HUMANO ES ILEGAL, ABAJO LAS FRONTERAS, es lo único que queda del comedor del Centro de Atención al Migrante (CAM) que durante más de cinco años alimentó a quienes viajan a bordo del tren La Bestia con rumbo a Estados Unidos.
Cerró hace casi un mes, pero de vez en cuando llegan personas que no lo saben y necesitan apoyo; lo que encuentran es una calle desierta de la zona de bodegas industriales.
A unos metros de la estación de Ferrocarriles Mexicanos (Ferromex), separada por un gran muro de contención. A la sombra de éste descansa una mujer morena, con tatuajes en los brazos y las manos. Se llama Paula Cruz –ostenta su nombre en la mano izquierda–, oriunda de Tapachula, Chiapas.
Dice que llegó hace una semana de Tecate, Baja California. Fue a visitar a su hermano Miguel Ángel, preso en el penal de El Hongo por delitos contra la salud. Regresaba a su tierra pero se bajó en Guadalajara porque no soportó la tensión que predomina en el tren y ahora espera continuar con la ayuda que prometió la asociación Cáritas, de la Arquidiócesis de Guadalajara.
“No es Bestia por el tren, sino por los que abordan ahí, lo digo sin ofender… pero hay muchos chicos que son malos, y más los federales que los apoyan, sólo vienen a destruir a la gente”, comenta Cruz.
Los migrantes que anteriormente se reunían frente al CAM tuvieron que recorrerse unos 200 metros sobre la vía férrea, atrás de una distribuidora de motocicletas que da a la avenida Enrique Díaz de León. Ahí levantaron un campamento con pedazos de lámina, madera, cajas, huacales y lonas para protegerse del sol y la lluvia.
Esperan una buena oportunidad para volverse a trepar a La Bestia. Ninguno de ellos está seguro de porqué cerró el comedor que administraba la organización FM4 Paso Libre, pero desean que vuelva abrir pronto porque sin él hay días que no prueban bocado.
Cuando el reportero le pregunta a un joven del campamento qué le pasó (tiene el rostro hinchado y apenas se le ven los ojos), no responde. Contesta por él Jonathan Jair, un treintañero oriundo de Tapachula: tal vez lo asaltaron en el tren, como le pasó a él cuando iba a Nogales y le quitaron sus tenis, un celular y 200 pesos.
De aquello hace ocho meses y Jonathan no ha vuelto a subir al tren. Es difícil e inseguro, no sólo por los rateros, sino también por los federales que a golpes bajan a los migrantes de los vagones y les roban sus pertenencias.
Pero el destino de Jonathan sigue esperándolo allá, en Estados Unidos, con sus primos. Trabajará en el campo igual que en Tapachula, pero en vez de ganar 60 pesos al día, obtendría ocho dólares por hora.
Ruta insegura
El 29 de julio FM4 Paso Libre anunció el cierre del CAM, en el que además de brindar alimento, intercambiaba a los migrantes su ropa sucia o rota por una en buen estado y les permitía darse un regaderazo.
“Tal y como ocurre en otras ciudades del país, la delincuencia organizada aprovecha el aislamiento y la marginación a la que se orilla al migrante y lo violenta directamente o bien, lo involucra en sus actividades ilícitas”, dice el comunicado.
Sin embargo, el coordinador de FM4, Rafael Alonso Hernández López, señala en entrevista que no tiene indicios para afirmar que las agresiones contra migrantes provengan de la delincuencia organizada. Lo que sí documentaron es que los usuarios de sus servicios eran constantemente asaltados y a veces golpeados en los alrededores de las estaciones de Ferromex.
Relata el caso de una mujer que salió huyendo y fue atropellada por un automóvil en la avenida Washington. La recogió una ambulancia pero después no supieron nada de ella, aunque investigaron en los hospitales. Unos migrantes le contaron que un grupo no identificado les cobraba por estar en la calle, por subirse al tren y hasta por acercarse al comedor de FM4.
“Nos tocó llevar a migrantes al hospital, por las golpizas que les ponían”, señala Hernández López.
El cierre del refugio fue tan abrupto que, en su desesperación, algunas personas tocan las puertas de las casas cercanas para pedir agua o preguntar por qué ya no estaba abierto el comedor.
La organización tenía al menos tres meses solicitando apoyo a las autoridades municipales, estatales y federales para garantizar la continuidad de su labor, pero no obtuvo la respuesta deseada.
Aun ahora, cuando algunos medios de comunicación dan por hecho que FM4 aceptó que el gobierno estatal le entregara en comodato una bodega donde antes estuvieron las oficinas de la Auditoría Superior del Estado, Hernández López señala que el CAM no funcionará sin las condiciones mínimas de seguridad.
“Nos podríamos cambiar a cualquier otro lugar, pero si no hay condiciones, si no se involucra el Estado de manera consciente y real, pues no va funcionar. No podemos hacer el uso del inmueble si no tenemos una estrategia bien clara”, dice.
El edificio está en la calle Calderón de la Barca, colonia Arcos, a unos cuantos metros de las vías ferroviarias, es decir, en la zona de riesgo. Hernández dice que la estrategia de seguridad debe incluir el contacto directo con los mandos policiacos, cámaras de vigilancia, iluminación, coordinación con los vecinos y patrullaje frecuente.
Hernández López dice que hasta ahora la única dependencia involucrada es la Secretaría General de Gobierno, que encabeza Roberto López Lara, y aún no se está discutiendo nada. No obstante, enfatiza que es una oportunidad histórica para que la administración de Aristóteles Sandoval avance en la cuestión migratoria.
Recuerda que no es la primera vez que las organizaciones civiles le hacen al gobernador un llamado a participar en la solución de esos problemas, pues en 2013 le presentaron una iniciativa para crear el Instituto Jalisciense de Atención a Migrantes, no sólo para apoyar a las personas que pasan por el estado sino también a los jaliscienses que regresan del extranjero, pero hasta la fecha no conocen la postura oficial.
Ese organismo fue propuesto por académicos y asociaciones civiles como piedra angular del eje de migración que está incluido en el Plan Estatal de Desarrollo, dice Hernández López; pero señala que ni siquiera se han designado las dependencias que deberían darle forma a institución.
“Son cosas que no se han aterrizado y es tiempo ya de ponerlo en marcha. Sabemos que las gestiones gubernamentales son tardadas y eso nos muestra cómo anda la agenda política, la agenda de compromiso y atención del gobierno hacia los ciudadanos”, añade.
Durante los poco más de cinco años que operó el Centro de Atención al Migrante (CAM), la organización apoyó a más de 19 mil personas, 70% de ellas centroamericanas, y el resto mexicanos en tránsito o que fueron deportados de Estados Unidos sin dinero y volvían a sus comunidades.
En 2013, FM4 Paso Libre presentó su primer informe, Migración en tránsito por la Zona Metropolitana de Guadalajara, en el que se expone un aumento progresivo del flujo de migrantes por la ruta del Pacífico, a fin de evitar a las bandas criminales que operan en la zona del Golfo y el centro de la República.
Ese documento desmiente que la ruta Occidente sea la más segura para los migrantes. Jalisco encabeza los estados de este corredor con mayor número de agresiones contra ellos, con 9.8%, Sinaloa registra 7%, y Guanajuato 6.7%.
