El gobierno de Jalisco no se limita a dejar indefensos a sus ciudadanos ante el acoso de las autoridades de Colima, sino que facilita la intromisión de éstas al abandonar la defensa jurídica del territorio y presionar a las organizaciones civiles que se atreven a apoyar a los indígenas de la sierra de Manantlán.
La presidenta del Instituto de Derecho Ambiental (Idea), la doctora Raquel Gutiérrez Nájera, denuncia amenazas contra activistas de derechos humanos, defensores del medio ambiente y de los recursos naturales.
Por esa razón, no descarta agresiones contra quienes realizan labor social en los 406 kilómetros cuadrados que se disputan Jalisco y Colima, a pesar de los acuerdos supuestamente amarrados en octubre de 2013.
En entrevista con Proceso Jalisco advierte que organizaciones civiles como la que ella encabeza, junto con el exdiputado del PRD, Pedro León Corrales, son blanco de hostigamiento y amenazas por parte de autoridades de Colima, de la empresa Peña Colorada y del gobierno de Jalisco. Por eso responsabiliza a esas entidades por cualquier atentado que sufran los integrantes de Idea y comuneros nahuas de la sierra de Manantlán.
“Contra personal de Idea hay una campaña orquestada por los gobiernos de Colima y Jalisco, en contubernio con representantes de la minera Peña Colorada, para inhibir el trabajo que se hace con una orientación de interés público y en favor de indígenas”, dice.
Y cuestiona que el gobierno de Jalisco, lejos de contribuir a la defensa de las tierras indígenas, finge no ver la invasión de sus territorios ni la violencia sistemática contra los habitantes de los municipios limítrofes.
Señala que la persecución y el hostigamiento de las organizaciones civiles que defienden a los nahuas y sus territorios se incrementaron en el gobierno de Aristóteles Sandoval:
“Creíamos que a la salida de la administración del PAN nos iba a ir mejor, que iba a registrarse mayor apertura hacia nuestro trabajo… Pero nuestra labor es incómoda (para el gobierno) y los canales de comunicación son nulos, nadie escucha.”
Agrega que tiene indicios de que las autoridades de Colima, instigadas por la trasnacional que explota Peña Colorada, pretenden detener a otros integrantes de Idea, como el exdiputado Pedro León Corrales, quien trabaja en esa zona desde 1997: “Llegan al absurdo de decir que estuvo encabezando a los indígenas el 22 de julio. Él no estuvo allí ese día”.
También teme por la libertad de Carlos Valentín Veyna, otro abogado de la organización.
“Por desgracia –enfatiza– somos como una piedra en el zapato en el gobierno de Sandoval por todos los casos que abordamos, como el del macrolibramiento, el proyecto del Gachupín, la Primavera o los planes en Colomos.”
Defensa abandonada
Entrevistado por separado, el abogado Isidro Saldaña Madrigal, delegado especial del municipio de Cihuatlán para el pleito territorial entre el municipio colimense de Manzanillo y el jalisciense de Cihuatlán desde 2004, afirma que a las administraciones estatales no les interesa resolver el conflicto, sino sacar provecho político de su labor profesional, como lo demuestra su negativa a pagarle la asesoría que les brindó y las controversias constitucionales que él promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Según Saldaña Madrigal, su labor inició en la administración del alcalde Martín Ortiz Quintero (2004-2006) y está vigente después de cuatro administraciones municipales, pues ninguna lo ha cesado, aunque tampoco han pagado sus honorarios.
Para el litigante, gran parte de los acuerdos logrados el 7 de octubre de 2013 entre Colima y Jalisco se basan en la defensa legal que desplegó sin apoyo alguno.
Relata que le tocó enfrentarse al aparato burocrático de Colima, que contaba con 20 abogados para atender el conflicto limítrofe, mientras el gobierno de Jalisco lo ignoraba y no soltaba ni un peso.
“Siempre asistían a las audiencias en la Ciudad de México en un grupo de seis a ocho litigantes (de Colima), todos llegaban en vehículo oficial y de lujo. Sus auxiliares pasaban por ellos al aeropuerto y de ahí los trasladaban a la Suprema Corte.
“Yo iba solo, siempre viajaba en avión de línea comercial y tenía que pagar taxi para mis traslados; nunca tuve asistente. Fueron seis años seguidos de intensa actividad, primero con la administración panista del teniente Martín Ortiz Quintero (en Cihuatlán, de 2004 a 2006) y luego con el alcalde priista Enrique González Gómez (2007-2009).”
Como apoyo, relata, “en Cihuatlán me daban exclusivamente el costo del avión, hotel y el viático para comer, de 10 a 12 mil pesos. Era una cantidad limitada para el viaje. En muchas ocasiones tuve que pedir apoyo desde México porque me tenía que quedar dos o tres días más de lo que se tenía programado. El alcalde Ortiz Quintero no me negaba nada, pero luego las cosas cambiaron”.
Subraya que el gobierno del estado nunca le ofreció asesores ni asistentes: “Al contrario, apoyé al gobernador Emilio González y al secretario General de Gobierno, Fernando Guzmán Pérez Peláez. Me pidieron que los acompañara a una sesión con legisladores en el Senado de la República, porque ellos desconocían totalmente el avance en el reclamo de los territorios. Esto ocurrió en 2006.
“Me pedían copias de todos los expedientes. Querían estar actualizados en el tema, les preocupaba tener que saber cuál era el trámite a seguir. En más de una ocasión les dije que necesitaba apoyo económico, porque Cihuatlán ya no me lo estaba dando, y me dijeron que ellos no podían hacerlo, que se lo pidiera al municipio.”
Recuerda: “Con el alcalde panista Martín Ortiz tuve todo el apoyo. Salió su administración y continué con el presidente municipal del PRI Enrique González, pero cuando faltaban seis meses para que concluyera su administración empezó a negarme los recursos para que ya no fuese a México”.
El acalde panista Roberto Gallardo (2010-2012) tampoco pagó nada, pero no le retiró el nombramiento:
“Yo tengo un convenio con el ayuntamiento, firmado desde el gobierno del teniente Ortiz Quintero, donde se reconoce que me iba aportar 20 mil pesos mensuales para gastos de representación, además de mis honorarios. Jamás me entregaron ese dinero en el gobierno de Gallardo y yo continué con mi trabajo.
“Me mantuve como delegado de Cihuatlán en el caso del conflicto de límites, y hasta la fecha tengo ese estatus porque el cabildo en pleno me otorgó esa encomienda y el mismo pleno me lo tendría que quitar.”
El 7 de octubre de 2013 los gobernadores de Jalisco y de Colima posaron para la foto y presumieron un acuerdo que pondría fin al conflicto limítrofe, además de promover el corredor turístico Manzanillo-Costa Alegre mediante una inversión por más de 3 mil millones de pesos destinada a la zona en disputa.
No obstante, los ejidatarios de El Rebalse descubrieron que ese acuerdo, que incluía infraestructura urbana, obras hidrosanitarias, red de alumbrado y vías de comunicación, era sólo un discurso: cuando intentaron deslindar propiedades, Colima congeló la iniciativa.
A decir de Saldaña Madrigal, la prueba de que el conflicto prevalece es que no se ha concretado ningún proyecto urbano o turístico en esa franja limítrofe de más de 900 hectáreas del ejido El Rebalse. En cambio, el emporio Isla Navidad, de los Leaño Álvarez del Castillo, tiene el pleno reconocimiento de Colima.
Agrega que Jalisco se benefició con las controversias que él promovió en 2004 y 2006, a fin de que el conflicto entre los estados no se resolviera en el Senado, y después llevó el tema hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Por ello insiste: “Considero que tengo la razón moral, legal y jurídica para reclamar mis derechos por el trabajo profesional desarrollado, y exijo que se me resarza lo que me corresponda legalmente con honorarios. Fueron más de 10 años de trabajar en forma constante y agotadora en lo físico y en lo intelectual… Mi trabajo culminó con la queja ante la CIDH y se admitió, a pesar de que en la última parte de mi gestión no me daban ni para timbres postales”.
A raíz de esa queja, la CIDH pidió un informe al Senado de la República sobre el conflicto y eso motivó que los legisladores aprobaran una contrarreforma constitucional que hizo posible volver a turnar el problema limítrofe a la SCJN.
Recuerda que en el máximo tribunal, la ministra Olga María Sánchez Cordero de García Villegas, pariente de Paloma Cordero de De la Madrid y funcionaria con fuertes intereses en Colima, siempre obstaculizó sus pruebas y sus peticiones de peritajes para demostrar que los terrenos reclamados pertenecen a Cihuatlán:
“Intenté hablar con ella una vez y no me recibió. Después presenté una queja contra ella y todos los ministros de la corte. Posteriormente ella me mandó buscar y no me encontró”.
–¿Cuántas veces piensa que usted le ganó a ella y a la SCJN?
–Absolutamente todas. Las negativas y las peticiones rechazadas que ella me hizo, todas se las gané; no hubo ni una sola que se perdiera en la defensa de Cihuatlán y sus territorios. Así pasó de 2006 a 2007, y ya para 2008 hubo un primer intento de convenio.
–¿Cuánto le deben las autoridades jaliscienses en total?
–No he sacado cuentas, eso sería materia de otra discusión, y no ha existido ningún acercamiento. Yo tengo dos años para hacer mi reclamación, que se vencen el 7 de octubre, y lo voy a hacer.
–¿Por qué demandar a Cihuatlán después de tanto tiempo?
–Debo de hacerlo por obligación moral conmigo mismo, porque tengo familia. Son muchos años de trabajo no valorado por las autoridades, muchos años de esfuerzo, me siento muy cansado. Imagínese, ir todas las semanas durante todos estos años a la Ciudad de México…
“Tenía que asistir todas las semanas, incluyendo vacaciones porque en la SCJN no se cierra nunca. Siempre había que estar allá en casos emergentes y siempre queda un ministro de guardia. Los asuntos urgentes se acuerdan, se notifican, los términos corren y generalmente la mayoría de los términos son de tres días para que uno los recurra; si yo hubiera dejado de ir una semana podría haberse perdido todo.”
Por último el abogado relata que las autoridades de Jalisco, en vez de brindarle seguridad, le recomendaban que si viajaba a Cihuatlán se abstuviera de pasar por Colima para evitar riesgos. Y en efecto, descubrió que era vigilado cuando iba al estado vecino, e incluso sufrió un robo en sus oficinas, donde no había nada de gran valor.
